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A casi 24 años de la firma del Acuerdo de Chittagong Hill Tracts, su falta de implementación ha alcanzado niveles alarmantes y las violaciones a los derechos humanos continúan vigentes. Al continuo despliegue de fuerzas militares y paramilitares, se suma la usurpación de territorios indígenas. Las comunidades no encuentran espacios para reclamar los incumplimientos porque el acuerdo no tiene un estatus de tratado internacional.
Las heridas ocasionadas por la gran masacre de 60.000 hereros y 10.000 namas en la antigua colonia de África del Sudoeste aún no cierran. A los campos de concentración y el trabajo esclavo, se suman las cicatrices por la exhibición de restos humanos en museos y la manipulación para teorías científicas racistas. Tras un siglo de negacionismo, los gobiernos de ambos países acordaron una compensación de 1.100 millones de euros en un plazo de 30 años. Sin embargo, los descendientes de las víctimas no sienten que sus demandas sean escuchadas.
A pesar de sus riquezas naturales, en esta región ubicada sobre el Mar Caribe, las niñas y niños wayúu mueren de hambre y de sed. A las deudas históricas, se suma la explotación de las multinacionales, la falta de lluvias y la contaminación de los pozos de agua. Mientras un 39,7% de la población de La Guajira no alcanza la alimentación óptima, 433 niños indígenas menores de cinco años están desnutridos y 17 menores Wayúu han fallecido durante 2021. Para los más vulnerables, la realidad no ha dejado de empeorar y los niños wayúu siguen muriendo por causas evitables.
El 1° de febrero de 2021, el ejército birmano derrocó al gobierno elegido democráticamente y detuvo a la Consejera de Estado, Aung San Su Kyi, bajo cargos falsos. En medio de la crisis del Covid-19, los niños y niñas del estado de Chin no tienen clases desde hace un año y medio. Mientras las Fuerzas Armadas utilizan las escuelas como bases militares y acosan a las organizaciones educativas no gubernamentales, los padres, maestros y estudiantes ven a la desobediencia civil como un mecanismo de resistencia: “No necesitamos una educación militar esclava”.
Entre los problemas con el idioma al momento de su detención y los maltratos que sufren en los centros de internamiento, los jóvenes indígenas privados de su libertad conviven con la tristeza, la depresión y la injusticia. A la dureza de sus historias de vida moldeadas por sus condiciones de vulnerabilidad, se suman la pérdida de contacto con sus familias, su cultura, su vida en comunidad y el medio ambiente.
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