El Mundo Indígena 2023: Myanmar
No se dispone de información precisa sobre la cantidad de pueblos indígenas que hay en Myanmar, en parte debido a la falta de comprensión en el país del concepto internacionalmente reconocido de pueblos indígenas. El gobierno afirma que todos los ciudadanos del país son “indígenas” (taing-yin-tha), y sobre esa base descarta la aplicabilidad de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a Myanmar. Los activistas de los derechos de los pueblos indígenas utilizan el término en birmano hta-nay-tain- yin-tha para identificar a los pueblos indígenas, basándose en principios internacionales que aplican los criterios de no dominación en el contexto nacional, continuidad histórica, territorios ancestrales y autoidentificación.[1]
El gobierno reconoce ocho grupos étnicos como nacionales o taung-yin-tha: los kachin, karen, karenni, chin, mon, burman, arakan y shan. Según la Ley de Ciudadanía de 1982, los grupos étnicos que han estado presentes en la actual zona geográfica de Myanmar desde antes de 1823 (comienzo de la primera anexión británica) se consideran taung-yin-tha.[2] Sin embargo, hay más grupos étnicos que se consideran o se ven a sí mismos como pueblos indígenas, tales como los naga, que no se identificarían con ninguno de esos grupos.
De acuerdo con la Constitución de 2008,[3] Myanmar/Birmania está dividida en siete estados, siete regiones y un territorio de la Unión. Estas fronteras geopolíticas están, hasta cierto punto, organizadas según la demografía étnica. Los siete estados reciben su nombre de siete grandes grupos étnicos, en concreto, los estados de Kachin, Kayah (Karenni), Kayin (Karen), Chin, Mon, Rakhine y Shan. Aunque los Bamar (birmanos) no tienen un estado específicamente con su nombre, son el grupo étnico dominante del país, con predominio en seis de las siete regiones (Sagaing, Magwe, Mandalay, Yangon, Ayerywaddy y Bago) y el territorio de la Unión, Nay Pyi Taw. Existen también cinco áreas de administración autónoma y una región de administración autónoma que forman parte de regiones o estados, cada una nombrada según el grupo étnico mayoritario en la zona (Naga, Danu, Pa-O, Paluang y Kokang y la división de administración autónoma Wa).
El 1 de febrero de 2021, las fuerzas armadas de Myanmar (Tatmadaw) perpetraron un golpe de Estado al deponer al gobierno electo, la Liga Nacional para la Democracia (LND), y detener a Aung San Su Kyi y a miembros de los parlamentos de la Unión y de los estados. La Junta militar fracasó en la consolidación del poder tras el intento de golpe de Estado debido a la resistencia del pueblo de Myanmar. Desde entonces, grandes áreas de Myanmar se han sumido en una guerra civil a medida que se ha ido gestando una revolución determinada por crecientes adhesiones entre legisladores electos, organizaciones revolucionarias étnicas, líderes de huelgas y protestas y organizaciones de la sociedad civil. En el centro de esta alianza se encuentra el Gobierno de Unidad Nacional (NUG) y el más amplio, más representativo Consejo de Coordinación de la Unidad Nacional (NUCC), un órgano inclusivo que abarca una variedad de organizaciones revolucionarias que defienden el territorio y actúan en alianza con el NUG. Hasta el momento, la mayoría de gobiernos extranjeros e instituciones internacionales se han mostrado reacias a reconocer oficialmente a la Junta o al NUG como el gobierno de Myanmar. De hecho, gobiernos y otros funcionarios entablan relación con ambas entidades en foros internacionales.
Myanmar votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007, pero no ha firmado la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ni ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. Es parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y de la Convención sobre los Derechos del Niño, pero votó en contra de un proyecto de ley para ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos bajo la justificación de que era una amenaza para la soberanía nacional. En 2017, Myanmar se convirtió en el 165.º Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Campaña de tierra quemada
A finales de 2022, el número documentado de activistas prodemócratas y otros civiles asesinados mediante represión militar había alcanzado un total de 2.689, aunque la cifra real es posiblemente mucho más elevada. A su vez, más de 13.000 personas siguen detenidas.[4] Entre los prisioneros políticos se encuentran líderes de opinión, miembros de la sociedad civil, figuras políticas clave, trabajadores de la sanidad y funcionarios públicos anteriormente involucrados en la administración de las elecciones.
En julio, cuatro activistas prodemocracia fueron ejecutados por el ejército de Myanmar en lo que supuso el primer uso de la pena de muerte en décadas. Los cuatro –incluyendo el activista Ko Jimmy y el legislador Phyo Zeya Thaw– fueron acusados de cometer “actos de terror” y sentenciados a muerte en un juicio celebrado a puerta cerrada.[5]
La situación humanitaria de millones de personas sigue dominada por hostilidades y la creciente tensión económica. Los ataques frecuentes e indiscriminados, incluidos aéreos y fuego de artillería sobre áreas civiles, han causado víctimas y han sembrado el terror. Los desplazamientos van en aumento a pesar también de algunos retornos informados. Según las últimas cifras de Naciones Unidas, el número estimado de nuevas personas desplazadas internamente (PDI) desde la toma de poder militar ha sobrepasado los 1,1 millones, ascendiendo su número total a más de 1,5 millones en todo el país.[6] Los territorios de los pueblos indígenas son algunas de las áreas en conflicto más duramente afectadas, pero la Junta también ha dirigido sus ataques activamente contra el corazón territorial birmano en zonas como Magway y Sagaing.
A pesar del llamamiento efectuado el 17 de agosto por la Enviada Especial de las Naciones Unidas, Noeleen Heyzer, instando al líder golpista, el general en jefe Min Aung Hlaing, a cesar los ataques aéreos y de artillería sobre objetivos civiles y la quema de casas, el Consejo Administrativo del Estado (SAC) intensificó su campaña de tierra quemada.[7] En noviembre, las estimaciones indicaban que 38.383 casas fueron arrasadas en 12 estados y regiones.[8] Más tarde, en diciembre, las fuerzas de la Junta de Myanmar incendiaron 19 aldeas en el municipio de Depayin, destruyendo el 50 % de las casas y dejando a 10.000 personas sin hogar. El ataque, que comenzó el 1 de diciembre, causó la destrucción de 1.700 edificios, incluyendo instalaciones religiosas.[9]
La Junta de Myanmar también intensificó el uso de su fuerza aérea para cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Amnistía Internacional documentó 16 ataques aéreos ilegales entre marzo de 2021 y agosto de 2022 en los estados de Kayah, Kayin y Chin, así como también en la región de Sagaing.[10] Los ataques mataron al menos a 15 civiles e hirieron a unas 36 personas más. Los bombardeos aéreos también han destruido casas, edificios religiosos, escuelas, instalaciones médicas y un campo de personas desplazadas. Algunos ejemplos de los recientes ataques aéreos indiscriminados cometidos por la Junta son el perpetrado contra un concierto celebrado en una base del Ejército para la Independencia Kachin en el estado de Kachin, que acabó con la vida de más de 80 personas, y el llevado a cabo contra una escuela en la aldea de Let Yet Kone, región de Sagaing, que causó la muerte de al menos 12 personas.[11]
Desafíos en el ámbito de la conservación
Los esfuerzos en conservación realizados por comunidades indígenas en toda Myanmar han entrado en declive desde el golpe de Estado. Esto se debe en parte a los riesgos de seguridad inherentes al conflicto persistente,[12] a los grandes desplazamientos de población y a la cada vez más agresiva extracción de recursos naturales que actualmente llevan a cabo el Consejo Administrativo del Estado y entidades privadas que operan como oportunistas durante la crisis política. Desprovista de ingresos, la Junta militar ha pasado a depender cada vez más de ingresos derivados de los recursos naturales para sufragar sus operaciones y su actual campaña para mantenerse en el poder.[13]
A pesar de las sanciones vigentes, desde el golpe de Estado, la Junta habría subastado más de 8 millones USD en teca y exportado más de 190 millones USD en productos madereros. Al parecer, empresas de la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Suiza han seguido importando madera de Myanmar desde que entraron en vigor las sanciones en 2021.[14] Mientras tanto, las poblaciones civiles que se han quedado sin acceso a medios de subsistencia han recurrido a trabajar en emplazamientos mineros que están dejando sin árboles las laderas de las montañas y las riberas de los ríos.[15] Además, al menos la mitad del más de un millón de personas desplazadas internamente por el conflicto han buscado refugio en zonas forestales de Myanmar, creando nuevas presiones sobre ecosistemas ya gravemente impactados.
Tres ejemplos recientes citados en diversos informes incluyen la proliferación de minería de oro en el estado de Kachin, impulsada por empresas compinches que han contaminado arroyos y ríos, destruido sitios del patrimonio cultural y erosionado y dañado tierras agrícolas;[16] los yacimientos de minería a gran escala en el estado de Shan oriental, que han impactado en tierras agrícolas circundantes; y las minas de estaño y oro en la región de Tanintharyi dirigidas por grupos armados estatales y étnicos que dañan los ecosistemas ribereños locales de los que dependen las comunidades para sus medios de vida.[17]
En una conferencia de prensa en el período previo a la COP 27 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Tom Andrews, manifestó que debido a los riesgos para la seguridad y las restricciones en los viajes que bloquean la realización in situ de una evaluación exhaustiva, el alcance total de la degradación y la destrucción medioambiental tras el golpe militar era “difícil de imaginar”.[18]
Gobernanza étnica
Como el sistema de administración pública de la Junta continuó desmoronándose en grandes partes del país, organizaciones de resistencia tuvieron que reforzar instituciones de gobernanza para llenar el vacío. En áreas étnicas de Myanmar, organizaciones étnicas de resistencia (ERO) y “consejos” de coalición locales recién formados, incluyendo políticos electos, organizaciones étnicas de resistencia, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos en huelga, son los principales actores que lideran estos esfuerzos. Los consejos tienen como objetivo sustituir al Consejo Administrativo del Estado y servir como los principales organismos estatales para asuntos sociales y políticos en sus correspondientes regiones, una incipiente implementación de federalismo a nivel estatal.
En algunas áreas, tales como los estados de Kachin, Karen, Chin y Karenni, la gestión del SAC es muy inactiva. En áreas como el estado de Mon, la región de Bago y la región de Tanintharyi, organizaciones étnicas de resistencia y Fuerzas Populares de Defensa (PDF), estrechamente alineadas con el movimiento democrático federal contra el golpe de Estado, también consolidaron su control a lo largo de 2022.[19] Entretanto, partes significativas de los estados de Rakhine y Shan siguen bajo el control de organizaciones étnicas de resistencia bien consolidadas, tales como el Ejército de Arakan, que se han mantenido distanciadas del movimiento prodemocracia y antigolpe de Estado, pero se oponen al poder centralizado del SAC.
¿Conversaciones de paz?
A principios de 2022, la Junta militar contactó con 17 de los grupos étnicos armados de Myanmar, incluyendo siete que habían sido reacios a firmar el Acuerdo Nacional de Alto el Fuego de 2015 (NCA) con el ejército, y les invitó a conversaciones preliminares de paz para conmemorar las celebraciones del 75.º Día de la Unión. Se excluyó de dicha invitación a organizaciones denominadas “terroristas”, es decir, las fuerzas populares de defensa y el Gobierno de Unidad Nacional de la República de la Unión de Myanmar (NUG).[20]
La Unión Nacional Karen (KNU), el Frente Nacional Chin (CNF), el Ejército para la Independencia Kachin (KIA) y el Partido Progresista Nacional Karenni (KNPP) rechazaron públicamente el planteamiento.[21]
Sin embargo, en septiembre se celebraron conversaciones de paz entre 10 organizaciones étnicas armadas (EAO) y la Junta. Entre los signatarios del Acuerdo Nacional de Alto el Fuego de 2015 estaban el Ejército Benevolente Democrático Karen (DKBA); el Consejo de Paz de la Unión Nacional Karen/Ejército de Liberación Nacional Karen (KNU/KNLA-PC); la Organización Nacional de Liberación Pa-O (PNLO); el Nuevo Partido del Estado de Mon (NMSP); el Partido de Liberación Arakan (ALP); el Consejo de Restauración del Estado de Shan (RCSS); y la Unión Democrática Lahu (LDU). Entre los no signatarios del NCA que se unieron a las conversaciones de paz estuvieron el Ejército Unido del Estado de Wa (UWSA), el Ejército para la Alianza Nacional Democrática (NDAA) y el Partido Progresista del Estado de Shan (SSPP).[22]
En general, se consideró que dichas conversaciones eran tácticas estándar de divide y vencerás emprendidas por el SAC. La supuesta justificación para la participación por parte de estos elementos de resistencia era la posibilidad de negociar zonas de administración autónoma; aliviar tensiones militares; realizar aportes para la formación de una unión democrática federal, o bien enmendando la Constitución de 2008 redactada por los militares o bien reescribiéndola y, finalmente, buscar el desarrollo de sus respectivas regiones.[23]
Cualquiera que fuera la razón para la interlocución, las acciones fueron condenadas por organizaciones de la sociedad civil, quienes exhortaron a los asistentes a evitar su participación por ser un diálogo falso con el propósito de dividir y vencer a los grupos de resistencia, en concreto, las fuerzas de la Revolución de la Primavera, el pueblo y organizaciones étnicas armadas.[24]
Educación
En noviembre de 2022, el SAC anunció una enmienda a la Ley Nacional de Educación que da marcha atrás a las reformas encaminadas a permitir el uso de lenguas étnicas junto con el birmano como lengua de enseñanza en las clases. El artículo (43) párrafo (b) de la enmendada ley estipula que todas las clases ahora se deben impartir solamente en lengua birmana.[25] Aunque al momento de escribir este artículo, no se conocía aún la reacción de los signatarios del NCA a dicha enmienda, esta va en contra del espíritu del NCA, en concreto, de su compromiso para apoyar “esfuerzos para preservar y promover la cultura, la lengua y la literatura étnicas”.[26]
Mientras tanto, durante 2022, los profesores que trabajaban en iniciativas del NUG para llevar a cabo sistemas paralelos de educación fueron cada vez más objeto de violencia. El domingo 16 de octubre, U Saw Tun Moe, un profesor de una escuela civil financiada por el NUG en la aldea de Thit Nyi Naung, al sur del municipio de Pauk, región de Magwe, fue secuestrado por tropas de la Junta. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, decapitado y apoyado contra la puerta de una escuela en la cercana aldea de Taung Myint. Su cabeza fue atravesada por una estaca en la puerta de la escuela por encima de su cuerpo y tres de sus dedos habían sido cortados.[27] Anteriormente, en julio, al menos 30 profesores, que trabajaban en o eran sospechosos de estar asociados a una escuela privada online con vínculos con el NUG, fueron arrestados.[28]
Novedades jurídicas
Además del ámbito educativo, se han desarrollado otras novedades normativas que restringirán aún más el espacio cívico, pues el Consejo Administrativo del Estado busca consolidar su control autoritario. En esta línea, el SAC ha emprendido un draconiano Proyecto de Ley de Ciberseguridad que, a tenor de su contenido, declararía ilegales redes privadas virtuales (VPN), ahogaría el acceso a redes sociales y forzaría a la empresas de Internet a proporcionar datos de los usuarios a los militares, así como también procesaría a críticos y representantes de compañías incumplidoras.[29]
En octubre, se anunció una Ley de Registro de Organizaciones que reemplazará la progresista Ley de Registro de Asociaciones de 2014, según la cual el registro era voluntario y no había prohibiciones o penas, lo que en gran medida se considera que fomenta el crecimiento de la sociedad civil nacional de Myanmar y facilita la cooperación con el gobierno. Bajo la nueva ley, operar una organización no registrada puede resultar en una pena de cárcel de hasta tres años, mientras que miembros de una ONG no registrada pueden ser multados con hasta 500.000 MMK (aproximadamente 220 EUR) o enfrentarse a una sentencia de cárcel de hasta dos años. Las organizaciones tienen una fecha límite de 60 días para registrarse bajo la nueva legislación.[30] La ley, dirigida específicamente a ONG nacionales e internacionales, exige recomendaciones a través del Ministerio de Inversión y Relaciones Económicas Exteriores y el Ministerio de Inmigración y Trabajo, que remiten su opinión al Ministerio de Asuntos Exteriores. Además de los requisitos de auditoría anual, registro y aprobación de las actividades por parte de administraciones locales del SAC en una zona específica, se incurriría en sanciones severas por contactar o apoyar directa o indirectamente a organizaciones o individuos que han tomado las armas contra el Estado lo cual podrá ser castigado con cinco años en prisión, 5.000.000 MMK (aproximadamente 2.100 EUR) o ambas medidas.[31]
Dada la implementación en curso de la doctrina de los cuatro cortes[32] a lo largo de todo el país, la sociedad civil local y organizaciones de base han desempeñado un papel vital, y algunas veces con riesgo de muerte, en la asistencia humanitaria a aquellas personas que lo necesidan, especialmente con alimentos, cuidado médico, refugio, agua potable e instalaciones de saneamiento. A su vez, están operando en gran medida en zonas en disputa y, por lo tanto, voluntaria o involuntariamente interactuando con organizaciones de resistencia. Un portavoz del equipo en Myanmar de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humano expresó que esta última novedad legislativa “reducirá el espacio operativo que les queda a las organizaciones cívicas para suministrar bienes y servicios esenciales a una población que lucha por sobrevivir”.[33]
El autor y el editor de este artículo conocen bien la controversia existente en torno al nombre de Myanmar o Birmania; sin embargo, aquí se utiliza Myanmar de manera sistemática para evitar confusiones.
Este artículo ha sido elaborado por la Organización de Derechos Humanos Chin (CHRO). La organización trabaja para proteger y promover los derechos humanos mediante la vigilancia, la investigación, la documentación, la educación y la defensa en favor del pueblo indígena Chin y otras comunidades étnicas o indígenas de Myanmar. CHRO es miembro fundador de la Red de Pueblos Indígenas de Myanmar, integrada por más de 20 organizaciones no gubernamentales que se ocupan de cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas del país.
Este artículo es parte de la 37a edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que los pueblos indígenas han experimentado. La foto de arriba es de una persona indígena en Tanzania. Esta foto fue tomada por Geneviève Rose, y es la portada de El Mundo Indígena 2023 donde aparece este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2023 completo aquí.
Notas y referencias
[1] “Coalición de Pueblos Indígenas de Myanmar/Birmania”. Presentación Conjunta al Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, marzo de 2015. Disponible en https://www.chinhumanrights.org/wp-content/uploads/2015/08/Coalition-of-IPs-in-Myanmar_UPR.pdf
[2] Burma Citizenship Law 1982, Pyithu Hluttaw Law N.° 4 of 1982. Section 3.
[3] “Myanmar´s Constitution of 2008 with Amendments through 2015”. Comparative Constitute Project. Disponible en https://www.constituteproject.org/constitution/Myanmar_2015.pdf?lang=en
[4] “Daily Briefing in Relation to the Military Coup”. Assistance Association for Political Prisoners, 2 de enero de 2023. Disponible en https://aappb.org/?p=23856
[5] Abdul Jalil, Zubaidah. “Myanmar: Military executes four democracy activists including ex-MP”. BBC News, 25 de julio de 2022. Disponible en https://www.bbc.com/news/world-asia-62287815
[6] Myanmar Emergency Update. UNHCR, 5 de diciembre de 2022. Disponible en https://data.unhcr.org/es/documents/details/97372
[7] Pyi Taw, Nay. “Note to Correspondents: Statement by the Secretary-General’s Special Envoy on Myanmar, Noeleen Heyzer”. Naciones Unidas, 17 de agosto de 2022. Disponible en https://www.un.org/sg/en/content/sg/note-correspondents/2022-08-17/note-correspondents-statement-the-secretary-general%E2%80%99s-special-envoy-myanmar-noeleen-heyzer
[8] Cifras relativas al periodo de mayo de 2021 a noviembre de 2022: “Myanmar Regime Forces Torch Over 38.000 Homes Since Coup”. The Irrawaddy, 13 de diciembre de 2022. Disponible en https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-regime-forces-torch-over-38000-homes-since-coup.html
[9] “Myanmar Regime Forces Burn 19 Villages in Depayin”. The Irrawaddy, 19 de diciembre de 2022. Disponible en https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-regime-forces-burn-19-villages-in-depayin.html
[10] “Deadly Cargo”. Amnistía Internacional, 3 de noviembre de 2022. Disponible en https://www.amnesty.org/en/latest/research/2022/11/myanmar-the-supply-chain-fueling-war-crimes/
[11] “Airstrike Kills at Least 80 During Outdoor Concert in Myanmar”. New York Times, 25 de octubre de 2022. Disponible en https://www.nytimes.com/2022/10/25/world/asia/myanmar-coup-concert-killed.html
[12] Fishbein, Emily y Nu Nu Lusan. “‘Afraid of the gun’: Military coup fuels Myanmar resource grab”. Aljazeera, 14 de diciembre de 2022. Disponible en https://www.aljazeera.com/news/2022/12/14/afraid-of-the-gun-military-coup-fuels-myanmar-resource-grab
[13] Forest Policy Trade and Finance Initiative. “Myanmar’s Timber Trade One Year Since the Coup: The Impact of International Sanctions”. Marzo de 2022. Disponible en https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2022/03/Forest-Trends_Myanmars-Timber-Trade-One-Year-Since-the-Coup.pdf
[14] Ibídem.
[15] All Burma Indigenous Peoples Alliance. “Caught Between the Coup and Climate Change: Indigenous Communities In Burma Continue their Struggle for Justice Amid Unprecedented Pressures”. Noviembre de 2022. Disponible en https://progressivevoicemyanmar.org/wp-content/uploads/2022/11/Briefing-paper-Eng.pdf
[16] Fishbhein, Emily, Jaw Tu Hkawing, Nu Nu Lusan y Jauman Naw. “Kachin tycoon draws controversy over gold mining at Myitsone”. Frontier Magazine, 11 de febrero de 2022. Disponible en https://www.frontiermyanmar.net/en/kachin-tycoon-draws-controversy-over-mining-at-myitsone/
[17] Fishbein, Emily y Nu Nu Lusan.
[18] Cowan, Carolyn. “Myanmar communities decry disempowerment as forest guardians since 2021 coup”. Mongabay, noviembre de 2022. Disponible en https://news.mongabay.com/2022/11/myanmar-communities-decry-disempowerment-as-forest-guardians-since-2021-coup/
[19] Ei Ei Tun, Naw Show y Kim Joliffe. “Self-determination under an interim constitutional framework: Local administration in ethnic areas of Myanmar”. Junio de 2022. Disponible en https://research.kim/wp-content/uploads/2022/06/Self-Determination-under-a-common-constitutional-framework_24-June-2022-25.pdf
[20] “Junta omits key stakeholders from Myanmar Union Day peace talks”. Radio Free Asia, 8 de febrero de 2022. Disponible en https://www.rfa.org/english/news/myanmar/talks-02082022204844.html
[21] “Ethnic Armed Groups Reject Myanmar Junta Chief’s Peace Talks”. The Irrawaddy, 25 de abril de 2022. Disponible en https://www.irrawaddy.com/news/burma/ethnic-armed-groups-reject-myanmar-junta-chiefs-peace-talks.html
[22] Wansai Sai. “Myanmar junta plays games with EAO ‘peace talks’” Mizzima, 3 de octubre de 2022. Disponible en https://mizzima.com/article/myanmar-junta-plays-games-eao-peace-talks
[23] Ibidem.
[24] An Open Letter From 567 Civil Society Organizations Calling For Leaders of the Ethnic Resistance Organizations not to Engage with Myanmar’s State Administrative Council, 26 de septiembre de 2022. Disponible en https://progressivevoicemyanmar.org/2022/09/26/an-open-letter-from-567-civil-society-organizations-calling-for-leaders-of-the-ethnic-resistance-organizations-not-to-engage-with-myanmars-state-administrative-council/
[25] “National Education Law, Amended by the SAC, is being Criticized as the Implementation of Chauvinism”. BNI Online, 14 de noviembre de 2022. Disponible en https://www.bnionline.net/en/news/national-education-law-amended-sac-being-criticized-implementation-chauvinism
[26] “The Nationwide Ceasefire Agreement between the Government of the Republic of the Union of Myanmar and the Ethnic Armed Organizations”. United Nations Peacemaker, 15 de noviembre de 2015. Disponible en https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/MM_151510_NCAAgreement.pdf
[27] “UN, Asean must take urgent action to hold Myanmar Junta accountable for atrocities”. New Straight’s Times, 22 de octubre de 2022. Disponible en https://www.nst.com.my/world/region/2022/10/842862/un-asean-must-take-urgent-action-hold-myanmar-junta-accountable
[28] Thit, Han. “At least 30 teachers detained following data leak and arrest of NUG-linked school founder”. Myanmar Now, 22 de julio de 2022. Disponible en https://myanmar-now.org/en/news/at-least-30-teachers-detained-following-data-leak-and-arrest-of-nug-linked-school-founder
[29] Strangio, Sebastian. “Myanmar Junta Set to Pass Draconian Cyber Security Law”. The Diplomat, 31 de enero de 2022. Disponible en https://thediplomat.com/2022/01/myanmar-junta-set-to-pass-draconian-cyber-security-law/
[30] “‘We are facing a crisis’: New law puts Myanmar NGOs in ‘impossible’ position”. Frontier Magazine, 14 de diciembre de 2022. Disponible en https://www.frontiermyanmar.net/en/we-are-facing-a-crisis-new-law-puts-myanmar-ngos-in-impossible-position/
[31] “New Myanmar Law Registration of Associations Law Imposes additional requirements on non-governmental organisations”. Allen y Gledhill, 7 de diciembre de 2022. Disponible en https://www.allenandgledhill.com/mm/perspectives/articles/22817/mmkh_new-registration-of-associations-law-imposes-additional-requirements-on-non-governmental-organisations#:~:text=Perspectives%20Knowledge%20Highlights-,New%20Myanmar%20Registration%20of%20Associations%20Law,requirements%20on%20non%2Dgovernmental%20organisations&text=On%2028%20October%202022%2C%20the,(%E2%80%9C2014%20Law%E2%80%9D)
[32] “Collective Punishment: Implementation of "Four Cuts" in Mindat Township”. Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y Organización de Derechos Humanos Chin, 2022. Disponible en https://www.iwgia.org/en/resources/publications/4615-iwgia-chro-four-cuts.html
[33] “Myanmar: UN Human Rights Office deeply concerned by new NGO law.” United Nations Human Rights, News Release, 28 de noviembre de 2022. Disponible en https://bangkok.ohchr.org/ngo-law-myanmar/
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