El Mundo Indígena 2023: Perú
El Estado peruano reconoce a 47 lenguas indígenas habladas por 55 distintos pueblos. Según el Censo Nacional de Población de 2017, casi seis millones de personas (5.972.603) se autoidentifican como perteneciente a un pueblo indígena u originario, lo que representa algo más de un cuarto del total de la población. De estas personas, 5.176.809 se reclaman quechua y 548.292 aymará. La población censada amazónica, que se autoidentifica como asháninka, awajún, shipibo, y de otros pueblos amazónicos, ascendió a 197.667. Además, cerca de 50.000 se reclaman pertenecientes a otros pueblos indígenas u originarios. Se sabe que en la región amazónica el subregistro censal continúa siendo alto.
Más del 20 % del territorio nacional está cubierto por concesiones mineras superpuestas al 47,8 % del territorio de las comunidades campesinas. En la Amazonía peruana, las concesiones de hidrocarburos cubren el 75 % de la región, afectando a casi todos los pueblos. La superposición de derechos sobre territorios comunales; la enorme presión de las industrias extractivas y sus efectos contaminantes; la ausencia de ordenamiento territorial y la falta de implementación eficaz de la consulta previa, agudizan los conflictos territoriales y socioambientales en el país.
Perú ha suscrito y ratificado el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales N.°169 de la OIT y votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007.
El 2022 ha sido un año de grandes desafíos y amenazas para los pueblos indígenas. Durante el segundo año de mandato del expresidente Pedro Castillo, que contó con gran respaldo indígena en la selva y la sierra, varias han sido las normas y las políticas impulsadas desde el Ejecutivo y el Congreso que atentaron contra los derechos fundamentales y que han generado fuertes respuestas desde las organizaciones y la sociedad civil. A su vez, en el 2022, la nueva variante Omicrón del COVID-19 afectó ampliamente a todas las regiones indígenas con escasa tasa de cobertura de vacuna, pero causando esta vez baja mortalidad.
Políticas en contra de la educación intercultural bilingüe
El decenio internacional de las lenguas indígenas y el retorno a clases después del COVID-19 se inauguró con una arremetida del gobierno en contra de la política educativa intercultural bilingüe. El foco ha estado puesto en reconvertir las escuelas de educación intercultural bilingüe (EIB) en escuelas rurales no bilingües para disponer de plazas que debían ser reservadas para docentes con manejo de lenguas indígenas, bajo el pretexto de asegurar la rápida cobertura de plazas en el corto plazo. Aunque la pronta reacción masiva dio lugar a un retroceso, a lo largo del año el gobierno insistió con nuevas normas en el mismo sentido que complementó con la de nombramiento de directores de escuelas EIB con docentes no bilingües.
Las organizaciones y pueblos indígenas han destacado que la recategorización de escuelas requeriría que se lleven a cabo procesos de consulta previa, libre e informada. La organización nacional indígena, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), ha planteado una demanda de amparo en contra de las medidas anti EIB. Es claro que las medidas aprobadas como resoluciones del Ministerio de Educación han estado orientadas puntualmente a favorecer a los docentes del sindicato creado por Castillo, la Federación de Trabajadores en la Educación del Perú (FENAFE). Las medidas se dan en un contexto en donde varias organizaciones indígenas han planteado, con argumentos técnicos y legales, la necesidad de constituir unidades interculturales de gestión local educativa en ámbitos con alta concentración de población indígena y, a su vez, de apoyar decididamente la formación y profesionalización de docentes indígenas.
A favor de la minería ilegal en tierras indígenas
Otra sorprendente política de un gobierno elegido con respaldo indígena ha sido la que ampara a la minería informal y favorece así su ingreso a territorios indígenas. El Decreto Supremo 010-2022-MINEM, precedido por anuncios en diversos discursos presidenciales, flexibiliza las normas para la formalización minera al punto que permite que personas previamente sentenciadas por el delito de minería ilegal puedan ingresar y permanecer en el Registro Integral de Formalización Minera. Además, los mineros informales inscritos pueden legalmente obstaculizar las inspecciones de los sitios de explotación. Más aún se elimina el requisito de ejercer pacíficamente sus actividades. Los mineros, envalentonados por los anuncios oficiales y las normas de agosto y diciembre, han reingresado masivamente a distintas zonas de donde las fuerzas del orden los habían retirado y notoriamente a territorios indígenas de los pueblos Awajún y Wampís, que llevan años controlando su intento de tomar las cuencas ricas en oro aluvial.
En octubre, en la cuenca del Cenepa, en territorio awajún, se atrevieron a atacar el local de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (ODECOFROC), ocasión en la que afortunadamente no se produjeron muertes. Preocupa en este y otros contextos, la Ley 31.494 que el Congreso de la República insistió en promulgar, a pesar de que se había logrado que el gobierno anterior no lo hiciera. La norma, que se refiere a la constitución de Comités de Autodefensa y Desarrollo Rural, permite que particulares y el ejército puedan dotarse de armas, abriendo el riesgo de que se conformen ejércitos paramilitares en contextos de disputas con invasores de territorios indígenas y de la presencia de madereros ilegales.
Reservas para pueblos en situación de aislamiento bajo la mira de intereses madereros
Lo que comenzó a inicios del 2022 como una manifestación de intereses madereros con respaldo del gobernador de Loreto en contra de la constitución de reservas indígenas a favor de pueblos en aislamiento voluntario y en contacto inicial, se convirtió en octubre en una propuesta para modificar la Ley 28.736 para la Protección de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial (Ley PIACI). Entre otras iniciativas, el proyecto de ley, auspiciado por la Coordinadora de Desarrollo de Loreto, pretende trasladar los procedimientos para la declaración de las Reservas Indígenas PIACI a los gobiernos regionales.
Como han denunciado las organizaciones indígenas, en particular la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), varias propuestas de creación han sido presentadas hace más de una década sin que el Ministerio de Cultura de paso al examen de los expedientes. Por lo tanto, varias de las propuestas peligran en caso de que semejante proyecto de ley prospere.
Afortunadamente, en el 2022, después de 18 años de espera, el Ministerio de Cultura aprobó el estudio de reconocimiento de los pueblos aislados de Napo y Tigre, que por años ha sido disputado por intereses petroleros con apoyo del Ministerio de Energía y Minas.
Derrames y más derrames petroleros
En enero de 2022, un gran derrame de petróleo en la costa centro norte, ayudó para que las autoridades y a la sociedad civil tomen conciencia del impacto ambiental de las actividades petroleras mal reguladas y las empresas irresponsables. El derrame ocurrió cuando un buque tanque descargaba petróleo para la refinería La Pampilla de propiedad de Repsol, ubicada al norte de la ciudad de Lima. Inicialmente se pretendió atribuir el derrame a los efectos de un tsunami por un terremoto que sucedió en la isla Tonga y se alegó que no alcanzaba ni un tercio de barril. Finalmente, se determinó que se habían derramado 11.900 barriles.
El delito, que consternó al país, ha continuado siendo el pan de cada día en los lotes 192 y 8, que no están en operación, y en el Oleoducto NorPeruano, todos con instalaciones vetustas. En 2022, el oleoducto ha causado casi una decena de derrames contaminando los territorios de los wampís, los awajún, los chapras, los kukama y los achuar. Los operadores de los lotes 192 y 8 se han negado a reconocer todos los impactos causados por derrames en el 2022 y durante años anteriores; y por el abandono de sustancias peligrosas y chatarra, dejando la carga de demandar la remediación a las organizaciones achuar, kukama, kichwa y quechua que conforman la plataforma Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT).
Para esos lotes existe un compromiso del Estado peruano de incrementar un fondo para la remediación de los sitios impactados, de los cuales las empresas no se han hecho responsables. Sin embargo, los estudios de caracterización y de ingeniería de detalle para los primeros 32 de más de 1.800 sitios avanzan a paso de tortuga, generando incertidumbre permanente a las familias indígenas que deben vivir expuestas a la contaminación por metales pesados.
Criminalización y atentados contra defensores indígenas
En abril del 2022, la muerte del líder asháninka Ulises Lorenzo Rumiche Quintumari, en Pangoa, selva central, se sumó a la creciente lista de defensores ambientales amenazados por las economías ilegales mineras, forestales y del narcotráfico. Pero las amenazas no solo provienen de actores ilegales. Catorce años después de ocurridas unas protestas (2008) en el río Tigre, la fiscalía dio paso al juicio oral de 18 comuneros y autoridades kichwa en respuesta a una demanda planteada por la empresa Pluspetrol que el Ministerio Público reactivó en el 2017.
La situación generada por las amenazas a dirigentes y comuneros que defienden sus derechos a un territorio sano, ha llevado a que se recomiende al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que el mecanismo de protección contemple medidas de atención y protección colectivas no previstas, pues debe solicitarse dicha medida para cada persona, a menudo dejando fuera a los/as defensoras con menos visibilidad e integrantes de sus familias. También se ha recomendado, que como medida de protección contra los defensores criminalizados, se garantice una defensa pública integral en las investigaciones correspondientes.[1]
Retrocesos en materia de consulta
A propósito de una demanda de amparo presentada por dos comunidades campesinas aymará de la región Puno (Chila Chambilla y Chila Pucará) que pedían nulidad de unas concesiones mineras que se encuentran en sus tierras, el Tribunal Constitucional falló, en marzo del 2022, declarándola improcedente, en claro retroceso de su propia jurisprudencia, la de la Corte Interamericana y desconociendo la constitución vigente. Así lo consideró la Defensoría del Pueblo al recordar que el derecho a la consulta es un derecho fundamental que se encuentra “consagrado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que ha sido ratificado por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa N.° 26.253 y se encuentra vigente desde el 2 de febrero de 1995”. A su vez, destaca que la sentencia contraría la Constitución que establece que “las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Norma Fundamental reconoce se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú”[2]. El propio tribunal había reconocido en el pasado, en varias sentencias, la vigencia y rango de este derecho. No ha sorprendido que después de tamaña violación de sus derechos, las comunidades Aymará de Puno, que en abril se movilizaron a Lima para reclamar contra la sentencia, hayan liderado las movilizaciones y el cuestionamiento al orden establecido que paralizó el país a fines del 2022.
Avances en medio de retrocesos
El Gobierno Territorial Autónomo Awajún, que ratificó su estatuto y eligió sus autoridades a fines del 2021, inició el ejercicio de sus funciones en el 2022. El ámbito del gobierno autónomo awajún cubre alrededor de tres millones de hectáreas en las regiones de Cajamarca, San Martín, Amazonas y Loreto, donde se hallan registradas 247 comunidades. Con este nuevo gobierno territorial ya son casi una decena los que han desafiado la terca decisión estatal de desconocer la existencia de los pueblos indígenas como sujetos políticos, y están decididos a ejercer la gobernanza de sus territorios.
Frederica Barclay es antropóloga e historiadora peruana. Actualmente se desempeña como presidenta del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad.
Este artículo es parte de la 37a edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que los pueblos indígenas han experimentado. La foto de arriba es de una persona indígena en Tanzania. Esta foto fue tomada por Geneviève Rose, y es la portada de El Mundo Indígena 2023 donde aparece este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2023 completo aquí.
Notas y referencias
[1] ERI et al. “Funcionamiento de la política pública de protección de defensoras y defensores indígenas criminalizados y amenazados”. EarthRights International, mayo de 2022, p.28. Disponible en https://earthrights.org/publication/informe-funcionamiento-de-la-politica-publica-de-proteccion-de-defensoras-y-defensores-indigenas-criminalizados-y-amenazados/
[2] “Defensoría del Pueblo rechaza sentencia del Tribunal Constitucional que desconoce consulta previa a los pueblos indígenas como derecho fundamental”. Defensoría del Pueblo de Perú, 5 de marzo de 2022. Disponible en https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-rechaza-sentencia-del-tribunal-constitucional-que-desconoce-consulta-previa-a-los-pueblos-indigenas-como-derecho-fundamental/
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