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El 10 de marzo de 2021 se creó la reserva indígena Yavarí Tapiche a favor de pueblos en aislamiento de la Amazonía norte del Perú, en la frontera con Brasil. Fue establecida después de 18 años de haber sido solicitada por organizaciones indígenas del departamento de Loreto y del ámbito nacional. La creación de la reserva afrontó una serie de obstáculos motivados por intereses económicos. Estos causaron la dilación del proceso con efectos negativos para los pueblos indígenas, cuya integridad y derechos territoriales se busca garantizar.
La Amazonía brasileña es la región con mayor cantidad de pueblos en aislamiento y contacto inicial del mundo. Sus modos de vida y territorios se encuentran presionados y amenazados por la depredación de bosques, la minería, el agronegocio, los proyectos de infraestructura y misioneros extremistas. La situación empeoró con el Gobierno de Jair Bolsonaro y la llegada de la pandemia. La movilización de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil es fundamental para resistir a los retrocesos en la protección de estos pueblos.
Cerca de 150 ayoreo en aislamiento voluntario sobreviven en el monte chaqueño en la frontera entre Bolivia y Paraguay. Entre los registros que evidencian su presencia se encuentran huecos y marcas en árboles; utensilios y chozas hallados, huellas en aguadas y objetos abandonados. Hoy sufren la amenaza de la deforestación, la construcción de caminos, los megaincendios y el avance de la frontera agrícola-ganadera. Ambos países deben tomar medidas para asegurar la protección de sus territorios y su supervivencia.
Los avances en la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas Aislados (PIA), adoptados por el Estado ecuatoriano desde hace 14 años, no se han traducido en una protección efectiva en sus territorios. Incluso el reconocimiento de la existencia de estos pueblos en el artículo 57 de la Constitución de 2008 terminó siendo letra muerta cada vez que primó el interés por la extracción de recursos. Una y otra vez, las promesas de defensa de sus derechos sucumbieron ante la “esquizofrenia” del Estado.
Los jödi, yanomami y uwottüja en aislamiento voluntario se ven amenazados por las invasiones que provocan las actividades extractivas y por la presencia de grupos ilegales en la región: al impacto ambiental se suman los efectos socioculturales y sanitarios. Los aislados son conscientes de que los agentes foráneos son potenciales transmisores de enfermedades, lo cual representa una motivación para mantenerse en aislamiento. El Covid-19 agrava la situación ante la alta vulnerabilidad epidemiológica e inmunológica.
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