Pueblos indígenas en los Estados Unidos

Los pueblos indígenas en los Estados Unidos son principalmente pueblos indígenas americanos y pueblos nativos de Alaska. En mayo de 2016, 567 entidades tribales fueron reconocidas a nivel federal, y la mayoría de estas tienen patrias nacionales reconocidas.

En 2010, Estados Unidos anunció que respaldaría la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas como guía moral después de votar en contra de ella en 2007. Sin embargo, no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT, un instrumento legal internacional que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas. pueblos indígenas y tribales. Alrededor de 6.6 millones de personas en los Estados Unidos, o el 2% de la población total, se identifican como nativos americanos o nativos de Alaska, ya sea solos o en combinación con otra identidad étnica. Alrededor de 2.5 millones, o el 0.8% de la población, se identifica como indio americano o nativo de Alaska solo.

El 23% de la población nativa vive en áreas de indios americanos o pueblos nativos de Alaska. El estado con la población nativa más grande es California, mientras que el lugar con la población nativa más grande es la ciudad de Nueva York. Si bien los indicadores socioeconómicos varían ampliamente entre las diferentes regiones, la tasa de pobreza para aquellos que se identifican como indios americanos o nativos de Alaska es de alrededor del 27%.

Las naciones nativas reconocidas son soberanas pero protegidas por el estado. El gobierno federal ordena la consulta tribal, pero tiene poder plenario sobre las naciones indígenas. Los indios estadounidenses en los Estados Unidos generalmente son ciudadanos estadounidenses.

Principales desafíos para los pueblos indígenas en Estados Unidos

Las políticas consistentes con la disminución de los derechos territoriales tribales, la soberanía y los aportes a los problemas de tierras y recursos se han multiplicado bajo la administración de Trump. En Dakota del Norte, dos legisladores presentaron un proyecto de ley estatal que insta al gobierno federal a permitir que los estados resuelvan problemas económicos en las reservas. Desde sus inicios, la administración ha reflexionado sobre las propuestas para privatizar las tierras nativas, lo que eliminaría las pautas federales y la soberanía tribal que se consideran obstáculos para el desarrollo.

La Agencia de Protección Ambiental llegó a un acuerdo que permitiría a la mina Pebble solicitar un permiso. El proyecto Pebble apunta a depósitos de cobre cerca de Bristol Bay en Alaska. Una confederación de corporaciones locales de pueblos nativos de Alaska, United Tribes of Bristol Bay, se opone a la mina por temor a que destruya la rica pesquería de salmón en la bahía. Otra decisión de la administración Obama se revirtió en diciembre. El presidente Trump redujo tanto el Grand Staircase-Escalante como los Bears; Oídos Monumentos Nacionales en Utah. Bears & Ears, establecida en diciembre de 2016, se redujo en un 85%, de 1,351,849 acres a 201,876 acres. Esto permitirá que el estado de Utah abra tierras para la extracción de recursos de uranio, petróleo y depósitos de gas.

Progreso potencial para los pueblos indígenas en Estados Unidos

En 2016, el ex presidente Obama declaró el área de Bears Ears en Utah un Monumento Nacional que posee sitios sagrados para las tribus Ute, Navajo, Hopi y Zuni. Una de estas dos decisiones ya ha sido deshecha por la administración Trump, junto con el destino de Dakota Access Pipeline. En diciembre de 2016, los miembros de los grupos de apoyo a la nueva campaña presidencial propusieron la privatización de tierras nativas que poseen recursos naturales, eliminando así la supervisión y las reglamentaciones federales.

En agosto de 2016, la aldea de Inupiat de Shishmaref celebró una elección sobre si se debía desarrollar un nuevo sitio de aldea en el continente con el fin de reubicarse de una isla de barrera que había sido muy erosionada. Más de 30 pueblos de Alaska enfrentan una amenaza inminente de erosión costera e inundaciones causadas por el cambio climático. Shishmaref votó por la reubicación en 1973 y en 2002, pero no pudo encontrar fondos ni ubicaciones adecuadas para que se realizara la mudanza. Si bien la medida ahora costaría USD 200 millones, el estado está listo para otorgar USD 8 millones.

En agosto de 2017, Cherokee Freedmen recuperó los derechos de ciudadanía en la nación Cherokee. La decisión en Cherokee Nation v. Nash sostuvo que los descendientes de antiguos esclavos Cherokee tienen derecho a la plena ciudadanía en la nación Cherokee. También en Oklahoma, un juez federal falló a favor de los terratenientes de Kiowa, Apache y Comanche que poseen un paquete de tierra de fideicomiso atravesado por un gasoducto. Los propietarios demandaron a la compañía del oleoducto por intrusión. El juez ordenó a la compañía del oleoducto cesar su operación y retirar el oleoducto de la tierra.