Tras la declaración de independencia de Israel en 1948, los be­duinos de Jahalin, junto con otras cuatro tribus del desierto del Néguev (al-Kaabneh, al-Azazmeh, al-Ramadin y al-Rshaida), se refugiaron en la Ribera Occidental, entonces bajo dominio jorda­no. Estas tribus son tradicionalmente agropastores seminómadas que viven en las zonas rurales alrededor de Hebrón, Belén, Jerusa­lén, Jericó y el valle del Jordán.

Estas zonas forman parte hoy de la llamada “Zona C” del Territorio Palestino Ocupado (TPO), que representa el 61 % de la Ribera Occidental. De conformidad con los Acuerdos de Oslo de 1995, se concedió temporalmente a Israel el control admi­nistrativo y de la seguridad de la Zona C, la cual debía devolver­se gradualmente a la autoridad de Palestina para 1999. Esto nunca ocurrió y, actualmente, 27 años después de la firma de los Acuerdos de Oslo, Israel conserva el control casi exclusivo de la Zona C, incluso sobre la aplicación de la ley, la planifica­ción y la construcción. En esta zona se encuentran todos los asen­tamientos, polígonos industriales, bases militares, campos de tiro, reservas naturales y carreteras de circunvalación solo para colonos de la Ribera Occidental, todos estos bajo control militar israelí. A lo largo de los años, Israel ha despojado a los palestinos de unas 200.000 hectáreas de tierra, incluidas tie­rras de cultivo y de pastoreo, que luego asignó generosamen­te a los asentamientos israelíes o las declaró zonas militares cerradas y reservas naturales. Unos 700.000 colonos israelíes viven actualmente en toda la Ribera Occidental (incluido Jeru­salén Oriental) en más de 280 asentamientos y gozan de prác­ticamente todos los derechos y privilegios que se conceden a los ciudadanos israelíes que viven en Israel propiamente dicho, dentro de la Línea Verde. El efímero “Acuerdo del Siglo” de Do­nald Trump reconoció la posesión permanente de Israel de los asentamientos, en contravención de la histórica resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU del 23 de diciembre de 2016, que reafirma la ilegalidad de los asentamientos israe­líes en la Ribera Occidental, incluida Jerusalén Oriental y el Golán sirio, según el derecho internacional.

La situación de los refugiados indígenas beduinos de Pa­lestina de 1948, unos 27.000 pastores que viven bajo pleno con­trol militar israelí en la Zona C, es actualmente un importante problema humanitario. Los que corren mayor riesgo son unos 8.000 beduinos (60 % de los cuales son niños y niñas) que vi­ven en 46 pequeñas comunidades de la periferia de Jerusalén, y unos 4.500 pastores en el valle del Jordán. Las estructuras humanitarias financiadas por donantes (albergues, corrales para cabras, tanques de aguas, escuelas, paneles solares, ino­doros) siguen siendo objeto deliberado de demolición y confis­cación. Por ejemplo, en 2021, el Grupo Integrado de Educación de la ONU informó que 46 escuelas palestinas en la Zona C tenían órdenes de demolición o de interrupción del trabajo, el número más alto de los últimos cinco años. Sin embargo, en 2022 ese número ascendió a 56 escuelas amenazadas con demolición o demolidas. Aunque Isfey al Fauqa fue la única escuela demolida en 2022, tras su demolición el 23 de noviembre, el 6 de diciembre, autoridades israelíes confiscaron dos tiendas de campaña y una letrina proporcionadas como ayuda humanitaria para paliar su demolición. Además, el crimen de guerra del desplazamiento forzoso por parte de las autori­dades israelíes prevalece como una amenaza constante.