En Guatemala habitan 24 grupos étnicos. A pesar de que el Gobierno ha ratificado la Declaracion de la ONU sobre derechos de los pueblos indígenas, la población indígena tiene que enfrentarse a numerosos desafíos.
Guatemala es el hogar de 24 grupos étnicos. A pesar de que el gobierno de Guatemala ha adoptado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los pueblos indígenas del país continúan rezagados con respecto a la sociedad en su conjunto especialmente en términos de participación política, salud, empleo, ingreso, alojamiento y educación.
Pueblos Indígenas en Guatemala
Se calcula que Guatemala tiene 6 millones de habitantes indígenas. El censo oficial del 2002 estima que un 45% de la población es indígena, pero otros informes indican que constituyen el 60% del total de la población.
Los grupos étnicos principales son los achií, akateco, awakateco, chalchiteco, ch’orti’, chuj, itzá, ixil, jacalteco, kaqchikel, k’iche’, mam, mopan, poqomam, poqomchi’, q’anjob’al, q’eqchi, sakapulteco, sipakapense, tektiteko, tz’utujil, uspanteko, xinka y los garífuna.
El país todavía carece de una base documental sólida que indique con precisión la cantidad de población indígena, especialmente de mujeres, pero es notoria la desigualdad entre la población indígena y no indígena en términos de empleo, ingresos, salud y educación.
Las estadísticas demuestran prácticas persistentes de racismo y discriminación contra los pueblos indígenas. A pesar de que son más de la mitad de la población y que contribuyen activamente en la economía del país, su participación en la vida política no se ve reflejada de manera equitativa.
Principales retos para los pueblos indígenas de Guatemala
Uno de los principales desafíos de los pueblos indígenas de Guatemala es su participación política. El sistema electoral está diseñado para excluir políticamente a los pueblos indígenas, ya que participan como electores, pero rara vez concurren como candidatos con verdaderas posibilidades de ser elegidos.
Con respecto a la salud, empleo, ingresos, alojamiento y educación, hay una gran desigualdad entre las personas indígenas y el resto de la población. Según datos oficiales, la pobreza extrema afecta al 21,8 % de la población indígena, en comparación con el 7,4% de la población no indígena. A pesar de la magnitud del problema, el Estado no ha desarrollado estrategias específicas para cambiar esta situación.
Otro reto de los pueblos indígenas de Guatemala está relacionado con la ausencia de una Ley de Aguas. El uso, manejo y conservación del agua no están regulados públicamente y las diferentes compañías privadas se aprovechan de esta situación al no tener que pagar por el uso del agua, no contribuir a su conservación ni tener asumir ninguna responsabilidad por la contaminación causada en las zonas de recarga hídrica. La mayoría de estas fuentes hídricas se localizan en territorios indígenas y los afectados no reciben ningún apoyo del Estado o de los usuarios del agua para proteger sus acuíferos. Varias comunidades han demandado al Estado para que inicie un debate a escala nacional y comience a redactar el borrador para la Ley de Aguas, pero dicho proceso aún no se ha iniciado.
Después de amparar provisionalmente a las comunidades del pueblo Q’eqchi por oponerse a la construcción de dos hidroeléctricas con capital transnacional en su territorio, la Corte de Constitucionalidad finalmente emitió una sentencia resolutoria que avala la continuación de las obras y obliga al Gobierno a aprobar un reglamento que regule la realización de las consultas comunitarias. Los pueblos indígenas y las organizaciones sociales expresaron su oposición. Esta decisión viola los derechos de los pueblos indígenas del Convenio 169 de la OIT y las leyes del mismo país porque las consultas comunitarias no requieren regulación alguna y deben realizarse en función de los mecanismos propios de los pueblos indígenas.
Tendencias positivas para los pueblos indígenas de Guatemala
En el 2016, un grupo de oficiales de las fuerzas armadas, 34 años después de haber cometido los crímenes, fueron sentenciados de 120 a 240 años de prisión por violar a 15 mujeres del pueblo Maya Q’eqchi y forzarlas a la esclavitud sexual.
El caso sentó precedente en el mundo ya que es la primera vez que el crimen de abuso sexual durante un conflicto armado se ha llevado a juicio en el mismo país en donde fue cometido. Sin embargo, otros casos de crímenes cometidos por militares contra la población indígena durante el conflicto armado interno aún permanecen impunes.
Para el año 2023, Guatemala tiene una población proyectada de 17,6 millones de habitantes,[1] de los cuales el 43,75 % pertenece a los pueblos Mayas (Achi’, Akateco, Awakateco, Chalchiteco, Ch’orti’, Chuj, Itza’, Ixil, Jacalteco, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Sakapulteco, Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil y Uspanteko), Garífuna, Xinka y Creole o afrodescendiente.
Los indígenas siguen rezagados en materia de salud, educación, empleo e ingresos respecto del conjunto de la sociedad guatemalteca, situación que es aún peor para las mujeres indígenas. Esto se debe a que el racismo estructural se encuentra en la base de la desigualdad y la exclusión social, así como de las violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Aunque la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce la existencia de los pueblos indígenas y la asume como sociedad multicultural, y no obstante que el país ha ratificado los acuerdos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, en la práctica prevalece la brecha social, económica y política entre indígenas y no indígenas.
Los discursos y acciones contra los indígenas siguen presentes en el país centroamericano. El gobierno guatemalteco implementa políticas de asimilación, disminuye el presupuesto de los organismos vinculados a derechos humanos, no realiza la consulta previa y no respeta los derechos territoriales. Al mismo tiempo, el estado de sitio es un método recurrente para reprimir la protesta social, el denominado “pacto de corruptos” avanza en la impunidad y el racismo se consolida en forma de desigualdad económica y marginación política.
La transmigración es un fenómeno común para los pueblos indígenas de Huehuetenango. El modelo agroexportador, el despojo de territorios, la “modernización” y la represión de los gobiernos militares generó las primeras olas de pioneros migrantes. En la década del 80, la estrategia militar de “Tierra arrasada” masacró a los indígenas de la sierra y la selva generando un nuevo desplazamiento forzoso de miles de personas. Actualmente, el pueblo acateko mantiene viva su cultura a lo largo de tres países y las fiestas son un espacio para reencontrarse con su identidad.
Guatemala tiene una población de 14,9 millones de habitantes, de los cuales 6,5 millones (43,75 %) pertenecen a los pueblos Mayas (Achi’, Akateco, Awakateco, Chalchiteco, Ch’orti’, Chuj, Itza’, Ixil, Jacalteco, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Sakapulteco, Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil y Uspanteko), Garífuna, Xinka y Creole o afrodescendiente.
Guatemala tiene una población de 14.9 millones de habitantes, de los cuales 6.5 millones (43.75 %) pertenecen a los 22 pueblos Mayas (Achi’, Akateco, Awakateco, Chalchiteco, Ch’orti’, Chuj, Itza’, Ixil, Jacalteco, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Sakapulteco, Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil y Uspanteko) , además de los pueblos Garífuna, Xinca y Creole o afrodescendiente.
En el marco de los conflictos armados internos, los acuerdos de paz latinoamericanos no han logrado ni reformas estructurales ni acabar con el colonialismo. En el caso guatemalteco, las esperanzas depositadas por los pueblos indígenas en los Acuerdos de Paz se desvanecieron ante la falta de compromiso del Estado. Construir la paz significa transformar las causas estructurales que dieron origen al conflicto. En cambio, el despojo de territorios y el racismo aún hoy persisten.
El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) es una organización global de derechos humanos dedicada a promover y defender los derechos de los pueblos indígenas. Conócenos
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