El Mundo Indígena 2023: Venezuela
De una población de 27.227.930, se contabilizaron 724.592 personas indígenas (2,8 %), distribuidas entre 51 pueblos, concentrados mayoritariamente (85 %) entre el estado Zulia y la región amazónica.
En 1999, el proceso constituyente permitió que en la Constitución se garantizaran los derechos fundamentales de los pueblos y las comunidades indígenas y que quedaran asentadas un conjunto de disposiciones legales y normativas para protegerlos ampliamente. Entre este conjunto destacan la Ley Aprobatoria del Convenio 169 de la OIT, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley de Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y la Ley de Idiomas Indígenas.
Los aciertos del marco legal de protección de la naturaleza y de los pueblos indígenas no se corresponden con algunas políticas públicas de los últimos años que optan por impulsar un modelo de desarrollo extractivo para paliar la difícil situación económica del país. La minería va en detrimento de la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas y contradice las directrices y las ordenaciones territoriales establecidas.
Además de sus propias luchas por su autonomía y la defensa de sus territorios y modos de vida, muchos indígenas venezolanos se enfrentan a los mismos problemas que el resto de la población: altos niveles de pobreza, servicios precarios, inseguridad, entre otros. La falta de servicios adecuados, especialmente en temas de salud y educación, motiva la migración a ciudades o zonas urbanas. Allí esos problemas, en muchos casos no se solucionan y, por el contrario, se agudizan al distanciarse de sus modos de vida tradicionales.
La situación de los derechos indígenas en Venezuela puede comprenderse como resultado de políticas que favorecen la expansión minera, la vulneración de sus derechos, así como el desarrollo e implementación de políticas, planes y proyectos del Estado expresamente dirigidos a favorecer las condiciones de los pueblos indígenas, y el activismo tanto de representantes indígenas como de organizaciones civiles para la defensa de los derechos y del patrimonio de los pueblos.
La información oficial sobre estos temas es escasa. Generalmente circula a través de medios y organizaciones no gubernamentales, por tal motivo carece de la sistematización y divulgación necesarias. Esta situación deja entrever la debilidad del Estado para prevenir y atender problemas de estos pueblos y muestra la dificultad para hacer el seguimiento de denuncias. En este sentido, lo que se reporta a continuación ha sido, fundamentalmente, compilado de los medios de comunicación y de materiales producidos por organizaciones civiles y de encuentros con voceros de organizaciones indígenas de base. Esto sirve para tener un panorama general, pero carece de precisión estadística.
Las políticas extractivas tienen amplias consecuencias para los pueblos de la Amazonía
El incremento exponencial de la minería en o cerca de territorios indígenas se relaciona de manera importante con la consolidación de la Zona Estratégica de Desarrollo Nacional (ZEDN) del Arco Minero del Orinoco (AMO)[i] como zona estratégica de desarrollo. Este año se identificó explotación minera en catorce territorios indígenas, con la mayor extensión neta en territorio pemón e impactos preocupantes en los territorios de los pueblos Kari’ña, Ye’kwana, Uwottüja, Kurripaco, Jotï y Yanomami. Además de las conocidas consecuencias ambientales,[ii] esto ha generado un sinfín de problemas para los pueblos indígenas afectados.
Algunos de estos efectos han sido registrados en el informe de la misión de la ONU,[iii] que recoge abusos y violaciones de los derechos humanos de la región, perpetrados tanto por actores de grupos armados que se encuentran en la zona (muchos de ellos relacionados con la guerrilla colombiana y pranatos nacionales), como por algunos actores vinculados con entes estatales. Entre los crímenes, violaciones y abusos contra los pobladores se encuentran privaciones arbitrarias, desapariciones, extorsiones, castigos corporales y violencia sexual y de género. En este marco, es imperativo realizar un seguimiento de estas denuncias e investigar más a fondo los hechos ocurridos en los estados de Amazonas y Delta Amacuro, ya que los miembros de la misión no pudieron indagar con profundidad por falta de recursos y tiempo.
La ZEDN-AMO también ha propiciado el desplazamiento de personas de otras geografías, muchas de comunidades indígenas adyacentes, en busca de mejorar sus precarias condiciones de vida. Se estima que, al menos, la mitad de quienes laboran en estas minas lo hacen bajo patrones de semiesclavitud, son indígenas y muchos de ellos menores de edad.
La minería incide en quienes, por necesidad, se han trasladado a los campamentos, pero también en las personas que se quedan en las comunidades, donde la ausencia de los que se han marchado se siente en los cambios de las dinámicas comunitarias. Por ejemplo, se siente el abandono del cultivo de los conucos, la disminución del comercio de los productos tradicionales, el hecho de que muchas comunidades se encuentran escindidas entre quienes defienden la actividad minera y quienes están en contra, y la fragmentación de las estructuras familiares tradicionales. Estos cambios han disminuido las capacidades de las comunidades para enfrentar las presiones de grupos externos, su productividad y, por tanto, sus posibilidades de autonomía y autogobierno. Además, no hay que olvidar los efectos sobre la salud de las poblaciones humanas, la diversidad biológica y las múltiples funciones ecosistémicas.
Las denuncias de la misión se corresponden a otras hechas por organizaciones indígenas.[iv] Por ejemplo, Horonami, la organización yanomami, denunció que miembros de su pueblo han sido forzados a trabajar como esclavos por garimpeiros, quienes, además, han violado y prostituido a mujeres y asesinado a integrantes de las comunidades. Parte de su estrategia para controlar el territorio empieza por llevar alimentos, armas, escopetas y machetes a las comunidades. A la gravedad de la situación se suma el desamparo, en cuanto a que estas muertes no han sido investigadas de manera oficial por parte del Estado.
Así mismo, el capitán de la comunidad de Puerto Cabello del Caura, Arcadio Rondón, reportó en abril el asesinato de doce personas que laboraban en la mina El Silencio del municipio Sucre, estado de Bolívar. Las autoridades hallaron tan solo cuatro cuerpos, un criollo y tres indígenas jivi pertenecientes a las comunidades de La Felicidad y Urbana. Aún no se ha dado con los culpables.[v]
Para contravenir estos crímenes generados por la minería ilegal y la presencia de terroristas armados narcotraficantes de Colombia (TANCOL), la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) promovió, a lo largo del 2022, ocho operaciones militares, entre ellas la Operación Roraima 2022 y la Operación Autana I-2022, que incluían patrullaje aéreos, terrestres y fluviales en el Eje Transfronterizo. Los mineros, fundamentalmente venezolanos y muchos de ellos indígenas, por su parte, han hecho denuncias de violación de sus derechos humanos, quema de campamentos registrados en la Corporación Venezolana de Minería, hurto de insumos para el dispensario de la comunidad indígena de La Iguana y otros atropellos. La FANB argumenta que estas denuncias responden a que grupos de TANCOL los están obligando a perpetrarlas.[vi]
Algunos casos sonados de impunidad y justicia
En marzo hubo una disputa entre militares de la base de Parima B[vii] con miembros de la comunidad, que exigían acceso al servicio de Internet. El altercado acabó en la muerte de cuatro yanomami y efectivos de la base heridos. El incidente refleja la ausencia de una política intercultural que facilite la convivencia, además de otras tensiones y problemas que urgen ser atendidos. La exigencia de justicia de parte de la comunidad de Parima B no ha hallado respuesta a casi un año del hecho: todavía no hay imputados, pese a las múltiples denuncias y a que representantes yanomami alcanzaron a reunirse con la vicepresidencia.
Ese hecho, junto con el asesinato de Virgilio Trujillo Arana,[viii] joven líder uwottüja que coordinaba a los Guardianes Territoriales protectores de la naturaleza y del territorio ancestral de su pueblo, muestran la impunidad que se vive en la Amazonía. En su caso, tampoco hay imputados y los líderes indígenas de organizaciones de base que visibilizaron el asesinato han sido amenazados, lo cual ha tenido implicaciones en sus vidas y ha incidido en sus formas de trabajar.
Ambos casos contrastan con la sentencia a favor de Amina Días y Celis Chipiaje, ambas jóvenes jivi que fueron abusadas por el teniente de fragata de la Armada Nacional Bolivariana, Roger Bracho Gaucha.[ix] En abril, éste fue declarado culpable del delito de abuso sexual agravado y condenado a trece años de prisión. La sentencia sienta un precedente importante en cuanto al rol de las organizaciones indígenas y miembros de la comunidad para exigir justicia.
Activismo y aportes de organizaciones indígenas por las causas de los pueblos
El 2022 fue un año de amplia participación en eventos locales, regionales e internacionales que evidencian un fortalecimiento de las organizaciones indígenas.
La Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonía (ORPIA), ha promovido y participado en eventos de diferente escala para abordar temas relacionados con la protección y gestión de sus territorios ancestrales, salud, educación y jurisdicción especial indígena, así como acuerdos fundamentales en materia de biodiversidad.[x] Entre ellos destacan la participación de Eligio DaCosta en la construcción de la Iniciativa Amazonía por la Vida de la COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), que luego fue aprobada como una moción del Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN); y la de Amelia Conde, la lideresa uwottüja y vicecoordinadora de ORPIA, en el marco del Foro Permanente de la ONU para las Cuestiones Indígenas. A su vez, Amelia participó en el evento organizado por GTI PIACI-Wataniba, Protocolos Autónomos de Consentimiento Libre, Previo e Informado: Una Herramienta Alternativa hacia la Regulación de las Comunidades Indígenas[xi]. Allí dio a conocer el protocolo de su pueblo. Así mismo, representó, conjuntamente con el coordinador General de ORPIA, Eligio DaCosta, a los PPII venezolanos en la V Cumbre Amazónica / XI Congreso de la COICA, donde participaron en la presentación del plan de acción para proteger la Amazonía 80 % para 2025.[xii] También, ORPIA asistió al II Foro Binacional por la Integración de los Pueblos Fronterizos de Colombia y Venezuela.[xiii]
A su vez, representantes del pueblo Uwottüja y Wataniba formaron parte del II Encuentro Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia[xiv] en Leticia, Colombia, en el cual —a través del diálogo intercultural e intercambio de experiencias— se buscó llegar a consensos regionales en torno a qué estrategias emplear para mantener la integridad de los bosques desde la consolidación de la gobernanza de los pueblos.
Por su lado, el gobierno de Venezuela organizó el Congreso de la Nueva Época,[xv] donde participaron representantes de más de 50 pueblos indígenas del país para debatir temas territoriales, sociales y económicos que les atañen.
Políticas con incidencia para los pueblos indígenas
En el marco del decenio de las lenguas indígenas (2022-2032) promovido por la UNESCO, el programa del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas de Venezuela (INIDI) ha comenzado a implementar un plan para fortalecer la enseñanza de lenguas indígenas en el país. Con apoyo de UNICEF, el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, organizaciones indígenas de base y ORPIA, se realizaron encuentros con sabios de las comunidades indígenas Ye’kwana, Baré, Baniva, Warekena, Ñegantú y Yeral para recopilar información.
Por otra parte, el Consejo Legislativo del Estado Indígena Amazonas (CLEIA) aprobó el Plan de Desarrollo ”Nueva Amazonas” de la gobernación para el fortalecimiento de la identidad amazonense.[xvi] Entre sus líneas está mejorar el sistema de atención y asistencia social a la población vulnerable y propulsar el crecimiento eco
Informe realizado por el equipo del Grupo Socioambiental de la Amazonía Wataniba. Wataniba es una organización de la sociedad civil que promueve procesos de gestión territorial sostenibles en la Amazonía venezolana, apoya a organizaciones de base indígenas brindándoles capacitación técnica para defender y ejercer sus derechos y les ofrece acompañamiento para sus emprendimientos socioproductivos y acciones en pro de su identidad y cultura.
Este artículo es parte de la 37a edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que los pueblos indígenas han experimentado. La foto de arriba es de una persona indígena en Tanzania. Esta foto fue tomada por Geneviève Rose, y es la portada de El Mundo Indígena 2023 donde aparece este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2023 completo aquí.
Notas y referencias
[i] La ZEDN Arco Minero del Orinoco abarca un área de 111.843,70 km², más de un décimo del territorio nacional. Desde el 2016, esta zona, rica en oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales, ha sido explotada de manera irregular luego de que el gobierno haya fomentado la minería en esta región. Esta situación ha detonado o propiciado la explotación minera, en especial de oro, en todo el resto de la Amazonía venezolana.
[ii] En el Policy Brief en torno a la minería en la Amazonía venezolana elaborado por Wataniba-Raisg, se detalla que la superficie terrestre directamente afectada por esta actividad alcanzó para el 2021 aproximadamente 1.337 km², por lo que puede suponerse que para este momento las cifras sean aún mayores. Y, según Mapbiomas, la sustracción de recursos minerales de esta región venezolana, avanzó a un ritmo de 1249 % a lo largo de los últimos 37 años, tanto dentro como fuera de las áreas protegidas. Pese a que la minería se encuentra prohibida en todo el estado Amazonas (Decreto 269, 1989) y en muchas áreas de los estados Bolívar y Delta Amacuro, esta actividad ha ido en aumento en los Parques Nacionales Yapacana, Canaima y Caura, así como los monumentos naturales Macizo Cuao-Sipapo y Cerro Moriche, los cuales corresponden con territorios indígenas.
[iii] Este informe fue hecho público el 20 de septiembre de 2022. Con la resolución 42/25, el Consejo de Derechos Humanos estableció una Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Bolivariana de Venezuela el 27 de septiembre de 2019, la cual fue prorrogada hasta septiembre de 2022, mediante la resolución 45/20. Entre los puntos a investigar estaban las irregularidades relacionadas o derivadas del establecimiento de la ZDEN-AMO como zona estratégica de desarrollo. Aunque la misión no ha podido investigar a fondo en los estados Amazonas y Delta Amacuro por falta de recursos y tiempo, ha podido esbozar ciertos patrones en la naturaleza de los abusos y violaciones en AMO y zonas aledañas. Para más información ver: Naciones Unidas. “Venezuela: La Misión internacional independiente observa responsabilidades por crímenes de lesa humanidad”. Naciones Unidas, 20 de septiembre de 2022. Disponible en https://news.un.org/es/story/2022/09/1514771
[iv] Ver Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba. “El derecho a la integridad personal y seguridad del territorio desde la mirada de un ‘hornán’ Yanomami”. Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba, 14 de enero de 2022. Disponible en https://watanibasocioambiental.org/el-derecho-a-la-integridad-personal-y-seguridad-del-territorio-desde-la-mirada-de-un-hornan-yanomami/, y Minerva Vitti, María de los Ángeles Ramírez y Joseph Poliszuk. “La veda a la minería se levanta en ‘La Nueva Amazonas’”. Armando Info, 16 de febrero de 2022. Disponible en https://armando.info/especial-corredor-furtivo/la-veda-a-la-mineria-se-levanta-en-la-nueva-amazonas.html
[v] Esta no es la primera vez que ocurre algo así, hay otros precedentes como los que se registran en los siguientes enlaces: https://runrun.es/noticias/363694/cuatro-indigenas-de-la-comunidad-gavilan-fallecieron-en-mina-de-amazonas/;
https://es.mongabay.com/2022/11/la-mina-de-oro-en-la-que-trabajan-de-la-mano-eln-disidencias-de-colombia-y-la-guardia-venezolana/ y
[vi] Para más información consultar: http://www.ejercito.mil.ve/?p=8590; https://www.lapatilla.com/2022/08/16/operacion-autana-en-bolivar-mineros-denuncian/ ;
https://www.defensa.com/venezuela/venezuela-lanza-simultaneamente-operaciones-roraima-2022-autana y
https://twitter.com/PableOstos/status/1559566332793917440
[vii] Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba. “El derecho a la integridad personal y seguridad del territorio desde la mirada de un ‘hornán’ Yanomami”. Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba, 14 de enero de 2022. Disponible en https://watanibasocioambiental.org/el-derecho-a-la-integridad-personal-y-seguridad-del-territorio-desde-la-mirada-de-un-hornan-yanomami/ y Minerva Vitti, María de los Ángeles Ramírez y Joseph Poliszuk. “La veda a la minería se levanta en ‘La Nueva Amazonas’”. Armando Info, 16 de febrero de 2022.Disponible en
https://armando.info/especial-corredor-furtivo/la-veda-a-la-mineria-se-levanta-en-la-nueva-amazonas.html
[viii] Wataniba. “Virgilio Trujillo Arana”. Instagram, 1° de julio de 2022. Disponible en https://www.instagram.com/p/CfexwwnuhDN/
[ix] Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba. “A veces la tenacidad y la valentía demuestran que no todo tiene que ser inaceptablemente igual: 13 años de prisión a teniente que abusó sexualmente de dos mujeres indígenas jivi en Amazonas”. Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba, 30 de abril de 2022. Disponible en https://watanibasocioambiental.org/13-anos-de-prision-a-teniente-que-abuso-sexualmente-de-dos-mujeres-indigenas-jivi-en-amazonas/
[x] Organización Regional De Pueblos Indígenas De Amazonas - ORPIA. “#Conversatorio”. Facebook, 23 de noviembre de 2022. Disponible en https://www.facebook.com/orpiavenezuela/posts/pfbid02PBgTDvnapbgKoqMT9AdB2KmVgL3MrYR2dnb17ggWzY7NqCUthPSPR93E5791ezFsl
[xi] Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba. “Protocolos Autonómicos de Consentimiento Libre, Previo e Informado: Una Herramienta Alternativa hacia la Regulación de las Comunidades Indígenas”. Facebook, 25 de abril de 2022. Disponible en https://www.facebook.com/WatanibaSocioambiental/photos/a.715843531899791/2207796352704494?type=3
[xii] Ver Organización Regional De Pueblos Indígenas De Amazonas - ORPIA. “#Hoy en el XI Congreso de la Coica (...)”.
Facebook, 9 de septiembre de 2022. Disponible en https://www.facebook.com/orpiavenezuela/posts/pfbid033LPQEBUJWqXYEoDBj7k4zLRNoJxUDNBwUEzSofrHYTbRYTMv1bZrjEtkZr87cngvl; COICA. “La Cumbre Amazónica ha sido el escenario de propuestas lideradas por los pueblos indígenas para proteger la Amazonía”. COICA, 8 de septiembre de 2022. Disponible en https://coicamazonia.org/la-cumbre-amazonica-ha-sido-el-escenario-de-propuestas-lideradas-por-los-pueblos-indigenas-para-proteger-la-amazonia%EF%BF%BC/
[xiii] Organización Regional De Pueblos Indígenas De Amazonas - ORPIA. “#SomosCOICA| Rumbo al Congreso Extraordinario de COICA. Facebook, 8 de noviembre de 2022. Disponible en https://www.facebook.com/page/366168910174461/search/?q=septiembre
[xiv] Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba. “Conversaciones de la Amazonía: muchos pueblos, una Amazonía, una voz”. Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba, 20 de octubre de 2022. Disponible en https://watanibasocioambiental.org/conversaciones-de-la-amazonia/
[xv] Twitter, 6 de diciembre de 2022. Disponible en https://twitter.com/OrpiaAmazonasVE/status/1600122795479875584
[xvi] Ver Miguel L. Rodriguez. “El proyecto de ley estadal (...)”. Twitter, 18 de noviembre de 2022. Disponible en https://twitter.com/GOB_MiguelR/status/1593706221906845698; Minerva Vitti Rodríguez. “La veda a la minería se levanta en ‘La Nueva Amazonas’”. Revista SIC, 21 de mayo de 2022. Disponible en https://revistasic.org/la-veda-a-la-mineria-se-levanta-en-la-nueva-amazonas/; Proyecto de Ley Estadal del Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado Amazonas - Nueva Amazonas 2021-2025. Venezuela. Disponible en https://drive.google.com/file/d/1cb8q6k7cYbtD4tccGIdMuRbFrAjYuJ3j/view
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