El Mundo Indígena 2021: Los Estados Unidos de América
Se calcula que la cantidad de indígenas en Estados Unidos de América oscila entre 2.5 y 6 millones[1], de los cuales alrededor del 20% vive en zonas indígenas americanas o en pueblos nativos de Alaska. Los pueblos indígenas de Estados Unidos se denominan más comúnmente grupos nativos. El estado con mayor población nativa es California; el lugar con mayor población nativa es la ciudad de Nueva York.
Con algunas excepciones, la condición oficial de indio americano o nativo de Alaska se confiere a los miembros de las tribus reconocidas por el gobierno federal. Quinientas setenta y cuatro (574) entidades tribales nativas americanas fueron reconocidas como tribus indias americanas o nativas de Alaska por Estados Unidos en enero de 2020,[2] y la mayoría de ellas poseen territorios nacionales reconocidos. Las naciones nativas reconocidas por el gobierno federal son inherentemente soberanas, pero su soberanía se ve legalmente limitada al ser definidas unilateralmente como dependientes del gobierno federal. El gobierno federal obliga a que se consulte a las tribus en muchas cuestiones, pero tiene poderes plenos sobre las naciones indígenas. Muchas naciones nativas tienen derechos específicos en virtud de tratados y el gobierno federal ha asumido la responsabilidad de los pueblos nativos a través de su tutela, aunque estas responsabilidades a menudo no cuentan con los fondos necesarios.
También hay tribus indígenas americanas reconocidas y no reconocidas por los estados, pero no son oficialmente naciones nativas a ojos del gobierno federal. Aunque los indicadores socioeconómicos varían mucho entre las distintas regiones, la tasa de pobreza de quienes se identifican como indios americanos o nativos de Alaska ronda el 25%.
Estados Unidos anunció en 2010 que apoyaría la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) como guía moral tras haber votado en su contra en 2007. Estados Unidos no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. Aunque los indios americanos son generalmente ciudadanos estadounidenses, también son ciudadanos de sus propias naciones.
Al igual que en otros lugares, en 2020 el virus del COVID-19 afectó a los pueblos indígenas con consecuencias devastadoras en Estados Unidos. Sin embargo, también se produjeron otros acontecimientos importantes. En noviembre, las elecciones presidenciales llevaron al cambio de Donald Trump (republicano) por Joe Biden (demócrata), quien tomará posesión en enero de 2021. Biden ha nombrado a su futuro gabinete, y Deb Haaland (Pueblo de Laguna, demócrata) ha aceptado su nominación al cargo de secretaria del Interior. Fue una de las dos primeras mujeres nativas elegidas para el Congreso en 2018 (véase El Mundo Indígena 2019). Haaland será la primera persona nativa en ser secretaria del gabinete y dirigirá el departamento que supervisa la Oficina de Asuntos Indígenas. El Departamento del Interior también controla alrededor de una quinta parte de las tierras de EE. UU. y los recursos naturales ubicados en ellas. Haaland ha propuesto restaurar las protecciones para las tierras erosionadas por el Gobierno del presidente Trump, especialmente para los monumentos nacionales Bears Ears y Grand Staircase-Escalante (véase El Mundo Indígena 2018 y 2020). En una entrevista con The Guardian, refiriéndose a las protestas por la injusticia racial que se apoderaron de Estados Unidos en 2020, Haaland indicó: “Tantos nativos americanos se unieron a las protestas de Black Lives Matter porque el territorio indio[3] reconoció que somos aliados en la lucha por la justicia ambiental, la justicia económica y la justicia racial (...). Estas comunidades que se encuentran en la primera línea del conflicto merecen tener los recursos para poder levantarse”.[4]
COVID-19
La nueva pandemia de coronavirus afectó especialmente a las comunidades nativas. Algunas reservas trataron de protegerse controlando el acceso. En abril, la tribu Sioux del río Cheyenne y la tribu Sioux Oglala de Dakota del Sur establecieron puestos de control de salud en las carreteras de acceso a la reserva. Como estas carreteras incluían autopistas federales y estatales sobre las que los estados mantienen el control, la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem (republicana), se puso en contacto con el Departamento del Interior, y la Oficina de Asuntos Indígenas pidió a las tribus que consultaran con el estado. En mayo, Noem exigió la retirada de los puestos de control y amenazó con entablar demandas judiciales. En medio del recrudecimiento de las condiciones de la COVID-19, la tribu Sioux de Rosebud también instaló puestos de control. Después de que el presidente de la tribu Sioux del río Cheyenne, Harold Frazier, se negara a retirar los puestos de control, Noem apeló al Gobierno de Trump, el cual amenazó con poner fin al acuerdo de aplicación del marco legal de la tribu en virtud de la Ley Pública 93-638, así como con retener más pagos de los fondos de ayuda para la tribu por concepto del COVID-19. A continuación, la tribu del río Cheyenne demandó al gobierno federal.[5] Los puestos de control seguían en pie en diciembre.
Otras tribus establecieron puestos de control con mucha más ayuda de los gobiernos estatales. En Nuevo México, por ejemplo, el gobierno estatal ayudó a Zuni Pueblo, Zia Pueblo y otras naciones a mantener a los visitantes alejados de sus comunidades. Acoma Pueblo, Picuris Pueblo y la reserva Hopi fueron algunas de las naciones que cerraron el acceso. El gobernador también cerró por completo el paso a la ciudad de Gallup, centro de la cercana reserva Navajo.
La nación Navajo ha sido una de las comunidades más afectadas de Estados Unidos. Estuvo bajo una orden de cierre de marzo a agosto y declaró otro cierre con toques de queda los fines de semana desde noviembre hasta el fin de año. Al igual que en muchas otras comunidades nativas, los recursos de atención de salud no daban abasto. Las camas de cuidados intensivos, las fuentes de oxígeno y el personal eran insuficientes. En muchas comunidades nativas, los pacientes que no padecían COVID-19 y que necesitaban tratamiento fueron trasladados a otros centros. Esto significaba que sus familias no podían estar cerca de ellos. El Servicio de Salud Indígena (IHS) tuvo que tomar a menudo decisiones difíciles, y algunas de ellas se llevaron a cabo sin consultar con las tribus. Por ejemplo, en julio el IHS cerró los servicios de emergencias y de cuidados intensivos para pacientes internados en su unidad Acoma-Cañoncito-Laguna porque el hospital no contaba con suficiente personal debido a la escasez de trabajadores médicos.
La tasa de mortalidad por COVID-19 entre los indios americanos y los nativos de Alaska era más alta que entre los estadounidenses blancos. Un estudio realizado con datos de catorce estados descubrió que la tasa de mortalidad era 1.8 veces mayor. Para las personas de entre 20 y 49 años, la tasa de mortalidad era unas diez veces mayor. Desgraciadamente, esto no es sorprendente dado el estado de la asistencia sanitaria en las comunidades nativas. Los autores concluyeron que,
Las desigualdades de larga data en la financiación pública; la infraestructura; y el acceso a la atención médica, educación, vivienda estable, alimentos saludables y cobertura de seguro han contribuido a las disparidades de salud (incluida la mayor prevalencia del tabaquismo, la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares) que ponen a los pueblos indígenas en mayor riesgo de padecer enfermedades graves asociadas a la COVID-19.[6]
Dado que el COVID-19 afecta predominantemente a las personas mayores, las tribus han perdido a muchos de sus ancianos durante esta pandemia. Esto no solo es una gran pérdida personal para las familias, sino que también supone una pérdida de la tradición y la lengua, ya que ellos suelen ser los últimos hablantes fluidos y los guardianes del conocimiento. Es difícil calcular el impacto que estas pérdidas tendrán en la educación y la supervivencia de la lengua, pero, a juzgar por los datos anecdóticos, podría ser catastrófico para muchas tribus.
En marzo, el gobierno federal promulgó la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Ley CARES), que proporciona dos billones de dólares a las empresas, agencias y organizaciones afectadas por la pandemia. De ese dinero, 8.000 millones de dólares se reservaron para las tribus nativas. Varias tribus interpusieron demandas judiciales para protestar por la posibilidad de que las empresas nativas de Alaska recibieran ese dinero. Las 12 corporaciones regionales y las 177 corporaciones de aldeas de nativos de Alaska son corporaciones de accionistas con fines de lucro y entidades separadas de las aldeas de nativos de Alaska reconocidas por el gobierno federal. Las tribus, incluidas varias de Alaska, argumentaron que las corporaciones no son gobiernos tribales. En septiembre, el Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Distrito de Columbia dio la razón a las tribus.[7] El gobierno federal y las corporaciones nativas de Alaska presentaron un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo. Mientras tanto, los fondos prometidos a las tribus no se pagaron sino hasta junio, tras largos retrasos, y los datos confidenciales que las tribus tenían que proporcionar para solicitar los fondos se filtraron a partes externas casi de inmediato. Los datos contenían información sobre el territorio, las inscripciones, los empleados y los gastos tribales, que las naciones nativas se han mostrado muy reacias a compartirlos. También se incluían las cuentas bancarias tribales para los depósitos de fondos.
Petróleo y minerales
La pandemia no detuvo los avances en otras áreas, especialmente la extracción de recursos naturales y el transporte. El oleoducto Keystone XL (véase El Mundo Indígena 2019 y 2020) siguió bloqueado después de que el Tribunal Supremo confirmara en julio una sentencia de mayo de un tribunal de menor instancia que invalidaba los permisos del oleoducto para cruzar ríos. El tribunal acordó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército había violado sus obligaciones en virtud de la Ley de Especies en Peligro de Extinción al expedir los permisos.[8] En octubre, el mismo juez denegó una petición de la tribu Sioux de Rosebud y de la comunidad india de Fort Belknap en una demanda separada para detener temporalmente la construcción de un segmento de 2.4 kilómetros de longitud que cruza la frontera entre Estados Unidos y Canadá.
En marzo, el juez federal James Boasberg decidió que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos tenía que completar una revisión ambiental completa sobre el cruce del oleoducto Dakota Access en el río Misuri, cerca de la Reserva Sioux de Standing Rock (véase El Mundo Indígena 2017, 2018, 2019 y 2020).[9] En julio, el mismo juez ordenó el cierre del oleoducto en un plazo de 30 días.[10] La orden de cierre fue rechazada por el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos en agosto, el que, sin embargo, dejó intacta la decisión sobre la revisión ambiental. Esto significa que el oleoducto Dakota Access funciona ahora sin un permiso válido.
En diciembre, la Red Lake Band of Chippewa, la White Earth Band of Ojibwe, Honor the Earth y el Sierra Club interpusieron una demanda contra el Cuerpo de Ingenieros del Ejército por los permisos de cruce de ríos concedidos a Enbridge para la construcción de la Línea 3. El oleoducto, que atraviesa el norte de Minnesota, cruzaría territorios de tratados y zonas de arroz silvestre (véase El Mundo Indígena 2019).
En Alaska, el Gobierno de Trump anunció, en agosto, que abriría toda la llanura costera del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico (ANWR) para la extracción de petróleo (véase El Mundo Indígena 2020). Tras las elecciones, el gobierno federal anunció una fecha de enero para la venta de concesiones, antes de que el presidente electo Biden tome posesión. El Comité Directivo Gwich'in solicitó a un juez federal que bloqueara la venta. Dos semanas después del anuncio inicial, el Gobierno de Trump redujo la venta en un tercio. Por otro lado, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) denegó el permiso a la mina Pebble en la bahía de Bristol, en Alaska (véase El Mundo Indígena 2014, 2015, 2018, 2019 y 2020).
En un último esfuerzo, el gobierno federal está tratando de dar su aprobación a muchos proyectos de extracción. El Servicio Forestal Nacional publicará una Declaración de impacto ambiental sobre el proyecto minero Resolution Copper en Arizona. Este proyecto destruirá gran parte de Oak Flats, un lugar sagrado de inmensa importancia para los apaches de San Carlos (véase El Mundo Indígena 2012 y 2014). Río Tinto y BHP, las empresas que están detrás de Resolution Copper, han trabajado íntimamente con el Gobierno de Trump. En una visita al lugar en octubre, el secretario de Comercio, Ross, dijo que la mina “fue una de las principales razones por las que el presidente Trump avanzó tan agresivamente para reducir la burocracia involucrada en tales proyectos”[11] (véase El Mundo Indígena 2018).
En noviembre, la Agencia de Protección Ambiental concedió los permisos definitivos de aguas para el proyecto Dewey-Burdock en Dakota del Sur. Este proyecto es una mina de uranio in situ en la que el uranio se disuelve del mineral bajo tierra utilizando un agente de lixiviación y luego se bombea a la superficie. La mina se ubicaría en la cabecera del río Cheyenne, en terrenos de Black Hills, los cuales habían sido tomados ilegalmente de la nación Lakota, para quienes son sagrados. Todas las tribus Lakota se oponen a la mina, al igual que los Cheyenne del norte.
La decisión de McGirt
En julio, el Tribunal Supremo emitió un fallo en el caso McGirt v. Oklahoma (véase El Mundo Indígena 2020) a favor de McGirt y de la nación Muscogee (Creek). La demanda fue presentada por Jimcy McGirt, quien había sido condenado a cadena perpetua por el estado de Oklahoma por delitos sexuales contra una menor de edad. McGirt afirmaba que, dado que él y la víctima eran nativos y el delito se había producido en territorio indio, el estado carecía de jurisdicción; los delitos mayores en los que están implicados nativos en tierras indígenas son de competencia federal.
La cuestión era si el lugar del delito estaba o no en territorio indio. Oklahoma afirmó que la Reserva Creek había quedado disuelta. El Tribunal Supremo, con una decisión a favor de McGirt y los Muscogee, afirmó que la Reserva Creek seguía existiendo. Esta decisión se basó en un precedente establecido (véase El Mundo Indígena 2015 y 2016), pero fue ampliamente señalada, tal vez porque sus consecuencias implícitas afectan a una zona extensa, por lo menos la mitad oriental de Oklahoma. El Tribunal Supremo ha hecho determinaciones en algunos casos recientes contra tribus basándose en cálculos políticos contemporáneos más que en la exactitud histórica, señalando que el tiempo transcurrido establece un precedente que ya la ley no puede corregir (véase El Mundo Indígena 2006 y 2018). El juez Gorsuch, expresándose por la mayoría en McGirt, rechazó este enfoque:
Muchos de los argumentos que se nos presentan hoy siguen un patrón tristemente familiar. Sí, se hicieron promesas, pero el precio de mantenerlas ha sido demasiado alto, así que ahora deberíamos hacer la vista gorda. Pero rechazamos esa idea. Si el Congreso desea retirar sus promesas, debe decirlo. Los actos ilícitos, realizados durante mucho tiempo y con suficiente vigor, jamás bastan para modificar la ley.[12]
La decisión en el caso McGirt v. Oklahoma significa que los límites históricos de la nación Muscogee (Creek) siguen intactos y que, por lo tanto, el estado de Oklahoma no tiene jurisdicción sobre los delitos que afecten a los nativos dentro de los límites de la reserva. Dado que las reservas Cherokee, Choctaw, Chickasaw y Seminole, como mínimo, fueron supuestamente disueltas en las mismas circunstancias, es probable que la decisión las afecte también. Aunque la decisión en el caso McGirt solo se refería a la cuestión de jurisdicción, el hecho de que la reserva Muscogee (Creek) siga existiendo también podría tener otras consecuencias en cuanto a la normativa y los impuestos, a pesar de que no cambiará la titularidad de las tierras.
El fiscal general de Oklahoma, Mike Hunter, presentó un acuerdo de principio con los líderes de las naciones Muskogee, Choctaw, Cherokee, Chickasaw y Seminola tras la decisión, pero los líderes de las naciones Seminola y Muscogee rechazaron ese acuerdo a los pocos días. Hunter también citó el caso de un hombre no nativo condenado a muerte en Oklahoma por haber asesinado a una mujer Chickasaw y a sus dos hijos, y dijo que pensaba que todo el mundo podría acordar que el estado debía ejecutar al hombre, el cual presentó un recurso de apelación alegando que Oklahoma no tiene jurisdicción. Hunter se opone a este recurso de apelación, lo que demuestra que todavía tardará algún tiempo para que se comprenda la jurisdicción federal y tribal sobre el territorio indio. Asimismo, un juez del condado de Latimer ya había decidido en noviembre que la reserva Choctaw tampoco había sido disuelta. Jimcy McGirt volvió a ser condenado por la ley federal.
Wampanoag
En marzo, el secretario del Interior, David Bernhardt, anunció que se disolvería la reserva Mashpee Wampanoag de Massachusetts (véase El Mundo Indígena 2019). En junio, un juez federal anuló esa decisión.[13] El gobierno federal está apelando el caso. Dado que Deb Haaland, la candidata a secretaria del Interior, apoyó a la tribu Wampanoag a lo largo de su disputa contra el Gobierno de Trump, es probable que se abandone esta apelación. A la vez, un grupo que se autodenomina tribu Mattakeeset Massachusett está reclamando las tierras en las que los Mashpee Wampanaog han intentado construir un casino. Los Mattakeeset no están reconocidos por el gobierno federal ni por el estatal y volvieron a constituirse como grupo en 2014.
Sebastian Braun es antropólogo cultural y director del programa de Estudios Indios Americanos de la Universidad Estatal de Iowa. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Este artículo es parte de la 35ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra el bloqueo que la comunidad indígena de Kawemhakan, Surinam hizo en su pista de aterrizaje para evitar que los forasteros llegaran a sus aldeas y que trajeran el virus de la COVID-19 con ellos. Fotografiada por la fundación Mulokot en Kawemhakan, es la portada del Mundo Indígena 2021 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí
Notas y referencias
[1] Las estimaciones varían según las definiciones. El censo oficial utiliza la autoidentificación. Ofrece cifras mucho menores para quienes solo se identifican como indios americanos/nativos de Alaska que para quienes se identifican como indios americanos o nativos de Alaska y otro grupo poblacional. La Oficina de Asuntos Indígenas, el Servicio de Salud Indígena (IHS) y otras agencias del Gobierno federal proporcionan cifras basadas en la inscripción en tribus reconocidas por el Gobierno federal o en la elegibilidad para recibir sus servicios.
[2] Departamento del Interior, Oficina de Asuntos Indígenas. “Entidades indígenas reconocidas por la Oficina de Asuntos Indígenas de Estados Unidos y con derecho a recibir sus servicios” (Indian Entities Recognized by and Eligible to Receive Services from the United States Bureau of Indian Affairs). Federal Register 85 (20) 5462-5467. Disponible en https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-01-30/pdf/2020-01707.pdf
[3] El término “territorio indio” hace referencia a todas las tierras de Estados Unidos sobre las que las tribus y el Gobierno federal comparten el control (y la mayoría de las veces la jurisdicción). Entre ellas se incluyen (según la ley federal, 25 U.S.C. § 1151) las tierras de las reservas bajo jurisdicción federal, las “comunidades indias dependientes” y todas las asignaciones indias (es decir, las tierras en fideicomiso de los indígenas fuera de las reservas).
[4] Lakhani, Nina. “‘Seré feroz por todos nosotros’: Deb Haaland sobre el clima, los derechos de los nativos y Biden” (‘I'll be fierce for all of us’: Deb Haaland on climate, Native rights and Biden). The Guardian, 27 de diciembre de 2020. Disponible en https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/27/deb-haaland-interview-interior-secretary-native-americans
[5] Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Cheyenne River Sioux Tribe v. Donald J. Trump et al. Caso Nº 1:20-cv-01709.
[6] Arrazola, Jessica, et al. “Mortalidad COVID-19 entre personas indígenas americanas y nativas de Alaska —14 estados, de enero a junio de 2020”. (COVID-19 Mortality Among American Indian and Alaska Native Persons — 14 States, January–June 2020). Morbidity and Mortality Weekly Report, diciembre de 2020, 69 (49), 1853-1856.
[7] Tribunal de Apelación de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia. Confederated Tribes of the Chehalis Reservation, et al. v. Steven Mnuchin et al. Nº 20-5204, Consolidado con 20-5205, 20-5209. Fallo emitido el 25 de septiembre de 2020.
[8] Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Montana, División de Great Falls. Northern Plains Resource Council et al. v. Army Corps of Engineers et al. CV-19-44-GF-BMM.
[9] Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Standing Rock Sioux Tribe et al. v. U.S. Army Corps of Engineers et al. Acción civil Nº 16-1534 (JEB), 25 de marzo de 2020.
[10] Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Standing Rock Sioux Tribe et al. v. U.S. Army Corps of Engineers et al. Acción civil Nº 16-1534 (JEB), 6 de julio de 2020.
[11] “Observaciones del secretario de Comercio Wilbur L. Ross en la mesa redonda sobre la visita al sitio de la mina Resolution Copper de Rio Tinto en Phoenix, Arizona” (Remarks by Commerce Secretary Wilbur L. Ross at the Rio Tinto Resolution Copper Site Visit Roundtable in Phoenix, Arizona). Departamento de Comercio de Estados Unidos, 9 de octubre de 2020. Disponible en https://www.commerce.gov/news/speeches/2020/10/remarks-commerce-secretary-wilbur-l-ross-rio-tinto-resolution-copper-site
[12] Tribunal Supremo de Estados Unidos. McGirt v. Oklahoma. N.º 18-9526, 591 U.S. 9 de julio de 2020.
[13] Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Mashpee Wampanoag Tribe v. David Bernhardt et al. Acción civil Nº 18-2242 (PLF), 5 de junio de 2020.
Etiquetas: Gobernanza Global, Derechos Humanos
