El Mundo Indígena 2023: Editorial
La edición de este año de El Mundo Indígena analiza más de cerca los derechos de los pueblos indígenas desde la perspectiva de la conservación. Al estar atravesando una crisis climática global y de biodiversidad, enfocarse en la protección de la naturaleza es crucial. Además, los estudios demuestran, cada vez más, que los pueblos indígenas se encuentran entre los guardianes más efectivos de la naturaleza. Esto ha sido reconocido por algunos de los procesos internacionales, como se verá a continuación. Sin embargo, los informes de esta edición muestran que, por lo general, las actividades de conservación ignoran a estos pueblos, sus derechos y su conocimiento.
Muchos de los artículos de esta edición también exponen las drásticas ramificaciones que el COVID-19 y los altos costos de vida han tenido para los pueblos indígenas del mundo entero durante todo el 2022, incluidas la inseguridad alimentaria y la hambruna, la disminución de los ingresos y el aumento del índice de criminalidad. Asimismo, los esfuerzos nacionales para recuperar la economía y abordar la crisis energética han tenido consecuencias negativas para los pueblos indígenas ya que ha aumentado la presión de la extracción de recursos naturales en sus tierras.
La mayor parte del mundo comenzó a abrirse en 2022 dado que los efectos del COVID-19 disminuyeron y la protección de la humanidad contra el virus aumentó. Por otro lado, se comenzó a lidiar con un gran número de factores que hicieron que el 2022 fuera, en cierta forma, un año más difícil que el 2021. La guerra de Rusia en Ucrania y la crisis alimentaria de proporciones sin precedentes, junto con las prolongadas y mortales sequías y otros efectos del cambio climático, han dañado de manera exponencial a aquellos que se encuentran en los márgenes de la sociedad, incluidos los pueblos indígenas.
Los logros de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se encuentran actualmente en peligro. Muchos de los desafíos surgen de la pandemia de COVID-19, las crisis climáticas y de biodiversidad, la creciente inequidad económica y los conflictos armados. De hecho, el propósito a alcanzar según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se ve cada vez más lejano, lo cual pudo apreciarse en los comentarios del Secretario General de las Naciones Unidas durante el Foro Político de Alto Nivel 2022, donde llamó a los Estados a reflotar los ODS.[1]
Como una trágica paradoja, al intentar abordar estas crisis globales, muchas de las iniciativas que se tomaron, aunque bien intencionadas, no han hecho partícipes a los pueblos indígenas, ni han obtenido su consentimiento libre, previo e informado (CLPI), ni han salvaguardado sus derechos. Esto ha tenido consecuencias negativas para los pueblos indígenas como desalojos masivos, ataques y amenazas violentas, detenciones y arrestos, y en los casos más extremos, asesinatos.
Este artículo es parte de la 37a edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2023 completo aquí.
El rol de los pueblos indígenas en la conservación y protección de la biodiversidad
En diciembre de 2022, los Estados adoptaron el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica (KMGBF, por sus siglas en inglés), un acuerdo sobre la protección de la biodiversidad en todo el mundo. Esta estrategia guiará las acciones globales con el propósito de proteger y restaurar la biodiversidad para el año 2050.
Como se establece en la Sección C del KMGBF:
El Marco reconoce las importantes funciones y contribuciones de los pueblos indígenas y las comunidades locales como custodios de la diversidad biológica y socios en su restauración, conservación y utilización sostenible. En su implementación se ha de velar para que se respeten, documenten y preserven sus conocimientos, en particular los conocimientos tradicionales conexos con la biodiversidad, las innovaciones, la cosmovisión, los valores y las prácticas, con su consentimiento previo, libre e informado, entre otras cuestiones, mediante su participación plena y efectiva en la adopción de decisiones, de conformidad con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el derecho internacional de los derechos humanos. En tal sentido, nada de lo dispuesto en el presente Marco debe interpretarse como una disminución o extinción de los derechos que los pueblos indígenas tienen actualmente o puedan adquirir en el futuro.[2]
Los derechos de los pueblos indígenas, así como su conocimiento y su contribución al cumplimiento de las metas, se encuentran mencionados en uno de los cuatro objetivos a ser alcanzados para el 2050, y en siete de los 23 objetivos para el 2030. Felicitamos al Foro Internacional Indígena sobre Biodiversidad (FIIB), que representa a los pueblos indígenas de las siete regiones socioculturales, por sus esfuerzos incansables y efectivos para promover el uso de un lenguaje contundente sobre los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, así como por los roles importantes y las contribuciones de las comunidades indígenas en relación a la protección de la biodiversidad del mundo en el acuerdo.
El gran énfasis sobre los derechos de los pueblos indígenas en el KMGBF es destacable y, con suerte, marcará un cambio de paradigma en los esfuerzos internacionales por la conservación. Las actividades de conservación del pasado, que se centraban en el Estado, han llevado a violaciones de los derechos humanos y no han logrado buenos resultados en cuanto a la conservación de la naturaleza. Tristemente, esta edición de El Mundo Indígena incluye numerosos ejemplos de dichas violaciones y resultados, a pesar de que los pueblos indígenas administran y protegen, al menos, el 20 % de la superficie de tierra[3] y que los estudios han demostrado que aquellas tierras y territorios manejados por los pueblos indígenas se encuentran mejor conservados y tienen una mayor biodiversidad que cualquier otra tierra protegida.[4]
Los derechos de los pueblos indígenas y su rol en la conservación fueron debidamente reconocidos por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) durante el Congreso de Áreas Protegidas de África (APAC, por sus siglas en inglés), que se llevó a cabo en julio de 2022. El APAC 2022 reconoció que existe una preconcepción obsoleta y perjudicial que consiste en la creencia de que las áreas de conservación se limitan a aquellas que pertenecen al Estado y son controladas por él, sin considerar otros modelos que suelen ser más exitosos, como las áreas de conservación indígena y comunitaria.
Por otra parte, en diciembre de 2022, el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo llegaron a un acuerdo sobre el Reglamento Sobre Productos Libres de Deforestación para evitar que las empresas ingresen seis productos (el ganado, la madera, el aceite de palma, la soja, el cacao, y el café) y sus productos derivados, que se relacionan a la deforestación y a la degradación de los bosques, en el mercado de la UE, o que los exporten desde la UE. Estos productos han sido vinculados a casos de desalojos y otras violaciones de los derechos humanos conectados con la usurpación de tierras indígenas. Desafortunadamente, el reglamento solo requiere que las compañías verifiquen el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas correspondientes si es que estos fueron consagrados en la legislación del país de producción.[5], [6]
Las áreas de conservación o protegidas que son propiedad del Estado o son controladas por este suelen utilizar tácticas desactualizadas de conservación fortaleza. Como señala esta edición, desafortunadamente, esta es la forma en que todavía se entiende y se practica la conservación en Bangladesh, Camerún, Chile, India, Nepal, Tanzania, Tailandia, Túnez y Uganda, solo para mencionar algunos países.
Se trata de una concepción errónea y perjudicial del concepto de conservación, pero le da al gobierno la posibilidad de demarcar áreas como zonas de conservación y, en consecuencia, desalojar a personas, por lo general, indígenas, a discreción. Cuando esto ocurre, suele ser violento, sin previo aviso ni participación de aquellos que están siendo desalojados, y sin plan alguno para rehabilitar o permitir el reasentamiento de quienes fueron desplazados.
Los gobiernos, apoyados por empresas de conservación internacionales, pueden formar sociedades para el aparente beneficio de la naturaleza, pero con efectos perjudiciales para los pueblos indígenas. La expansión de redes de áreas protegidas suele ser en detrimento de los pueblos, quienes pierden derechos y el acceso a las tierras, territorios y recursos que han protegido y de los que han dependido durante milenios.
Este lado oscuro de la conservación suele ser poco informado o pasar desapercibido.
Cómo se manifiesta la conservación fortaleza en la realidad indígena
Un claro ejemplo de conservación controlada por el Estado que salió mal es el caso de Tanzania, donde el gobierno continúa expandiendo las áreas de conservación y protección cada vez más adentro de las tierras ancestrales de los maasai, sin importar el costo humano.
En junio de 2022, el gobierno avanzó con su plan de crear una reserva de caza de 1.502 km2 –Reserva de Caza Pololeti– en la división Loliondo del distrito de Ngorongoro al enviar un grupo paramilitar a demarcar la tierra, lo cual causó extrema violencia y cientos de personas huyeron para ocultarse. Docenas de personas resultaron lastimadas, muchas con heridas de bala, y un oficial de policía fue asesinado, lo cual llevó al arresto de 24 personas indígenas, entre ellos líderes, acusados de homicidio. Los cargos se entendieron como un intento motivado por la política para silenciar a los pueblos indígenas, pero luego fueron retirados por falta de pruebas. En total, se demolieron 240 hogares, que dejaron a 600 mujeres, niños, niñas y hombres jóvenes sin hogar. Desde el establecimiento de la reserva, más de 11.000 cabezas de ganado han sido confiscadas por pastar en tierras tradicionales de pastoreo.
De manera similar, se espera que el Parque Nacional Ruaha sea expandido nuevamente, a pesar de que la última vez que ocurrió esto en 2008, se anunció que no lo volverían a hacer. Esta próxima etapa causará la reubicación de varias aldeas. En fases anteriores, las reubicaciones llevadas a cabo por el gobierno se realizaron sin la planificación apropiada ni el CLPI, y las comunidades indígenas temen que vuelva a ocurrir lo mismo. Algo similar sucedió en el Área de Conservación Ngorongoro en 2022, donde 3.000 maasai fueron reubicados a otra aldea, creando conflictos por el uso de la tierra entre aldeanos. También se espera que el Parque Nacional Tarangire se expanda 100 km, lo cual usurpará tierras de una aldea y dejará sin hogar a 2.000 personas indígenas y a su ganado. Al igual que en Loliondo, los aldeanos se han resistido, lo cual llevó a detenciones, tiroteos y confiscación de ganado.
Es muy difícil informar sobre la usurpación de tierras, el desplazamiento y la violencia subsecuente en Tanzania debido al contexto de censura de los medios de comunicación. Además, el gobierno está dificultando cada vez más que los pueblos indígenas vivan en las tierras disputadas al cerrar áreas de servicios sociales y económicos.
Algunas de estas tácticas están siendo utilizadas en Camboya e India. Los gobiernos están utilizando leyes para afectar a organizaciones, pueblos, y libertades, como el derecho a la reunión pacífica, a la libertad de expresión y a los medios de comunicación independientes. Estas represiones afectan a aquellos que protestan o informan sobre temas particulares, como las disputas territoriales.
En Camboya, el gobierno continúa implementando los proyectos de conservación de bosques (REDD+) sin la participación o el CLPI de los pueblos indígenas. Asimismo, en 2022, se modificó una ley importante sobre áreas protegidas que consagra el derecho a las tierras de los pueblos indígenas: se reemplazó el término “pueblos indígenas” por “comunidades locales”, lo cual les niega sus derechos colectivos sobre la tierra como pueblo, a pesar de ser una garantía de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Los pueblos indígenas no estuvieron involucrados ni fueron consultados durante el proceso de reforma y experimentan una disminución constante de su espacio cívico.
En Uganda, el presidente Museveni hizo un anuncio en junio de 2022 donde declaró que nadie debía entrar al Bosque del Monte Elgon, que se ha convertido en un parque nacional, a pesar de tratarse de tierra ancestral y hogar del pueblo Benet. Esto trajo violencia y arrestos. Solo el año pasado, al menos 50 individuos benet fueron arrestados y tres detenidos por utilizar sus propias tierras para realizar sus actividades de pastoreo, caza y recolección. El pueblo Batwa ha sufrido una desposesión similar de sus tierras ancestrales en el nombre de la conservación. Llevaron el caso a la Justicia y, en 2021, la Corte Constitucional otorgó nuevamente los derechos territoriales a los batwa. Sin embargo, la decisión se encuentra ahora en etapa de apelación y, mientras tanto, los planes del gobierno de seguir avanzando en la construcción de la ruta a través de la reserva en tierra ancestral batwa continúan.
En Tailandia, el gobierno sigue utilizando la estrategia de conservación fortaleza, la cual ha causado conflictos entre los pueblos indígenas y el gobierno, y ha provocado la criminalización de los pueblos que llevan a cabo actividades tradicionales y sostenibles en áreas protegidas. En el año 2022, se iniciaron 1.502 casos legales en contra de miembros de la comunidad por infracciones, como la usurpación del bosque, los incendios forestales y la tala ilegal.
En India, el Ministerio de Ambiente, Bosques y Cambio Climático reemplazó el Reglamento de Conservación de Bosques de 2003 en virtud de la Ley de Conservación de Bosques de 1980 por una nueva versión de 2022, que incluye varias reformas que ahora permitirán que desarrolladores privados talen bosques dentro de tierras indígenas sin el CLPI. Lo mismo ocurre en el caso de la adquisición de tierras, donde se construyeron empresas privadas, como fábricas, sin el CLPI. Asimismo, el gobierno buscó desarrollar plantaciones de monocultivo para obtener teca, aceite de palma y caucho. En un caso, miles de personas de 57 aldeas protestaron debido a la asignación ilegal de sus tierras para la construcción planificada de una empresa de cemento que causaría el desplazamiento de 60.000 personas. El informe de este país contenido en esta edición señala que miles de personas indígenas, e incluso más, ya han sido desalojadas en 2022 en nombre de actividades de conservación.
En Laos, un tercio del país está compuesto por 23 áreas de biodiversidad protegidas, donde viven más de 840.000 personas, incluidas las comunidades indígenas, agrupadas en más de 1.200 aldeas. Estas personas dependen en gran medida de los recursos naturales que hay allí, pero sus vidas se encuentran amenazadas por la creación de las llamadas Zonas Totalmente Protegidas que restringirán el acceso humano, tal como lo detallan los nuevos acuerdos de 2022 entre oficiales del gobierno y las fuerzas de seguridad elaborados con el propósito de “mitigar la caza de vida silvestre y la tala ilegal de madera”. Sin embargo, estos convenios demuestran que, en vez de fomentar los objetivos de conservación, el monopolio de la tala ilegal y el comercio de vida silvestre se ha desarrollado con la colaboración de gobernantes corruptos.
También hay buenos ejemplos de cómo la conservación puede beneficiar la biodiversidad y las personas, como se describe en el artículo de Namibia, un país que, según la UICN, es considerado un líder global de la conservación de la biodiversidad. Para finales de 2022, el país tenía 86 conservaciones comunales que cubrían 166.045 km2 y eran habitadas por 238.701 personas. Estas conservaciones se estructuran en acuerdos entre el gobierno y las comunidades locales, incluidas las comunidades indígenas, y organizan la administración de tierras de tal manera que las comunidades tengan la posibilidad de gestionar su derecho al uso de recursos para su propio beneficio. Las comunidades también pueden solicitar el derecho a manejar los recursos al alcance de las compañías privadas y, a cambio, reciben varios beneficios, como empleo, alimento y medicinas. Este modelo no sólo ha incrementado la diversidad biológica en esas áreas, sino que también hizo que hubiera un aumento en la población de la vida silvestre, incluida la megafauna.
Avances políticos alrededor del mundo
Los acontecimientos políticos y el malestar social mundial, en particular en Latinoamérica y Asia, han afectado a los pueblos indígenas de manera drástica tanto positiva como negativamente. Algunos efectos todavía pueden verse en 2023.
En Brasil, la elección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente fue visto como un paso positivo para el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en comparación con la situación que se vivía con el expresidente Jair Bolsonaro, quien expresaba de manera inequívoca su postura en contra del derecho a la tierra de las comunidades indígenas. En sus primeros días en el gobierno, Lula da Silva revirtió o modificó varias de las medidas de Bolsonaro en contra del ambiente y de los pueblos, y creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas. A su vez, en un acontecimiento sin precedentes, cinco personas indígenas fueron elegidas para integrar la Cámara de Diputados como resultado de un bloque político indígena consolidado.
En Perú, a comienzos de diciembre de 2022, el Congreso destituyó al presidente Pedro Castillo luego de su decisión de instaurar un gobierno de emergencia. Castillo ocupaba su puesto desde mediados de 2021. Desde entonces, se habían llevado a cabo protestas masivas en la capital y en áreas donde los pueblos indígenas son mayoría, haciendo visible el profundo racismo estructural que enfrentan estas comunidades.
El año 2022 trajo algo de estabilidad a Colombia luego de las elecciones de Gustavo Petro y su compañera de fórmula, Francia Márquez, quienes ganaron con un fuerte apoyo por parte de los pueblos indígenas y las minorías étnicas ya que prometían solucionar la discriminación y la violencia institucional. A pesar de ello, los conflictos armados y las múltiples organizaciones armadas continuaron, lo cual llevó al asesinato de 42 líderes indígenas, el desplazamiento de cientos de personas, el reclutamiento de menores en las organizaciones armadas, y la violencia sexual en contra de mujeres y niñas.
Había esperanzas en Chile en 2022: tras dos años de trabajo por una nueva Constitución progresista se había incorporado terminología que reconocía a los pueblos indígenas, un estado de derecho, y la inclusión de derechos colectivos, derechos de las mujeres y el derecho a la naturaleza. Sin embargo, la nueva Constitución fue rechazada por medio de un referéndum. En diciembre, los partidos políticos representados en el Congreso Nacional firmaron el llamado Acuerdo por Chile para continuar el proceso constitucional. A los pueblos indígenas les preocupa el lenguaje utilizado en el nuevo acuerdo, que describe a Chile como un Estado único e indivisible, lo cual niega los derechos y la autonomía de los pueblos, y el establecimiento de un nuevo Estado plurinacional e intercultural. Asimismo, mientras continúa el proceso constitucional, las comunidades indígenas siguen teniendo menos representación de la que deberían según su número demográfico.
Mientras tanto, en Filipinas, luego de ochos años de haber sido perseguidos por el gobierno de Rodrigo Duterte, la situación de los pueblos indígenas no parece estar mucho mejor después de la elección del presidente Bongbong Marcos –hijo del exdictador Ferdinand Marcos Sr.– y la vicepresidenta Sara Duterte (hija de Duterte). En su primer discurso sobre el Estado de la Unión, Marcos duplicó la apuesta respecto del Programa Construir, Construir, Construir creado por el expresidente, el cual llevó a la aprobación de una innumerable cantidad de proyectos de infraestructura que violan rutinariamente los derechos de los pueblos indígenas y que ha ocasionado el asesinato, la detención y el encarcelamiento de incontables personas y defensores de los pueblos indígenas, sin mencionar el daño causado al ambiente. El presidente también llamó a incrementar los proyectos de energías renovables e inversión externa para proyectos mineros, lo cual sólo profundizará los efectos adversos que ya padecen por los pueblos indígenas.
Los efectos amenazadores de la industria: el foco en la minería
Una multitud de industrias y proyectos de infraestructura amenazan la vida y los derechos de los pueblos indígenas, como el agronegocio, los proyectos de energía, los combustibles fósiles, y la tala, pero hay una industria atroz que atraviesa a cada uno de los informes de este libro: la minería. Como sucede en todas estas industrias, lo que hace a la situación de los pueblos indígenas, va de la mano de serias violaciones a los derechos humanos.
Según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales del Brasil (INPE, por sus siglas en portugués), la minería ilegal en tierras indígenas en la región norte de ese país se incrementó más de ocho veces entre 2016 y 2022, durante la presidencia de Bolsonaro, lo cual dejó un legado de 45.586 km2 de deforestación en la Amazonía, uno de los índices de deforestación más altos registrados. A su vez en agosto de 2022, se vio la tasa más alta de deforestación en 10 años, con 638 km2 de selva destruida.
Asimismo, la deforestación causada por la minería ilegal y las invasiones de las tierras durante el 2022 afectó mayormente las tierras indígenas que tenían presencia confirmada de pueblos indígenas en aislamiento, según el Instituto Socioambiental. Se observó que 1.192 hectáreas fueron deforestadas y se emitieron 594 alertas en territorios con pueblos aislados a lo largo de la Amazonía brasileña.
En Venezuela, en 2022, se identificaron actividades mineras en 14 territorios indígenas, lo cual ocasionó graves violaciones de los derechos humanos, como arrestos arbitrarios, situaciones de semiesclavitud y asesinatos. Las organizaciones indígenas y la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas informan que el pueblo Yanomami fue forzado al trabajo esclavo en el contexto de la minería de oro. El líder de la comunidad indígena de Puerto Cabello del Caura comunicó la matanza de 12 personas que trabajaban en la mina El Silencia en abril de 2022, incluidos cuatro integrantes del pueblo Yanomami.
En Ecuador, la promoción de proyectos y concesiones extractivas, en especial la extracción de metales, se ha incrementado. Las ONG y los grupos ambientales estiman que hay, al menos, 700 sitios de minería ilegal en todo el país, muchos de los cuales se encuentran dentro de áreas protegidas y territorios indígenas. Esto ocurre mientras el país está envuelto en situaciones de disturbios relacionados con las políticas neoliberales del presidente Guillermo Lasso, el aumento de los precios del combustible y la escasez de alimentos. Esto hizo que el 2022 sea el peor año del país en lo que se refiere a violencia criminal: se informaron 4.603 muertes violentas en un año, lo que representa un incremento del 82,5 % comparado con el 2021.
Varias comunidades indígenas que defendían sus tierras en Guatemala fueron expulsadas de manera violenta por las fuerzas de seguridad mientras el gobierno prioriza el interés de la industria minera y del aceite de palma por sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas. Los hogares, las posesiones, y los cultivos fueron quemados y el ganado fue asesinado. Por su lado, el gobierno impuso el estado de emergencia para limitar los derechos, una táctica común que se utiliza cuando surgen conflictos, en vez de tratar de emplear una estrategia más pacífica de resolución mediada.
Mientras tanto, en Filipinas, los permisos mineros continúan siendo otorgados a un ritmo elevado, la mitad de los cuales son sobre tierras ancestrales. En general, desde junio de 2022, 83 de los 410 supuestos Proyectos Críticos para el Ambiente incluidos en la Oficina de Administración Ambiental se encontraban dentro de tierras indígenas, y cubrían más de 500.000 hectáreas.
Un año de importantes logros globales
Una decisión internacional emblemática para las mujeres y niñas indígenas
Luego de casi 20 años de acciones colectivas y de defensa de sus derechos a lo largo de las siete regiones socioculturales del mundo, el movimiento de mujeres indígenas logró que la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) desarrollara una recomendación específica sobre las mujeres y niñas indígenas, que se adoptó el 26 de octubre.
La Recomendación General 39[7] (RG 39) promueve las voces de las mujeres y niñas indígenas como agentes de cambio y líderes tanto dentro como fuera de sus comunidades, y aborda las diferentes formas de discriminación interseccional cometidas con frecuencia por los actores estatales y no estatales. Sin embargo, también reconoce el rol fundamental de las mujeres indígenas como lideresas, portadoras de conocimiento y transformadoras de la cultura dentro de sus familias, aldeas y comunidades.
La Recomendación General ha sido adoptada y forma parte oficial de la Convención, lo que significa que es vinculante para los Estados, quienes ahora deberán informar periódicamente sobre las medidas concretas que implementen en respuesta a lo contenido en la misma.
La adopción de la RG 39 no sólo es importante para la protección explícita que le garantiza a las mujeres y niñas indígenas de todo el mundo, sino que también se trata de un ejemplo significativo e inspirador de lo que puede lograr el esfuerzo colectivo de un gran y dedicado grupo frente a obstáculos que parecerían no tener fin.
La RG 39 también surge en un momento en el que las mujeres y niñas indígenas necesitan toda la protección posible. Como se informa en esta edición, ellas continúan sufriendo en las manos de los agresores. En India, un reporte de la Agencia Nacional de Registros Criminales de 2022 demostró que 1.324 mujeres y niñas indígenas fueron violadas en 2021, y que esta tendencia continuaba en 2022. En Bangladesh, según un informe sobre derechos humanos de la Fundación Kapaeeng, al menos 22 mujeres y niñas indígenas entre las edades de 3 y 75 años fueron víctimas de violencias en áreas como las llanuras y la región de Chittagong Hill Tracts. En Tanzania, como parte de las expulsiones violentas llevadas a cabo por la policía y las fuerzas militares de Ngorongoro, las mujeres y niñas indígenas fueron víctimas de violencia sexual y de género. Dicha violencia también ha sido reportada en Colombia, Namibia, Venezuela y Zimbabue, tanto debido a violencia por parte del gobierno, o proyectos de infraestructura legales o ilegales, o a la crisis económica que surge como consecuencia del COVID-19.
Otra cuestión diferente, pero relacionada a lo anterior: durante 2022 se descubrió que, entre los años 1966 y la década de 1970, médicos daneses introdujeron dispositivos intrauterinos (DIU) dentro de 4.500 mujeres y niñas de Kalaallit Nunaat (Groenlandia), algunas de ellas solo tenían 12 años de edad. Esto solía ocurrir sin su conocimiento ni su consentimiento, o el de sus padres. A pedido del Naalakkersuisut, gobierno de Groenlandia, se creó una comisión con el fin de llevar adelante una investigación imparcial para el “caso de los DIU” y otros métodos de prevención del embarazo utilizados por Dinamarca entre 1960 y 1991.
Un acontecimiento importante por el reconocimiento de los derechos a la tierra, los territorios y los recursos de los pueblos indígenas
En diciembre de 2022, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (CESCR, por sus siglas en inglés) adoptó la Observación general N.° 26 relativa a los derechos sobre la tierra y los derechos económicos, sociales y culturales,[8] que clarifica las obligaciones específicas que tienen los Estados respecto de la tierra y la gobernanza de la tenencia de la tierra conforme al convenio, y hace importantes referencias a los derechos a las tierras y los recursos de los pueblos indígenas.
Sobre todo, el Comité reconoce que la tierra se encuentra íntimamente ligada al derecho indígena de la autodeterminación, que es una condición esencial para garantizar y cumplir de manera efectiva con los derechos humanos individuales, así como para promover y fortalecer estos derechos. En especial, observa que, conforme su derecho de autodeterminación, la titularidad colectiva de tierras, territorios y recursos por parte de los pueblos indígenas deberá ser respetada. Y esto implica que las tierras y territorios deben ser demarcados y protegidos por los Estados partes.
La adopción de esta observación es un paso importante hacia el reconocimiento de los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas dado por el CESCR.
De ahora en más, la observación servirá de guía para que el Comité controle el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Estados como consecuencia del tratado en temas relacionados a las tierras y a la gobernanza de la tenencia de la tierra. También se convertirá en una herramienta muy importante para los pueblos indígenas cuando preparen sus informes “alternativos” o “paralelos” para presentar frente al Comité en el contexto de los procesos de examen de cada Estado.
La DNUDPI a más de 15 años
El año 2022 fue importante para los pueblos indígenas a nivel mundial ya que marcó el 15.° aniversario de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), el instrumento más completo que asegura los estándares mínimos de reconocimiento, promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas.
La adopción de la DNUDPI el 13 de septiembre de 2007 fue el fruto de décadas de trabajo y un gran logro de los movimientos de los pueblos indígenas, así como el reconocimiento de sus derechos a nivel internacional. Sin embargo, a más de 15 años de su adopción, existe una amplia brecha entre lo que garantiza la DNUDPI y la forma en que los Estados implementan en los hechos esos derechos consagrados en la declaración que suscribieron.
Los pueblos indígenas de todo el mundo continúan sufriendo violaciones a sus derechos humanos a manos de los Estados y las empresas privadas, quienes, por momentos, ignoran abiertamente este instrumento internacional a través de leyes explícitas y decisiones judiciales que niegan los derechos a estos pueblos o, a veces, sólo aceptan de la boca para afuera a los pueblos indígenas, sus derechos y la DNUDPI.
Asimismo, en muchos casos, los pueblos indígenas todavía no han sido reconocidos como tales por sus gobiernos nacionales, y algunos de ellos dicen que todas las personas dentro de su país son indígenas y, por tanto, no necesitan las protecciones especiales provistas por la DNUDPI. Esto no sólo debilita a los grupos que se autodefinen como indígenas dentro de un país, sino que también permite que los gobiernos eludan la DNUDPI en la persecución de sus intereses.
A pesar de esto, los pueblos indígenas, las organizaciones nacionales y regionales, y las organizaciones internacionales de la sociedad civil continúan trabajando juntos para controlar la implementación de la DNUDPI.
Una de las maneras en que esto se está haciendo es a través del Navegador Indígena, una iniciativa lanzada en 2014 por los pueblos indígenas que recolecta información para que ellos mismos puedan documentar si es que la DNUDPI, y otros instrumentos, están siendo implementados, cómo se están implementando, y qué cambio real, de existir, se está logrando en el campo. Desde 2022, el Navegador Indígena se ha expandido y, actualmente, se utiliza en 28 países.
Un buen ejemplo de un gobierno que fue proactivo en la implementación de la DNUDPI en 2022 fue Canadá, que comenzó a desarrollar un Plan de Acción Nacional, en consulta con los pueblos indígenas, para poner en práctica su ley federal y así alinear la ley canadiense con la Declaración. Además, Vancouver se convirtió en la primera ciudad del país en desarrollar su propia estrategia municipal para ejecutar la DNUDPI.
En la República Democrática del Congo, luego de 15 años de incansable lucha, el gobierno adoptó su primera ley nacional para la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas en 2022. El gobierno también busca extender esto para otorgar seguridad jurídica a las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas, que en la actualidad deben estar bajo el control de estas comunidades.
La Década Internacional de las Lenguas Indígenas
Ese año también marcó el comienzo de la Década Internacional de las Lenguas Indígenas (2022 – 2032),[9] una consecuencia clave que surge del Año Internacional de las Lenguas Indígenas en 2019. La década hace foco en el derecho de los pueblos indígenas a preservar, revitalizar y promover sus lenguas, así como a asegurar que estas sean utilizadas por los gobiernos y las empresas privadas al comunicarse con ellos y al darles información y, también, que las lenguas indígenas sean reconocidas y utilizadas en las escuelas públicas.
En su estudio temático de septiembre de 2022 sobre el rol de las mujeres indígenas y el desarrollo, la aplicación, la preservación y la transmisión de conocimiento científico y técnico,[10] el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas señaló que las lenguas indígenas están desapareciendo rápidamente, lo cual también implica que se está perdiendo una fuente invaluable de conocimiento y cultura. También observó que las mujeres indígenas son clave a la hora de proteger y utilizar estas lenguas, y sostuvo el llamado a apoyar a las mujeres indígenas para que se desarrollen e implementen de manera urgente distintos programas de educación de las lenguas.
En Botsuana, por ejemplo, se estableció en 2022 una nueva Política Nacional de la Lengua que incluyó la enseñanza de las lenguas san y nama y se espera que comience a ser implementada en 2023. En Marruecos, en 2020, se decretó que el tamazight sería un idioma oficial, pero el gobierno de ese entonces remarcó que no se pondría en práctica hasta que la pandemia se hubiera aplacado. La implementación, por tanto, comenzó en 2022, aunque fue algo lenta debido a tener una financiación insuficiente. En Venezuela, el Instituto Nacional de Idiomas Indígenas puso en marcha un plan para fortalecer la enseñanza de lenguas indígenas en el país.
En cambio, en Myanmar, país que todavía está inmerso en los efectos del golpe militar de febrero de 2021 y que continúa desplazando a millones de personas, ha retrocedido en la aplicación de una vieja ley que permitía utilizar lenguas indígenas en el contexto educativo. Ahora sólo se permite el uso del birmano.
Y en Perú, cuando las escuelas reabrieron sus puertas luego del COVID-19, hubo una reacción contra el gobierno por haber intentado que estas instituciones pasaran de ser bilingües a monolingües con el propósito de poder reclutar a más docentes, ya que muchos de ellos no hablan lenguas indígenas. Igualmente, se contrataron docentes y directores que no eran bilingües. Las organizaciones indígenas pidieron al gobierno que se asegure que cualquier reclasificación de las escuelas se hiciera luego de obtener su CLPI.
Entender los beneficios de moverse rápido siendo considerados
Como se demuestra en los informes de El Mundo Indígena de este año, los pueblos indígenas continúan luchando contra una actitud generalizada que entiende que ellos son quienes deben sacrificarse por el bien mayor y que sus vidas y voces no son tan importantes como las de los otros ciudadanos y ciudadanas cuando se toman decisiones.
Pero se pueden tomar decisiones y realizar actos que respeten los derechos humanos y que devuelvan el control a las comunidades. También puede hacerse esto consultando a los pueblos indígenas, quienes poseen un conocimiento valioso y, muchas veces, no reconocido, que puede contribuir con el proceso.
Quizás, la mayor injusticia que se está cometiendo es pensar que lo único que hará el incluir y escuchar a los pueblos indígenas es retrasarnos a la hora de alcanzar los objetivos internacionales acordados (los ODS, el Acuerdo de París y el Marco Mundial de Biodiversidad). Y, sin embargo, al incluir a todos, aún a los más marginalizados, no sólo vamos a cumplir con las metas de manera más justa y holística, sino que hasta podríamos hacerlo mucho más rápido.
Tributo a Patrick Kulesza
Nos entristeció el fallecimiento de Patrick Kulesza. Patrick siempre tuvo una relación muy cercana y fuerte con IWGIA. Fue un miembro altamente estimado de nuestra Junta Directiva, se aseguró de que los pueblos indígenas del mundo francófono estuvieran siempre incluidos en nuestro trabajo. Él fue una gran fuente de información y colaboró de manera extensa durante muchas décadas. Sus contribuciones fueron enormemente apreciadas por todos los que trabajamos con él. Hizo aportes valiosos y ricos a El Mundo Indígena, al proveer informes en cada edición sobre los pueblos indígenas de varios países de África y el Pacífico. La dedicación de Patrick a los pueblos indígenas siempre estará con nosotros. Cada año, traducía El Mundo Indígena al francés de manera voluntaria, con el nombre de Le Monde Autochtone, para ayudarnos a difundir esta importante información al mundo francoparlante en cuanto a la situación de los derechos de los pueblos indígenas. Siempre fue una persona positiva y una buena compañía. Extrañaremos a Patrick y permanecerá en nuestros pensamientos.
Dwayne Mamo
Editor general
Kathrin Wessendorf
Directora
Ida Theilade
Presidenta de la Junta Directiva
Copenhague, marzo de 2023
Este artículo es parte de la 37ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2023 aquí.
Notas y referencias
[1] Naciones Unidas. António Guterres. Observaciones del Secretario General en la apertura de Alto Nivel del segmento del ECOSOC 2022, Segmento Ministerial del Foro Político de Alto Nivel. 13 de julio de 2022. Disponible en https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2022-07-13/secretary-generals-remarks-the-opening-of-the-2022-high-level-segment-of-ecosoc-ministerial-segment-of-high-level-political-forum
[2] Naciones Unidas. Programa del Ambiente. Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica. Reunión 15.a, el Marco Mundial Kunming-Montreal de la Diversidad Biológica; Versión borrador del presidente. Del 7 al 19 de diciembre de 2022. Disponible en https://www.cbd.int/doc/c/e6d3/cd1d/daf663719a03902a9b116c34/cop-15-l-25-en.pdf
[3] Garnett et al. ”A spatial overview of the global importance of Indigenous lands for conservation. Nature”. 2018. https://www.nature.com/articles/s41893-018-0100-6
[4] FAO y FILAC. “Forest governance by indigenous and tribal peoples. An opportunity for climate action in Latin America and the Caribbean”. Santiago, FAO, 2021. Disponible https://doi.org/10.4060/cb2953en
[5] Para más información, por favor, diríjase al archivo de procedimiento del Reglamento sobre la Deforestación: Parlamento Europeo 2021/0366 (COD). Reglamento sobre la Deforestación. https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0366(COD)&l=en
[6] “EU Anti-Deforestation Law: Disappointment As Policymakers Prioritise Trees Over People”. FERN, 14 de diciembre de 2022. Disponible en https://www.fern.org/publications-insight/eu-anti-deforestation-law-disappointment-as-policymakers-prioritise-trees-over-people-2606/
[7] OHCHR. “General recommendation N.° 39 (2022) on the rights of Indigenous women and girls”. OHCHR, 26 de octubre de 2022. Disponible en https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no39-2022-rights-indigeneous
[8] Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Comentario general N.° 26 (2022) sobre la tierra y los derechos económicos, sociales y culturales. Disponible en https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/ec12gc26-general-comment-no-26-2022-land-and
[9] Década Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032, https://idil2022-2032.org/
[10] Asamblea General de las Naciones Unidas. “Indigenous women and the development, application, preservation and transmission of scientific and technical knowledge. Report of the Special Rapporteur on the rights of indigenous peoples, José Francisco Calí Tzay”. 2022. Disponible en https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F51%2F28&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
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