El Mundo Indígena 2024: Bolivia
Según el Censo Nacional de 2012, el 41 % de la población boliviana mayor de 15 años es de origen indígena, aunque las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2017 señalan que ese porcentaje se habría ampliado al 48 %. De los 36 pueblos reconocidos en el país, habitan en los Andes mayoritariamente los de habla Quechua (49,5%) y Aymara (40,6 %), que se auto-identifican con 16 nacionalidades. En las Tierras Bajas, son mayoría los Chiquitano (3,6 %), Guaraní (2,5 %) y Moxeño (1,4 %), que junto al 2,4 % restante componen los 36 pueblos indígenas reconocidos. Hasta la fecha, los pueblos indígenas han consolidado en propiedad colectiva 25 millones de hectáreas bajo la figura de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), que representan el 23 % de la extensión total del país.
Con la aprobación del decreto nro. 727/10, las TCO adquirieron la denominación constitucional de Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC). Al momento de escribir este artículo, se tiene previsto realizar un nuevo Censo de Población y Vivienda el 23 de marzo del 2024. Bolivia ha ratificado los principales convenios internacionales de derechos humanos, es signataria del Convenio nro. 169 de la OIT desde 1991 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas está plenamente vigente desde la aprobación de la Ley nro. 3760, el 7 de noviembre de 2007. Con la nueva Constitución Política del Estado en 2009, Bolivia adoptó la denominación de Estado Plurinacional.
Fallos judiciales favorables a los pueblos indígenas contra el extractivismo minero
En 2023, se presentó un nuevo capítulo del conflicto con el sector minero cooperativista pequeño y mediano que había sido beneficiado de acuerdos entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) y la Autoridad Jurisdiccional Minera (AJAM), el año anterior, para desarrollar actividades dentro de áreas protegidas y territorios indígenas en la Amazonía. Sin embargo, las organizaciones indígenas y defensores ambientales lograron revertir, al menos formalmente, estos acuerdos a través de una gran movilización social y sensibilización ciudadana, así como por fallos de la jurisdicción constitucional y agroambiental.
En septiembre, un juez del Tribunal Mixto, con sede en Rurranabaque, concedió la Acción Popular interpuesta por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP) y ordenó la paralización de las actividades mineras en los ríos Beni y Madre de Dios y sus afluentes, así como en Alto Beni, Kaka, Tuichi, Quiquibey y Tequeje, en la Amazonía de La Paz. La sentencia de este juzgado supuso la instrucción a la AJAM de la suspensión de los contratos a operadores mineros en la zona, así como el cumplimiento de los procesos de consulta previa a las comunidades indígenas de la zona.
Paralelamente, el SERNAP también anuló todas las licencias ambientales otorgadas en años anteriores, sobre todo las del 2022, habilitadas a raíz de las presiones ejercidas por los mineros a través de múltiples acciones de movilización; las amenazas a líderes sociales y funcionarios de gobierno y la entrada ilegal a las áreas protegidas, las que fueron denunciadas reiteradamente por las organizaciones indígenas[1]. Esta vuelta del conflicto supuso la lógica reacción de los mineros, quienes nuevamente sitiaron la sede de gobierno con ruidosas e intimidantes movilizaciones. Al momento, no pudieron hacer cambiar de parecer al Ministerio de Medio Ambiente ni a la AJAM en relación a la restitución de las licencias suspendidas.
Nuevo ciclo de incendios en territorios indígenas del Chaco y la Amazonía
El 2023 fue nuevamente un año de crisis ambiental en la región oriental de Bolivia. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra vivió cerca de 20 días con niveles de contaminación ambiental récord, lo cual obligó a las autoridades locales a suspender el ciclo lectivo, cerrar temporalmente aeropuertos y tomar otras medidas para cuidar a la población[2]. Bajo la presión de grupos de activistas ambientales, que se movilizaron como en 2019, y en el marco de concesiones políticas ofrecidas a la oposición por una de las facciones en las que se divide hoy el partido en poder de gobierno, se derogaron algunas de las normas observadas por estos grupos, que implicaban flexibilidades para realizar desmontes y quemas de bosques[3].
Por su lado, los territorios ocupados por los pueblos indígenas también fueron severamente afectados. De los 58 territorios indígenas de las Tierras Bajas con superficie boscosa, 49 acumularon 25.270 focos de calor, siendo los territorios del departamento del Beni los más afectados con 16.242[4]. La situación más dramática se vivió en las poblaciones indígenas de Rurrenabaque y San Buenaventura, en la región amazónica de La Paz, que provocó la destrucción de viviendas y cultivos de las comunidades de la zona, incluso la infraestructura de la policía local[5].
Por su lado, el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) sufrió la quema de 22.397 hectáreas, siendo la mayor superficie implicada en los últimos cinco años[6]. El mayor registro de focos de calor fue en noviembre con 2.452 focos. Más de la mitad de las 16 comunidades resultaron afectadas. En la generación de este escenario influyó claramente las extraordinarias condiciones de cambio climático: temperaturas altas, baja humedad, ráfagas de viento superiores a los 40km/h y el retraso del cronograma de lluvias.
Entre los meses de octubre y noviembre, buena parte de la Amazonía del país estaba afectada por incendios sin control[7]. De acuerdo con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), hasta mediados de noviembre, los incendios forestales y los chaqueos habían afectado un total de 3.518.708 hectáreas de tierra en todo Bolivia. El departamento del Beni es el más afectado, con 2.309.761 hectáreas, lo cual representa el 66 % de la superficie total carbonizada. A su vez, Santa Cruz registró 719.567 hectáreas quemadas y La Paz tuvo una pérdida de 295.642 hectáreas; 20 % y 8 % respectivamente[8]. Recién en la tercera semana de noviembre, con un retraso de por lo menos un mes y medio, llegaron las lluvias propias de la época que terminaron por aplacar los incendios en la región.
Justicia indígena y derechos de las mujeres en Bolivia
En Bolivia, cuando se habla de autonomía o autogobiernos indígenas, por lo general se hace referencia a la gestión pública local que deben asumir las nuevas estructuras indígenas, sobre todo de orden administrativo y financiero. Sin embargo, poco y nada se sabe de la situación de las mujeres indígenas y el respeto de sus derechos en esta nueva realidad institucional. Igual que en las entidades municipales, las autonomías indígenas deben crear los servicios sociales de atención contra las violencias a las mujeres, donde su accionar muchas veces colisiona con las decisiones que se asumen en las comunidades o las autoridades tradicionales, acusadas de socapar estos hechos.
En la Autonomía Guaraní Charagua Iyambae hubo un caso emblemático, pero en sentido contrario a dicha acusación. En julio, una mujer guaraní se presentó a la Unidad Integral de la Familia, que se encarga de tramitar las denuncias de violencia contra mujeres, niñas y niños, y denunció que fue salvajemente golpeada por su marido, primera autoridad ejecutiva de ese gobierno autónomo[9]. Ni su demanda ni su reclamo verbal fueron recibidos, pese a que debió ser atendida en el hospital de Charagua por los golpes que presentaba en el cuerpo y rostro. La mujer debió recurrir a la Fiscalía de un distrito aledaño que citó a su marido y dispuso la detención inmediata por 90 días[10].
Esta situación generó una gran repercusión en Charagua, que se expresó en la convocatoria de las diferentes instancias públicas autonómicas y tradicionales del pueblo Guaraní, condenando unánimemente la agresión contra la mujer y demandando la inmediata destitución del cargo del autor. Sin embargo, esta decisión chocaba con una contradictoria disposición de la Ley 348 que garantiza los derechos de la mujer[11]. Esta ley establece que la destitución de las autoridades electas acusadas de la comisión de delitos de violencia sobreviene únicamente con sentencia ejecutoriada[12]. Esta situación hacía que el agresor pudiese ser restituido en su cargo pese a la gravedad del delito y el cisma provocado en la sociedad guaraní. Finalmente, el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz validó la posición del pueblo Guaraní. Como corolario final, una representante mujer fue elegida como nueva Tëtarembiokuai Reta Imborika (TRI), en una decisión histórica[13].
Autonomías indígenas en la Amazonía boliviana
El primer gobierno autónomo en un territorio indígena que recorta jurisdicciones municipales en Bolivia es el Territorio Indígena Multiétnico (TIM), en el sudamazónico departamento del Beni. Después de interminables trámites burocráticos absolutamente innecesarios, el presidente del Estado Luis Arce promulgó la Ley nro. 1497/2023 de Creación de la Unidad Territorial del TIM. Dicha norma supone el nacimiento del TIM como jurisdicción territorial donde el gobierno indígena que se elija de acuerdo con el Estatuto Autonómico, ejercerá el conjunto de las competencias asignadas por la Constitución.
Entre el 23 y 25 de julio en la comunidad de San José del Cavitu, se desarrolló la elección de los representantes a los dos órganos del nuevo gobierno del TIM. El 24 de julio, se eligió la Asamblea Territorial, compuesta por cinco representantes (uno por cada pueblo)[14] y cinco suplentes, en tanto órgano deliberativo. Finalmente, el 25 se eligieron los representantes del Órgano Ejecutivo, el cacique, su consejero y los operadores de Recursos Naturales y de Cultura y Producción.
A los comicios asistieron más de 1.500 personas de los pueblos que habitan el TIM, además de invitados especiales, instituciones de apoyo y líderes históricos del movimiento indígena.
La desafortunada decisión de proceder a votación individual, impuesta por sectores exógenos de las comunidades, generó largas demoras para la acreditación de los candidatos. Prácticamente ninguno contaba con los requisitos exigidos por el Estado, como las libretas de servicio militar, antecedentes penales o solvencia fiscal, todos con altos costos y a ser tramitados en la capital del departamento Trinidad. En un acto de flexibilidad, el Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático permitió que éstos sean presentados por los candidatos ya elegidos en un plazo de 10 días posteriores a la elección. Los más complicados para cumplir con estas formalidades fueron los del pueblo T’simane, quienes no contaban con ninguno de dichos documentos. Si no hubiese sido por las ONG de apoyo, sus representantes hubiesen quedado fuera de los cargos para los cuales habían sido elegidos.
La elección más reñida fue la que sostuvieron por el cargo de cacique Alfredo Matareco, mojeño trinitario de la comunidad anfitriona San José del Cavitu y Bernardo Muiba, oriundo de la comunidad de Puerto San Borja, expresidente de la Subcentral del TIM y actual subalcalde del distrito indígena TIM. Finalmente, se definió por el primero por una decena de votos, provenientes de la misma comunidad de San José.
La votación a los demás cargos se extendió de tal manera que la cantidad de sufragantes disminuyó considerablemente el último día, lo cual provocó el abandono de uno de los candidatos a operador y, por lo tanto, resultó inútil la votación a los cargos más operativos. Ya en funciones, el Gobierno Indígena Autónomo TIM[15] está estructurando su burocracia interna para poder actuar formalmente desde el 2024.
Cuando parecía que otro de los despropósitos más inexplicables que generó el propio Estado, como fue la anulación del título de propiedad sobre el Bosque de Chimanes por parte del Tribunal Agroambiental, se resolvería favorablemente a través de una adecuación administrativa, nuevamente esta instancia judicial admitió una demanda contra el documento legal que regulariza los derechos de los pueblos del TIM sobre su territorio ancestral. La anulación se había originado por un recurso planteado ante esa instancia por un propietario privado, quien justamente reclamaba que su propiedad de algo más de tres mil hectáreas fue titulada por el Instituto Nacional de Reforma Agraria a favor del TIM por error. Para enmendar el problema, en vez de recortar la superficie titulada en exceso al TIM y restituirla al legítimo dueño, emplearon casi dos años para decidir anular todo el título del TIM ―por las casi 200 mil hectáreas― para titular al propietario las tres mil hectáreas reclamadas y, después, emitir otra resolución de titulación para el TIM por la superficie restante. Pero la demora excesiva envalentonó a otros reclamantes sin derecho, a quienes el Tribunal Agroambiental está dando la oportunidad de mantener pendiente la nueva titulación hasta que se resuelva su petición. A la fecha, esta demanda está en proceso ante dicha instancia judicial.
Reactivación de la carretera por el TIPNIS
Desde inicio del 2023, se renovó la presión por la construcción de la carretera a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), donde se vio involucrado también, esta vez con mayor visibilidad, el Territorio Indígena Multiétnico, en tanto uno tramo atravesaría su geografía. Estas presiones se expresaron en sucesivos eventos públicos que se promovieron por las autoridades departamentales y nacionales, donde aparecían exdirigentes y autoridades indígenas ratificando su adhesión al proyecto carretero y exigiendo la toma de posición de las instancias de gobierno de los territorios TIPNIS y TIM.
Hacia febrero, las organizaciones se vieron forzadas a convocar eventos extraordinarios para tratar este tema, como fue el Encuentro de Corregidores extraordinario de la comunidad de Monte Grande del Apere el 12 de febrero y la reunión extraordinaria en abril en la comunidad de Retiro. En ambos casos, la decisión fue que sin estudios previos, sin proceso de consulta previa, sin que claramente se socialicen los impactos, sin que se regularice el tramo que se está mejorando en el TIM, no se puede hablar de aceptar un proyecto que no se conoce.
De manera independiente, las tres organizaciones de pueblos indígenas del TIPNIS[16] se reunieron para el mismo propósito y de manera unánime rechazaron el proyecto carretero por las mismas razones anotadas anteriormente, en particular, el incumplimiento de múltiples iniciativas comprometidas por el Gobierno desde las épocas del presidente Evo Morales, quien las había ofrecido a cambio de la aceptación de la carretera. Esta decisión fue respaldada posteriormente por las subcentrales de los territorios indígenas de Mojos el 18 de marzo en San Ignacio, donde se ratificó el rechazo al proyecto carretero[17].
Visita in loco de la CIDH
Los días 27 y 31 de marzo se produjo la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Gracias a las gestiones de IWGIA, se logró una reunión especial sobre el tema carretera por el TIPNIS, la cual estuvo presidida por la primera vicepresidenta de la Comisión y Relatora de la titular de la Relatoría de Pueblos Indígenas. En esta reunión, las subcentrales del TIM y TIPNIS realizaron una exposición conjunta sobre la historia del proyecto carretero, las violaciones a los derechos indígenas a la consulta previa cometidas por el Estado en su intento por forzar la decisión de las comunidades en aceptarlo y la situación actual en los dos territorios. Como conclusión de su visita, la CIDH consignó, dentro de sus observaciones preliminares, la preocupación por la falta de consulta por parte del Estado para construir la carretera, así como los impactos que en general tienen los proyectos de infraestructura en los territorios indígenas[18]. Si bien no parece un gran anuncio, en los meses sucesivos la presión de las autoridades y líderes por abrir la vía a través del TIPNIS decayó notablemente.
Leonardo Tamburini es licenciado en Jurisprudencia por la Università degli Studi di Macerata (Italia) y Msc. en Derechos Indígenas y Desarrollo por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Santa Cruz-Bolivia). Actualmente, es director ejecutivo de Oré (Organización de Apoyo Legal y Social).
Este artículo es parte de la 38ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra a un indígena cosechando quinoa en Sunimarka, Perú. Fotografiada por Pablo Lasansky, es la portada del Mundo Indígena 2024 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2024 completo aquí.
Notas y referencias
[1] “SERNAP anula autorizaciones mineras en áreas protegidas por ser ilegales”. Ministerio de Medio Ambiente y Agua, 28 de agosto de 2023. https://www.mmaya.gob.bo/2023/08/sernap-anula-autorizaciones-mineras-en-areas-protegidas-por-ser-ilegales/#:~:text=SERNAP%20anula%20autorizaciones%20mineras%20en%20áreas%20protegidas%20por%20ser%20ilegales,-Osman%20Jayro%20Arancibia&text=El%20Servicio%20Nacional%20de%20Áreas,entidad%2C%20Omar%20Gustavo%20Tejerina%20Vértiz.
[2] “Contaminación del aire por incendios en Bolivia hace que se suspendan las clases”. El País, 23 de octubre de 2023. https://elpais.com/internacional/2023-10-24/contaminacion-del-aire-por-incendios-en-bolivia-hace-que-se-suspendan-las-clases.html
[3] Aunque los legisladores de la oposición son representantes de los sectores agroindustriales y ganaderos, principales responsables de los incendios, junto a los “interculturales” campesinos colonizadores.
[4] CEJIS – CPTA. Focos de calor en territorios indígenas de Tierras Bajas de Bolivia. CEJIS, Bolivia, 2023.https://www.iwgia.org/en/documents-and-publications/documents/746-iwgia-cejis-focosdecalor-bolivia-noviembre2023/file.html
[5] “Preocupación en San Buenaventura, el fuego consume dos depósitos”. La Razón, 16 de noviembre de 2023. https://www.la-razon.com/sociedad/2023/11/16/preocupacion-en-san-buenaventura-el-fuego-consume-dos-depositos/
[6] Territorio Indígena Multiétnico (TIM). Reporte SIG del sistema de control de bienes naturales comunes, reporte de incendios en el TIM 2023, nro. 3/2023. https://timgobernanzaterritorial.com/wp-content/uploads/2023/11/Reporte-de-monitoreo-3-2023-incendios.pdf
[7] “Los incendios forestales avanzan sin control en tres de nueve departamentos de Bolivia”. France 24, 18 de noviembre de 2023. https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20231118-los-incendios-forestales-avanzan-sin-control-en-tres-de-nueve-departamentos-de-bolivia
[8] Alexis Candia. “Más de 3,5 millones de hectáreas quemadas en Bolivia; aquí el último reporte de la ABT”. Bolivia Verifica, 22 de noviembre de 2023. https://boliviaverifica.bo/mas-de-35-millones-de-hectareas-quemadas-en-bolivia-aqui-el-ultimo-reporte-de-la-abt/
[9] Tëtarembiokuai Reta Imborika (TRI).
[10] Caso FELCC nro. 85/2023 FUD 70730229300119.
[11] Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia nro. 348 del 9 de marzo de 2013.
[12] Artículo 46 IV. Excepcionalmente la conciliación podrá ser promovida únicamente por la víctima, sólo por única vez y no siendo posible en casos de reincidencia.
[13] Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. “#TEDSCinforma”. Facebook, 19 de octubre de 2023. https://www.facebook.com/TEDscz/posts/pfbid02ax7nyeFj2Rx8oJjkMADWyR18Wd3utYsxJY7Axqfu1RqW9KcwVnUce29zWWwNSfTzl?locale=es_LA
[14] En el TIM habitan los pueblos Mojeño Trinitario, Mojeño Ignaciano, Movima, T’simane y Yuracaré.
[15] Los pueblos del TIM decidieron apartarse de la categoría constitucional Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino (GAIOC), adoptando la de Gobierno Indígena Autónomo (GIA), en tanto consideran que la primera representa un riesgo de apropiación de su territorio y sus instituciones a manos de la nomenclatura “campesino”.
[16] Subcentral de Cabildos Indigenales del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, Subcentral del Río Sécure y la Central de Comunidades Indígenas del Sur (CONISUR).
[17] Es decir, las subcentrales del TIM, TIMI, TIPNIS, Sécure, Movima, las subcentrales de mujeres de estas organizaciones, el Gran Cabildo Indigenal de San Ignacio de Mojos y el Gran Consejo T’simane.
[18] CIDH – OEA. Observaciones preliminares, visita in loco a Bolivia. CIDH – OEA, 27 al 31 de marzo de 2023. https://www.oas.org/es/cidh/actividades/discursos/2023/03-31-Visita-in-Loco-Bolivia.pdf
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