El Mundo Indígena 2023: Colombia
Colombia es un país que sobresale por su marcada diversidad geográfica, biológica y cultural. Inmensas regiones costeras, andinas, selvas tropicales sobre el Pacífico y el noroeste amazónico, llanuras orinoquenses, amplias zonas desérticas y tierras insulares, son el hábitat de 115 pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, las cuales están reconocidas como sujetos colectivos de derechos por la Constitución y la ley.
De acuerdo al censo nacional de 2018, las poblaciones étnicas equivalen al 13,6 % de la población total del país (48.258.494 personas), y están representadas por 1.905.617 que se autoreconocen como indígenas de pueblos originarios diferentes, y 4.671.160 afrodescendientes, raizales, palenqueros y rrom. Aproximadamente, el 58,3 % de la población indígena se localiza en 827 resguardos de propiedad colectiva legalmente constituidos hasta 2022 con una extensión de 29.917.516 hectáreas[1], mientras que el 41,7 % restante de la población ha migrado a centros urbanos durante las últimas décadas. Por su parte, el 7,3 % de personas que se consideran afrodescencientes y hacen parte de estructuras comunitarias rurales, habita en 178 territorios colectivos de su propiedad, organizados en torno a Consejos Comunitarios.
Con excepción de la región amazónica, las tierras legalizadas en calidad de propiedad colectiva étnica son cada vez más deficitarias, y los procesos administrativos y judiciales de reconocimiento, ampliación, saneamiento y restitución fueron prácticamente detenidos por los anteriores gobiernos durante más de una década.
A la conquista del cambio por la vida
Luego de un 2021 marcado por las más prolongadas y multitudinarias protestas sociales que recuerda el país, el 2022 estuvo caracterizado por la efervescencia de un proceso electoral que daría paso al cambio de gobierno nacional y del Congreso de la República. Aunque no sin sobresaltos por hechos de violencia, fraude electoral y hasta conatos de golpe de Estado ambientados por sectores de extrema derecha, las mayorías populares de Colombia lograron elegir un presidente y una vicepresidenta que no hacen parte de las élites tradicionales dominantes y sus partidos políticos. El triunfo de Gustavo Petro, un exguerrillero que perteneció a la organización M-19, y de Francia Márquez, una líder ambiental y feminista procedente del movimiento afrodescendiente, marca un hito en la historia de la precaria democracia colombiana.
En este proceso electoral, la mayor parte de los pueblos, las comunidades y las organizaciones étnicas de todas las regiones, que también habían protagonizado el levantamiento social de 2021, se sumaron activamente a la campaña de Petro y se volcaron masivamente a los lugares de votación por el Pacto Histórico, la coalición conformada para hacer posible su llegada al poder. La activa participación étnica en los comicios se dio como corolario de acuerdos previos, según los cuales un gobierno popular representado por Petro y Francia avanzaría en la remoción de los factores de discriminación y violencia estructural contra los pueblos originarios; en la garantía efectiva de derechos colectivos consagrados en la Constitución de 1991 y en tratados internacionales; en la protección de los territorios y recursos de los pueblos; en la solución de graves situaciones de violencia, pobreza, inseguridad alimentaria, crisis humanitaria y ambiental, pérdida de autonomía y, ante todo, que hiciera realidad la paz en los territorios. Los compromisos con los pueblos y comunidades étnicas quedaron plasmados en el programa de gobierno de Petro y Francia bajo estos principios generales:
Los hombres y mujeres campesinos, indígenas, afrodescendientes, negros, raizales, palenqueros y rrom, organizados en pueblos, resguardos y territorios colectivos en comunidades rurales y urbanas desde sus diversidades, sus cosmovisiones, leyes de origen, territorios, autoridades, modelos económicos, saberes ancestrales, proyectos educativos propios, idiomas, en fin, desde la interculturalidad con sus guardias campesinas, indígenas y cimarronas, gobernarán desde sus territorios y contribuirán orientando y definiendo el futuro de la nación y el planeta como sabios y sabias ancestrales, como fundamento de la economía productiva y la soberanía alimentaria y como guardianes de la vida, el territorio y la paz.[2]
Ya en posesión del cargo hacia finales de 2022, el nuevo gobierno asistió a reuniones y encuentros con las comunidades y sus organizaciones, uno de ellos, la Cumbre de Pueblos Originarios, Tejiendo la Unidad, en donde se ratificaron compromisos previos y se establecieron algunos parámetros para trabajar sobre la base de un diálogo entre iguales: de gobierno a gobierno.
En el marco de esta Cumbre, reafirmamos que somos pueblos originarios, anteriores a la conformación de los estados nación, con gobiernos propios, respaldados por las guardias indígenas y otras formas de protección espiritual y cultural del territorio, y participaremos en esta era de transición y Cambio por la Vida, bajo un relacionamiento de gobierno a gobierno, con propuestas estructurales que permitan la materialización de nuestros derechos y la transformación del país.[3]
En este escenario de mutuo reconocimiento e intereses compartidos se dio la bienvenida a un tiempo de transición para el cambio por la vida. Además con el temprano nombramiento de indígenas y afrodescendientes en altos cargos de gobierno,[4] se llevaron a cabo los primeros pasos para remover atavismos de origen, etnia y clase social en un claro mensaje de inclusión, reivindicación de capacidades, y reconocimiento de la deuda histórica con las poblaciones originarias del país.
La crisis humanitaria sin tregua
Pese a la llegada de un nuevo gobierno comprometido con la construcción de una “Paz total” que pasa por la real implementación del Acuerdo Final de Paz con la guerrilla de las FARC, el reinicio del diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), e incluso, por la apertura de negociaciones para el sometimiento a la justicia de grupos ligados al paramilitarismo, el narcotráfico y el multicrimen, hasta el final de 2022 continuaron los hechos de violencia en los territorios étnicos de algunas regiones del país. De acuerdo con datos acopiados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)[5], Indepaz y otros analistas, en 2022 los pueblos indígenas mayormente azotados por el asesinato de sus líderes fueron los Awá, Nasa y Embera, en los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia. La cifra de víctimas mortales ascendió a 42, sin contar entre ellas los centenares de indígenas desplazados, confinados, amenazados, menores reclutados, violaciones sexuales y víctimas de otros delitos en estas y otras regiones.
Tal como se viene documentando desde hace años, la vulneración de los pueblos y comunidades étnicas colombianas se explica por múltiples factores y lógicas de poder de raigambre colonial, que se reproducen y naturalizan en todos los ámbitos de la sociedad hegemónica. Actualmente, las fuerzas que ocasionan mayor tensión y violencia directa sobre los territorios étnicos son los grupos multicrimen, que están muy ligados a las mafias del narcotráfico y sectores políticos corruptos pertenecientes a los poderes locales, regionales y nacional. Estos grupos, a menudo articulados a integrantes de las fuerzas pública, no solo protagonizan el tráfico de drogas y armas, sino también la extorsión, la trata de personas y otros crímenes de alto impacto que utilizan los territorios étnicos en constante disputa.
Los intereses extractivistas sobre recursos naturales estratégicos localizados en tierras de indígenas y afrodescendientes, continuaron entrelazados al conflicto y sus actores. Esta situación trajo como consecuencia no solo daños ambientales, sino también fenómenos de desplazamiento, confinamiento, militarización y, en general, menoscabo de la gobernabilidad y la autonomía en los territorios.
Resistir no es aguantar: Informe final de la Comisión de la Verdad
A mediados de 2022, la entrega y divulgación del Informe final de la Comisión de la Verdad –instancia creada en el marco del Acuerdo de Paz suscrito entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016– generó gran sobresalto. Este sobresalto se produjo tanto en las víctimas, organizaciones, comunidades y sectores de la sociedad civil que corroboraron los horrores de la guerra y algunos de sus autores, como para un conjunto de sectores públicos, privados, políticos, medios de comunicación y personas que expresaron su rechazo rotundo al informe, bien porque devela sus nexos directos o indirectos con actores del conflicto, bien porque la verdad amenaza su poder dependiente de la existencia de un Estado atravesado por las mafias y la corrupción, o bien porque lucran o se benefician del reino de la guerra.
El apartado especial que el informe destina a los pueblos étnicos se denomina Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia.[6] En este tomo, la Comisión de la Verdad retrotrae y analiza las violencias que padecen los pueblos en el presente, sin perder los hilos conductores que las explican desde el pasado:
[el informe] recoge las memorias de las violencias históricas –la invasión, la trata esclavista y la Colonia–, así como las memorias de las violencias contra el territorio y la naturaleza, que han puesto en riesgo el proyecto de futuro colectivo de los pueblos indígenas, negro, afrocolombiano, raizal, palenquero y rrom. Gracias a los múltiples testimonios, informes, experiencias y reflexiones recibidos, la Comisión pudo construir un relato amplio, narrado desde el dolor que ha marcado cuerpos y territorios, y, además, dar cuenta del terror que sacudió al ser colectivo de estos pueblos y los vínculos que le han permitido a cada comunidad forjar una visión del universo y de la vida”.[7]
En su reconstrucción de las violaciones individuales y colectivas de las que han sido víctimas, el informe no solo presenta cifras sobre el daño desproporcionado que se ha ocasionado sobre los pueblos y comunidades étnicas, sino que documenta algunos casos con nuevos testimonios que demuestran la continuidad de un racismo y clasismo institucionalizado que está en la matriz de “(...) múltiples formas de violencia y exclusión que hoy perviven. Estas exclusiones deshumanizaron a los pueblos étnicos, normalizaron las prácticas atroces del conflicto armado y agravaron sus impactos”.[8]
En sus recomendaciones finales[9], el informe enfatiza: “(...) los pueblos étnicos, las mujeres de sectores populares y los niños, niñas y jóvenes en áreas rurales o urbanas marginalizadas” han sido los más afectados por el conflicto armado”. A su vez, propone una serie de acciones y enfoques (étnico, territorial, de género) que pueden permitir hacer el tránsito hacia la paz, saldando la deuda histórica con los pueblos y comunidades étnicas, garantizando sus derechos constitucionales, y sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición como víctimas del conflicto armado y las violencias estructurales que aún padecen.
Diana Alexandra Mendoza es antropóloga colombiana, máster en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, y especialista en Gestión Cultural. Está asociada a INDEPAZ e IWGIA como investigadora independiente. Tiene una amplia trayectoria en derechos individuales y colectivos, medio ambiente y cultura.
Este artículo es parte de la 37a edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que los pueblos indígenas han experimentado. La foto de arriba es de una persona indígena en Tanzania. Esta foto fue tomada por Geneviève Rose, y es la portada de El Mundo Indígena 2023 donde aparece este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2023 completo aquí.
Notas y referencias
[1]Agencia Nacional de Tierras. 2022. Portal de Datos Abiertos. Disponible en https://data-agenciadetierras.opendata.arcgis.com/datasets/agenciadetierras::resguardos-ind%C3%ADgenas-1/explore?location=4.101836%2C-72.792174%2C5.78&showTable=true
[2] Pacto Histórico. Colombia: potencia mundial de la vida. Programa de Gobierno. Pacto Histórico, 2022, Pág. 33. Disponible en https://gustavopetro.co/descarga-programa-de-gobierno/
[3] CRIC. Declaratoria Cumbre de Pueblos Originarios, Tejiendo la Unidad. Silvia, Cauca: CRIC, 2022. Disponible en https://www.cric-colombia.org/portal/declaratoria-cumbre-de-pueblos-originarios-tejiendo-la-unidad/
[4] “Petro nombra a tres líderes indígenas en cargos de gobierno, ¿por qué?” El tiempo, 20 de julio de 2022. Disponible en https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gustavo-petro-por-que-se-la-jugo-con-tres-indigenas-para-los-nuevos-cargos-688409
[5] Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Informe final 2022 sobre afectaciones a los derechos humanos en los pueblos indígenas de Colombia y situación de los pueblos indígenas en frontera Colombia-Venezuela. Colombia: ONIC, 2022. Disponible en https://onic.org.co/images/CO-INFO-20230102-informe_final_afectaciones_DDHH_pueblos_indigenas_ONIC.pdf
[6] Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Hay futuro si hay verdad. Informe Final, Tomo 9. Resistir no es aguantar: violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia. Colombia: Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2022. Disponible en https://babel.banrepcultural.org/digital/collection/comision-col/id/11
[7] Op. Cit., 2022.
[8] Op. Cit., 2022.
[9] Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Hay futuro si hay verdad. Informe final. Hallazgos y recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia. Colombia: Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, 2022. Disponible en https://www.comisiondelaverdad.co/hallazgos-y-recomendaciones
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