El Mundo Indígena 2024: Editorial
La edición de este año de El Mundo Indígena focaliza su mirada en el derecho de los pueblos indígenas a las tierras, los territorios y los recursos, y nos acerca a las vicisitudes que surgen en su aplicación real.
La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), aprobada en 2007, dedica varios de sus artículos a los derechos a las tierras –en especial los artículos 25, 26 y 32– constituyendo una cuestión esencial en materia de derechos humanos para los pueblos indígenas. El preámbulo de la DNUDPI reconoce “la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, sus tradiciones espirituales, de su historia y su filosofía, especialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos”[1].
De forma similar, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales incluye un enfoque basado en los derechos humanos al referirse a las tierras. De manera destacada afirma que al aplicar las disposiciones del Convenio, “los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos indígenas interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación”[2].
En 2023 se conmemoró el 75º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Es primordial poner de relieve la profunda relevancia que la DUDH tiene para los derechos de los pueblos indígenas de todo el mundo, ya que ofrece un marco jurídico universal que resalta los valores fundamentales de igualdad, no discriminación y justicia. A su vez, defiende la universalidad de los derechos humanos y sirve como marco moral y jurídico para promover la justicia, la paz y la dignidad de toda la humanidad en su conjunto.
Desde la aprobación de la DNUDPI en 2007, los Órganos de Tratados de las Naciones Unidas cada vez con más asiduidad han hecho referencia a la Declaración en las conclusiones de sus exámenes de los Estados parte. Además, algunos Órganos de Tratados han instado a los Estados a “cumplir” con la DNUDPI y a integrarla en su legislación nacional correspondiente. Últimamente, la DNUDPI se ha convertido también en punto de referencia habitual en las observaciones generales y recomendaciones de los Órganos de Tratados. En una de sus más recientes observaciones generales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) identifica la obligación básica y primordial de los Estados de obtener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) allí donde los recursos naturales y culturales de los pueblos indígenas estén siendo amenazados.
El derecho al consentimiento libre, previo e informado, como se detalla en el artículo 32 de la DNUDPI, es uno de los derechos más fundamentales de los pueblos indígenas, que les confiere la potestad de dar o negar el consentimiento a cualquier proyecto que afecte a sus tierras, territorios y recursos. Y su decisión debe ser respetada. A pesar de la existencia de este derecho esencial, poderosos actores siguen usurpando territorios de pueblos indígenas en todas las regiones del mundo sin adecuada información, consulta o consentimiento, si hubiere, sin que se realice de manera culturalmente apropiada, en las lenguas propias de los pueblos indígenas y con el tiempo suficiente para buscar el verdadero consentimiento libre, previo e informado.
El consiguiente acaparamiento de tierras está sucediendo prácticamente en todos los lugares donde viven los pueblos indígenas y está impulsado por diversas fuerzas poderosas, como gobiernos, empresas y élites dominantes. Estas fuerzas poderosas están promoviendo proyectos de todas las envergaduras –desde pequeñas operaciones de minería artesanal a megaproyectos de desarrollo/infraestructura– sin respetar los derechos de los pueblos indígenas.
El Gobierno de India, por ejemplo, sigue adelante con su megaproyecto de la Isla Gran Nicobar de 17.000 hectáreas que ha recibido múltiples críticas y que, como mínimo, amenazará la supervivencia de dos tribus indígenas. Tan solo en los seis primeros meses de 2023, Myanmar exportó minerales de tierras raras por valor de más de 710 millones de EUR a China. Además, tiene programado construir más de 80 presas hidroeléctricas, incluida una en el norte del estado de Shan que pondrá en peligro a 11 aldeas que quedarían inundadas. A raíz de esto, sería necesario realojar a decenas de miles de personas. En Estados Unidos, la administración de Joe Biden aprobó la construcción del gran proyecto de extracción petrolífera Willow sobre tierras indígenas del norte de Alaska, cuya producción se estima en 600 millones de barriles de petróleo en los próximos 30 años (aproximadamente 200.000 barriles al día). Por otro lado, las autoridades de Kenia destruyeron decenas de casas en nombre de la conservación en el Complejo Forestal Mau, una tierra tradicional indígena legalmente reconocida, dejando sin hogar a más de 700 mujeres, niños, niñas y hombres ogiek.
En muchos países, las industrias extractivas continúan su incesante avance sobre territorios de pueblos indígenas en búsqueda de recursos, y para muchos pueblos y organizaciones indígenas resulta difícil resistir la enorme presión que ejercen los sectores de actividades petroleras y mineras.
En suma a esta creciente presión, acrecentada también por la aparentemente insaciable demanda global de extracción de hidrocarburos, los recursos naturales de los pueblos indígenas se han convertido cada vez más en un objetivo a conseguir para el modelo de transición ecológica. Esta situación ha precipitado un repentino auge industrial y financiero que requiere ingentes cantidades de minerales para la transición, a un inaudito ritmo sin precedentes en la historia.
Este artículo es parte de la 38ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra a un indígena cosechando quinoa en Sunimarka, Perú. Fotografiada por Pablo Lasansky, es la portada del Mundo Indígena 2024 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2024 completo aquí.
Vínculos connaturales globales: proteger las tierras de los pueblos indígenas es proteger el clima de todo nuestro planeta
A pesar de haber contribuido a la lucha contra el cambio climático, los pueblos indígenas están siendo de los primeros en tener que hacer frente a sus efectos directos. Muchos viven en ecosistemas especialmente sensibles, como los bosques tropicales, y dependen en gran medida de sus recursos naturales.
En 2023 resultó especialmente preocupante y desalentador los récords de incendios forestales, que arrasaron grandes superficies de Canadá y también de varios países de Europa y América Latina. En Bolivia, 49 de los 58 territorios indígenas de las llanuras se vieron asediados por más de 25.000 incendios forestales, que en algunos casos ocasionaron pérdidas de casas y cultivos. Asimismo, algunos territorios del departamento boliviano de Beni fueron de los más devastados, contabilizándose más de 16.000 incendios forestales. A su vez, más de la mitad de las 16 comunidades del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) se vieron afectadas por incendios forestales que carbonizaron más de 22.000 hectáreas, la mayor superficie devorada por las llamas en los últimos cinco años en el país.
Mientras tanto, en África, Kenia experimentó grandes inundaciones en 38 condados de la parte norte del país, que dejaron a más de 500.000 personas sin hogar, causaron la muerte de miles de cabezas de ganado e inundaron más de 640.000 hectáreas de tierra. A pesar de las inundaciones, Kenia también padeció las consecuencias de su séptimo año consecutivo de sequía. La historia se repite prácticamente igual en Etiopía, que ha sufrido su quinta temporada consecutiva de lluvias, se vio sacudida por inundaciones en siete de sus doce regiones y, a la vez, ha padecido sequías. Todos estos factores están intensificando los conflictos entre las comunidades en todo el continente, motivados por la escasez de agua y pastos.
Si bien constituyen solo el 6 % de la población mundial, los pueblos indígenas protegen al menos el 28 % de la superficie del planeta. Sus territorios contienen vitales ecosistemas, la biodiversidad y el carbono. Los estudios documentan que la naturaleza está mejor conservada en los territorios indígenas que en las áreas adyacentes[3]. En sintonía con esta evidente realidad, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático llegó a la conclusión de que: “(...) asegurar y reconocer la tenencia de la tierra de las comunidades indígenas (…) ha quedado demostrado que es altamente rentable para reducir la deforestación (…) y es, por tanto, también adecuado para ayudar a mejorar la capacidad de las comunidades indígenas de adaptarse a los cambios del clima”[4].
Tras innumerables generaciones, los pueblos indígenas han ido enriqueciendo y perfeccionando sistemas de conocimientos y prácticas consuetudinarias que les han ayudado a gestionar y proteger los ecosistemas en los que viven. Por tanto, los pueblos indígenas pueden contribuir positivamente a abordar el problema del cambio climático con sus conocimientos, innovaciones y prácticas que han coadyuvado históricamente a las labores para conservar los ecosistemas y la biodiversidad[5].
Aunque el relevante papel de los pueblos indígenas en proteger y conservar el medio ambiente es reconocido, su marginación y discriminación a nivel nacional han tenido terribles consecuencias para sus medios de sustento y prácticas socioculturales, generándose políticas y leyes discriminatorias. Parte de esta legislación está directamente relacionada con la protección ambiental y las acciones frente al cambio climático.
Como fue mencionado anteriormente, el actual modelo para la transición energética mundial requiere de una cantidad mayor de minerales para la transición, de infraestructura y de tierra. Existe una inmensa presión para gastar y una inmensa cantidad de incentivos para intervenir con rapidez, normalmente a expensas y en detrimento de los derechos humanos.
La financiación para combatir el cambio climático sigue creciendo y muchas iniciativas de mitigación están impactando en los derechos de los pueblos indígenas a tierras, territorios y recursos. Estas iniciativas tienen el potencial de traer cambios positivos, siempre y cuando los pueblos indígenas sean consultados y se les involucre en su diseño e implementación. Sin embargo, lamentablemente muchos proyectos aún no lo hacen o encuentran enormes retos en sus intentos. Sin obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados, estos proyectos conllevan el riesgo de violar sus derechos.
Su ausencia también pone en riesgo los propios proyectos, porque si no se asegura que los pueblos indígenas sean partícipes activos y los sientan como propios, es probable que estos proyectos no cumplan con los objetivos marcados en materia de cambio climático.
A un nivel más general, es crucial que los pueblos indígenas continúen realizando seguimiento de los flujos de financiación para el cambio climático, incluyendo los provenientes de proyectos ecológicos de desarrollo, tales como iniciativas de energías renovables y créditos de carbono. Muchas de estas inversiones están ejerciendo cada vez más presión sobre tierras, territorios y recursos de pueblos indígenas y, lamentablemente, no abordan las causas subyacentes de la crisis climática.
Utilizando un ejemplo de este libro, en Filipinas, el presidente Marcos Jr. ha proseguido agresivamente con su programa de energía renovable que ignora completamente a los pueblos indígenas afectados por proyectos energéticos, incluso cuando estos se ejecutan en sus territorios. De manera alarmante, tan solo en la región de Cordillera están planeados 100 proyectos de energías renovables, algunos dentro de Áreas de Conservación Comunitaria Indígena oficiales, Áreas Protegidas y lugares importantes de biodiversidad.
No obstante, también se han producido avances positivos.
La elección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcó un claro contraste en la postura del Estado brasileño respecto de cuestiones indígenas y ambientales tras años de políticas de Jair Bolsonaro, que tuvieron desastrosas consecuencias para los pueblos indígenas y el clima. Políticamente, se ha creado el Ministerio de Pueblos Indígenas con la misión de elaborar e implementar políticas que acometan las necesidades específicas de las comunidades indígenas, protejan sus derechos y respeten su autonomía. Además, Joênia Wapichana, primera mujer indígena abogada de Brasil, fue nombrada presidenta de la FUNAI (Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas de Brasil).
En cuanto a la protección ambiental, aunque se estima que 9.000 km2 de bosques de la Amazonía se han talado, se redujo un 22 % la tasa de deforestación en comparación con 2022. A su vez, el presidente Lula ha comprometido al país a conseguir la meta de deforestación cero para 2030, reconociendo al mismo tiempo la importancia de las tierras indígenas para lograr este objetivo. Por consiguiente, tras una interrupción de cinco años, el Gobierno reanudó la demarcación de territorios indígenas y demarcó seis territorios indígenas en 2023, abarcando una superficie de más de 6.000 km2. Esto eleva el total a 732 territorios y más de 117 millones de hectáreas, lo que representa casi el 14 % de la superficie total del país. La significación de estas áreas no solo radica en la protección de los derechos y tradiciones de los pueblos indígenas, sino también en el reconocimiento del papel crucial que desempeñan en los esfuerzos de conservación del medio ambiente.
Mundialmente, aunque la COP28 en Dubái recibió críticas por no utilizar un lenguaje suficientemente contundente al referirse a la progresiva supresión del uso de combustibles fósiles, precisamente en el año calificado como el más cálido desde que existen registros, la representación de los pueblos indígenas continuó creciendo y las referencias a ellos en el texto de decisión del Balance Global mejoraron en comparación con el texto final de la COP27. En el texto de decisión se hicieron nueve referencias a los pueblos indígenas, incluyendo mención de sus derechos en el preámbulo del Acuerdo de París, así como también referencias a forjar soluciones utilizando conocimientos indígenas, a involucrarse en su significativa participación y en el diálogo con los pueblos indígenas para encauzar soluciones sostenibles y justas frente a la crisis del cambio climático, y a reconocer la importancia y la protección de sus valores, tradiciones, culturas y cosmovisiones en la infraestructura resiliente al cambio climático.
El presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Álvaro Lario, inauguró oficialmente la 6ª Reunión Mundial del Foro de los Pueblos Indígenas en el FIDA enfatizando que el único camino para revertir los efectos del cambio climático es que gobiernos e instituciones unan fuerzas con los pueblos indígenas porque ellos conocen la tierra, los mares, la vida vegetal y animal del planeta “con una intimidad que ningún agrónomo, diseñador de proyectos o proveedor de financiación logrará jamás”. Lario añadió que, para que la humanidad responda al cambio climático, “es necesario abogar por la justicia social y los derechos territoriales de las comunidades de los pueblos indígenas”.
Por su lado, José Francisco Calí Tzay, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, centró uno de sus dos informes temáticos de 2023 en la financiación ecológica, enfatizando que la transición hacía una economía verde debe ser justa y estar basada en los derechos humanos. Además, señaló que la transición no debe perpetuar las actuales violaciones vinculadas a proyectos extractivos y de combustibles fósiles, puesto que existe una elevada probabilidad de que iniciativas verdes se desplieguen en tierras indígenas. En su informe, el Relator hizo hincapié en que es crucial que los Gobiernos nacionales y las instituciones financieras implementen la debida diligencia en derechos humanos desde el momento inicial de un proyecto, desde su más incipiente planificación, y que los mismos deben estar anclados en el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a tierra y libre determinación.
En su otro informe temático, presentado en la 78ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en octubre de 2023 sobre el impacto del sector turístico en los pueblos indígenas, Calí Tzay destaca que la preservación de tierras indígenas para fines turísticos rara vez ha dado como resultado la mejora en la seguridad de la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas. Por el contrario, con frecuencia ha derivado en el desalojo generalizado de bosques, pastizales, hábitats de fauna y flora silvestres, y costas marítimas. De igual manera, también ha provocado que se les restrinja el acceso a sus lugares y recursos sagrados.
Como la demanda de tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas aumenta, se suelen ver obligados a defender sus tierras afrontando grandes riesgos, una tendencia que se relata tristemente con demasiada reiteración en esta y otras ediciones de El Mundo Indígena. Año tras año, miles de defensores ambientales indígenas de todo el mundo sufren acoso, intimidación, amenazas, vigilancia, desalojos, detenciones arbitrarias, arresos ilegales y, lo que es aún peor, asesinatos por proteger tierras que han sido suyas desde tiempo inmemorial.
Los peligros que entraña defender las tierras indígenas
El ataque contra activistas de derechos y la estigmatización de los pueblos indígenas refleja el constante achicamiento del espacio democrático. Se está detectando un creciente número de ataques contra defensores de tierras y bosques que están siendo explotados por industrias extractivas, agronegocios e incluso proyectos de energía “verde”, entre otros.
Otra tendencia preocupante experimentada en 2023 fue el aumento de los actos de intimidación, hostigamiento y represalias contra representantes indígenas que tratan de ejercer su derecho a informar sobre su situación de derechos humanos en reuniones de las Naciones Unidas.
Defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas y defensores ambientales protegen una gran parte de los ricos ecosistemas de biodiversidad que aún quedan en el mundo, así como también los hogares de sus pueblos, donde han habitado desde hace siglos. Y están pagando un alto precio por ello.
En Bangladesh se produjeron 24 incidentes peligrosos en las colinas de Chittagong Hill Tracts (CHT), incluyendo ataques violentos e intentos de ocupación/acaparamiento de tierras por la fuerza, que causaron violaciones de derechos humanos sobre más de 200 personas indígenas y el asesinato de seis personas. En las llanuras, también se notificaron unos 10 incidentes de este tipo.
Sin reconocer los derechos de los pueblos indígenas, y en muchos casos violándolos abiertamente, la pérdida de tierras y recursos naturales continúa erosionando la seguridad económica, la cohesión sociocultural y la dignidad humana de numerosas comunidades indígenas alrededor del mundo. El detrimento de tierra y recursos naturales trae consigo la pérdida de prácticas tradicionales de medios de sustento y, por ende, el cese de la transmisión intergeneracional de conocimientos tradicionales, el desmoronamiento de la organización social, de las instituciones tradicionales y de prácticas culturales y espirituales. Y todo ello causa pobreza, inseguridad alimentaria, desintegración social y pérdida de identidad y de dignidad humana.
La invasión y el acaparamiento de tierras se ven exacerbados por el hecho de que muchos pueblos indígenas carecen de suficiente protección jurídica (falta de reconocimiento y de títulos de propiedad jurídicos oficiales) de sus tierras comunitarias colectivas (e individuales) y por tanto son extremadamente vulnerables.
Este es particularmente el caso en África y Asia donde muy pocos países han ratificado el Convenio 169 de la OIT y donde casi ninguno tiene marcos jurídicos que proporcionen reconocimiento y protección a los pueblos indígenas y a sus tierras.
Allí donde disponen de marcos jurídicos, su implementación es muy débil o inexistente. Las tierras colectivas de los pueblos indígenas son a menudo percibidas como “vacías” e “inutilizadas” por las autoridades de Estados y gobiernos, lo que allana el camino para el acaparamiento fácil de tierras, y a menudo violento y generalizado.
Y donde intervienen los sistemas nacionales, regionales e internacionales, tales como la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o las Naciones Unidas, por norma general los Estados y los gobiernos ignoran sus dictámenes y recomendaciones.
A principios de noviembre, autoridades del Servicio Forestal de Kenia y agentes forestales del Servicio de Vida Silvestre de Kenia desalojaron por la fuerza a más de 700 mujeres, niños, niñas y hombres ogiek, habiéndoles informado tan solo unos días antes y sin que recibieran información o planes de realojo o indemnizaciones. Estas acciones del Gobierno de Kenia vulneran directamente dos sentencias judiciales pioneras de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos que reconocen la propiedad ogiek de su tierra ancestral en el Bosque Mau, exigen al Gobierno devolverles la tierra y obligan a los servicios forestales involucrados a pagar por los daños materiales y morales ocasionados.
En la vecina Uganda, en nombre de la conservación, la Autoridad de la Vida Silvestre de Uganda llevó a cabo frecuentes redadas contra el pueblo Benet en 2023, quemando 96 casas, destruyendo otras 33, arrestando a 70 personas e incautando más de 1.200 animales. La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos instó a las autoridades del país a actuar de inmediato para poner fin a estas medidas, pero el Gobierno no ha respondido aún.
En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por violaciones de derechos humanos contra la comunidad indígena Maya Q'eqchi', en especial por la falta de respuesta a peticiones indígenas realizadas durante más de 40 años que demandaban garantías del derecho a la propiedad colectiva de sus tierras ancestrales. Parte de la sentencia está motivada por una concesión minera otorgada en 2006 por el Gobierno sin ninguna consulta previa a la comunidad. Según la sentencia, entre otras obligaciones, el Estado de Guatemala debe expedir título de propiedad colectiva y demarcar las tierras ancestrales, así como consultar a la comunidad de conformidad con sus propios criterios y costumbres.
La expedición jurídica oficial de títulos de propiedad de tierras comunitarias puede ser un avance para que la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas sea más segura, pero a menudo resulta insuficiente, como se evidencia en numerosos casos de esta edición.
Los derechos de los pueblos indígenas: ventanas que se abren y puertas que se cierran
Como fue mencionado anteriormente, a nivel internacional los derechos de los pueblos indígenas están consagrados en varias declaraciones de las Naciones Unidas, y sus derechos, al igual que sus contribuciones, gradualmente están recibiendo mayores muestras de reconociendo en otros acuerdos y marcos, como los referidos al cambio climático, la biodiversidad y la protección ambiental. En algunos casos, esos precedentes internacionales han tenido un efecto positivo en la legislación nacional. En 2023, muchos Estados promulgaron leyes que reconocen a los pueblos indígenas y sus derechos, incluyendo tierras, territorios y recursos.
En Laos, se aprobó un nuevo decreto sobre Áreas Protegidas, lo que marcó un importante paso adelante en la gestión y gobernanza de tierras ricas en biodiversidad. La ley establece “aldeas guardianas” en las que los habitantes –normalmente indígenas– del área protegida o de las aldeas circundantes gestionan conjuntamente la zona, participando de manera activa en la toma de decisiones sobre el uso de recursos en el marco de la conservación.
En febrero de 2023, en la República Democrática del Congo entró en vigor la Ley sobre Protección y Promoción de los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2022, mediante la cual se reconocen oficialmente los derechos y la identidad cultural de los pueblos indígenas, así como también sus derechos a sus tierras, territorios y recursos, y sus contribuciones para la protección de los bosques, los ecosistemas marinos y la biodiversidad.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para proteger y preservar los lugares sagrados y las rutas de peregrinación de cuatro grupos indígenas que habían sido amenazados por las actividades de empresas transnacionales.
En Chile entró en vigor una ley por la que se crea el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas para asegurar una mejor administración de las áreas protegidas del país y reconocer el derecho de los pueblos indígenas a participar y gestionarlas, aunque no da el siguiente paso de garantizar su derecho a autogobernar esos territorios.
En Canadá, tras dos años de trabajo con Primeras Naciones, Inuit y Métis de todo el país, el Gobierno federal presentó su Plan de Acción Nacional 2023-2028 para asegurar que las leyes federales estén en consonancia con la DNUDPI. Un ámbito prioritario, entre los muchos que contiene, es el foco especial en los derechos a tierras, territorios y recursos, garantizando que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos intrínsecos, reafirmando y respetando su jurisdicción sobre sus tierras, aguas y recursos.
Los pueblos indígenas y sus defensores saben muy bien que una ley aprobada en papel es solo tan fuerte como sea de verdadera y en tiempo real la implementación de sus disposiciones y protecciones. A pesar de estos positivos avances en la esfera jurídica para los pueblos indígenas, el 2023 fue también un año de regresión en este ámbito en muchos países, que ignoraron flagrantemente sus obligaciones jurídicas o enmendaron leyes para otorgar al Estado y a empresas aún más derechos.
A finales de diciembre, el Gobierno de Nepal aprobó el Plan Nacional de Acción sobre Empresa y Derechos Humanos, que comprende seis sectores temáticos, incluyendo uno sobre pueblos indígenas, específicamente reconociendo la importancia de dar cumplimiento al consentimiento libre, previo e informado, a la participación significativa y a las instituciones consuetudinarias. Sin embargo, teniendo en cuenta las experiencias previas de los pueblos indígenas del país y la actual situación política, muchas personas se muestran escépticas de que el Gobierno lo ponga en práctica seria o verdaderamente.
En India, la Ley de Enmienda Forestal (Conservación) de 2023 empodera al Gobierno a adquirir tierra para proyectos de desarrollo, ecoturismo, minería y seguridad/defensa. Durante años, se han reiterado críticas a dicha ley, entre ellas que viola los derechos forestales de los pueblos indígenas, así como el derecho al consentimiento libre, previo e informado.
La Ley sobre Áreas Protegidas de 2008 de Camboya fue enmendada en 2023, cambiándose el término “pueblos indígenas” por “comunidades locales”, el cual no tiene una definición específica. Por consiguiente, cuando entre en vigor en 2024, los derechos de los pueblos indígenas estarán en riesgo de ser socavados.
La Ley de Protección Ecológica de la Meseta Qinghai-Tíbet de la República Popular de China entró en vigor a finales de 2023, con la finalidad de conservar la biodiversidad mediante la restauración de ecosistemas y estableciendo para dicho fin parques nacionales, reservas y otras áreas protegidas. Sin embargo, la ley no hace mención al consentimiento libre, previo e informado, especialmente en relación a lo que sucederá cuando se tenga que reubicar a las personas, e introduce medidas como prohibiciones de pastoreo y establecimiento de cercados que repercutirán en los derechos de pastoreo y el estilo de vida nómada de los pueblos indígenas.
En 2021, el Tribunal Supremo de Noruega determinó por unanimidad que dos instalaciones de energía eólica –los parques eólicos de Storheia y Roan en la península de Fosen– vulneraban derechos de criadores sami de renos a practicar su cultura, contraviniendo lo estipulado en el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Para el funcionamiento de los dos parques se han instalado 151 turbinas eólicas y se han construido 159 km de anchas carreteras en tierras tradicionales de pastos de invierno. Sin embargo, casi dos años después de la sentencia, el Gobierno de Noruega aún no había dado cumplimiento a la resolución judicial de su propio Tribunal Supremo. A lo largo de 2023, jóvenes sami y noruegos lideraron protestas y acciones de desobediencia civil que atrajeron la atención internacional para destacar con notoriedad la inacción del Gobierno. Al finalizar el año, el Gobierno admitió las continuadas violaciones de derechos humanos y se disculpó públicamente con los criadores de renos. Finalmente, se alcanzó un acuerdo de compensación económica, ofrecimiento de nuevas zonas de pastoreo proporcionadas por el Estado y poder de veto sobre próximas licencias cuando expire la primera concesión de 25 años.
Las mujeres indígenas en primera línea de defensa de las tierras
Mientras que el despojo de tierras y la inseguridad en su tenencia es un problema principal de todos los pueblos indígenas, las mujeres indígenas se ven incluso aún más afectadas: tradicionalmente tienen muy limitada influencia y escaso poder en la toma de decisiones sobre estos asuntos, y son las que habitualmente más sufren cuando se pierde la tierra y no pueden proporcionar sustento para ellas y sus hijos e hijas.
Las mujeres indígenas de todo el mundo se enfrentan a “una gran diversidad de violaciones de sus derechos humanos, multifacéticas y complejas, que se refuerzan mutuamente”[6], debido a su particular posición de vulnerabilidad dentro de las estructuras de poder patriarcal. Las mujeres se ven desproporcionadamente perjudicadas por la pobreza sistémica que afecta a los pueblos indígenas debido a sus papeles de proveedoras de cuidados y gestoras de recursos en sus comunidades. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas constató que las mujeres indígenas son excluidas normalmente tanto de las estructuras indígenas de toma de decisiones como de los procesos políticos a nivel local y nacional, lo que conlleva una falta de prioridad de los asuntos que preocupan a las mujeres en la elaboración de políticas.
Esta realidad se destacó en el caso de Guatemala, donde las mujeres son sistemáticamente excluidas de programas de desarrollo rural y acceso a tierras, y suelen ser el colectivo más afectado por desalojos y conflictos violentos.
En la 67ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, mujeres indígenas enfatizaron la importancia de la Recomendación General nro. 39 (RG39) de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)[7] relativa a los derechos de mujeres y niñas indígenas, aprobada a finales de 2022, y su relevancia para su empoderamiento. Recalcaron que es necesario implementar medidas concretas para garantizar el reconocimiento legal y la protección de su derecho a tierras, territorios y recursos, como se establece en la RG39, así como también la efectiva participación y consulta de las mujeres indígenas sobre estas cuestiones.
Teniendo en cuenta las diversas formas graves de discriminación interseccional que sufren las mujeres indígenas, es imperativo amplificar la presión sobre los Estados y demandar rendición de cuentas en el cumplimiento de su obligación legal de reconocer, respetar y proteger los derechos de las mujeres indígenas. Este compromiso se debe reflejar sistemáticamente en los informes sobre derechos humanos que presenten los Estados, garantizando que los derechos de las mujeres sean plenamente reconocidos y abordados.
El Gobierno de Nepal, por ejemplo, no respondió a ninguna de las 15 recomendaciones realizadas por CEDAW, entre ellas, una enmienda constitucional que explícitamente reconozca la libre determinación y los derechos de las mujeres indígenas, tras su informe periódico a CEDAW en 2023. El informe del Gobierno tampoco hacía mención a la RG39.
Nepal es también uno de los muchos países que están llevando a cabo numerosos proyectos hidroeléctricos, muchos de los cuales ponen en peligro tierras y vidas de pueblos indígenas y, por ello, muchas personas indígenas están tratando de oponerse y manifestarse en contra de estos proyectos. En 2023, fuerzas policiales apuntaron sus armas específicamente a las mujeres tamang que participaban en una manifestación para detener la construcción de una subestación eléctrica en su tierra.
Las mujeres indígenas son objetivos muy habituales de múltiples formas de violencia, incluida la violencia estructural, que resulta de ser victimizadas por las circunstancias de la vida cotidiana. Algunas de las formas de violencia a las que se enfrentan incluyen violencia sexual, asesinatos por motivos de género, prácticas tradicionales nocivas, violencia doméstica, violencia en el contexto de conflictos, segregación tribal y trata de personas.
Demasiados informes en El Mundo Indígenaaño tras año recalcan estas diversas formas de violencia contra mujeres y niñas indígenas. En esta edición, tan solo en India, la Oficina Nacional de Registro de Delitos publicó en 2023 un total de 1.347 casos de violaciones de mujeres y niñas indígenas (algunas de las cuales terminaron muriendo) cometidos en 2022 a manos de civiles, fuerzas de seguridad y funcionarios gubernamentales. En el sur de Etiopía, los factores del clima extremo han secado los recursos hídricos y provocado la muerte de ganado, forzando el desplazamiento de cientos de miles de personas, incluyendo pastores. Según se informa, este escenario ha dejado a mujeres y niñas en campos de desplazados en situación de vulnerabilidad por violencia sexual, violación y matrimonio forzado.
Las mujeres indígenas son también activas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas (IPHRD). Afrontando no solo muchos de los mismos desafíos y amenazas que sus compañeros varones, las mujeres defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas se enfrentan a riesgos y amenazas adicionales, como violencia sexual, hostigamiento y, en algunos casos, discriminación dentro de sus propias comunidades y falta de apoyo de las mismas. Las cifras sobre violencia sexual siguen siendo orientativas puesto que los tabús culturales, la lengua y las barreras de capacitación, así como las preocupaciones por su seguridad, a menudo son impedimentos que obstaculizan a las mujeres tratar de buscar justicia.
Aunque mujeres y niñas indígenas se enfrentan a enormes desafíos y discriminación, no deben ser presentadas como víctimas. Las mujeres indígenas son activos agentes de cambio.
En 2023, en Naga (India), por ejemplo, mujeres indígenas naga rompieron barreras de género cuando Salhoutuonuo Kruse y Hekani Jakhalu se convirtieron en las primeras mujeres elegidas para la Asamblea Legislativa de Nagaland, llegando Kruse a ser la primera ministra naga.
Acciones e iniciativas dirigidas por los pueblos indígenas
A lo largo de 2023, los pueblos indígenas consiguieron varias victorias clave y avances positivos en su lucha por sus tierras y libre determinación.
En Estados Unidos, tribus nativas emprendieron diversas acciones para que les fueran devueltas tierras que les habían sido arrebatadas. En Minnesota, la comunidad Upper Sioux recuperó el Parque Upper Sioux Agency State, y la tribu Winnebago, a través de un proyecto de ley en el Congreso, recuperará tierras en Iowa y Nebraska. En California se anunció un programa de subvenciones por valor de 100 millones de USD (aproximadamente 91 millones de EUR) para que tribus nativas readquirieran tierras que perdieron durante la colonización para destinarlas a proyectos culturales y de conservación. Adicionalmente, allí donde no se puedan restituir las tierras a las tribus nativas, el Gobierno federal ha formalizado acuerdos de cooperación de gestión conjunta, llegando casi a 200 en 2023.
En Australia, más de 8.500 km2 de tierras tradicionales, entre ellas el ícono nacional de Los Doce Apóstoles, están de nuevo en manos aborígenes. Este hecho marca la primera determinación de un título de propiedad nativo en 10 años en el estado de Victoria.
Por otra parte, comunidades indígenas del valle inferior del río Omo en Etiopía han asumido la propiedad y responsabilidad de gestión del Área de Conservación Comunitaria Tama (TCCA), la zona de conservación comunitaria más grande del país. Estas comunidades ahora son legalmente responsables de asegurar el uso sostenible y la preservación del patrimonio ecológico y cultural de la zona. La TCCA abarca una superficie de 197.000 hectáreas, donde las comunidades podrán llevar a cabo sus actividades de agricultura y pastoreo, gestionadas por ellas mismas.
En Bolivia, organizaciones indígenas consiguieron, mediante movilizaciones sociales a gran escala y campañas de concienciación pública, revertir acuerdos alcanzados entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) para llevar a cabo actividades dentro de áreas protegidas y territorios indígenas de la Amazonía. Además, un juez ordenó que debían detenerse las actividades mineras en varios ríos y afluentes de la cuenca amazónica y que la AJAM debía suspender contratos con operadores mineros a fin de llevar a cabo un proceso de consulta con las comunidades indígenas.
El primer gobierno autónomo de un territorio indígena en obtener jurisdicción municipal en Bolivia fue el Territorio Indígena Multiétnico (TIM). El presidente boliviano Luis Arce promulgó la Ley nro. 1.497/2023 en virtud de la cual se crea el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) como una jurisdicción territorial en la que el gobierno indígena, elegido de conformidad con sus Estatutos de Autonomía, ejercerá todos los poderes otorgados por la Constitución. Las elecciones para el nuevo gobierno del TIM se celebraron en julio.
Derechos a la tierra: un futuro de fortaleza y resiliencia que vertebra el eje esencial del reconocimiento indígena
Los pueblos indígenas han demostrado ser muy fuertes, resilientes y capaces de defenderse a sí mismos y, por ende, a sus tierras.
Aún ocupan muchos de sus territorios ancestrales; mantienen, en gran parte, sus culturas, tradiciones, conocimientos y lenguas únicos; y continúan con su labor de custodios de gran parte de la diversidad cultural y biológica que nos queda en el planeta.
Los pueblos indígenas ya no pelean en solitario por defender sus derechos sino que se han organizado en un movimiento mundial respaldado por numerosos aliados; han logrado que sus derechos estén garantizados en el derecho internacional; han desempeñado papeles activos en los principales procesos internacionales que atañen a sus derechos y medios de sustento; han conseguido, mediante persistente reivindicación, la constatación de favorables observaciones finales por parte de varios mecanismos internacionales de derechos humanos y han afianzado importantes reconocimientos y textos relativos a derechos en declaraciones; y han ganado notables casos judiciales en las esferas nacional e internacional.
Todos y cada uno de estos logros son oportunidades únicas e importantes por las que han luchado y que han ganado, constituyendo en su conjunto el punto de partida para la batalla sin tregua contra el despojo de sus tierras.
Dwayne Mamo
Editor general
Kathrin Wessendorf
Directora ejecutiva
Geneviève Rose
Responsable de programas
Copenhague, marzo de 2024
Este artículo es parte de la 38ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra a un indígena cosechando quinoa en Sunimarka, Perú. Fotografiada por Pablo Lasansky, es la portada del Mundo Indígena 2024 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2024 completo aquí.
Notas y referencias
[1] Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 2007. https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_S_web.pdf
[2] Organización Internacional del Trabajo. Convenio sobre pueblos indígenas y tribales, 1989 (núm. 169). 1989. https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REV,es,C169,/Document
[3] E Fa, Julie, et al. “Importance of Indigenous Peoples’ lands for the conservation of Intact Forest Landscapes”. Ecological Society of America, 6 de enero de 2020. https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/fee.2148; y Veit, Peter G. “9 Facts about Community Land and Climate Mitigation”. World Resources Institute, octubre de 2021. https://files.wri.org/d8/s3fs-public/2021-10/9-facts-about-community-land-and-climate-mitigation.pdf
[4] Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Informe Especial: El cambio climático y la tierra. https://www.ipcc.ch/srccl/
[5] Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Quinto Informe de Evaluación. https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/
[6] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A/HRC/30/41: Informe sobre las mujeres y niñas indígenas. 21 de julio de 2015. https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g15/173/86/pdf/g1517386.pdf?token=Zac1h5j3oB9XLz7enL&fe=true
[7] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. CEDAW/C/GC/39: Recomendación general núm. 39 (2022) sobre los derechos de las mujeres y las niñas indígenas. ACNUDH, 26 de octubre de 2022, https://www.ohchr.org/es/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no39-2022-rights-indigeneous
Etiquetas: Gobernanza Global, Derechos Territoriales
