El Mundo Indígena 2024: Kenia
Los pueblos que se identifican con el movimiento indígena en Kenia son principalmente pastores y cazadores-recolectores, así como algunos pueblos de pescadores y pequeñas comunidades agrícolas. Se calcula que los pastores representan el 25 % de la población nacional, en tanto que la comunidad individual más grande de cazadores-recolectores cuenta con aproximadamente 79.000 integrantes. Los pastores ocupan principalmente las tierras áridas y semiáridas del norte del país y por el sur se encuentran en la frontera con Tanzania. Entre los cazadores-recolectores se cuentan los ogiek, los sengwer, los yiaku, los waata y los awer (boni), mientras que los pastores son los turkana, los rendille, los borana, los masái, los samburu, los ilchamus, los somalíes, los gabra, los pokot y los endorois, entre otros.
Todos ellos enfrentan una situación de inseguridad en cuanto a la tenencia de tierras y de recursos, a una prestación de servicios deficiente, una escasa representación política, además de discriminación y exclusión. Su situación parece empeorar cada año, dada la competencia cada vez mayor por los recursos presentes en sus zonas.
Las mujeres indígenas de Kenia se enfrentan a múltiples limitaciones y retos sociales, culturales, económicos y políticos. En primer lugar, por pertenecer a minorías y pueblos marginados a nivel nacional y, en segundo lugar, por prejuicios sociales y culturales internos, los cuales continúan privándolas de igualdad de oportunidades para superar los altos niveles de analfabetismo y pobreza. Asimismo, les ha impedido tener voz para orientar e influir en la gobernanza cultural y política, así como en las políticas y procesos de desarrollo, debido a la desigualdad en las relaciones de poder tanto a nivel local como nacional.
Kenia ha ratificado la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujerclp y la Convención sobre los Derechos del Niño, pero no la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ni el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El capítulo cuarto de la Constitución keniana contiene una declaración de derechos progresista que convierte el derecho internacional en un componente clave de las leyes del país y garantiza la protección de las minorías y los grupos marginados. Los artículos 33, 34, 35 y 36 garantizan la libertad de expresión, de los medios de comunicación, de información y de reunión. Sin embargo, el principio del consentimiento libre, previo e informado sigue siendo un reto para los pueblos indígenas de Kenia, aunque la Constitución garantiza la participación de la población[1].
La actual situación económica de Kenia se resume en una crisis irresoluble. El hecho de que un número desproporcionado de comunidades indígenas siga soportando el peso de crisis tras crisis, según lo evidencian los impactos del cambio climático, inseguridad alimentaria y contra la propia integridad, constituye una grave denuncia contra el statu quo.
Sin embargo, pese a algunos cambios en la retórica, los proyectos de financiación climática destinados a la mayoría de las regiones de los pueblos indígenas no parecen salvar la brecha de la desigualdad y, en casi todos los casos, están coordinados por las élites.
Por otra parte, a pesar de los esfuerzos concertados para garantizar los derechos colectivos a la tierra de las comunidades, acciones perturbadoras como el desalojo de la comunidad Ogiek son un recordatorio palpable de que estamos lejos de garantizar los derechos humanos y, en particular, los derechos de tenencia de la mayoría de las comunidades indígenas de Kenia.
Cambio climático
El contexto climático de la mayoría de los pueblos indígenas de Kenia en 2023 podría resumirse en pocas palabras: “de sequía a inundaciones devastadoras”[2]. Parecía como si las tan esperadas lluvias hubieran traído consigo el desastre en igual medida, ya que no solamente cobraron vidas, ganado y destruyeron viviendas, sino que también pusieron en peligro la salud de las comunidades, y agravaron los problemas a los que ya se enfrentaban las comunidades vulnerables.
Las inundaciones, que afectaron a 38 condados de Kenia, dejaron sin hogar a más de 500.000 personas y mataron miles de cabezas de ganado. Aunque la llegada de las lluvias alivió la sequía, también aumentó significativamente el riesgo de contraer enfermedades contagiosas y amenazó aún más los medios de subsistencia, principalmente los de las comunidades indígenas. Las precipitaciones por encima del promedio, sobre todo en noviembre, provocaron destructivas inundaciones en Mandera, Wajir, Garissa, Turkana, el río Tana, Isiolo y Samburu, donde los ríos se desbordaron. En total, se inundaron unas 640.000 hectáreas de tierras en el norte de Kenia[3].
Sin embargo, a pesar del impacto de las inundaciones, las lluvias también contribuyeron a mejorar la producción ganadera y el acceso de los hogares a la leche. El hecho de tener un mayor acceso a la leche para la venta y el consumo, y unos precios del ganado muy por encima del promedio, contribuyó a mantener el poder adquisitivo de los hogares frente al elevado precio de los alimentos básicos en la maltrecha economía actual[4].
Cumbre Africana sobre el Clima
La primera Cumbre Africana sobre el Clima, celebrada del 4 al 6 de septiembre y auspiciada por el gobierno keniano, coincidió con la Semana del Clima en África. La cumbre fue un momento para que los Estados africanos definieran un plan colectivo para la acción climática en África.
Sin embargo, al parecer la cumbre se centró más en las soluciones comerciales para mitigar la crisis climática, concretamente en la venta de créditos de carbono, en lugar de abordar las crisis humanitarias derivadas de factores inducidos por el clima, como inundaciones y sequías, especialmente en un momento en el que Kenia se encuentra en su séptimo año consecutivo de sequía.
Otro tema que no cobró importancia en los debates sobre el cambio climático fue el de los derechos sobre la tierra y de tenencia, y de qué manera la acción climática prevista afectará estos derechos en África. Aunque muchos esperaban que la Cumbre africana pusiera en primer plano este tema, en la práctica no ocupó un lugar tan destacado. La acción climática mundial dirigida a abordar las causas y los efectos del cambio climático incluye un conjunto de acciones que en su mayoría deben llevarse a cabo en la tierra y, en consecuencia, en los territorios de las comunidades indígenas y otras comunidades que viven en estas zonas, a las que se debe dar la máxima prioridad, y tener en cuenta sus derechos de tenencia.
Está claro que las prioridades de Kenia en el discurso climático son principalmente reflejar una agenda occidental que gire en torno a los sumideros de carbono, el secuestro de carbono y los enfoques climáticamente positivos. En la cumbre no se logró nada para el medio ambiente, salvo que nos enteramos de que Kenia sigue siendo un ejemplo clásico de Estado cliente de los proyectos occidentales, que se esfuerza por permitir la expansión del imperialismo internacional.
Además, la participación de Kenia en la COP28 en Dubái tuvo como telón de fondo esta Cumbre. Al tiempo que se sigue barajando el mismo concepto de benevolencia, el inicio de la COP28 reveló un nuevo acuerdo comercial de carbono que resulta problemático entre Blue Carbon —una empresa con sede en los Emiratos Árabes Unidos— y Kenia, Tanzania, Liberia, Zambia y Zimbabue, que abarca una superficie del tamaño del Reino Unido. Según los informes, el acuerdo en Kenia afectaba cientos de hectáreas de bosques y ponía en peligro a miles de indígenas[5].
Situación de los derechos humanos
Desalojos de ogiek del bosque de Mau
En mayo de 2017, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos dictó sentencia en el caso de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos contra la República de Kenia[6]. La Corte declaró que el gobierno keniano había violado los derechos de la comunidad indígena Ogiek consagrados en la Carta Africana y ordenó al gobierno que tomara las medidas apropiadas en un plazo razonable para remediar todas las violaciones establecidas por la Corte.
En 2022, la Corte reafirmó aún más su fallo de 2017, esbozando soluciones para la comunidad Ogiek y ordenando al gobierno keniano que tomara todas las medidas necesarias, en consulta con la comunidad y sus representantes, para identificar, delimitar y conceder títulos de propiedad colectiva de la tierra a la comunidad y, por ley, garantizarles el uso y disfrute de sus tierras sin restricciones[7].
Sin embargo, las cosas dieron un giro drástico a partir del 2 de noviembre, cuando los esfuerzos conjuntos del Servicio de Fauna y Flora Silvestres de Kenia y el Servicio Forestal de Kenia iniciaron el desalojo forzoso de más de 700 residentes ogiek de sus hogares tras la destrucción masiva de viviendas en Sasimwani, en el Complejo Mau. Estos desalojos se produjeron sin reparación ni planes de reubicación o restitución. Las flagrantes violaciones de los derechos humanos cometidas contra la comunidad Ogiek y el incumplimiento descarado de las órdenes de la Corte reflejan el alto nivel de impunidad que existe en el sistema de gobierno keniano e incumplen la obligación del Estado de observar, respetar, proteger, promover y cumplir los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Carta de Derechos[8]. La reticencia del gobierno a aplicar las dos decisiones de la Corte Africana que reconocen los derechos de los ogiek sobre sus tierras, la expedición de títulos legítimos y el pago efectivo de las indemnizaciones señaladas coloca a los residentes de diversas partes del Complejo Forestal de Mau en una situación precaria de tenencia insegura.
Tras estos desalojos, el 15 de noviembre el Tribunal de Medio Ambiente y Tierras de Kenia dictó una orden judicial a la espera de una resolución sobre los derechos territoriales de los ogiek.
Nuevas leyes
Proyecto (de enmienda) de leyes sobre la tierra de 2023
Entre las enmiendas propuestas en el proyecto de enmienda de leyes sobre la tierra de 2023[9] se incluye el desplazamiento de la autoridad para la adquisición forzosa de la Comisión Nacional de Tierras al Ministerio de Tierras a través del Secretario del Gabinete. El concepto de una entidad independiente (la Comisión Nacional de Tierras) para gestionar las tierras públicas, tal y como prevé el artículo 62 de la Constitución, reafirma una recomendación en un momento en el que la reforma agraria era una necesidad debido a la preocupación por los males sociales, económicos y políticos asociados a la historia de la tierra en Kenia, un factor vital en la dinámica de la reforma agraria. Esto explica el deseo de crear una entidad pública con un mandato sobre los recursos de la tierra, independiente del gobierno central[10]. Sin embargo, la propuesta de desdibujar el principio fundacional de la separación de poderes amenaza los procedimientos y directrices independientes implicados durante la adquisición obligatoria de tierras para un fin público.
En consonancia con la agenda de desarrollo de Kenia, es evidente que la mayoría de los megaproyectos en los que subyace la necesidad de emplear el principio de adquisición forzosa están ubicados en tierras de pueblos indígenas. Esto coloca a las comunidades indígenas en una situación precaria en la que se cruzan intereses contrapuestos de las comunidades y del gobierno central; un factor que probablemente refleje contextos históricos en los que la autocracia generalmente socavaba los derechos de las comunidades.
A medida que el proyecto de ley avanza por las distintas fases del proceso parlamentario (en la actualidad se encuentra en la fase del Comité), sigue siendo una propuesta legislativa con implicaciones vitales para las comunidades indígenas de Kenia.
La Ley sobre Cambio Climático Enmendada de 2023 y el Reglamento sobre el Cambio Climático (Mercados de Carbono) de 2023
Para ajustarse a las normas de regulación del carbono, el Gobierno también ha intensificado sus esfuerzos para definir un marco legal que guíe el comercio del carbono. Desde marzo de 2023, el Gobierno está elaborando una legislación para regular los proyectos de compensación de emisiones de carbono.
El Reglamento sobre el Cambio Climático (Mercados de Carbono)[11] propuesto se hizo de conformidad con la Ley sobre el Cambio Climático Enmendada de 2023[12], que tiene como objetivo proporcionar un marco normativo para brindar una mejor respuesta frente al cambio climático, así como mecanismos y medidas para lograr un desarrollo bajo en carbono. La Ley incorpora los mercados de carbono y establece disposiciones para la participación en los mercados de carbono con el fin de mejorar la resiliencia al cambio climático y determinar mecanismos de reparto de beneficios que tengan una mayor importancia para muchas comunidades que habitan en tierras comunitarias en Kenia, incluidas las comunidades indígenas.
Sin embargo, la ley no sitúa los derechos sobre la tierra, o la propiedad sobre esta, como el eje de estos proyectos y, en consecuencia, no ofrece salvaguardias a las comunidades indígenas y locales que dependen de estas tierras para su subsistencia y seguridad alimentaria[13].
Algunas de las disposiciones más destacadas del reglamento son la frecuente referencia a ciertos términos como “idea de proyecto”, “periodo de crédito de carbono” y “proyecto comunitario” sin definiciones claras, algo que tampoco figura en el texto de la ley. La falta de claridad en cuanto al significado de estos términos podría llevar a que los inversionistas en mercados de carbono sufran retrasos debido a tecnicismos a la hora de presentar las solicitudes de aprobación necesarias cuando deseen emprender proyectos de carbono. Por ejemplo, una “idea de proyecto”[14] tiene que ser aprobada antes de que se pueda redactar una “nota conceptual del proyecto”, pero no se esbozan las características de una idea de proyecto.
Del mismo modo, la formulación de la ley sugiere que las comunidades son las únicas beneficiarias[15]. Sin embargo, reconociendo que muchos de los proyectos de compensación de carbono se basan en la tierra, las comunidades no son simplemente “comunidades afectadas”[16] sino accionistas clave del proyecto. El uso del término “comunidades afectadas”, tanto en la ley como en el reglamento, supone que las comunidades solo reciben el impacto del proyecto y no desempeñan ningún papel a la hora de contribuir a reducir las emisiones de carbono y aumentar la absorción.
El proyecto de carbono en praderas es un ejemplo de proyecto de compensación de carbono en el que las comunidades ocupan un lugar central en la metodología y son la columna vertebral de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Faltan formas específicas de involucrar a las comunidades que viven en zonas donde se encuentran los principales sumideros de carbono, en particular los pastizales del norte y del sur, así como las regiones costeras. El lenguaje utilizado en los Acuerdos de Desarrollo Comunitario (ADC) debe ser sencillo y no demasiado técnico para las comunidades locales. Asimismo, el gobierno debe dedicar fondos suficientes para crear conciencia en la comunidad en relación con los mercados de carbono para cumplir con su mandato de educación pública.
Mali Ole Kaunga es masái laikipiak y experto en pueblos indígenas con un interés especial en los derechos sobre la tierra, el impacto de las inversiones y negocios en los pueblos indígenas, y la acción y el movimiento colectivo, así como en el desarrollo de capacidades en torno a los recursos naturales. Es el fundador y director de IMPACT (Movimiento Indígena para el Avance de la Paz y la Transformación de Conflictos, www.impactkenya.org), coordinador de PARAN (Alianza de Pastores para la Resiliencia y la Adaptación en los Pastizales del Norte) y asesor principal del equipo de investigación de Shared Lands (www.shared-lands.com). Además, es coorganizador de la Alianza Panafricana para los Pueblos Indígenas y las Comunidades Locales (www.aica-africa.org).
Purity N. Gakuo, directora de inversión responsable, empresa y derechos humanos de IMPACT, contribuyó a este artículo. Purity es abogada del Tribunal Superior de Kenia y coordina la labor jurídica y política de las distintas líneas de trabajo de IMPACT.
Este artículo es parte de la 38ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra a un indígena cosechando quinoa en Sunimarka, Perú. Fotografiada por Pablo Lasansky, es la portada del Mundo Indígena 2024 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2024 completo aquí.
Notas y referencias
[1] Nyanjom, Othieno. “Re-marginalising the pastoralists of Kenya's Asals” (La nueva marginación de los pastores de las tierras áridas y semiáridas de Kenia). African Study Monographs, nro 50, págs. 43-72, octubre de 2014. https://www.researchgate.net/publication/280572964_Remarginalising_the_Pastoralists_of_Kenya's_ASALs_the_hidden_curse_of_national_growth_and_development
[2] “Photos: From drought to deluge – Kenyan villagers reel from floods” (Fotos: De la sequía al diluvio; los aldeanos kenianos sufren las consecuencias de las inundaciones). Al Jazeera, 23 de noviembre de 2023. https://www.aljazeera.com/gallery/2023/11/23/from-drought-to-deluge-kenyan-villagers-reel-from-floods
[3] “El Niño enhanced rains support recovery despite flooding and high food prices” (Las lluvias reforzadas por El Niño favorecen la recuperación pese a las inundaciones y los altos precios de los alimentos). Fews Net, diciembre de 2023. https://fews.net/east-africa/kenya/food-security-outlook-update/december-2023
[4] Ibidem.
[5] Kazungu, Washe. “Africa’s lands are targeted for climate action, but who owns the land?“ (Las tierras de África son el objetivo de la acción climática, pero ¿a quién pertenece la tierra?). The Elephant. Análisis, opinión e investigación sobre África, 8 de septiembre de 2023. https://www.theelephant.info/opinion/2023/09/08/africas-lands-are-targeted-for-climate-action-but-who-owns-the-land/
[6] Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos contra la República de Kenia, 26 de mayo de 2017.
[7] Langat, Anthony. “Violent evictions are latest ordeal for Kenya’s Ogiek seeking land rights” (Los desalojos violentos son el último tormento para los ogiek de Kenia que buscan derechos sobre la tierra). Mongabay Environmental News, 20 de diciembre de 2023. https://news.mongabay.com/2023/12/violent-evictions-are-latest-ordeal-for-kenyas-ogiek-seeking-land-rights/
[8] Artículo 23 de la Constitución de Kenia
[9] The Land Laws (Amendment) Bill, 2023 (Proyecto [de enmienda] de leyes sobre la tierra de 2023), Nairobi. http://www.parliament.go.ke/sites/default/files/2024-02/The%20Land%20Laws%20%28Amendment%29%20%28No.2%29%20Bill%2C%202023-1.pdf
[10] En la cuestión de la Comisión Nacional de Tierras (2015), eKLR, Opinión consultiva de la Referencia 2 de 2014.
[11] The Climate Change (Amendment) Bill, 2023 (Proyecto de ley sobre el cambio climático [enmienda] de 2023). http://www.parliament.go.ke/sites/default/files/2023-08/THE%20CLIMATE%20CHANGE%20%28AMENDMENT%29%20BILL%2C%202023.pdf
[12] Ibidem.
[13] Kazungu, Washe. ”Africa’s lands are targeted for climate action, but who owns the land?“ (Las tierras de África son el objetivo de la acción climática, pero ¿a quién pertenece la tierra?). The Elephant. Análisis, opinión e investigación sobre África, 8 de septiembre de 2023. https://www.theelephant.info/opinion/2023/09/08/africas-lands-are-targeted-for-climate-action-but-who-owns-the-land/
[14] Secciones 12, 27, 28 del Proyecto de ley sobre el cambio climático (enmienda) de 2023. http://www.parliament.go.ke/sites/default/files/2023-08/THE%20CLIMATE%20CHANGE%20%28AMENDMENT%29%20BILL%2C%202023.pdf
[15] Sección 23E de la Ley sobre Cambio Climático Enmendada de 2023 http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/Acts/2023/TheClimateChange_Amendment_Act_No.9of2023.pdf
[16] Ibidem.
Etiquetas: Clima, Derechos Territoriales, Derechos Humanos
