El Mundo Indígena 2025: Bolivia
Según el Censo Nacional de 2012, el 41 % de la población boliviana mayor de 15 años es de origen indígena, aunque proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2017 señalan que ese porcentaje habría aumentado al 48 %. De los 36 pueblos reconocidos en el país, habitan en los Andes mayoritariamente los de habla Quechua (49,5 %) y Aymara (40,6 %), que se autoidentifican con 16 nacionalidades.
En las Tierras Bajas, son mayoría los pueblos Chiquitano (3,6 %), Guaraní (2,5 %) y Moxeño (1,4 %), que junto al 2,4 % restante componen los 36 Pueblos Indígenas reconocidos. Hasta la fecha, los Pueblos Indígenas han consolidado 25 millones de hectáreas como propiedad colectiva bajo la figura de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), lo que representa el 23 % de la extensión total del país. Con la aprobación del decreto N.º 727/10, las TCO adquirieron la denominación constitucional de Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC). Bolivia ha ratificado los principales convenios internacionales de derechos humanos, es signataria del Convenio N.º 169 de la OIT desde 1991, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas está plenamente vigente desde la aprobación de la Ley N.º 3760, el 7 de noviembre de 2007. Con la nueva Constitución Política del Estado en 2009, Bolivia adoptó la denominación de Estado Plurinacional.
Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.
Conflictos sociales por las elecciones judiciales y la repostulación de Evo Morales
En octubre de 2023 debió haberse realizado la elección de las altas autoridades del Órgano Judicial, la cual fue postergada sucesivamente por la falta de consenso parlamentario para la aprobación de la ley que convoque dicho proceso electoral.[1] Esto generó un grave conflicto institucional puesto que el mandato constitucional de seis años de los magistrados venció el 31 de diciembre de 2023. Frente a este escenario, los mismos jueces del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitieron la Declaración N.º 0049/2023 en la que se prorrogaron los mandatos de todas las autoridades judiciales hasta que se realicen las elecciones.[2] Sin embargo, varios magistrados decidieron dar un paso al costado y dejar vacantes sus puestos desde enero de 2024, entendiendo que ya no contaban con legitimidad para proseguir.
En este contexto, el enfrentamiento entre los legisladores afines al gobierno de Luis Arce y el expresidente Evo Morales se profundizó, lo cual no permitió llegar a acuerdos para el desarrollo de un proceso electoral consensuado. El trasfondo fue (y sigue siendo) la negativa del gobierno de permitir la repostulación del exmandatario a las próximas elecciones nacionales de 2025, llevando al país a una polarización política que lo mantuvo en conflicto prácticamente todo el año.
Desde inicios del 2024, el expresidente Evo Morales movilizó a los sectores sociales y políticos que le responden para que su candidatura como único representante del Movimiento al Socialismo (MAS) sea reconocida por el órgano electoral y se suspendieran los procesos penales en su contra. A lo largo del año, se llevó a cabo un amplio repertorio de movilizaciones, donde un bloqueo nacional de caminos ejecutado entre mediados de octubre y la primera semana de noviembre se prolongó por 24 días.[3] Dentro de los procesos penales, Morales es acusado de estupro y trata de personas, por haber mantenido al menos dos relaciones amorosas con menores de 14 y 15 años.[4] Como consecuencia de estas acciones judiciales, la Fiscalía del Departamento de Tarija dictó un mandamiento de aprehensión debido a la imputación por el delito de “trata de personas agravada”.[5]
En el marco de las tensiones por los cortes de ruta en todo el país y las acciones judiciales en contra de Evo Morales, la radio Kawsachun Coca denunció que el domingo 27 de octubre el exmandatario había sufrido un atentado contra su vida, difundiendo varios videos que daban cuenta de una persecución y tiroteo al vehículo en que se desplazaba en la zona del Trópico de Cochabamba-Chapare. La exautoridad salió ilesa, mientras que su chofer resultó herido.[6] Según los medios afines al ex primer mandatario, se habría tratado de un intento de asesinato operado por agentes ligados al narcotráfico, quienes habrían tenido la aquiescencia del gobierno de Luis Arce y su Ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Por el contrario, tanto el gobierno como la oposición afirmaron que se habría tratado de un “autoatentado”. El presidente comprometió una investigación exhaustiva, aunque hasta la fecha no se conocen resultados.
La crisis política se agravó con la paralización de las sesiones en el Parlamento, ya que los legisladores afines al gobierno de Arce bloquearon el proyecto de ley de convocatoria a elecciones judiciales, exigiendo primero que el Congreso adopte una resolución de aprobación de la prórroga de los magistrados que habían caducado sus funciones y la aprobación de varios créditos que exigían la aprobación legislativa. Un acuerdo político entre el MAS ligado a Evo Morales y la oposición hizo posible la convocatoria, aunque fue sistemáticamente interrumpida por una serie de amparos y acciones de tutela de candidatos que alegaban que las listas presentadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional incumplían los criterios de paridad e inclusión de postulantes indígenas. Esto provocó que el Tribunal Constitucional resuelva declarar desierta la convocatoria a la elección de candidatos al Tribunal Supremo de Justicia en Beni y Pando, y al Tribunal Constitucional Plurinacional en Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando, quedando 28 candidaturas fuera de la competencia. Finalmente, el proceso se realizó el 15 de diciembre con una alta participación y niveles de aprobación también muy aceptables, a diferencia de lo que fueron los procesos de 2011 y 2017. La candidata más votada para el Tribunal Agroambiental fue la abogada del pueblo Mojeño, Rocío Vásquez Noza, quien representa a los Pueblos Indígenas, así como al departamento del Beni en esa instancia.[7]
Los conflictos políticos se alimentaron también de los preocupantes indicadores de la economía boliviana, que experimentó un serio deterioro. En 2024, se sintió muy ostensiblemente la disminución de las exportaciones por la baja en la renta por la venta de gas a Brasil y la Argentina, que representaba casi el 80 %, debido a la declinación de los pozos explotados por más de 20 años. A esta situación se sumó la caída de las otrora ingentes reservas internacionales de divisas, utilizadas en gran medida para el financiamiento del subsidio a los combustibles líquidos, que mantiene el precio en surtidor de 0,37 USD por litro desde 2005.[8] Esto último supuso el paulatino decaimiento de otras políticas sociales, como el fomento a la obra pública y el financiamiento de las universidades estatales, que se sostenía con los extraordinarios ingresos que el país percibía por la venta de gas. Desde este año, se hizo habitual ver a miles de ciudadanos haciendo larguísimas filas para cargar combustible, sobre todo de camiones, ómnibus y maquinaria pesada.
Intento de golpe de Estado
El 26 de junio, el entonces comandante del Ejército General, José Luis Zúñiga, protagonizó una asonada militar que fue catalogada por el gobierno como “intento de golpe de Estado”. Zúñiga desplazó varias unidades hacia la Plaza Murillo, en La Paz, e ingresó al Palacio Quemado, edificio histórico y antigua sede del Ejecutivo.[9] Allí y frente a una multitud que rechazó la acción, así como todos los sectores políticos del país, tuvo un careo con el presidente Luis Arce, quien lo había destituido por unas declaraciones de prensa que fueron consideradas como un acto grave de indisciplina. La crisis se resolvió con el nombramiento de un nuevo comandante y la detención de quienes protagonizaron el movimiento, que la oposición y el propio General Zúñiga catalogaron de “autogolpe”, culpando al gobierno de haber gestado la intentona.[10]
Catástrofe ambiental por incendios forestales
Si el 2023 fue un año de crisis por los incendios forestales en el oriente de Bolivia,[11] en 2024 se asistió literalmente a una catástrofe ambiental, la peor que se tenga registro hasta la fecha. El peor registro era del 2019, con más de cinco millones de hectáreas quemadas;[12] sin embargo, hasta fines de octubre 2024, cuando llegaron las primeras lluvias, se habrían afectado cerca de los 12 millones de hectáreas.[13] Según el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, hasta la primera semana de octubre el registro era de 9,8 millones en todo el país, concentrándose el 61 % del fuego en zonas boscosas. Santa Cruz habría sido el departamento más afectado con el 68 % de las quemas, seguido de Beni con el 28 % y La Paz con el 3 %.[14]
A diferencia de los años anteriores, los incendios comenzaron a verificarse tempranamente. En la región del oriente del país, entre septiembre y noviembre, el intenso calor, la sequía y la baja humedad configuran las condiciones ideales para que se produzcan focos de calor y posteriores incendios que se salen de control. Durante 2024, la crisis comenzó en julio en el Pantanal, el humedal de agua dulce más grande del mundo, de 158.000 km2, declarado Sitio RAMSAR, y que abarca también Brasil y Paraguay.[15] El Área Natural de Manejo Integrado San Matías (ANMI-SM) es un área protegida nacional que resguarda el ecosistema del Pantanal y otras formaciones asociadas, así como el Territorio Indígena de Pantanal del pueblo Chiquitano.[16] El ANMI-SM fue el área que durante más tiempo y de manera más extensa fue afectada por los incendios, casi en su totalidad.
Otra de las regiones afectadas fue el norte de la Chiquitanía, con grandes superficies afectadas. Monte Verde sufrió el incendio de un 85 % de su superficie (807.243 hectáreas), Guarayos 72 % (966.893) y Pantanal un 63 % (455.560).[17] En el caso de Monte Verde, el incendio obligó a casi todas las comunidades a refugiarse en la exreducción jesuítica de Concepción, cuando el fuego rodeó sus caseríos y destruyó completamente sus cultivos.[18] Según las informaciones que dan los comunarios, el fuego entró desde el Bajo Paraguá, un territorio más al norte donde las políticas de asentamientos humanos que impulsa el Estado para comunidades de colonos (autoidentificados como interculturales), impedían el paso para combatir los incendios que se descontrolaron.[19]
El 30 de septiembre, después de varias movilizaciones, con siete millones de hectáreas afectadas hasta ese momento y la situación completamente fuera de control, el presidente Luis Arce dictó la Declaratoria de Desastre Nacional para permitir la ayuda internacional y la atención de la emergencia de manera más urgente y efectiva.[20] Igualmente, ya se había activado la ayuda a través de múltiples colectivos de la sociedad civil, donde la cooperación internacional, así como gobiernos amigos de España, Brasil o la misma Unión Europea, facilitaron la llegada de expertos en combate de incendios.[21] Se destacaron especialmente las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (GFFF-BRIF) y el equipo FAST, integrado por expertos en análisis de incendios y gestión de emergencias provenientes de España. Estas brigadas intervinieron en los graves incendios en los territorios de Lomerío y Monte Verde del pueblo Chiquitano, donde, pese a los esfuerzos de estos especialistas, el evento desbordó toda capacidad de acción.[22]
En medio de la crisis por los incendios, la Sala Constitucional Segunda del departamento de La Paz estableció, en el marco de una Acción Popular interpuesta por el Defensor del Pueblo, Pedro Calisaya, “el estado de cosas inconstitucional” por las múltiples vulneraciones de los derechos de la Madre Tierra en tanto sujeto de derechos, la biodiversidad y los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario, vinculados a la salubridad pública, el territorio y la libre determinación.[23] La resolución 233/2024 estableció un plazo de tres meses para que todos los ministerios demandados, autoridades departamentales y locales establezcan medidas concretas de coordinación para atender la emergencia sobre salubridad pública de los afectados. No obstante, se denegó la tutela respecto a que la Asamblea Legislativa trate la abrogación del llamado “Paquete Incendiario” [24], normas que incentivan los incendios y la deforestación, cuya derogación viene demandando el movimiento indígena y ambientalista hace casi una década.[25]
Entre el 9 y el 11 de diciembre, la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una visita al país con la intención evaluar los impactos de los incendios forestales, así como analizar la respuesta estatal a esta crisis en el contexto de la emergencia climática. Dentro de las observaciones presentadas por la Relatoría, se especificó que el marco normativo vigente en el país, conocido como “Paquete Incendiario”, es uno de los responsables de la catástrofe.
La Relatoría destacó que el principal motivo para la generación y la propagación de los incendios forestales en Bolivia ha sido la expansión de la frontera agrícola, inducida por el extractivismo agrícola y ganadero. El organismo estableció, al menos preventivamente, que el escenario de crisis se vio potenciado por el uso descontrolado del fuego para la conversión de bosques en tierras agrícolas, asociado con un extraordinario período de sequía y la demora en la adopción de medidas inmediatas, así como a la falta de recursos e infraestructura adecuada para la prevención y respuesta efectiva.
En este contexto, la Relatoría sugirió reformar este marco normativo, sustituyéndolo por una legislación que priorice la sostenibilidad ambiental y la protección de los derechos humanos conforme los estándares internacionales. También sugirió que esta reforma se oriente a prevenir la deforestación, a promover el uso sostenible de la tierra y a fortalecer los mecanismos de monitoreo, cumplimiento y sanción para evitar prácticas ilegales. Este proceso debería llevarse a cabo con la participación y aprovechando los conocimientos de las comunidades afectadas, especialmente de los Pueblos Indígenas. [26]
Primera área de conservación indígena en la Amazonía
El 3 de octubre, el Gobierno Indígena Autónomo del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) aprobó, mediante la Ley N.º 003/2024, la creación del Área de Conservación “Loma Santa”, con una superficie de 198.765 hectáreas.[27] Loma Santa es la primera área de conservación establecida y definida por un gobierno indígena, que será gestionada y manejada a través de sus autoridades tradicionales y el propio gobierno indígena, de conformidad a sus normas y procedimientos propios. Esta área tiene por finalidad resguardar la flora y fauna existente en esa zona, así como la conexión con las cabeceras de los ríos que atraviesan las comunidades del TIM, fundamentales para la vida económica, social y cultural de los cinco Pueblos Indígenas que la habitan.
El Ministerio de Medio Ambiente ha inscrito a Loma Santa como área protegida indígena, categoría que forma parte de las áreas de conservación subnacionales, considerando las competencias constitucionales que tienen los gobiernos indígenas para crear este tipo de áreas. En Bolivia, las áreas protegidas indígenas son consideradas como una estrategia que coadyuva a la reconstitución física y política del territorio, así como una forma alternativa de control de zonas vulnerables o de importancia ecológica. Estas áreas protegidas resultan fundamentales para la vida de las comunidades frente a amenazas como el saqueo de recursos, las obras de infraestructura o las actividades extractivas, donde el título de propiedad no es suficiente para resguardarlas.
Intentos de construir una carretera en el territorio ancestral y área de conservación guaraní Ñembi Guasu
Desde hace 3 años se desarrolla un proceso de defensa en la jurisdicción agroambiental de este territorio, que se encuentra en la franja fronteriza del Chaco, colindante con la hermana República del Paraguay. Entre los años 2013 y 2019, el Estado entregó 81 resoluciones administrativas de asentamiento para comunidades de colonos en el marco de su política de distribución de tierras. Cuando estas comunidades empezaron a habilitar sus tierras, se desataron grandes incendios, afectando a más del 40 % del territorio. En 2022, el Tribunal Agroambiental Plurinacional emite el Auto S1a 11/2022, que confirmó la Pausa Ecológica dictada en primera instancia. Esta medida tiene la finalidad de resguardar la biodiversidad del territorio en tanto sujeto de derechos, así como protegerlo como área de tránsito de los segmentos de las familias que se encuentran en aislamiento voluntario del pueblo Ayoreo.[28]
Este año, la gobernación de Santa Cruz, en coordinación con la gobernación del Alto Paraguay y los sectores ganaderos de los municipios de Roboré (Bolivia) y Bahía Negra (Paraguay), comenzaron a impulsar con mucha vehemencia la apertura de una carretera que para atravesar de norte a sur el Ñembi Guasu. Este proyecto conectaría la carretera bioceánica Santa Cruz-Puerto Suárez con su equivalente en proyecto entre el puerto de Santos, en Brasil, e Iquique, en Chile, que atravesando el Chaco Boreal con impactos ambientales y socioculturales sin precedentes.[29] Todo el espectro organizativo del pueblo Guaraní, así como del pueblo Ayoreo, en ambos países, ha rechazado la carretera por el Ñembi Guasu.[30]
Frente a esta arremetida, entre el 3 y 5 de diciembre, se llevó a cabo un encuentro binacional en la localidad de Boquerón (Chaco paraguayo), convocado por las organizaciones representativas del pueblo Ayoreo de Paraguay y Bolivia. Este evento, que tuvo carácter de histórico, permitió debatir la situación integral del pueblo Ayoreo y exponer las principales amenazas al gran ecosistema del Chaco a partir de las obras de infraestructura y la deforestación descontrolada en la región.[31]
En el evento se rechazó enfáticamente el intento de construcción de la carretera por el corazón del Ñembi Guasu por ser letal no solo para el pueblo Ayoreo contactado, sino principalmente para los segmentos y familias de éste que se encuentran en aislamiento voluntario, para quienes el Ñembi Guasu es un ecosistema clave para su ciclo de recorrido estacional. A su vez, se definió una estrategia jurídica y alianzas interfronterizas, en coordinación con el pueblo guaraní de Charagua Iyambae de Bolivia, para la defensa de este territorio, así como otros espacios del Chaco que están siendo amenazados por el impulso de obras de infraestructura y de desarrollo de escala.
Leonardo Tamburini es Licenciado en Jurisprudencia por la Università degli Studi di Macerata (Italia) y Magíster en Derechos Indígenas y Desarrollo por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Santa Cruz-Bolivia)
Actualmente, es Director Ejecutivo de Oré-Organización de Apoyo Legal y Social.
Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.
Notas y referencias
[1] Los magistrados del Tribunal Agroambiental Plurinacional, del Tribunal Constitucional Plurinacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo de la Magistratura son elegidos por el voto popular, a partir de listas de candidatos seleccionados en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
[2] Jurisprudencia Constitucional. (11 de diciembre de 2023). "Declaración Constitucional P-0049/2023”. https://jurisprudenciaconstitucional.com/resolucion/125042-declaracion-constitucionalp-0049-2023#google_vignette
[3] “Bloqueo de caminos de Evo generó un daño económico de más de $us 3.000 millones”. Opinión, 27 de diciembre de 2024. https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/economia-bloqueo-caminos-evo-morales-genero-dano-economico-mas-us-3000-millones/20241227212932963695.html
[4] Tatiana Castro E. “Siete procesos acorralan a Morales y los evistas ven persecución política”. Los Tiempos, 6 de octubre de 2024. https://www.lostiempos.com/actualidad/pais/20241006/siete-procesos-acorralan-morales-evistas-ven-persecucion-politica
[5] “Fiscal boliviana anuncia orden de aprehensión para que Evo Morales declare en caso de trata”. EFE, 11 de octubre de 2024. https://efe.com/mundo/2024-10-11/fiscal-anuncia-orden-de-aprehension-contra-evo-morales/
[6] “Denuncian presunto atentado contra Evo Morales en el Trópico”. Opinión, 27 de octubre de 2024. https://www.opinion.com.bo/articulo/pais/denuncian-presunto-atentado-evo-morales-tropico/20241027081713958810.html
[7] Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia. “Conozca los resultados oficiales de las Elecciones Judiciales 2024”. Separata de Información Pública N.º 3, 29 de diciembre de 2024. https://www.oep.org.bo/wp-content/uploads/2024/12/Separata_resultados_Final.pdf
[8] Se estima que la subvención a los combustibles líquidos, diésel y gasolina es de 2.000 millones de dólares americanos, de los cuales 600 millones se pierden además por efecto del contrabando, es decir se sustraen al uso en el país para ser vendidos nuevamente a precio internacional en los países fronterizos. Hace 20 años, la subvención era de 200 millones de dólares. Hacia mediados de año, el Gobierno propuso un referéndum nacional para decidir el mantenimiento o la quita de la subvención, medida que no prosperó por el rechazo generalizado de la población. Ver Ministerio de Hidrocarburos y Energía. (8 de agosto de 2024). Bolivia gasta $US 2.000 millones en subsidios a combustibles, pero pierde $US 600 millones en contrabando. Bolivia. https://www.mhe.gob.bo/2024/08/08/bolivia-gasta-us-2-000-millones-en-subsidios-a-combustibles-pero-pierde-us-600-millones-en-contrabando/
[9] “Cómo fue el "intento de golpe de Estado" que denunció el presidente de Bolivia después de que militares tomaran el centro de La Paz y entraran en la antigua sede de gobierno”. BBC, 26 de junio de 2024. https://www.bbc.com/mundo/articles/c2jj33v45m7o
[10] Ernesto Estremadoiro Flores. ““Fue un autogolpe”, sostienen "evistas" y opositores, piden a Arce no cerrar el Congreso”. El Deber, 26 de junio de 2024. https://eldeber.com.bo/pais/fue-un-autogolpe-sostienen-evistas-y-opositores-piden-a-arce-no-cerrar-el-congreso_374328/
[11] Leonardo Tamburini. (2023). “Bolivia”. En El Mundo Indígena 2023, comp. Dwayne Mamo. Dinamarca: IWGIA. https://iwgia.org/doclink/iwgia-libro-el-mundo-ind%C3%ADgena-2023-esp/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJpd2dpYS1saWJyby1lbC1tdW5kby1pbmRcdTAwZWRnZW5hLTIwMjMtZXNwIiwiaWF0IjoxNjgxNzcwMDMxLCJleHAiOjE2ODE4NTY0MzF9.Hn3W6HavIl8X0w7Nu12RoL8U4Bl9EUbcwmDGMcUajUg
[12] Leonardo Tamburini. (2020). “Bolivia”. En El Mundo Indígena 2020, comp. Dwayne Mamo. Dinamarca: IWGIA. https://iwgia.org/doclink/iwgia-el-mundo-indigena-2020-1/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJpd2dpYS1lbC1tdW5kby1pbmRpZ2VuYS0yMDIwLTEiLCJpYXQiOjE2Mjg2ODA4MDcsImV4cCI6MTYyODc2NzIwN30.TQgRy_N69sApRt2FNqhmaQ2OQowYYeHtEdPC7xdbNf8
[13] Fundación Tierra, SATIF, FAN.
[14] “El INRA afirma que se quemaron 9,8 millones de hectáreas en todo el país”. Agencia de Noticias Fides, 13 de octubre de 2024. https://www.noticiasfides.com/cuidado-de-la-casa-comun/el-inra-afirma-que-se-quemaron-9-8-millones-de-hectareas-en-todo-el-pais
[15] Ramsar. (2 de octubre de 2001). Ficha informativa de los humedales Ramsar. https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/BO1089RIS.pdf
[16] Leonardo Tamburini. (2019). Bolivia: Atlas sociopolítico de territorios indígenas. IWGIA. https://www.iwgia.org/images/documentos/Libros/ATLAS%202019.pdf
[17] CEJIS. (Noviembre de 2024). Informe: Focos de calor y cicatrices de incendios en territorios indígenas de las tierras bajas de Bolivia. Bolivia. https://www.cejis.org/wp-content/uploads/2024/12/Informe-2024-Incendios-en-Territorios-Indigenas.pdf
[18] “El fuego arrasa Monte Verde: más de 650.000 hectáreas ya fueron consumidas por las llamas”. El Deber, 4 de octubre de 2024. https://eldeber.com.bo/santa-cruz/el-fuego-arrasa-monte-verde-mas-de-650000-hectareas-ya-fueron-consumidas-por-las-llamas/
[19] “Grupo armado impide el paso de bomberos por Bajo Paraguá; desde la Csutcb culpan a Interculturales de San Julián”. El Cintinela Virtual, 21 de septiembre de 2024. https://www.elcentinelavirtual.com/grupo-armado-impide-el-paso-de-bomberos-por-bajo-paragua-desde-la-csutcb-culpan-a-interculturales-de-san-julian/
[20] Decreto Supremo N.º 5235 de 30 de septiembre de 2024. https://www.lexivox.org/norms/BO-DS-N5235.xhtml
[21] Ministerio de Defensa. (21 de septiembre de 2024). Un equipo de 41 bomberos forestales y 8 especialistas provenientes de España llegaron a Bolivia para fortalecer los esfuerzos en la mitigación de los incendios forestales que afectan la región de la Chiquitanía, en el departamento de Santa Cruz. Bolivia. https://www.mindef.gob.bo/node/1047#:~:text=Santa%20Cruz%2C%2021%20de%20septiembre,el%20departamento%20de%20Santa%20Cruz.
[22] Gabriel Romano Burgoa. “Incendios en Bolivia «escapan a cualquier capacidad de contenerlos», según bombero español”. Swiss Info, 28 de septiembre de 2024. https://www.swissinfo.ch/spa/incendios-en-bolivia-%22escapan-a-cualquier-capacidad-de-contenerlos%22%2C-según-bombero-español/87637391
[23] “Justicia concede tutela planteada por el Defensor del Pueblo y resguarda derechos de la Madre Tierra, biodiversidad y Pueblos Indígenas”. Erbol, 1 de octubre de 2024. https://erbol.com.bo/gente/justicia-concede-tutela-planteada-por-el-defensor-del-pueblo-y-resguarda-derechos-de-la-madre
[24] En particular las leyes 741/15 y 1171/19 que permiten la quema y desmontes en áreas de bosques y la regulación de las quemas con multas exiguas en caso de vulneración de incendios.
[25] Resolución Constitucional Plurinacional 233/2024. Acción Popular. Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, 1 de octubre de 2024. https://www.defensoria.gob.bo/uploads/files/resolucion-constitucional-plurinacional-233-2024-accion-popular.pdf
[26] CIDH. (18 de diciembre de 2024). REDESCA presenta observaciones preliminares de la visita de trabajo a Bolivia. https://www.oas.org/pt/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/320.asp&utm_content=country-bol&utm_term=class-vinl
[27] Su nombre in extenso es Área de Conservación del Patrimonio Histórico, Cultural, Social y Espiritual “Loma Santa” del Gobierno Indígena Autónomo del TIM.
[28] Leonardo Tamburini, Miguel Lovera, Norma Flores Allende, Miguel Ángel Alarcón y Jieun Kang. “Los ayoreo: los últimos aislados fuera de la Amazonía”. Debates Indígenas, 1 de julio de 2021. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/05/07/2021/los-ayoreos-los-ultimos-aislados-fuera-de-la-amazonia
[29] Jane Chambers. “Qué dicen en Paraguay de la construcción de la megacarretera que unirá dos océanos a través de su ‘infierno verde’”. BBC, 17 de abril de 2023.
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-65274560
[30] “El Pueblo Guaraní rechaza categóricamente la construcción de la carretera que amenaza atravesar el Ñembi Guasu”. Revista Nómadas, 1 de octubre de 2024. https://revistanomadas.com/el-pueblo-guarani-rechaza-categoricamente-la-construccion-de-la-carretera-que-amenaza-atravesar-el-nembi-guasu/
[31] Iniciativa Amotocodie. (6 de diciembre de 2024). Se realizó histórico Encuentro Binacional del Pueblo Ayoreo en el Chaco Paraguayo. https://www.iniciativa-amotocodie.org/2024/12/06/se-realizo-historico-encuentro-binacional-del-pueblo-ayoreo-en-el-chaco-paraguayo/
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