El Mundo Indígena 2023: Guatemala
Guatemala tiene una población de 14,9 millones de habitantes, de los cuales 6,5 millones (43,75 %) pertenecen a los pueblos Mayas (Achi’, Akateco, Awakateco, Chalchiteco, Ch’orti’, Chuj, Itza’, Ixil, Jacalteco, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Sakapulteco, Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil y Uspanteko), Garífuna, Xinka y Creole o afrodescendiente.
Los indígenas siguen rezagados en materia de salud, educación, empleo e ingresos respecto al conjunto de la sociedad guatemalteca, situación que es aún peor para las mujeres indígenas. Esto se debe a que el racismo estructural se encuentra en la base de la desigualdad y la exclusión social, así como de las violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Aunque la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce la existencia de los pueblos indígenas y se asume como sociedad multicultural, y no obstante que el país ha ratificado los acuerdos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas; en la práctica, prevalece la brecha social, económica y política entre indígenas y no indígenas. Por ejemplo, el Estado invierte 0,4 USD diarios en cada indígena y 0,9 USD diarios en cada persona no indígena,[1] la pobreza afecta al 75 % de indígenas y al 36 % de no indígenas,[2] la desnutrición crónica al 58 % de indígenas en comparación con el 38 % de no indígenas.[3] En relación a la participación política, los indígenas no representan más del 15 % de diputados y funcionarios públicos de alto rango.
Guatemala ha ratificado el Convenio 169 de la OIT y desde 2010 tiene rango constitucional, lo que obliga a reconocer los derechos de los pueblos indígenas. El país también se ha adherido a la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y la Política de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sobre pueblos indígenas y tribales. En la práctica, prevalece la exclusión, la discriminación y el racismo estructural.
Este artículo es parte de la 37a edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2023 completo aquí.
Un año de retrocesos
Durante el 2022, los pueblos indígenas continuaron padeciendo los efectos de la política gubernamental de negación de sus derechos; no tuvieron respuestas significativas en sus demandas y vieron agravadas sus condiciones de vida como consecuencia de la pandemia y la crisis social, económica y política del país. Entre los hechos relevantes que se describen en el presente informe destacan: la movilización de diversas organizaciones de los pueblos indígenas contra la falta de compromiso en la lucha contra la corrupción y por el retroceso en materia de derechos humanos durante el actual gobierno; la criminalización contra comunidades indígenas que luchan por la defensa de sus tierras y territorios; las denuncias por la exclusión de los pueblos indígenas en el tratamiento de la pandemia por COVID-19; las tragedias que causaron la muerte de indígenas migrantes; la presentación del informe sobre la situación de las mujeres indígenas, y el escaso avance en programas, legislación y políticas para pueblos indígenas.
La movilización indígena exige la lucha contra la corrupción y la cooptación del Estado
Diversas organizaciones indígenas realizaron durante el 2022 varias actividades en protesta contra la falta de acciones gubernamentales para atender temas claves relacionados con los derechos humanos, los Acuerdos de Paz, la lucha contra la corrupción y el ejercicio por una justicia independiente. Uno de los temas centrales fue la protesta contra la reelección de la actual fiscal general para un segundo mandato de cuatro años, a quien las organizaciones indígenas reclaman la persecución contra jueces, periodistas y fiscales que luchaban contra la corrupción y la impunidad.[4] Varios acusados de corrupción (abogados, congresistas, expresidentes y empresarios) han sido liberados o se les han reducido sus procesos, y ahora, con el respaldo del Ministerio Público, encabezan la persecución contra los operadores de justicia que se desempeñaron en la desaparecida Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Guatemala (CICIG), y en Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Impunidad (FECI). El Ministerio Público pidió la captura de 11 fiscales y exfiscales, además de otras personas,[5] algunas de las cuales están encarceladas y otras tienen investigaciones penales, en una clara manifestación de represalia por su lucha contra la corrupción.[6]
Entre los casos más más significativos de persecución se encuentra la captura de Rubén Zamora, director de El Periódico, diario que se caracteriza por su función crítica contra la corrupción y que debido a las presiones se vio obligado a cancelar su versión impresa; [7] la renuncia y posterior exilio del juez Miguel Ángel Gálvez, quien tuvo a su cargo el caso por corrupción contra el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti;[8] y el juicio contra la exfiscal Virginia Laparra, quien investigó casos de corrupción.[9]
Desalojos violentos, criminalización y estados de sitio: receta gubernamental contra las demandas indígenas
Por defender sus tierras y territorios ancestrales, varias comunidades Q’eqchi’, entre ellas Chapín Abajo, Tz´inte´y Buena Vista en el municipio de El Estor, departamento de Izabal; Se Inup en el municipio de El Chal, departamento de Petén, así como las comunidades Poqomchi de Washington, Pancoc, Pamojón, en el municipio de Purulhá, departamento de Baja Verapaz, fueron violentamente desalojadas por las fuerzas públicas.[10] Lejos de atender las demandas de las comunidades indígenas, el gobierno protegió los intereses de las empresas mineras, de palma de aceite y latifundistas que operan en dichas áreas. Las comunidades indígenas de El Estor, por ejemplo, han sido criminalizadas desde que manifestaron su rechazo a las plantaciones de palma de aceite y a las explotaciones mineras.[11] Durante el desalojo, agentes armados de las empresas aprovecharon la ocasión para quemar las viviendas, cultivos, animales domésticos, alimentos y enseres domésticos, dejando en la intemperie a niños, niñas, mujeres y ancianos. Para reforzar el control, el gobierno impuso estados de sitio en las áreas de conflicto, un mecanismo que restringe las garantías constitucionales y facilita la persecución contra los líderes comunitarios.
En casos de añejos conflictos limítrofes entre comunidades (Nahualá - Santa Catarina Ixtahuacán en el departamento de Sololá, y Tajumulco – Ixchihuán en el departamento de San Marcos), la respuesta del gobierno se fundamentó en la imposición de estados de sitio[12] sin la construcción de procesos para la solución integral de los problemas, los cuales resurgen cada cierto tiempo con lamentables consecuencias.[13] Al haber desmantelado la institucionalidad especializada en la resolución de conflictos (Secretaría de Asuntos Agrarios y Comisión de Diálogo Permanente), el gobierno no cuenta con la capacidad para atender estas situaciones y por ello recurre a los estados de sitio.
Para que las fuerzas públicas tengan más capacidad de reprimir las manifestaciones y protestas ciudadanas, desde el Congreso de la República se propuso la aprobación de la iniciativa de ley 6076, Ley de Orden Público, la cual fue ampliamente rechazada por la población. Se destacó la movilización que efectuó la organización indígena de los 48 Cantones del pueblo Maya K’iché de Totonicapán, la cual obligó al gobierno a desistir de su aprobación.[14]
Fracaso de la vacunación por COVID–19 en la población indígena
El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 es considerado como un rotundo fracaso ya que el país tiene el último lugar en el continente en porcentaje de personas vacunadas, con solo el 35 % de la población con vacunación completa.[15] El fracaso es mayor entre la población indígena, debido a que solo una de cada cuatro personas ha sido vacunada. Esta situación es reflejo de la disparidad étnica estructural, ya que no se realizaron esfuerzos gubernamentales suficientes para establecer programas con pertinencia cultural. La versión oficial es que la población indígena rechaza la vacunación, pero en realidad no se llevó a cabo suficiente campaña en idiomas nativos ni se aprovecharon las estructuras comunitarias para promoverla.
Hace falta conocer el impacto de la pandemia entre la población indígena ya que el país sigue careciendo de estadísticas diferenciadas por aspectos étnicos. Extraoficialmente se sabe que hubo numerosos decesos, especialmente de adultos mayores.
Para hacer frente a la pandemia, los pueblos indígenas recurrieron a sus conocimientos ancestrales de medicina tradicional, con sus plantas nativas y terapias locales para prevenir y recuperarse de los impactos de la enfermedad. A su vez, las comunidades indígenas establecieron sus propios protocolos de prevención y estimularon el uso de la medicina tradicional mediante el empleo de plantas nativas y terapias para fortalecer la capacidad inmunológica.
La tragedia de las personas migrantes beneficia a la economía guatemalteca
Dada la crisis económica que sufren los países centroamericanos, la migración irregular se ha convertido en una válvula de escape para miles de personas que deciden iniciar la aventura de migrar hacia los Estados Unidos. La migración conlleva riesgos lamentables en la pérdida de vidas humanas. Durante el 2022, fallecieron cerca de 900 persona,[16] incluyendo guatemaltecos oriundos de las regiones indígenas del país, en su intento de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos.[17] Algunas organizaciones de cooperación están impulsando programas para reducir la migración irregular, sin embargo, es innegable que la economía del país subsiste gracias a las remesas familiares que han tenido un crecimiento constante. Las remesas han pasado de 1.6 mil millones de USD en 2002 hasta llegar a 18 mil millones de USD en 2022[18] (superior al volumen de las exportaciones totales estimadas en 15 mil millones de USD en 2021),[19] lo cual significa que con la migración el sistema económico del país se beneficia ampliamente.
Perspectivas inciertas de cara a las próximas elecciones generales
Durante el año, las diversas fuerzas políticas movilizaron sus preparativos de cara a las elecciones generales de mediados de 2023 para elegir presidente, diputados y alcaldes municipales. Como ha sido habitual, los partidos políticos acuden a las comunidades indígenas para ganar votos, pero en sus agendas no incluyen temas étnicos de trascendencia. El voto indígena representa al menos cerca de la mitad del electorado, razón por la cual los partidos políticos se lo disputan con ofrecimientos, regalos y propagandas triviales. Son pocas las propuestas políticas surgidas de las organizaciones indígenas y las mismas se encuentran fragmentadas. Por eso, resulta difícil imaginar una mayor representación si se toma en cuenta que en cada proceso electoral menos de 15 diputados indígenas de un total de 168 han llegado al congreso, situación que es peor en el caso de las mujeres indígenas, de las cuales no han sido más de tres las electas.
La lucha política por los derechos de las mujeres indígenas
Durante la presentación del informe Situación de Mujeres Indígenas en Guatemala, elaborado como insumo para el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas, el Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’ de Guatemala denunció las prácticas de discriminación racial de las cuales continúan siendo víctimas las mujeres. El movimiento, que aglutina a más de 85 organizaciones del país, destacó la falta de políticas públicas que limitan y discriminan a las mujeres en el acceso a la justicia (los juzgados están centralizados en las ciudades elevando los costos de movilización, y no cuentan con suficientes traductores que hablen los idiomas indígenas); la falta de acceso a la tierra; la ausencia para implementar el mecanismo de consulta libre, previa e informada; la criminalización que afecta la salud física y mental de las mujeres indígenas y los homicidios y las agresiones sexuales contra las mujeres.
Del 9 al 11 de octubre, se celebró en Guatemala la III Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas del Abya Yala con la participación de lideresas y dirigentes indígenas, representantes de los pueblos originarios y de la diversidad étnica del continente americano. La cumbre se desarrolló con el propósito de fortalecer la articulación continental para analizar la situación de violencia en contra de las mujeres indígenas, construir estrategias de coordinación y posicionar las demandas ante los Estados, analizar los alcances y limitaciones de la participación política y económica de mujeres indígenas y los impactos del racismo y sus mecanismos de despojo y de violencia.[20]
Silvel Elías es maya k’iche’ y coordinador del Programa de Estudios Rurales y Territoriales (PERT) en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Este artículo es parte de la 37a edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que los pueblos indígenas han experimentado. La foto de arriba es de una persona indígena en Tanzania. Esta foto fue tomada por Geneviève Rose, y es la portada de El Mundo Indígena 2023 donde aparece este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2023 completo aquí.
Notas y referencias
[1] “Inversión en pueblos indígenas, según el presupuesto ejecutado en 2015”. Guatemala: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, julio de 2017. Disponible en https://www.icefi.org/sites/default/files/inversion_en_pueblos_indigenas_0.pdf
[2] “Situación de Derechos Humanos en Guatemala”. CIDH, 31 de diciembre. Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/guatemala/guatemala.html
[3] “Análisis de situación, nutricional de Guatemala. Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional”. Disponible en http://www.sesan.gob.gt/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Situacion-SAN-Guatemala-dia-1.pdf
[4] “Autoridades de los 48 Cantones se pronuncia por reelección de Porras”. El Periódico, 17 de mayo de 2022. Disponible en: https://elperiodico.com.gt/sociedad/local/2022/05/17/autoridades-de-los-48-cantones-se-pronuncian-por-reeleccion-de-porras/
[5] PZP. “36 historias de persecución contra operadores de justicia y defensores de derechos humanos”. PZP. Disponible en https://pzp.gt/herramientas/casosmp/
[6] Elsa Coronado. “Exilio o cárcel. El 2022 fue el año en el Ministerio Público intensificó la persecución contra jueces, fiscales, periodistas y activistas”. Plaza Pública, 6 de diciembre de 2022. Disponible en https://www.plazapublica.com.gt/content/exilio-o-carcel-el-2022-fue-el-ano-en-el-que-el-ministerio-publico-intensifico-la
[7] Axel Vicente, Sandy Pineda y EFE. “El Periódico pone fin a su edición impresa luego de que sus directivos señalaran presiones”. Prensa Libre, 30 de noviembre de 2022. Disponible en https://www.prensalibre.com/guatemala/elperiodico-pone-fin-a-su-edicion-impresa-luego-de-que-directivos-senalaran-presiones-mientras-su-presidente-sigue-preso/
[8] Jody García. “Así impidió la Corte Suprema de Justicia que el Juez Gálvez pudiera defenderse”. Plaza Pública, 16 de noviembre de 2022. Disponible en https://www.plazapublica.com.gt/content/asi-impidio-la-corte-suprema-de-justicia-que-el-juez-galvez-pudiera-defenderse
[9] Angélica Medinilla. “Sentencia a Virginia Laparra, una exfiscal condenada por denunciar la corrupción”. Agencia Ocote. Disponible en https://www.agenciaocote.com/blog/2022/12/18/sentencia-a-virginia-laparra-una-exfiscal-condenada-por-denunciar/
[10] Francisco Simón Francisco. “Más de mil agentes de la PNC intentaron desalojar a 36 familias en el Estor, Izabal”. Prensa Comunitaria, 7 de julio de 2022. Disponible en https://prensacomunitaria.org/2022/07/mas-de-mil-agentes-de-la-pnc-intentaron-desalojar-a-36-familias-en-el-estor-izabal/
[11] “El Estor: la lucha por la recuperación de la tierra del pueblo Q’eqchi’”. Prensa Comunitaria, 5 de enero de 2022. Disponible en https://prensacomunitaria.org/2022/01/el-estor-la-lucha-por-la-recuperacion-de-la-tierra-del-pueblo-qeqchi/
[12] Congreso de la República. Pleno ratifica estado de sitio en Ixchihuán y Tajumulco. Congreso de la República. Disponible en https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/8571/2022/4
[13] “Guatemala extiende el estado de sitio en municipios enfrentados por tierras”. Swiss Info, 19 de enero de 2022. Disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/guatemala-tierras_guatemala-extiende-el-estado-de-sitio-en-municipios-enfrentados-por-tierras/47275584
[14] Julio Román y Mynor Toc. “48 Cantones de Totonicapán exige que ley de Orden Público no sea aprobada”. Prensa Libre, 17 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/48-cantones-de-totonicapan-exigen-que-ley-que-regula-uso-de-fuerza-publica-no-sea-enviada-a-la-cc-y-que-sea-eliminada-en-sesion-del-congreso-breaking/
[15] Jeanelly Vásquez. “Fracaso del Plan Nacional de Vacunación en Guatemala”. La Hora, 8 de julio de 2022. Disponible en: https://lahora.gt/nacionales/jeanelly/2022/07/08/revista-aborda-el-fracaso-en-la-vacunacion-y-la-desconexion-con-poblacion-indigena/
[16] “Record letal de migrantes en la frontera México – Estados Unidos: 853 muertos en 2022”. Euronews, 6 de noviembre de 2022. Disponible en https://es.euronews.com/2022/11/06/record-letal-en-la-frontera-mexico-estados-unidos-853-muertos-en-2022#:~:text=internacionales-,R%C3%A9cord%20letal%20en%20la%20frontera%20M%C3%A9xico,Unidos%3A%20853%20muertos%20en%202022
[17] Retorno de migrantes guatemaltecos fallecidos. Gobierno de Guatemala. Disponible en https://guatemala.gob.gt/arriban-al-pais-restos-de-19-guatemaltecos-fallecidos-en-accidente-en-chiapas/
[18] Banco de Guatemala. Remesas Familiares. Banco de Guatemala. Disponible en https://www.banguat.gob.gt/es/page/remesas-familiares-0
[19] Banco de Guatemala. Guatemala en Cifras, 2021. Banco de Guatemala. Disponible en https://www.banguat.gob.gt/sites/default/files/banguat/Publica/guatemala_en_cifras_2021.pdf
[20] Factor Méndez. “Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas de Abya Yala”. La Hora.GT, 7 de octubre de 2022. Disponible en https://lahora.gt/opinion/fmendez/2022/10/07/cumbre-internacional-de-mujeres-indigenas-de-abya-yala/
Etiquetas: Gobernanza Global
