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Más allá de la represión en el área urbana, la dictadura brasileña también tuvo un brazo represivo en las vastedades del Centro-Oeste y la Amazonía a través de su proyecto “civilizatorio”. La construcción de la carretera Transamazónica, los proyectos de infraestructura y la expansión de la frontera agrícola-ganadera generaron masacres y desplazamientos forzados. Instituciones como la Fundación Nacional del Indio y el Reformatorio Agrícola Indígena Krenak profundizaron el despojo. Medio siglo más tarde, la Comisión Nacional de la Verdad abre un horizonte de justicia y reparación.
POR EFRAÍN JARAMILLO Y COLECTIVO DE TRABAJO JENZERÁ PARA DEBATES INDÍGENAS
En el sur de Colombia, especialmente en el departamento del Cauca, las organizaciones criminales controlan los territorios y libran cruentas hostilidades. Los enfrentamientos son principalmente por las zonas de cultivo de marihuana y coca, y el control de las rutas del narcotráfico. En consecuencia, los pueblos indígenas y afrocolombianos sufren el reclutamiento forzado de menores, las amenazas de “plata o plomo” y el asesinato de líderes. Sin embargo, no todo es a través de la violencia: mientras un jornalero percibe entre 30.000 y 50.000 pesos diarios, un recolector de la hoja de coca puede ganar entre cuatro y cinco veces más.
Los pobladores de la parroquia de Chicomuselo de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas fueron librados a su suerte frente a la presencia de cárteles de la droga que se disputan el territorio. La explotación de una mina de barita reavivó el conflicto entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación que se disputan la región. Los habitantes son usados como escudos humanos y, en algunas comunidades, les quitan los teléfonos y no les permiten salir. Tras haber sido un ejemplo emblemático en la lucha por la Tierra y la Naturaleza, los comunarios de Chicomuselo no reciben respuestas del presidente ni de su sucesora.
En los últimos meses, el Gobierno de Daniel Noboa ha llevado a cabo dos ofensivas que ponen en riesgo a los derechos humanos. Por un lado, una feroz represión sobre los pueblos indígenas de Cotopaxi con el objetivo de favorecer la instalación de una minera canadiense. Por otro lado, la incursión en la Embajada de México en Quito, que viola la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, con el único fin de apresar al ex vicepresidente Jorge Glas quien se encontraba en condición de asilado político. Mientras el aparato de propaganda alimenta el miedo y la confusión en la población, de fondo, se ejecuta un paquete neoliberal que incluye la suba del impuesto al valor agregado y la profundización del extractivismo.
A solo cinco meses de asumir, el nuevo gobierno anarco-capitalista intentó derogar la Ley de Tierras a través de un decreto, anunció la disolución del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y le cambió el nombre al Salón de los Pueblos Originarios de la Casa de Gobierno. En este contexto, la principal amenaza radica en que Javier Milei se presenta como un aliado del extractivismo y promete impulsar la extracción de minerales que se encuentran en los territorios indígenas. Si bien el devenir del nuevo gobierno es incierto, podemos inferir una profundización de los conflictos territoriales y la desprotección de los derechos indígenas.
El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) es una organización global de derechos humanos dedicada a promover y defender los derechos de los pueblos indígenas. Conócenos
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