• Pueblos Indígenas en Brasil

    Pueblos Indígenas en Brasil

    Hay 896.917 personas indígenas en Brasil, distribuidas entre 305 grupos étnicos. La mayor amenaza para los pueblos indígenas no solo es que ya no se establecerán nuevos territorios indígenas, sino que existe el riesgo de que se revoquen los procedimientos de demarcación existentes. Con el gobierno de Jair Bolsonaro, ex capitán del ejército y candidado de la bancada evangelista, hay un riesgo grave de retroceso para los derechos constitucionales de los pueblos indígenas de Brasil.

El Mundo Indígena 2024: Brasil

Según los datos del censo demográfico de 2022, Brasil alberga a 266 pueblos indígenas con una población de 1.693.535 personas, lo que representa aproximadamente el 0,83 % del total de la población brasileña. Estos pueblos se comunican en 275 lenguas distintas. La región norte de Brasil concentra casi el 45% de la población indígena, siendo el estado de Amazonas el epicentro, con 490 mil indígenas.

Los derechos de los pueblos indígenas están consignados en un capítulo específico de la Carta de 1988 (título VIII, “De la Orden Social”, capítulo VIII, “De los Indios”), además de otras disposiciones dispersas en todo el texto constitucional y un artículo en los dispositivos transitorios.

El 25 de julio de 2002 Brasil ratificó el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).


Este artículo es parte de la 38ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra a un indígena cosechando quinoa en Sunimarka, Perú. Fotografiada por Pablo Lasansky, es la portada del Mundo Indígena 2024 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2024 completo aquí.


El año 2023 marcó un cambio significativo en la historia política y social de Brasil, especialmente en lo que respecta a la cuestión indígena, con la asunción del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Este momento histórico inauguró una era de cambios importantes, estableciendo un nuevo paradigma en la relación del Estado brasileño con los pueblos indígenas y la gestión de cuestiones ambientales. La nueva administración se distanció de las políticas anteriores, implementando iniciativas para fortalecer la representación indígena en diferentes esferas del gobierno y promover un enfoque más inclusivo y sostenible para la conservación ambiental.

Este período contrasta fuertemente con el gobierno anterior de Jair Bolsonaro, cuya administración dejó huellas controvertidas en la política indígena y ambiental del país. Durante su mandato, se observó una tendencia preocupante de debilitamiento de los órganos de protección ambiental y de los derechos de los pueblos indígenas, con consecuencias desastrosas. Los efectos de estas políticas se manifestaron de manera alarmante, con un aumento significativo en la deforestación de la amazonía y una invasión desenfrenada de garimpeiros (mineros ilegales) y empresas mineras en los territorios indígenas, exacerbando la vulnerabilidad de estas comunidades.

Además, este período estuvo marcado por un aumento de la violencia contra activistas y defensores de los derechos indígenas y ambientales, ejemplificado trágicamente por los casos de Bruno Pereira, exfuncionario de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (FUNAI), y Dom Phillips, periodista británico, ambos asesinados mientras trabajaban en el valle del Javari. Estos eventos impactantes arrojaron luz sobre los riesgos enfrentados por aquellos que se oponen a los intereses ilegales en la región y evidenciaron la necesidad urgente de reforzar la protección de los pueblos indígenas y el medio ambiente.

Sin embargo, con la asunción del presidente actual, el año 2023 estableció un hito sin precedentes en la política indígena brasileña, inaugurando una era de protagonismo y autorrepresentación sin igual para los pueblos indígenas del país. Este avance se materializa con la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas, un logro histórico que no solo refleja un cambio significativo en la estructura gubernamental, sino que también simboliza un compromiso profundo con la inclusión, la representatividad y la defensa de los derechos indígenas en el más alto nivel de la administración pública brasileña.

Bajo la dirección de Sonia Guajajara, destacada activista indígena a nivel internacional, el Ministerio de los Pueblos Indígenas nace con la misión de formular e implementar políticas gubernamentales que atiendan a las especificidades y necesidades de las comunidades indígenas, garantizando su protección, el respeto a su autonomía y la valorización de sus culturas y tradiciones. La elección de Guajajara para liderar este ministerio no es solo simbólica, sino también estratégica, al llevar al centro del poder una voz auténtica y experimentada capaz de articular las demandas indígenas con eficacia y sensibilidad.

La designación de Joênia Wapichana como presidenta de la Fundación Nacional del Indio complementa y fortalece esta nueva dirección en la política indígena de Brasil. Wapichana, la primera mujer indígena en convertirse en abogada en Brasil y también la primera en ocupar un cargo de tal magnitud en la FUNAI, representa un quiebre de paradigmas y la afirmación de un nuevo período de gobernanza inclusiva, que valora la participación directa de los pueblos indígenas en la gestión y en las decisiones que afectan sus vidas y territorios.

Estas iniciativas emblemáticas del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, señalan un compromiso de cambiar el rumbo de la historia, redirigiendo las políticas públicas para asegurar que las comunidades indígenas no solo sean escuchadas, sino que también desempeñen un papel central en la formulación e implementación de políticas que les conciernen. La creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas y la designación de líderes indígenas para posiciones de poder no son solo actos administrativos; representan la materialización de un nuevo modelo de gobernanza que reconoce la importancia de integrar saberes y perspectivas indígenas en la conducción de las políticas nacionales, promoviendo una justicia social verdaderamente inclusiva y respetuosa de las diversidades.

Varias medidas concretaron esta nueva postura de gobernanza:

  • Después de un hiato de cinco años, el gobierno demarcó seis territorios indígenas en varios estados por una superficie de 612.863,3 hectáreas, o 6.128 kilómetros cuadrados. Se trata de los siguientes territorios:
  • Arara do Rio Amônia (Acre). Con una superficie de 20.534 hectáreas, para el pueblo Arara.
  • Kariri-Xocó (Alagoas). 4.684 hectáreas del pueblo indígena Kariri-Xocó.
  • Rio dos Índios (Rio Grande do Sul). 711,7 hectáreas del pueblo indígena Kaingang.
  • Tremembé da Barra do Mundaú (Ceará). 511 hectáreas del pueblo indígena Tremembé.
  • Uneiuxi (Amazonas). 551.983 hectáreas del pueblo indígena Maku Nadëb.
  • Avá-Canoeiro (Goias). 31.427 hectáreas del pueblo indígena Avá-Canoeiro.

Actualmente, Brasil tiene 732 áreas indígenas demarcadas que, en conjunto, ocupan 117.377.533 hectáreas, es decir, el 13,8 % de la extensión total del país.[1]

  • El presidente Lula firmó decretos para instituir el Comité Gestor de la Política Nacional de Gestión Territorial y Ambiental en Tierras Indígenas y la recreación del Consejo Nacional de Política Indigenista. Ambos fueron descontinuados por el gobierno anterior.
  • Compromiso con cero deforestación hasta 2030. La demarcación de tierras indígenas no solo se trata de proteger los derechos y tradiciones de los pueblos indígenas, sino que también desempeña un papel crucial en los esfuerzos de conservación ambiental en Brasil. El presidente Lula enfatizó el objetivo de lograr la deforestación cero hasta 2030, destacando la importancia de las tierras indígenas en este esfuerzo. [2]
  • Derechos territoriales y conflictos legislativos. Los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Brasil son un tema de gran complejidad y controversia, y en 2023, estas cuestiones fueron especialmente evidenciadas por el intenso debate en torno al llamado “marco temporal” para la demarcación de tierras indígenas.[3] Este debate involucró tanto al Poder Judicial, representado por el Supremo Tribunal Federal (STF), como al Congreso Nacional. El marco temporal es una tesis jurídica que propone que los pueblos indígenas solo tendrían derecho a las tierras que estaban ocupando o disputando en la fecha de promulgación de la Constitución Federal de 1988. Esta tesis limita significativamente los derechos territoriales indígenas, ya que ignora las expropiaciones y desplazamientos forzados que muchos pueblos sufrieron a lo largo de la historia. El STF, al juzgar casos relacionados con la demarcación de tierras indígenas, rechazó la tesis del marco temporal, considerándola inconstitucional. Esta decisión fue un paso fundamental en la lucha por los derechos indígenas, ya que reconoció que la ocupación histórica y los derechos territoriales de los pueblos indígenas no pueden limitarse a una fecha arbitraria. Contrastando con la posición del STF, el Congreso Nacional aprobó la tesis del marco temporal, incluso después del veto presidencial.[4] Esta acción legislativa generó intensa controversia y fue vista como un retroceso en los derechos indígenas. La aprobación del marco temporal por el Congreso representa una amenaza significativa para los derechos territoriales de los pueblos indígenas, ya que podría llevar a la reducción de sus tierras y a la legalización de ocupaciones ilegales en tierras históricamente indígenas. Esta disputa legislativa y judicial refleja la tensión entre diferentes visiones sobre los derechos indígenas en Brasil. Por un lado, está el reconocimiento de la importancia de proteger y respetar los derechos históricos y culturales de los pueblos indígenas, mientras que, por otro lado, los intereses económicos y políticos buscan restringir estos derechos para permitir una mayor explotación de los recursos naturales y la expansión agropecuaria.
  • Los derechos territoriales desempeñan un papel crucial en la seguridad y el bienestar de los pueblos indígenas. En el caso de la región de Mato Grosso do Sul, donde residen aproximadamente 85.000 indígenas de ocho etnias diferentes, la cuestión de los derechos territoriales adquiere una relevancia aún mayor. La situación de la población Guarani-Kaiowá y Ñandeva ilustra los desafíos enfrentados por estas comunidades y los conflictos que se desencadenan. La disputa por el territorio es uno de los principales impulsores de este conflicto. Los Guarani-Kaiowá reclaman sus tierras ancestrales, que a lo largo de la historia han sido ocupadas por agricultores, empresas agroindustriales y otros intereses económicos. La falta de demarcación oficial de estas tierras es un factor crítico, contribuyendo a la inseguridad territorial y alimentando los conflictos. Según datos actualizados de 2022, solo alrededor del 13 % de las tierras reclamadas por los Guarani-Kaiowá han sido demarcadas efectivamente, dejando la mayoría de sus reclamaciones territoriales pendientes de regularización. Las invasiones de tierras por parte de empresas agroindustriales, terratenientes y condominios de lujo también son un elemento importante de este conflicto. Estas invasiones resultan en la expulsión de las comunidades indígenas de sus tierras tradicionales y a menudo conducen a enfrentamientos violentos. En 2023, al menos tres comunidades Guarani-Kaiowá fueron objeto de desalojos extrajudiciales después de recuperar sus territorios. [5]
  • Las milicias armadas, compuestas por terratenientes y sindicatos rurales, desempeñan un papel significativo en la escalada de la violencia. Estas milicias a menudo llevan a cabo ataques contra las comunidades Guarani-Kaiowá, resultando en violencia física y muertes. La impunidad de estos grupos perpetúa la inseguridad y el conflicto en las áreas indígenas.
  • Desafíos ambientales y sociales. Los territorios indígenas, especialmente en la Amazonía y el cerrado, enfrentan desafíos significativos debido a la deforestación, la minería y la minería ilegal. Comunidades como los Yanomami y Munduruku sufren impactos graves debido a estas actividades ilegales, amenazando tanto la integridad ambiental como la salud y la seguridad de los pueblos indígenas.[6]

Deforestación

Según el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), la estimación de deforestación en la Amazonía para 2023 fue de 9.001 km², representando una reducción del 22,37 % en comparación con la tasa de deforestación de 2022, que fue de 11.594 km². Además, hubo una disminución del 42,5 % en las alertas de deforestación en la Amazonía de enero a julio de 2023, en comparación con el mismo período del año anterior. En julio, la reducción fue aún más pronunciada, alcanzando el 66% en comparación con julio de 2022.[7]

En la región del cerrado, la situación es diferente, ya que hubo un aumento del 26 % en el área bajo alertas de deforestación en julio de 2023, y un aumento del 21,7 % en los primeros siete meses de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior. [8]

Minería y minería ilegal

La tierra indígena Yanomami alberga una población de 31.007 indígenas distribuidos en unas 384 aldeas. El territorio sufre deforestación y minería ilegal (garimpo), así como contaminación por mercurio, afectando ríos, suelo, animales y, consecuentemente, la alimentación indígena. La situación se ha agravado debido al aumento de las acciones de la minería ilegal en los últimos años. Según el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), solo en la tierra indígena Yanomami se estima que están operando más de 20.000 mineros ilegales, causando no solo degradación ambiental, sino también conflictos directos con los pueblos indígenas. La minería ilegal aumentó abruptamente durante el gobierno de Jair Bolsonaro, con un crecimiento del 59,5 % en la media anual de deforestación en comparación con los cuatro años anteriores y del 75,5 % en comparación con la década anterior. [9]

El Comando Operacional Conjunto Amazonia y las Fuerzas Armadas llevaron a cabo acciones para combatir la minería ilegal, destruyendo aeronaves y campamentos, y confiscando toneladas de casiterita y equipos. Las actividades incluyeron barreras fluviales y movilizaciones por tierra y aire, lo que resultó en incautaciones y multas significativas.[10]

Impactos en la salud y la seguridad

La contaminación por mercurio y otras sustancias tóxicas ha llevado a un aumento de casos de malformaciones congénitas y enfermedades neurológicas en las comunidades indígenas afectadas por la minería ilegal.

El uso de mercurio en la minería ilegal ha provocado graves problemas de salud. Un estudio publicado en la Revista de la Sociedad Brasilera de Medicina Tropical [11] señala que más del 90 % de la población Yanomami evaluada tenía niveles elevados de mercurio en el cuerpo, muy por encima de los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. La exposición al mercurio puede causar graves problemas de salud, incluyendo daños al sistema nervioso, problemas renales y, en casos extremos, la muerte. Además de estos agravantes, la minería ilegal también está asociada a conflictos directos con los pueblos indígenas y a la desnutrición.

El gobierno federal ha tomado diversas medidas de emergencia para combatir la desnutrición y la malaria en la región. Se realizaron más de 21.000 atenciones médicas y se recuperaron 307 niños diagnosticados con desnutrición. La operación de emergencia también incluyó la movilización de alrededor de 960 profesionales y la reapertura de unidades de salud en el territorio. [12]

Concluyendo, el año 2023 representa un período crucial para los pueblos indígenas en Brasil, marcado por avances significativos en términos de representación y políticas gubernamentales. Sin embargo, los desafíos persistentes, especialmente en relación con los derechos territoriales y cuestiones ambientales, demuestran que el camino hacia la justicia y la igualdad para los pueblos indígenas sigue siendo complejo y desafiante.

 

 

Maria de Lourdes Beldi de Alcântara es profesora de antropología médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo. También es coordinadora de la Acción de Jóvenes Indígenas AJI/GAPK.

 

Este artículo es parte de la 38ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra a un indígena cosechando quinoa en Sunimarka, Perú. Fotografiada por Pablo Lasansky, es la portada del Mundo Indígena 2024 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2024 completo aquí.

 

Notas y referencias

[1] DW. ”Após 5 anos, Brasil volta a demarcar terras indígenas.” 29 de abril de 2023. https://www.dw.com/pt-br/após-5-anos-brasil-volta-a-demarcar-terras-ind%C3%ADgenas/a-65472568

[2] Presidência da República. “Brasil destaca compromiso con la Meta 30 x 30 y defiende protección de los bosques.” 10 de diciembre de 2023. https://www.gov.br/planalto/es/ultimas-noticias/2023/12/brasil-destaca-compromiso-con-la-meta-30-x-30-y-defiende-proteccion-de-los-bosques

[3] Idem.

[4] Câmara dos Deputados. “O que é marco temporal e quais são os argumentos favoráveis e contrários

Fonte: Agência Câmara de Notícias.” 29 de mayo de 2023. https://www.camara.leg.br/noticias/966618-o-que-e-marco-temporal-e-quais-os-argumentos-favoraveis-e-contrarios/

[5] Mapa de Conflitos. “O garimpo ilegal e o genocídio yanomami.” Mayo de 2023. https://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/rr-invasao-de-posseiros-e-garimpeiros-em-terra-yanomami/

[6] Peixoto, Roberto. “Terras indígenas com povos isolados são as mais ameaçadas da Amazônia, aponta estudo do Ipam.” Globo, 1 de noviembre de 2023. https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2023/01/11/terras-indigenas-com-povos-isolados-sao-as-mais-ameacadas-da-amazonia-aponta-estudo-do-ipam.ghtml

[7] https://www.gov.br/inpe/pt-br

[8] Idem.

[9] Mapa de Conflitos. “O garimpo ilegal e o genocídio yanomami.” Mayo de 2023. https://mapadeconflitos.ensp.fiocruz.br/conflito/rr-invasao-de-posseiros-e-garimpeiros-em-terra-yanomami/

[10] Agência Gov. “Governo Federal inutiliza aeronave utilizada pelo garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami.” 23 de enero de 2024. https://agenciagov.ebc.com.br/noticias/202401/fab-intensifica-acoes-na-regiao-amazonica-com-operacao-catrimani-forca-aerea-brasileira

[11] Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca. “Elevados níveis de contaminação por mercúrio preocupam comunidade indígena Yanomami.” 8 de abril de 2016. https://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/39388

[12] Ministério da Saúde. “Elimina Malária Brasil Plano Nacional de Eliminação da Malária.” 2022. https://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/svsa/malaria/politicas-de-saude/elimina-malaria-brasil-plano-nacional-de-eliminacao-da-malaria

Etiquetas: Derechos Territoriales, Derechos Humanos, Defensores de derechos humanos indígenas, Biodiversidad

CONTINÚA CONECTADO

Sobre nosotros

El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) es una organización global de derechos humanos dedicada a promover y defender los derechos de los pueblos indígenas. Conócenos

Por consultas de prensa, haga clic aquí 

 

Mundo Indígena

Nuestro anuario, El Mundo Indígena, ofrece un informe actualizado de la situación de los pueblos indígenas en todo el mundo. Descargar El Mundo Indígena

Reciba información actualizada mensualmente cuando se suscriba a nuestro boletín de noticias

Contáctanos

Prinsessegade 29 B, 3er piso
DK 1422 Copenhague
Dinamarca
Teléfono: (+45) 53 73 28 30
Mail: iwgia@iwgia.org
CVR: 81294410

Informar sobre posible mala conducta, fraude o corrupción

¡Atención! Este sitio usa cookies y tecnologías similares.

Si no cambia la configuración de su navegador, usted acepta su uso. Saber más

Acepto