El Mundo Indígena 2024: Filipinas
Aún se estima que la población indígena abarca entre el 10 % y el 20 % del total nacional de 109.035.343 de habitantes, según el censo de 2020.
Los grupos indígenas de las montañas del norte de Luzón (Cordillera) son conocidos colectivamente como igorot, mientras que a los grupos de la isla meridional de Mindanao se les denomina lumad. En la isla de Mindoro, hay grupos más pequeños conocidos colectivamente como mangyan, así como otros más pequeños y dispersos en las islas Visayas y Luzón, que incluyen varios grupos de cazadores-recolectores en transición.
Los pueblos indígenas de Filipinas han conservado gran parte de su cultura, instituciones sociales y prácticas de subsistencia tradicionales precoloniales. Por lo general, viven en áreas geográficamente aisladas con falta de acceso a los servicios sociales básicos y pocas oportunidades para las actividades económicas principales, la educación o la participación política. En contraste, los recursos naturales comercialmente valiosos, como los minerales, los bosques y los ríos, se encuentran principalmente en sus áreas, lo que los hace continuamente vulnerables a la agresión del desarrollo y al acaparamiento de tierras.
En 1997, se promulgó la Ley de la República nro. 8371, conocida como Ley de los Derechos Indígenas (IPRA, por sus siglas en inglés). Esta ley ha sido elogiada por su apoyo y respeto a la integridad cultural de los pueblos indígenas, al derecho a sus tierras y al derecho a desarrollarlas a partir de su propia determinación. Sin embargo, todavía se busca una implementación más sustanciale, incluso, muchos realizan críticas fundamentales a la ley. Filipinas votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP), pero el gobierno aún no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El año 2023 fue testigo de crecientes amenazas hacia las tierras y los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, ya que el Gobierno del presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ha promovido de manera agresiva las inversiones extranjeras, en especial en los sectores de la minería, la energía renovable y infraestructura. Las tierras ancestrales cubren alrededor de 13 a 14 millones de hectáreas dentro del territorio del país e incluyen 5,3 millones de hectáreas de bosque, lo cual representa un 75 % del manto forestal que aún existe en Filipinas[1]. Por lo general, las tierras indígenas todavía no han sido reconocidas. Aquellos pueblos que buscan reivindicar el reconocimiento de sus dominios ancestrales, tal como lo prevé la Ley de los Derechos Indígenas, se enfrentan a varios obstáculos, como los altos costos que deben afrontarse para obtener el Certificado de Título de Dominio Ancestral (CADT)[2] y el Certificado de Título de Tierra Ancestral (CALT)[3], y la espera promedio de entre 10 a 20 años para procesar el título.
En el 2023, la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (NCIP) alcanzó sólo el 33 % de los 1.531 dominios y tierras ancestrales que se había fijado como objetivo para que obtuvieran un CADT y un CALT[4]. Asimismo, la información recolectada por el Centro de Derechos Legales y de los Recursos Naturales en 2023 muestra un aumento de, al menos, 70.344,96 hectáreas de tierras ancestrales que corren el riesgo de sufrir un impacto ambiental negativo dentro de territorios indígenas o próximos a ellos. Actualmente, el total alcanza los 1,33 millones de hectáreas[5]. Además, el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) continúa siendo un problema central y sufre constantes violaciones por parte de la NCIP y las corporaciones privadas. Por otro lado, el contexto de impunidad persiste ya que los ataques perpetrados por el Estado en el ámbito de los derechos civiles, políticos y colectivos como respuesta a la resistencia de los pueblos indígenas al acaparamiento de tierras y al saqueo de recursos, no cesa.
Energía renovable
Se estima que Filipinas tiene alrededor de 246.000 megavatios (MV) de energía renovable sin explotar y que su capacidad instalada de energía geotérmica, 1.900 MW, la ubica tercera en el mundo[6]. El Programa Nacional de Energía Renovable (NREP 2020 - 2024) del Gobierno ha establecido como objetivo que
la energía renovable represente un 35 % dentro del mix de generación eléctrica para el 2030, y un 50 % para el 2040[7]. En la actualidad, el mix de energía renovable se compone de 4,3 gigavatios (GW) de energía hidráulica, 896 MV de energía solar y 427 MW de energía eólica. Sin embargo, el NREP busca aumentar la capacidad geotermal en un 75 % mediante la expansión de su capacidad instalada de energía hidráulica en un 160 %, lo cual hará que la energía eólica aumente a 2.345 MW, más 277 MW de energía de biomasa[8]. Para los pueblos indígenas, esto significa una construcción agresiva de nuevos proyectos energéticos dentro de sus territorios y la consecuente intensificación de las violaciones al derecho a sus tierras y a los derechos humanos.
En su discurso presidencial del 24 de julio de 2023, el presidente Marcos alardeó de haber otorgado 126 contratos adicionales de energía renovable durante su primer año en el cargo. Desde julio de 2023, existen 1.025 proyectos activos de energía renovable, en su mayoría hidroeléctricos (436)[9]. Marcos apunta a la completa electrificación del país para finales de su mandato en 2028 a través de la estrategia del Gobierno llamada Una Red Eléctrica, Un Mercado[10]. Por otro lado, mencionó de manera frecuente en sus discursos la necesidad de ocuparse del cambio climático.
Para atraer más inversiones extranjeras, el Departamento de Energía reformó la Ley de Energía Renovable en noviembre de 2022 con el propósito de permitir que la participación extranjera en los proyectos de energía renovables pueda ser del 100 %[11]. Con anterioridad, la ley sólo autorizaba la explotación, el desarrollo y la utilización de fuentes de energía renovables a compañías que tuvieran, al menos, un 60 % de capital filipino; mientras que los inversores extranjeros únicamente podían ser titulares del 40 % de las acciones de un proyecto energético. Otros incentivos que se otorgaron a las compañías de energía renovable son la exoneración temporal del impuesto a la renta, la reducción de la tasa del mismo impuesto una vez finalizada la exoneración temporal, y exenciones fiscales por la generación de créditos de carbono a partir de fuentes de energía renovables.
Al enfocarse en este programa, el presidente Marcos ha ignorado a los pueblos indígenas afectados por los proyectos energéticos incluso cuando muchos se encuentran dentro de territorio indígena. Sólo en la región de Cordillera, el Departamento de Energía ha otorgado 100 proyectos de energía renovable que coinciden con grandes extensiones de tierra indígena, muchas de las cuales son focos de biodiversidad, Áreas Conservadas por Comunidades Indígenas[12] y Áreas Protegidas[13]. Dentro de ellos se encuentra una serie de ocho grandes proyectos de energía hidráulica a lo largo del río Apayao, que fueron otorgados a la empresa Pan Pacific Renewable Power Philippines Corporation, y seis proyectos de hidroenergía a lo largo del río Chico y sus afluentes que afectan a alrededor de 17 subtribus del pueblo Kalinga. En la isla de Panay, el proyecto de la megapresa de Jalaur que perjudica a los tumandok está a punto de ser terminado y se espera que comience a operar en 2025[14]. Todos estos proyectos han sido señalados por los incumplimientos al CLPI, la militarización y las violaciones a los derechos humanos luego de la oposición de las comunidades afectadas.
En un país que es propenso a los desastres, esta cruzada de Marcos por mitigar el cambio climático se encuentra en contraposición a la construcción de más megapresas de hidroenergía y a la minería a gran escala que está destruyendo los bosques y el ambiente natural, lo cual produce desastres naturales incluso peores, como los desprendimientos y las inundaciones masivas durante los fuertes tifones.
Minería a gran escala
Se considera que Filipinas es el quinto país más mineralizado del mundo, con un total de recursos minerales valorados en más de USD $ 1,4 billones (aproximadamente € 1,3 billones). Globalmente, tiene el tercer yacimiento de oro más grande; se ubica en la cuarta posición con respecto al cobre; quinto en cuanto al níquel; y sexto en relación con la cromita. Se estima que los recursos carboníferos sin explotar alcanzan los 2,4 millones de toneladas. Sólo el 5 % de las reservas minerales totales del país han sido exploradas y el 3 % de las potenciales áreas mineras se encuentran cubiertas por contratos mineros[15].
Una vez levantada la suspensión de la creación de nuevos contratos mineros y de la prohibición de la minería a cielo abierto en 2021, el Gobierno de Marcos persiguió de manera agresiva la revitalización de la industria minera y la apertura del país a la inversión minera extranjera utilizando como excusa la necesidad de recuperación económica post pandemia. Esto no resultó sorpresivo para los pueblos indígenas que ya saben que la familia Marcos – e incluso los colaboradores del ex dictador Ferdinand Marcos Sr. – poseen compañías mineras, muchas de las cuales operan en territorios indígenas como Benguet Corporation Inc. Sin embargo, esto hará que el saqueo y la destrucción de tierras y recursos indígenas comiencen a empeorar.
El 23 de febrero de 2023, el presidente Marcos emitió el Decreto Ejecutivo nro. 18[16], que estableció las “vías verdes” a través de las cuales todas las agencias nacionales del Gobierno se ven obligadas a acelerar el proceso de aprobación de las licencias y los permisos necesarios en el caso de inversiones estratégicas, lo cual incluye proyectos de minería y energía. Para atraer a los inversores aún más, el 25 de septiembre de 2023, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de Ley de la Cámara nro. 8937, la Ley de Mejora del Régimen Fiscal para la Industria Minera[17]. Algunos elementos destacados de este proyecto de ley son la baja de un 5 % a un 4 % de la tasa de regalías aplicada a la producción bruta de las operaciones dentro de las reservas minerales y la no imposición del impuesto de exportación, aunque mantuvo el 1 % de regalías aplicado a la producción bruta a favor del Gobierno para aquellos que operaran dentro de los dominios ancestrales. A esto, se suman las disposiciones de la Ley de Minería de 1995 que ya beneficiaban a las compañías mineras, como es el caso del 100 % de propiedad de las tierras y la exoneración temporal de impuestos.
Para finales de 2023, la información brindada por la Agencia de Minas y Geociencias reveló que existen 349 permisos y contratos de minería aprobados[18]. Además, cientos de solicitudes para la obtención de estos permisos y contratos todavía siguen siendo procesados. Los nuevos proyectos mineros en tierras indígenas cubren 223.006 hectáreas[19]. Estos continúan siendo rechazados por los pueblos indígenas debido al inmenso impacto sobre el ambiente, la biodiversidad, los recursos, los medios de subsistencia y la cultura indígena. En muchos casos, las comunidades se oponen a los procesos anómalos de obtención del CLPI que rodean las solicitudes mineras, como en el caso del proyecto de Makilala Mining Company[20] en la provincia de Kalinga – que comenzará sus 25 años de operaciones en 2024 – y la expansión de las minas de Sangilo de Itogon-Suyoc Resources, Inc.[21], que inició su actividad en la provincia de Benguet en 1930 y que ahora busca la tramitación rápida de su proyecto de expansión con el objetivo de operar por 25 años más a través de un permiso minero especial.
En el camino, algunos de los beneficios de las luchas antimineras locales fueron las victorias legales. En la isla de Sibuyan, apodada por los naturalistas la “Galápagos de Asia”, el pueblo Sibuyan Mangyan Tagabukid presenta resistencia a la concesión minera de níquel propiedad de Altai Philippines Mining Corporation (APMC), una subsidiaria de la compañía canadiense Altai Resources Inc., cuyo proyecto interfiere con un área protegida y un foco de biodiversidad. Aún sin contar con un permiso para operar y a pesar de las protestas de los pueblos, APMC ha extraído minerales, ha talado árboles y ha construido una carretera elevada para edificar una instalación portuaria[22]. Esto hizo que los pueblos de Sibuyan solicitaran el recurso de kalikasan[23] ante la Corte Suprema y en contra de APMC, el Departamento de Recursos Ambientales y Naturales (DENR), y la Agencia de Minas y Geociencias (MGB). El 13 de junio de 2023, la Corte Suprema otorgó el recurso de kalikasan, pero rechazó el pedido de emisión de una Orden Temporal de Protección Ambiental[24].
De manera similar, en la provincia de Palawan, Ipilan Nickel Corporation y Celestial Mining operaban un proyecto de minería de níquel en áreas que se encontraban dentro del Sistema Nacional de Áreas Integradas Protegidas[25] y donde no se había obtenido el CLPI de los pala’wan. Este pueblo solicitó el recurso de kalikasan ante la Corte Suprema contra las compañías DENR y MGB. La Corte otorgó dicho recurso el 16 de agosto de 2023 y expresó que las operaciones mineras podían causar un daño irreparable al área protegida y al dominio ancestral, que ponen en peligro a los residentes, y que la continuación de las operaciones ocasionaría daños ambientales como los ya vistos, inundaciones extremas y contaminación de las áreas pesqueras[26].
Se intensifican ataques contra los defensores de las tierras indígenas
En un informe de Global Witness del 2023, se mencionó que Filipinas continuaba siendo, por décimo año consecutivo, el país asiático donde más corría el riesgo la vida de los defensores de las tierras y el ambiente. También seguía encontrándose entre los cinco países más peligrosos para los defensores de las tierras y el ambiente a nivel mundial[27]. Según el informe, de los 16 asesinatos documentados de Asia, 11 tuvieron lugar en Filipinas. En todo el país, los defensores indígenas de las tierras ancestrales, del ambiente y de los derechos humanos están experimentando ataques intensificados que son el resultado de la implementación por parte del Estado de leyes y políticas “contra las insurgencias” y “antiterroristas”, las cuales llevaron a la creación del Grupo de Trabajo Nacional para Poner Fin al Conflicto Armado Comunista Local (NTF-ELCAC) y la Ley Antiterrorismo del 2020 (ATA).
KATRIBU, la Alianza Nacional de organizaciones de los pueblos indígenas, y SANDUGO, la Alianza de Pueblos Indígenas y Moro, han documentado 12 casos de víctimas de secuestro y desaparición forzada, 87 víctimas de asesinatos extrajudiciales, y 316 víctimas de arrestos arbitrarios sufridos por individuos pertenecientes a comunidades indígenas y Moro durante el Gobierno de Marcos Jr[28]. Asimismo, muchos activistas indígenas enfrentan cargos penales falsos. KATRIBU también ha registrado 10 incidentes de bombardeos, fuego de artillería y ametrallamiento en comunidades indígenas entre julio de 2022 y noviembre de 2023. Estos hechos incluyen el bombardeo aéreo y fuego de artillería ocurrido en el barangay (o barrio) Gawaan en marzo de 2023, y la subsiguiente intensificación de la militarización de los barangays Gawaan y Poswoy a partir de esa fecha[29]. Ambos barangays se ubican en Balbalan, Kalinga, y se los conoce por su fuerte resistencia a los proyectos de hidroenergía propuestos en el Saltan. De hecho, de manera consistente, han registrado su oposición en el proceso de CLPI en curso.
El Gobierno, también, ha empezado a utilizar la rigurosa Ley Antiterrorismo (ATL)[30] en contra de los activistas indígenas. El 7 de junio de 2023, cuatro líderes de la Alianza de los Pueblos de Cordillera (CPA), incluido el presidente Windel Bolinget, fueron arbitrariamente considerados terroristas por el Consejo de Antiterrorismo (ATC) conforme a la Resolución nro. 41 del ATC[31]. La ley, aprobada en el 2020, enfrentó una fuerte oposición de los pueblos indígenas debido a su implicancia durante las luchas de las comunidades, las cuales podrían ser interpretadas erróneamente como actos de terrorismo. Varios grupos locales e internacionales condenaron el uso del término “terrorista” al considerarlo sin fundamento, injusto, inconstitucional y aplicado sin el debido proceso. Estas cuatro personas llamadas “terroristas” son conocidos defensores de los pueblos indígenas, el ambiente y los derechos humanos. Antes de que ocurriera esto, ya habían estado en la mira de las autoridades durante mucho tiempo, habían sido llamados terroristas, habían recibido cargos falsos, habían sido víctimas de abuso, vigilancia, y secuestro, que luego fueron rechazados por los tribunales por falta de pruebas. Este fue el caso de una falsa acusación de rebelión, la cual llevó al arresto y la posterior detención de Jennifer Awingan-Taggaoa el 30 de enero de 2023[32]. Bolinget y otros activistas indígenas también fueron incluidos, y luego eliminados, de la lista incluida en la petición de proscripción de terroristas del 2018 del Departamento de Justicia.
Estos cuatro fueron los primeros activistas indígenas en ser considerados “terroristas” bajo los parámetros de la nueva ley, lo cual los hizo blanco de posibles arrestos sin las órdenes correspondientes, de detenciones sin poseer cargos, de asesinatos extrajudiciales y de desapariciones forzadas. Inmediatamente después de haber sido llamados terroristas el 10 de julio de 2023, se congelaron las cuentas bancarias de estas cuatro personas – y de algunos miembros de sus familias y de la CPA – alegando la existencia de una resolución emitida por el Consejo de Antilavado de Dinero (Resolución nro. TF-67[33]) como consecuencia de haber sido llamados terroristas. El congelamiento de las cuentas bancarias afectó las necesidades económicas de todos ellos y de sus familias. Aunque la CPA no fue considerada una organización terrorista, sus cuentas bancarias fueron congeladas escudándose en la misma resolución del Consejo de Antilavado de Dinero (AMLC). Esto impide que las comunidades indígenas de Cordillera obtuvieran el apoyo y los servicios que reciben a través de la Alianza.
Los cuatro activistas también fueron los primeros en cuestionar la calificación “terrorista” frente a la justicia. Luego de que el ATC les denegara su pedido para que sus nombres fueran eliminados de la lista donde el Gobierno los incluía como terroristas, presentaron un escrito judicial solicitando la anulación de la Resolución nro. 41 del ATC. Incluso, cuestionaron la constitucionalidad de la ATL en los tribunales el 23 de noviembre de 2023[34]. Durante la primera audiencia llevada a cabo el 14 de diciembre de 2023, se consideró el pedido de los cuatro activistas y se evaluó la posibilidad de ordenar la adopción de una medida cautelar que suspendiera de manera temporal los efectos de haber sido considerados terroristas. En especial, el propósito era brindarles seguridad y protección, así como acceso a sus medios económicos. En ese momento, los cuatro activistas fueron acosados por un oficial de policía vestido de civil que portaba un arma de fuego, lo cual se encuentra prohibido dentro de los tribunales[35]. El incidente demostró que la seguridad y la protección de los cuatro activistas no puede garantizarse luego de haber sido arbitrariamente calificados como terroristas. El caso todavía continúa.
El Examen Periódico Universal y la visita oficial del Relator Especial de las Naciones Unidas
El 27 de marzo de 2023, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas adoptó el informe de resultados del Examen Periódico Universal (EPU) de Filipinas. En este cuarto ciclo del EPU, el Gobierno de Filipinas aceptó 215 de las 289 recomendaciones y declaró que “no existía política alguna que atacara u hostigara a los defensores de los derechos humanos y que el país contaba con un espacio cívico abierto que permitía que los representantes de la sociedad civil y los medios de comunicación cumplieran con su papel dentro de la sociedad”[36]. Sin embargo, los pueblos indígenas y los grupos de derechos humanos se sintieron decepcionados ya que no se produjeron mejoras sustanciales respecto de la situación de los derechos humanos y al espacio democrático del país. Creen que las políticas de contrainsurgencia y la ley de antiterrorismo sólo traerán como consecuencia más asesinatos y serias violaciones a los derechos humanos.
Los pueblos indígenas de Filipinas continúan involucrando a los órganos de las Naciones Unidas. El 19 de julio de 2023, la Relatora Especial sobre los defensores de los derechos humanos publicó una copia de la comunicación de la Relatora Especial y otros expertos de las Naciones Unidas dirigida al Gobierno de Filipinas donde habían manifestado serias preocupaciones sobre la acusación penal recibida por los líderes de la CPA y otros defensores de los derechos humanos. También incluyeron el hecho de tenerlos en la mira, el llamarlos terroristas y por representarlos a ellos y a su trabajo como una amenaza para la seguridad nacional[37].
Desde el 6 al 15 de noviembre de 2023, Ian Fry, el primer Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos en el contexto del cambio climático, visitó Filipinas luego de recibir una invitación del Gobierno[38]. El día 7 de noviembre los pueblos indígenas participaron de un diálogo de la sociedad civil junto con el relator. Allí, presentaron casos de violaciones a los derechos humanos y de continuo saqueo de las tierras ancestrales en el contexto del cambio climático. Hacia el final de la visita, los pueblos indígenas elogiaron a Fry por las fuertes recomendaciones realizadas al Gobierno para revocar la ATA y abolir al NTF-ELCAC, ya que facilitan las violaciones a los derechos humanos y permiten acosar a los defensores del ambiente[39].
Como el Gobierno de Marcos Jr. continúa el legado sangriento de su padre – el fallecido dictador Ferdinand Marcos Sr. – y del ex presidente Duterte, los pueblos indígenas no esperan una disminución de las violaciones de los derechos humanos, ni del saqueo de recursos durante los próximos años.
Sarah Bestang K. Dekdeken es una kankanaey igorot de la región de la Cordillera, al norte de Filipinas. Es la actual secretaria general de la Alianza de los Pueblos de la Cordillera, una federación de organizaciones de pueblos progresistas, en su mayoría organizaciones de base popular entre las comunidades indígenas de la región.
Este artículo es parte de la 38ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra a un indígena cosechando quinoa en Sunimarka, Perú. Fotografiada por Pablo Lasansky, es la portada del Mundo Indígena 2024 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2024 completo aquí.
Notas and referencias
[1] Centro de Derechos Legales y de los Recursos Naturales. “State of Indigenous Peoples Address: 2022 Report”. Centro de Derechos Legales y de los Recursos Naturales. https://www.lrcksk.org/post/sipa-2022-report-launched-half-of-ancestral-domains-found-under-environmental-threat
[2] Según la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas, un Certificado de Título de Dominio Ancestral hace referencia a un título que reconoce formalmente el derecho de posesión y la propiedad a favor de los pueblos indígenas sobre los dominios ancestrales identificados y delimitados conforme a la ley. https://www.officialgazette.gov.ph/1997/10/29/republic-act-no-8371/
[3] Según la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas de Filipinas, un Certificado de Título de Tierra Ancestral hace referencia a un título que reconoce formalmente los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales. https://www.officialgazette.gov.ph/1997/10/29/republic-act-no-8371/
[4] Centro de Derechos Legales y de los Recursos Naturales. “State of Indigenous Peoples Address: 2023 Report”. Centro de Derechos Legales y de los Recursos Naturales. https://www.lrcksk.org/_files/ugd/dc2292_1ccc60a6346b4d849dfb1a4b9d8b3f1a.pdf
[5] Ibídem.
[6] Medina, Ayman Falak. “Philippines Central Bank to Introduce Incentives for Green Financing”. ASEAN Briefing, 15 de septiembre de 2023. https://www.aseanbriefing.com/news/philippines-central-bank-to-introduce-incentives-for-green-financing/#:~:text=The%20Philippines%20has%20an%20estimated,and%20the%20US%20on%20top.&text=Dezan%20Shira%20%26%20Associates%20has%20helped,China%2C%20ASEAN%2C%20and%20India
[7] Comunicado de prensa de Philippine News Agency. “New RE plan targets 35 % share of power generation by 2030”. Philippine News Agency, 13 de noviembre de 2021, https://www.pna.gov.ph/articles/1159659
[8] Koty, Alexander Chipman. “Philippines Opens Renewable Energy to Full Foreign Ownership”. ASEAN Briefing, 11 de enero de 2023. https://www.aseanbriefing.com/news/philippines-opens-renewable-energy-to-full-foreign-ownership/#:~:text=The%20Philippines%27%20untapped%20renewable%20energy,and%20the%20US%20on%20top.
[9] Gozum, Iya. “Marcos says gov’t ‘aggressively’ promoting renewable energy”. Rappler, 25 de julio de 2023. https://www.rappler.com/nation/sona-2023-marcos-jr-says-government-aggressively-promoting-renewable-energy/#:~:text=Marcos%20echoed%20the%20goals%20stated,to%2050%25%20by%202040.”
[10] Antonio, Raymund. “Full electrification in PH ‘within reach’, says Marcos in his SONA”. Manila Bulletin, 24 de julio de 2023. https://mb.com.ph/2023/7/24/full-electrification-in-ph-within-reach-says-marcos-in-his-sona
[11] Circular del Departamento de Energía N.° 2022-11-0034 que establece reformas al Artículo 19 de la Circular del Departamento nro. 2009-05-0008 titulado Reglas y Reglamentación de la Ley de la República nro. 9513, también conocida como “la Ley de Energía Renovable de 2008”. https://www.doe.gov.ph/sites/default/files/pdf/issuances/dc2022-11-0034.pdf
[12] Baguilat, Teddy. Indigenous Community Conservation Areas in the Philippines include sacred sites and natural features, indigenous territories, cultural landscapes and seascapes. https://www.cbd.int/traditional/nature-culture/Panel1_ICCA_Philippines_Teddy_Baguilat.pdf
[13] Según la Ley de la República nro 7586, las Áreas Protegidas se definen como “porciones de tierra y agua apartadas debido a su importancia física y biológica única, con el propósito de incrementar su diversidad biológica y protegerlas de la explotación humana destructiva”. https://bmb.gov.ph/protected-area-development-and-management/philippine-protected-areas/
[14] Tayona, Glenda. “Jalaur mega dam operational by 2025.” Panay News, 9 de marzo de 2023. https://www.panaynews.net/jalaur-mega-dam-operational-by-2025/
[15] “Mining in the Philippines: a new chapter”. Comisión Australiana de Comercio e Inversión, 13 de julio de 2023. https://www.austrade.gov.au/en/news-and-analysis/analysis/mining-in-the-philippines-a-new-chapter
[16] Decreto Ejecutivo N.° 18, 2023: https://www.officialgazette.gov.ph/2023/02/23/executive-order-no-18-s-2023/
[17] Comunicado de Prensa de la Cámara de Representantes. “Bill enhancing PH fiscal mining regime gets final House nod”. Cámara de Representantes, 26 de septiembre de 2023. https://congress.gov.ph/press/details.php?pressid=12719#:~:text=8937%20would%20give%20the%20government,of%20the%20country%27s%20mining%20industry.
[18] Permisos y Contratos Mineros Aprobados. DENR - Agencia de Minas y Geociencias, 15 de enero de 2024. https://mgb.gov.ph/2015-05-13-01-44-56/2015-05-13-01-46-18/2015-06-03-03-42-49
[19] Discurso sobre el Estado de los Pueblos Indígenas 2023. Centro de Derechos Legales y de los Recursos Naturales – Friends of the Earth Philippines. https://www.lrcksk.org/publications
[20] Kinao, Menchie. “25-year underground mining in Pasil may begin project construction next year”. Guru Press, 13 de junio de 2023. https://www.gurupress-cordillera.com/post/25-year-underground-mining-in-pasil-may-begin-project-construction-next-year
[21] De Vera, Sherwin. “Mining firm’s planned expansion threatens Benguet village”. Rapper, 31 de enero de 2024. https://www.rappler.com/nation/luzon/mining-firm-planned-expansion-threatens-benguet-village-january-29-2024/
[22] Sarao, Zacarian. “Nickel mine threatens Philippines biodiversity hotspot on Sibuyan Island (analysis)”. Mongabay, 6 de diciembre de 2023. https://newsinfo.inquirer.net/1796832/supreme-court-issues-writ-of-kalikasan-against-denr-mgb-mining-firm-in-sibuyan-island
[23] El recurso de kalikasan es un remedio legal que protege el derecho de cada uno de tener acceso a “una ecología balanceada y saludable de acuerdo con el ritmo y la armonía de la naturaleza”.
[24] Sarao, Zacarian. “Supreme Court issues writ of kalikasan vs DENR, MGB, mining firm in Sibuyan.” Inquirer.Net, 3 de julio de 2023. https://newsinfo.inquirer.net/1796832/supreme-court-issues-writ-of-kalikasan-against-denr-mgb-mining-firm-in-sibuyan-island
[25] El Sistema Nacional de Áreas Integradas Protegidas (NIPAS) hace referencia a la clasificación y la administración de todas las áreas protegidas designadas con el propósito de mantener los procesos ecológicos esenciales y sus sistemas de soporte vital, de preservar la diversidad genética, de asegurar el uso sostenible de los recursos que allí se encuentren, y de mantener su condición natural tanto como fuere posible.
https://lawphil.net/statutes/repacts/ra1992/ra_7586_1992.html
[26] Corte Suprema de la República de Filipinas. “Supreme Court Issues Writ of Kalikasan Against DENR and Mining Operators in Mt. Mantalingahan, Palawan”. Corte Suprema de la República de Filipinas, 16 de agosto de 2023. https://sc.judiciary.gov.ph/supreme-court-issues-writ-of-kalikasan-against-denr-and-mining-operators-in-mt-mantalingahan-palawan/
[27] Global Witness. “Standing firm. The Land and Environment Defenders on the frontlines of the climate crisis”. Global Witness, 13 de septiembre de 2023. https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/standing-firm/
[28] Declaración de Katribu y Sandugo. “Indigenous and Moro groups seek UN SR probe into freedom of expression ahead of visit”. Katribu y Sandugo, 16 de enero de 2024. https://www.linkedin.com/pulse/indigenous-moro-groups-seek-beverly-l-longid-uqw5c
[29] Contribuidores de Bulatlat. “Explosions in Kalinga community cause fear, anxiety.” Bulatlat, 25 de julio de 2023, https://www.bulatlat.com/2023/07/25/explosions-in-kalinga-community-cause-fear-anxiety/
[30] Carino, Jill. The Indigenous World 2021: Philippines. https://www.iwgia.org/en/philippines/4243-iw-2021-philippines.html
[31] Boletín Oficial. “Anti-Terrorism Council Resolution nro. 41”. Boletín Oficial. https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2023/06jun/20230607-ATC-Resolution-41-FRM.PDF
[32] De Vera, Sherwin. “Cordillera activist arrested, more face rebellion charges.” Northern Dispatch, 30 de enero de 2023. https://nordis.net/2023/01/30/article/news/car/cordillera-activist-arrested-more-face-rebellion-charge/
[33] Notificación del Consejo de Antilavado de Dinero sobre la Resolución del AMLC nro. TF-67, Serie del 2023. http://www.amlc.gov.ph/images/PDFs/Main/Notice%20of%20TF%2067%20re%20ATC%20Resolution%2041%20(2023)%20For%20Publication.pdf
[34] De Vera, Sherwin. “Cordillera activists file court challenge on terrorist designation.” Rappler, 24 de noviembre de 2023. https://www.rappler.com/philippines/cordillera-activists-file-court-challenge-terrorist-designation/#:~:text=FIGHTING%20BACK.,delisting%20petition%20in%20Baguio%20City
[35] De Vera, Sherwin. “Lawyers condemn harassment of clients inside Baguio’s justice hall.” Northern Dispatch, 16 de diciembre de 2023. https://nordis.net/2023/12/16/article/news/lawyers-condemn-harassment-of-clients-inside-baguios-justice-hall/
[36] Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.Human Rights Council Adopts Universal Periodic Review Outcomes of India, Finland, and the Philippines. https://www.ohchr.org/en/news/2023/03/human-rights-council-adopts-universal-periodic-review-outcomes-india-finland-and
[37] Comunicación conjunta de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos y los expertos de las Naciones Unidas dirigida al Gobierno de Filipinas. https://srdefenders.org/philippines-criminal-charges-smears-harassment-against-human-rights-defenders-working-on-indigenous-peoples-land-environmental-rights-joint-communication/
[38] Departamento de Relaciones Exteriores de Filipinas. “Philippines welcomes visit of UN Special Rapporteur on Climate Change and Human Rights”. Departamento de Relaciones Exteriores de Filipinas, https://dfa.gov.ph/dfa-news/dfa-releasesupdate/33624-philippines-welcomes-visit-of-un-special-rapporteur-on-climate-change-and-human-rights
[39] Bautista, Jane. “UN rapporteur to PH; Repeal anti-terror law, abolish anti-communist task force.” Inquirer.net, 16 de noviembre de 2023. https://globalnation.inquirer.net/222679/un-rapporteur-to-govt-repeal-antiterror-law-abolish-anti-red-task-force#:~:text=United%20Nations%20Special%20Rapporteur%20Ian,the%20harassment%20of%20environmental%20defenders
Etiquetas: Clima, Derechos Territoriales, Defensores de derechos humanos indígenas, Empresas y derechos humanos
