El Mundo Indígena 2024: Chile
Desde el censo de 2017, y a pesar de ir en constante aumento desde los años noventa, la población indígena no ha tenido mayores variaciones. Así 2.185.792 personas se auto identifican como indígenas, lo que equivale al 12,8 % de la población total del país (17.076.076). El pueblo Mapuche es el más numeroso (casi 1.800.000 personas), seguido del pueblo Aymara (156.000 personas) y el pueblo Diaguita (88.000 personas)[1]. Destaca en la tendencia el incremento sostenido de la población indígena urbana por sobre la rural, que arroja un 87,8 % de miembros indígenas frente a un 12,2 % que habita en zonas rurales[2].
La Ley 19.253 de 1993 sobre Fomento, Protección y Desarrollo de los Indígenas, o “Ley Indígena”, no ha sufrido modificaciones a pesar de que urge su reforma para adecuarla a los actuales estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos indígenas, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Chile en 2008. Además, Chile aprobó la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2016.
La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento
El 21 de junio de 2023 el Presidente Gabriel Boric dio a conocer la conformación de una Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento. Dicha comisión, tiene como objetivo sentar las bases para dar una solución de mediano y largo plazo a las demandas de tierras y territorio del pueblo Mapuche y de sus comunidades, hasta ahora no resueltas. Buscando contribuir, a su vez, con lograr una mejor convivencia de las y los habitantes de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, en el territorio tradicional mapuche en el sur de Chile.
El mandato principal de esta comisión, integrada por ocho personalidades de un amplio espectro político, incluyendo entre sus integrantes personalidades del pueblo Mapuche, parlamentarios, representantes del empresariado y de los agricultores de dichas regiones, es determinar la demanda real de tierras de las comunidades mapuche y proponer mecanismos concretos y diversos para la reparación por la vía institucional frente al despojo de las tierras y territorios de el que el pueblo Mapuche ha sido objeto a través de la historia.
Los conflictos por tierras en las regiones del centro sur de Chile (regiones del Bíobío a Los Lagos), en el territorio de ocupación tradicional del pueblo Mapuche, si bien son antiguos, se han agudizado en las últimas décadas, afectando seriamente la convivencia interétnica en esta parte del país. En efecto, comunidades y organizaciones mapuche se han movilizado en los últimos años en demanda de sus tierras y territorios de ocupación tradicional de las que fueron desposeídos. Frente a la protesta mapuche, que ha incluido en algunos casos acciones violentas de ciertos grupos, la respuesta del Estado se ha centrado en la utilización de la fuerza y la persecución penal desproporcionada, resultando muchas veces en situaciones de violación del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, y al debido proceso entre otros derechos humanos, de personas mapuche.
La comisión apunta al establecimiento de un proceso de diálogo que produzca un acuerdo preliminar con las organizaciones representativas y comunidades mapuche que permita hacer frente a las expectativas que hoy tienen en cuanto a reparación en materia de tierras y territorio.
El éxito del trabajo de la Comisión, sin embargo, presenta importantes desafíos que no pueden ser desatendidos. Por una parte está el desconocimiento en sus integrantes, algunos de los cuales representan a sectores (empresariales) y gremios (agricultores), acerca de los estándares de derechos humanos que deben ser tomados en consideración para la resolución de los conflictos por tierras y territorios que afectan a los pueblos indígenas. En efecto, algunos de sus integrantes han manifestado cuestionamientos a que la comisión aborde en su trabajo las denominadas “tierras ancestrales”, dando a entender que esta debe limitarse a abordar solo las demandas por tierras que fueron reconocidas a los mapuche por el estado y de las que hoy no están en poder. También se ha señalado que el foco del trabajo de la comisión debe estar puesto en la compensación económica por las tierras de las que los mapuche han sido desposeídos.
Producto de ello, resulta imperativo que dentro de los espacios de acción de la Comisión se abran instancias que permitan a las comunidades y organizaciones del pueblo Mapuche, que llevan adelante procesos de reivindicación territorial, acreditar dichas reivindicaciones desde los parámetros establecidos en los estándares internacionales, para que puedan canalizar por la vía institucional ante la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento sus legítimas demandas.
Dada la diversidad del pueblo Mapuche, otro elemento de especial relevancia es la identificación de vías efectivas de inclusión en el diálogo que la comisión impulsa con las diversas organizaciones representativas del pueblo Mapuche a lo largo de todo su territorio. Ello con el objetivo de que los acuerdos que se alcancen posean la legitimidad en los diversos sectores del pueblo Mapuche, considerando siempre los estándares de participación contemplados en el derecho internacional de los pueblos indígenas.
Proceso constituyente
Como se señalara en el Anuario 2023, luego del rechazo a la propuesta constitucional emanada de la Convención Constitucional del año 2022, la que contó con una representación de pueblos indígenas proporcional a su población, e incluyó cerca de 50 disposiciones, de un total de 380, referidas al reconocimiento de derechos colectivos e individuales de estos pueblos y reconocía al Estado de Chile como plurinacional e intercultural, durante 2023 se desarrolló un nuevo proceso destinado a la elaboración de una nueva Constitución para Chile.
El nuevo proceso fue impulsado por el acuerdo de los partidos políticos con representación parlamentaria, y fuertemente cuestionado por sus limitaciones en materia de derechos humanos. Ello toda vez que en él se definieron las denominadas “bases institucionales”, que incluyeron, entre otras, los derechos de pueblos indígenas como parte de la “nación chilena”. Además, de establecer una institucionalidad compuesta por una Comisión Experta designada por las dos cámaras del Congreso Nacional a cargo de la redacción de un anteproyecto constitucional, así como en el Comité Técnico de Admisibilidad designado también por ambas cámaras, para tutelar los contenidos constitucionales, y un Consejo Constitucional, órgano compuesto por 50 integrantes democráticamente electos, cuya composición estaba fundamentalmente limitada a partidos políticos con exclusión de ciudadanía. Si bien se consideró un mecanismo para la elección de candidatos indígenas en lista especial para integrar el Consejo Constitucional, su número estaba condicionado al porcentaje de votación indígena, cuestión que determinó que solo un representante indígena resultara electo.
Así, el texto elaborado expresaba la visión del estado y de las mayorías conservadoras que integraron el Consejo Constitucional. En sus disposiciones se hacía un reconocimiento muy insuficiente de los derechos económicos sociales, culturales y ambientales, y un limitado reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas, al que se anteponía que estos eran parte de la nación chilena, “una e indivisible”, lo que expresaba el temor de los partidos conservadores a una pretensión separatista indígena carente de fundamento.
La visión conservadora contenida en la propuesta constitucional, excluyente de la diversidad de visiones de la sociedad y estado existentes en el país, determinó que esta fuese rechazada en el plebiscito de diciembre de 2023.[3] Como consecuencia de ello, se mantiene vigente la Constitución Política de 1980 impuesta en dictadura, la que no hace mención alguna a los pueblos indígenas y a sus derechos individuales o colectivos. Con ello Chile sigue siendo uno de los dos países, junto a Uruguay, que no reconocen a los pueblos indígenas en su Constitución. Ello a pesar de la importante demografía indígena existente en el país, y el conflicto entre el estado chileno y el pueblo Mapuche por el reconocimiento de sus derechos, lo cual, lejos de alentar una salida institucional a este conflicto, muy posiblemente incidirá en su incremento.
Gobernanza y conservación indígena en las áreas protegidas
Comprender el territorio desde la visión indígena no sólo es observar lo geofísico, ni sólo los aspectos socioculturales; es comprender también las relaciones que existen entre quienes cohabitan un espacio lleno de significado. Significado por sueños, memorias, relatos, linajes y espíritus que custodian lo esencial para la vida: el agua, los bosques, las montañas y la medicina.
Hoy en día, el 85 % de la biodiversidad a nivel mundial se encuentra en territorios indígenas, y los esfuerzos en los últimos años por reconocer los aportes de estos pueblos a la conservación mundial y la labor de incidencia que vienen realizando en espacios internacionales han sido significativos; por ejemplo, en los avances y estrategias del Marco Global de la Biodiversidad KM.
En septiembre de 2023, entró en vigencia en Chile la Ley 21.600 que crea el Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), un avance significativo para garantizar una mejor administración de las áreas protegidas en Chile, y que trae consigo algo inédito: reconoce los derechos de los pueblos indígenas a la participación y gestión de estas “áreas”. Lamentablemente la ley no reconoce el concepto de territorio, a pesar de la solicitud e incidencia por años que realizaron los representantes indígenas, y solo asegura el concepto de área para la tierra titulada indígena. “¿Acaso para proteger y resguardar el territorio tengo que ser dueño legal de mi tierra?”, preguntan algunas lideresas y líderes indígenas en Chile. Y sí, la SBAP es un avance para un país que históricamente ha negado derechos de participación y gestión del territorio a los pueblos indígenas; sin embargo, no garantiza el efectivo ejercicio de derechos de los pueblos indígenas a autogobernar su territorio en el que históricamente han coexistido, en donde no sólo garantizan el fortalecimiento de su identidad, sino también saberes, memorias y relaciones únicas con lo que el Pueblo Nación Mapuche denomina, itxofillmogen, todas las vidas presentes y sintientes. Entender la gobernanza de las áreas protegidas por pueblos indígenas es entender sus ceremonias, sus ofrendas, sus cosechas, sus crianzas, su forma sociopolítica de dialogar con la naturaleza. Porque para los pueblos indígenas no existen áreas destinadas a la conservación tradicional, sino más bien todo el territorio es un espacio de protección y resguardo: el hogar, los animales, el bosque, las cascadas y el volcán.
Hoy, muchos territorios y comunidades ven la Ley SBAP como una oportunidad para avanzar o al menos construir las bases de futuros procesos de gobernanza completa de las áreas protegidas, aquellas ya conservadas legalmente, en donde se concentra gran parte de la biodiversidad de sus territorios. Existe la conciencia y seguridad de que estas áreas son también las más frágiles a la presión extractiva y al cambio climático. Por ello, a las comunidades, territorios y organizaciones indígenas que vienen trabajando está temática por años, les urge lograr, a nivel nacional, una efectiva incidencia en la creación de los reglamentos que requiere la Ley SBAP para su implementación; y a nivel local, avanzar en las mesas de gobernanza donde es clave que los pueblos indígenas plateen sus iniciativas de protección y resguardo de aquellos territorios de vida, hoy en manos del estado y la Corporación Nacional Forestal (CONAF), y se les reconozca la gestión y toma de decisiones al interior de los mismos para avanzar a una conservación abierta, participativa e intercultural, en un contexto de continua depredación de la biodiversidad por la especulación de la tierra, la industria inmobiliaria y turística, el extractivismo y las políticas extractivas.
Los intentos de modificación de la Ley de Espacios Costeros Marinos
La Ley de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo), normativa impulsada por las comunidades mapuche lafkenche, pero orientada a todos los pueblos indígenas vinculados al mar, busca el reconocimiento y protección de sus derechos territoriales sobre el borde costero y el mar. Desde su entrada en vigencia en 2008, se establece como mecanismo para entregar en administración un espacio marino delimitado a una comunidad o asociación de ellas, que hayan ejercido el uso consuetudinario de dicho espacio, con el objetivo de preservar sus usos y asegurar la conservación de los bienes naturales comprendidos en él y propender al bienestar de las comunidades.
Desde entonces, esta ley ha sido crecientemente utilizada por diversos pueblos indígenas para la defensa de sus derechos territoriales y la protección de los espacios costeros y marinos, los que se ven cada vez más amenazados por modelos de desarrollo exógenos, el extractivismo y la contaminación. En la actualidad, existen más de 100 solicitudes de Ecmpo, distribuidos en siete regiones del país, abarcando una superficie de más de 30 mil kilómetros cuadrados. Sin embargo, con largos períodos de tramitación que exceden los plazos legales, hoy solo cerca del 13 % de estas solicitudes han llegado al final del proceso. Las trabas políticas y administrativas aparecen desde que se comienza a evidenciar el alcance e impacto que esta ley tendría en el reordenamiento y gobernanza de los espacios marinos y costeros en Chile.
En abril de 2023, se presentó un proyecto de ley que busca modificar la Ley Ecmpo (Boletín nro. 15.862-21), con el objeto de “perfeccionar su implementación”. Sin embargo, el intento de modificación de dicha ley busca recortar los derechos adquiridos por las comunidades indígenas costeras de Chile; ello porque dicha modificación fue impulsada por "sectores vinculados a la explotación indiscriminada de los recursos de mar y avalados por algunos políticos con claros intereses económicos que disfrazan de ‘desarrollo’”[4]
Y porque, desde entonces, se ha intensificado una peligrosa campaña de desinformación en los territorios marinos costeros contra las solicitudes de Ecmpo; así como amedrentamientos y amenazas constantes contra los defensores y defensoras de los espacios costeros. Esto ha sido denunciado en la declaración publica de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar[5].
Y recientemente Daniel Caniullán Huentel, lonko de la Comunidad Indígena Pu Wapi de Melinka, Guaitecas en la región chilena de Aysén, viene siendo objeto de constantes intimidaciones en su rol de autoridad mapuche y como peticionario de la solicitud del Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios Cisnes.[6]
Los intentos de modificación de la Ley Ecmpo y las amenazas a defensores y defensoras de los espacios costeros marinos desconocen las importantes contribuciones que estos espacios proveen al desarrollo social, cultural y político de los pueblos indígenas y del país en general, como aportes a la conservación de los bienes comunes del país, a la soberanía alimentaria de cientos de comunidades y a la economía familiar, local y comunitaria de los pueblos indígenas y de Chile en general. Y desconoce también las alianzas, que en general se han dado, a propósito de los procesos de solicitud y administración de los Ecmpo que se han construido con pescadores artesanales, recolectoras de orillas y otros actores claves en el uso del borde costero.
La Estrategia Nacional del Litio sin consulta
En abril de 2023 el presidente Boric dio a conocer las líneas centrales de la Estrategia Nacional del Litio que su gobierno pretende impulsar. Ello en momentos en que la demanda global por el litio –lo mismo que los precios de este mineral no metálico- crece exponencialmente. Entre las principales acciones que dicha estrategia se propone desarrollar, se encuentran la creación de una Empresa Nacional del Litio, la incorporación del estado en la actividad productiva del Salar de Atacama, la prospección de otros salares que no sean declarados como protegidos, promoviendo en ellos un régimen de explotación que considere el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental. Según lo señalado por el Gobierno, la estrategia tendría como objetivos centrales incorporar capital, tecnología, sostenibilidad y agregación de valor al sector productivo en armonía con las comunidades.
Hasta ahora la explotación del litio en Chile, que es el segundo productor mundial de este mineral no metálico, ha sido desarrollado por empresas privadas nacionales y extranjeras en el Salar de Atacama, territorio tradicional del pueblo Lickanantay o Atacameño. Sus impactos en los derechos de estos pueblos, incluyendo en sus tierras, territorios, aguas, cultura, prioridades de desarrollo entre otros derechos, ha sido denunciados por el Consejo de Pueblos Atacameños (CPA).[7]
Dada la evidente afectación directa que la Estrategia Nacional del Litio, como política pública tiene no solo en el pueblo Lickanantay que habita el Salar de Atacama sino también sobre el pueblo Colla que habita el Salar de Maricunga, en el cual el estado ha autorizado la exploración y explotación de litio por Salar Blanco, empresa de capitales australianos, adquirida durante 2023 por la minera estatal CODELCO, hubiese sido esperable que el Gobierno hubiese sometido a consulta su anuncio, cuestión que hasta la fecha no ocurre.[8] Al cierre del año, CODELCO suscribió un convenio con la empresa SQM de capitales nacionales y chinos para la explotación del Salar de Atacama entre 2030 y 2060. El convenio fue suscrito sin información previa y consulta al pueblo Lickanantay. Ello a pesar de que inicialmente dichas empresas involucraron al Consejo de Pueblos Atacameños en su negociación. Ello viene a repetir un patrón de vulneración del derecho de consulta a los pueblos indígenas por parte del Estado de Chile, además de que genera malestar en el Consejo de Pueblos Atacameños.[9]
José Aylwin, Simón Crisóstomo, Hernando Silva y Karina Vargas, integrantes del Observatorio Ciudadano (www.observatorio.cl).
Este artículo es parte de la 38ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra a un indígena cosechando quinoa en Sunimarka, Perú. Fotografiada por Pablo Lasansky, es la portada del Mundo Indígena 2024 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2024 completo aquí.
Notas y referencias
[1] Instituto Nacional de Estadística. “Síntesis de resultados Censo 2017, 2018”. https://www.censo2017.cl/descargas/home/sintesis-de-resultados-censo2017.pdf
[2] Ibid.
[3] Aylwin, J. “'Una que nos una': promesa incumplida", El Mostrador, 22 de noviembre de 2023. https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2023/11/22/una-que-nos-una-promesa-incumplida/
[4] “Declaración pública ante intento de modificación a la Ley 20.249 – Ley Lafkenche”. Observatorio Ciudadano, 24 de abril de 2023. https://observatorio.cl/declaracion-publica-ante-intento-de-modificacion-a-la-ley-20-249-ley-lafkenche/?fbclid=IwAR17_k5IpxvcgPhq0AYZP3qLtd5QCuNtI1QUKEG81aIs9D9PPT4g7aHSfZw
[5] Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, "Declaración Pública", 21 de enero de 2024, Facebook. https://www.facebook.com/photo/?fbid=319835001023643&set=pcb.319835144356962
[6] Consejo de Autoridades Ancestrales del gran territorio del Sur, "Declaración pública", ICCA, 23 de enero de 2024. https://www.iccaconsortium.org/wp-content/uploads/2024/01/nizol-ngulam-ta-futxa-willimapu-apoyo-longko-caniullan.pdf
[7] Aylwin, J., Didier, M., Mora, O., "Informe evaluación de impacto en derechos humanos de SQM en los derechos del pueblo indígena Lickanantay", Observatorio Ciudadano, 5 de agosto de 2021. https://observatorio.cl/evaluacion-de-impacto-en-derechos-humanos-de-sqm-en-los-derechos-del-pueblo-indigena-lickanantay/
[8] Aylwin, J., "La Estrategia Nacional de Litio y los derechos humanos", El Desconcierto, 27 de abril de 2023 https://www.eldesconcierto.cl/opinion/2023/04/27/la-estrategia-nacional-de-litio-y-los-derechos-humanos.html
[9] Isla, J., "Consejo de Pueblos Atacameños escala sus cuesitonamientos al acuerdo Codelco-SQM y anuncian que exigirán 'retratacciones'", Diario Financiero, 4 de enero de 2024. https://www.df.cl/empresas/salud/consejo-de-pueblos-atacamenos-escala-sus-cuestionamientos-al-acuerdo
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