El Mundo Indígena 2022: Guatemala
Guatemala tiene una población de 14.9 millones de habitantes, de los cuales 6.5 millones (43.75 %) pertenecen a los 22 pueblos Mayas (Achi’, Akateco, Awakateco, Chalchiteco, Ch’orti’, Chuj, Itza’, Ixil, Jacalteco, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Mopan, Poqomam, Poqomchi’, Q’anjob’al, Q’eqchi’, Sakapulteco, Sipakapense, Tektiteko, Tz’utujil y Uspanteko) , además de los pueblos Garífuna, Xinca y Creole o afrodescendiente.
Los pueblos indígenas siguen rezagados en materia de salud, educación, empleos e ingresos, respecto al conjunto de la sociedad guatemalteca, situación que se agrava para las mujeres indígenas. El racismo estructural se encuentra en la base de la desigualdad y la exclusión social, así como de las violaciones a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Aunque la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce la existencia de los pueblos indígenas, se asume como sociedad multicultural y ha ratificado los acuerdos internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas; en la práctica, prevalece la brecha social, económica y política entre indígenas y no indígenas. Por ejemplo: el Estado invierte 0.4 USD diarios en cada indígena y 0.9 USD diarios en cada no indígena[1], la pobreza afecta al 75 % de indígenas y al 36 % de no indígenas[2], la desnutrición crónica al 58 % de indígenas en comparación con el 38 % de no indígenas[3]. En cuanto a la participación política, los indígenas no representan más del 15 % de diputados y funcionarios públicos de alto rango.
A su vez, Guatemala ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, (la Corte de Constitucionalidad lo elevó, en 2010, a rango constitucional, que obliga al país a reconocer los derechos de los pueblos indígenas), la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, y la Política de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura sobre pueblos indígenas y tribales. Aún con este marco, prevalece la exclusión, la discriminación y el racismo estructural.
Continúa la lucha por la restitución de tierras comunales
La Mesa de Tierras Comunales, una instancia que aglutina a las autoridades indígenas ancestrales que luchan por la restitución de las tierras despojadas, continuó presentando amparos durante 2021 contra las licencias mineras y para recuperar las tierras despojadas por parte del Estado, las municipalidades y latifundistas[4]. Las autoridades indígenas del pueblo Maya K’iché iniciaron el proceso para recuperar las tierras comunales que anómalamente detenta la Municipalidad de Quetzaltenango, en donde se ubica la segunda ciudad más importante del país. El pueblo Maya Ixil de Nebaj presentó un amparo contra la reglamentación oficial que exige que los terrenos en donde se construyan obras públicas con fondos gubernamentales, pasen a nombre del Estado, lo cual consideran una forma de despojo. Por su parte, los pueblos Tz’utujil, Q’eqchi, Ch’orti’ y Xinca siguieron avanzando con los procesos legales para recuperar sus tierras a pesar de encontrar muchas dificultades en las cortes de justicia.
La vulnerabilidad de los pueblos indígenas ante el cambio climático
El 2021 inició con el recrudecimiento de la pandemia por COVID-19, pero también con los impactos que dejaron las tormentas tropicales Eta e Iota, principalmente en el territorio Maya Q’eqchi de Alta Verapaz. Esta situación ha reavivado el debate sobre la falta de acción climática gubernamental para hacer frente a la alta vulnerabilidad ante el cambio climático, que según estudios expertos colocan a Guatemala entre los países más expuestos del mundo.
Bicentenario de la Independencia: nada que celebrar
A pesar de la pandemia por COVID-19, el gobierno tenía previsto conmemorar con grandes eventos los 200 años de la independencia centroamericana para destacar los beneficios de esta gesta para la sociedad guatemalteca. Sin embargo, para los pueblos indígenas no hay nada que celebrar, ya que la independencia significó el traspaso del poder colonial a las élites europeas, perpetuando las prácticas de discriminación, explotación y despojo que aún prevalecen en la actualidad y que constituyen las bases estructurales sobre las cuales se construye el modelo económico dominante causante de la pobreza y la exclusión. Ante la protesta de los pueblos indígenas y de diversas organizaciones sociales, el gobierno suspendió las festividades programadas, pero continuó con la construcción de parques conmemorativos, con inversiones poco transparentes y cuestionadas por las evidentes señales de corrupción.
Por su parte, los pueblos indígenas realizaron varias actividades para denunciar que la independencia no hizo más que legitimar el colonialismo que aún sigue vigente. A cambio, algunas organizaciones conmemoraron los 50 años de la Declaración de Barbados, que en 1971 denunció el colonialismo y sentó las bases de un nuevo trato con los indígenas. Al respecto se realizaron eventos para la presentación del libro Por la Conquista de la Autodeterminación, auspiciado por IWGIA[5].
Cooptación, estado de sitio y criminalización
Durante el 2021, el denominado Pacto de Corruptos, que aglutina a personas de alto poder político y económico señaladas de corrupción, completó la cooptación del Estado al lograr el control del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad y el Organismo Ejecutivo. En consecuencia, se paralizó la investigación y persecución de casos de corrupción de alto impacto, se redujo la institucionalidad pública creada en el marco de los Acuerdos de Paz, y se criminalizó a defensores de derechos humanos y a jueces y fiscales que luchan contra la corrupción, entre los cuales se destaca el despido de Juan Francisco Sandoval, Fiscal Especial contra la Corrupción, y el intento de desaforar a la jueza Érika Aifán[6].
En diversas manifestaciones, los pueblos indígenas protestaron contra decisiones gubernamentales que consideran atentados contra sus derechos, tal como la autorización inconsulta de licencias para proyectos mineros e hidroeléctricos. En respuesta, el gobierno reprimió la protesta social mediante la imposición del estado de sitio, que entre otras cosas implica limitar los derechos de movilización, organización y libre expresión.
Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatemala
En 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió dos sentencias sobre casos que tienen implicaciones para los pueblos indígenas del país. El primer caso denominado Masacre de la Aldea Los Josefinos en el departamento de Petén[7] estableció que el Estado de Guatemala fue responsable de la desaparición y desplazamiento forzado de los sobrevivientes de la masacre, ocurrida entre el 29 y 30 de abril de 1982 en el marco del conflicto armado interno. A pesar de haber suscrito un arreglo amistoso en 2009, el Estado incumplió sus compromisos, por lo cual se elevó el caso a la Corte. La sentencia exige que el Estado indemnice por daño material e inmaterial a las víctimas y le obliga a remover todos los obstáculos, de facto y de jure que mantienen la impunidad en el caso. Además, le obliga a investigar, individualizar, juzgar y sancionar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos.
En el segundo caso denominado Radios Comunitaria, Pueblos Indígenas de Sumpango y otros vs Guatemala, la Corte determinó que el Estado no ha respetado ni protegido el derecho que asiste a los pueblos indígenas en establecer sus propios medios de comunicación en sus propios idiomas. El caso fue elevado a la Corte, luego de que el Estado, bajo la presión de los grandes consorcios empresariales que controlan el espectro radiofónico del país, allanó las sedes, confiscó equipos y criminalizó por el supuesto hurto de frecuencias a cuatro radios comunitarias de los pueblos indígenas Kaqchiquel, de Sumpango, Sacatepéquez, Achí, de San Miguel Chicaj, Baja Verapaz; Mam, de Cajolá, Quetzaltenango y Mam de Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango [8].
La Corte encontró que Guatemala violó los derechos a la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y a participar en la vida cultural, en perjuicio de los pueblos indígenas. La forma en que se encuentra regulada la radiodifusión en el país consiste en una prohibición de facto, casi absoluta a su derecho de libertad de expresión. De acuerdo con la sentencia, la Corte obliga a Guatemala a adoptar las medidas necesarias para permitir que las comunidades indígenas identificadas como víctimas puedan operar libremente sus radios comunitarias. Además le exige adecuar la normativa interna con fines de reconocer a las radios comunitarias como medios diferenciados de comunicación, particularmente las radios comunitarias indígenas, abstenerse inmediatamente de enjuiciar criminalmente a los individuos que operan emisoras indígenas, allanarlas y aprehender sus equipos de trasmisión, y eliminar las condenas y cualquiera de sus consecuencias relacionadas con las personas de comunidades indígenas condenadas por el uso del espectro radioeléctrico.
El Relator Especial para Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Francisco Calí Tzay, se sumó a la demanda, señalando que dichos derechos están contenidos en la Ley Marco de los Acuerdos de Paz y que el país tiene obligaciones legales al haber ratificado los instrumentos internacionales relativos a pueblos indígenas[9].
Justicia para mujeres indígenas Maya Achí víctimas de violencia sexual
En septiembre, el Tribunal de Mayor Riesgo “A” acordó enviar a juicio a cinco hombres, miembros de las paramilitares Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), una entidad creada por el Ejército Nacional para contribuir con las tareas contrainsurgentes durante el conflicto armado interno. El tribunal consideró que existían suficientes medios de prueba que los relacionaba con graves violaciones a derechos humanos, principalmente violación, tortura y esclavitud sexual contra 36 mujeres del pueblo indígena Maya Ixil, en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz, cometidos entre los años 1981 a 1983[10]. Cabe recordar que dicho municipio fue uno de los más golpeados durante la guerra interna (1960-1996): se cometieron al menos 20 masacres contra comunidades indígenas, como las de Río Negro, Plan de Sánchez y Chichipac, todas derivadas de la resistencia por el desalojo provocado por la construcción de la represa Chixoy. El Ejército tildó la situación como apoyo a la guerrilla.
Golpe de gracia a los Acuerdos de Paz
El 29 de diciembre de 2021 se conmemoraron 25 años de los Acuerdos de Paz, por lo cual se esperaba que fuera un magno acontecimiento que destacara los logros en favor de la construcción de la paz y la reconciliación, y que abonara en la construcción de estos procesos. Pero resultó un evento sombrío al que no asistió ninguno de los presidentes de los tres organismos del Estado, lo cual corroboró el empeño del actual gobierno en continuar desmantelando el proceso de paz. Este gobierno suprimió parte de la institucionalidad creada para tal efecto, entre ellas, la Secretaría de Asuntos Agrarios, el Programa Nacional de Reconciliación, la Secretaría de la Paz, con lo cual suspendió los compromisos adquiridos por el Estado y que están contenidos en la Ley Marco de los Acuerdos de Paz aprobada en 2005[11].
Además, los problemas sociales y económicos que dieron origen al conflicto, como la pobreza, la exclusión, el racismo y la falta de acceso a la tierra, seguirán sin ser atendidos. Entre ellos se encuentra el lento reconocimiento de los derechos de tierras comunales para las comunidades indígenas debido a la falta de certeza jurídica y el poco alcance legal de los procedimientos y procesos administrativos[12].
Crisis migratoria y tragedia para pobladores indígenas
Ante la falta de oportunidades laborales, de ingresos y acosados por la violencia, aumentó la migración hacia los Estados Unidos con masivas caravanas de centroamericanos. También se acrecentó el flujo migratorio a través del “coyotaje”, un sistema de tráfico ilícito de personas que las expone a riesgos de violencia y accidentes durante el trayecto. El 9 de diciembre, un grupo de 160 migrantes de varias nacionalidades, hombres, mujeres y niños, entre los cuales se encontraban varios indígenas guatemaltecos, sufrió un accidente en México en un camión que los transportaba de manera subrepticia. Esta situación refleja los riesgos de las personas que se exponen al tratar de escapar de la pobreza ante la falta de oportunidades en sus respectivos países[13].
Exclusión de comunidades indígenas en la vacunación por COVID-19
Además de las dificultades administrativas y logísticas que el gobierno no ha podido superar para la aplicación de las vacunas contra el COVID-19, diversos medios denunciaron la falta de comunicación con pertinencia cultural dirigida hacia la población indígena. A pesar de que los indígenas constituyen la mitad de la población del país, solo han recibido el 15 % del total de vacunas aplicadas[14], lo cual demuestra una vez más el racismo y exclusión estructural. A ello hay que sumar la ausencia de atención médica especializada, la carencia y precariedad de centros hospitalarios públicos y la falta de estadísticas confiables sobre el impacto de la pandemia en la población indígena.
Con el argumento de estar siendo discriminados, autoridades indígenas de varios pueblos, presentaron una denuncia penal en contra del presidente de la República, Alejandro Giammattei, a quien responsabilizan del mal manejo de la pandemia[15].
Silvel Elías es Maya K’iché, profesor y coordinador del Programa de Estudios Rurales y Territoriales (PERT) en la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Este artículo es parte de la 36ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra mujeres indígenas que se ponen de pie y asumen el mando en la lucha por los derechos territoriales de su comunidad en Jharkhand, India. Fotografiada por Signe Leth, es la portada del Mundo Indígena 2022 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2022 completo aquí
Notas y referencias
[1] Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Inversión en pueblos indígenas, según el presupuesto ejecutado en 2015. Guatemala, julio de 2017. https://www.icefi.org/sites/default/files/inversion_en_pueblos_indigenas_0.pdf
[2] Situación de Derechos Humanos en Guatemala. Guatemala, CIDH, 31 de diciembre. http://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/guatemala/guatemala.html
[3] Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional. “Análisis de situación, nutricional de Guatemala”. http://www.sesan.gob.gt/wordpress/wp-content/uploads/2018/05/Situacion-SAN-Guatemala-dia-1.pdf
[4] Carlos Ernesto Choc. “El Estor: autoridades Q’eqchi’ piden suspender operaciones a CGN-Pronico de Solway”. Prensa Comunitaria, 25 de agosto de 2021, https://www.prensacomunitaria.org/2021/08/el-estor-autoridades-qeqchi-piden-suspender-operaciones-a-cgn-pronico-de-solway/
[5] “Presentación del libro Por la Conquista de la Autodeterminación” IWGIA, 20 de enero de 2021. https://www.iwgia.org/es/noticias/3961-presentaci%C3%B3n-del-libro-por-la-conquista-de-la-autodeterminaci%C3%B3n.html
[6] Oscar García. “CIDH señala solicitudes de antejuicios como hostigamiento para operadores de justicia y gobierno rechaza señalamientos”. Prensa Libre, 28 de octubre de 2021. https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/cidh-senala-solicitudes-de-antejuicios-como-hostigamiento-para-operadores-de-justicia-y-gobierno-rechaza-senalamientos-breaking/
[7] Corte IDH. Caso masacre de la aldea Los Josefinos, Vs. Guatemala. 3 de noviembre de 2021. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_442_esp.pdf
[8] Corte IDH. Guatemala es responsable por violar la libertad de expresión y los derechos culturales de cuatro pueblos indígenas operadores de radios comunitarias. 17 de diciembre de 2021. .https://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_103_2021.pdf
[9] César Gómez. “Estado de Guatemala discrimina a los Pueblos Indígenas, negándose el acceso a frecuencias radioeléctricas”. Cultura Survival, 28 de junio de 2021. https://www.culturalsurvival.org/news/estado-de-guatemala-discrimina-los-pueblos-indigenas-negandose-el-acceso-frecuencias
[10] Juan Calles. “Inicia el juicio por violencia sexual contra mujeres Achi durante la guerra”. Prensa Comunitaria, 6 de enero de 2022. https://www.prensacomunitaria.org/2022/01/inicia-el-juicio-por-violencia-sexual-contra-mujeres-achi-durante-la-guerra/
[11] César Pérez Marroquín. “Sin la presencia de Giammattei ni de los presidentes del Congreso y la CSJ se conmemora el 25 aniversario de la firma de paz”. Prensa Libre, 29 de diciembre de 2021. https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/sin-la-presencia-de-giammattei-y-de-los-presidentes-del-congreso-y-la-csj-se-conmemora-el-25-aniversario-de-la-firma-de-la-paz/
[12] “Diputada pide mayor atención a comunidades indígena”. Congreso de la República de Guatemala, 1 de diciembre de 2021. https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/7628/2021/3#gsc.tab=0
[13] “Accidente en Chiapas: al menos 55 muertos tras volcar en México un camión que transportaba migrantes centroamericanos”. BBC News, 10 de diciembre de 2021. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59603693
[14] Mariajosé España. “Plan de vacunación contra el Covid-19 ha excluido a comunidades indígenas”. Prensa Libre, 21 de junio de 2021. https://www.prensalibre.com/guatemala/comunitario/plan-de-vacunacion-contra-el-covid-ha-excluido-a-comunidades-indigenas/
[15] Grecia Ortíz. “Representantes de pueblos indígenas denuncian a Giammattei por varios hechos”. La Hora, 8 de septiembre de 2021. https://lahora.gt/representantes-de-pueblos-indigenas-denuncian-a-giammattei-por-varios-hechos/
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