El Mundo Indígena 2024: Colombia
En Colombia habitan cerca de 115 pueblos indígenas de diversos orígenes y tradiciones lingüísticas y culturales. Se distribuyen a lo largo y ancho del país en las costas del Caribe y el Pacífico, en la Amazonia, las sabanas orinoquenses y las áreas andinas. En el último censo nacional de 2018, la población indígena total reportada fue de 1,9 millones de personas[1], de las cuales el 64 % habita en 846 territorios colectivos legalizados. El resto de población se localiza en centros urbanos o en zonas rurales dispersas.
Además de los pueblos indígenas, la Constitución y las leyes colombianas también reconocen como sujetos colectivos de derechos a comunidades afrodescendientes, raizales de las tierras insulares, palenqueros del Caribe y al pueblo Rom.
Las deudas sin saldar con los territorios indígenas
En Colombia, los resguardos indígenas son la figura jurídica de rango constitucional mediante la cual el Estado reconoce y formaliza la propiedad colectiva sobre territorios ancestrales habitados por estos pueblos. Este reconocimiento se dio gracias a la conjunción de las luchas de los pueblos, la incorporación normativa de instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y desarrollos jurisprudenciales de la Corte Constitucional colombiana. En dichos avances, se reafirma que la sola ocupación ancestral de los territorios colectivos indígenas es equiparable al título de propiedad que otorga el Estado. De igual manera, se establece que estas áreas no se limitan a las tierras efectivamente habitadas, explotadas y tituladas sino que se extienden a los espacios tradicionales que también son ámbitos donde se actualizan sus cosmovisiones, sus sistemas económicos, sus recursos vitales y sus sistemas singulares de organización.
Debido al sentido particular que tiene para los pueblos indígenas la tierra, la protección de su territorio no se limita a aquellos que se encuentran titularizados, sino que se trata de un concepto jurídico que se extiende a toda la zona indispensable para garantizar el pleno y libre ejercicio de sus actividades culturales, religiosas y económicas, de acuerdo como las ha venido desarrollando de forma ancestral. El Estado tiene la obligación de proteger a las comunidades indígenas frente a las perturbaciones que puedan sufrir en el ejercicio de sus actividades en lo que han considerado su territorio ancestral (…). (Corte Constitucional, 2014)[2].
Ahora bien, en Colombia existen ostensibles avances en materia de reconocimiento formal de los derechos colectivos integrales de los pueblos indígenas, entre ellos al territorio, pero es también cierto que este derecho se ha visto menoscabado no solo por los rezagos en la titulación y en la ampliación de resguardos, sino porque muchos de los territorios ya legalmente constituidos están expuestos a hechos fácticos de despojo y expulsión de poblaciones. Esta situación se desarrolla especialmente en regiones que han estado sometidas a la violencia continuada por la presencia de actores armados, narcotraficantes, colonos, grandes propietarios de tierra, o empresas extractivas.
Durante la Consulta Previa del Plan de Desarrollo 2022-2026 del actual gobierno del presidente Gustavo Petro[3], se puntualizaron algunos de los serios problemas que afectan a los pueblos indígenas y comunidades étnicas del país, y el impacto desproporcionado que han tenido el conflicto armado colombiano y las violencias estructurales sobre sus sociedades, territorios y recursos. También se reconoció el severo daño ocasionado en sus ecosistemas naturales como consecuencia de modelos de explotación depredadores.
Durante la última década, más del 15 % de la deforestación nacional se dio en territorios étnicos. Para el caso de resguardos indígenas se ha venido presentando un incremento de la deforestación principalmente en el bioma amazónico, región que incluye departamentos como Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guaviare, Guainía y Vaupés, y algunos sectores de los departamentos de Meta, Vichada, Cauca y Nariño (…). Las principales causas de la deforestación para estos territorios se relacionan con la extracción ilícita de minerales, contaminando las fuentes hídricas con metales pesados como el mercurio y el cianuro, y causando impactos ambientales de grandes magnitudes en zonas ricas de biodiversidad; con la extracción ilegal de madera, colonización y expansión de la frontera agropecuaria y corredores de cultivos ilícitos (ONU-REDD, 2017), propiciando conflictos socioambientales de uso de tierras (Plan Nacional de Desarrollo, 2022-2026).
En línea con este diagnóstico, el Plan propone un cambio en el relacionamiento entre el Estado y los pueblos indígenas, y establece un compromiso de trabajo con las comunidades étnicas para superar los rezagos de titulación y restituir los derechos individuales y colectivos vulnerados. En este marco, hace especial mención a los territorios étnicos de zonas de frontera, todo esto bajo los principios de autonomía y autodeterminación de estos pueblos.
Apenas pasado el primer año del actual Gobierno, es prematuro realizar un corte de cuentas y determinar el alcance que tendrán los buenos propósitos que están planteados como parte central de las políticas de ordenamiento de las tierras rurales. Sin embargo, es posible afirmar que se han dado avances en esta dirección, entre ellos la efectiva concertación en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, la cual es una instancia integrada por los representantes de los pueblos indígenas y el gobierno nacional con el fin de tratar los temas relacionados con la garantía y el goce efectivo de los derechos territoriales.
Cifras del presente y a futuro
De acuerdo con la información de la Agencia Nacional de Tierras de Colombia[4], hacia agosto de 2023 existían 846 resguardos indígenas constituidos legalmente para un total de 35.608.579,2 hectáreas, que representan aproximadamente el 31 % del territorio nacional. Los resguardos de mayor extensión están constituidos en la región amazónica y el sur de la Orinoquia donde habitan más de 52 pueblos indígenas diferentes. En las demás regiones, predominan los resguardos de mucha menor extensión, algunos de ellos formados por globos de tierras discontinuos, aunque se trate de espacios continuos históricamente ocupados por la misma comunidad.
La situación territorial de los pueblos de zonas andinas en departamentos como Cauca, Nariño, Huila, Tolima, entre otros, es altamente deficitaria debido a la mayor cantidad de población y las condiciones de baja productividad de las áreas que les han sido legalizadas. En otras regiones como el Caribe, el piedemonte orinoquense y la altillanura, los pueblos indígenas enfrentan problemas especialmente atribuibles a megaproyectos extractivos y agroindustriales. En todo caso, buena parte de los territorios étnicos colombianos están expuestos a los tráficos ilegales y a los corredores del narcotráfico que controla e inutiliza importantes áreas de ocupación y uso de las comunidades étnicas.
En estas circunstancias, las demandas de garantías sobre los territorios indígenas no solo están centradas en el reconocimiento de sus títulos de propiedad colectiva, sino en la posibilidad real de su ocupación y disfrute, lo cual solo será posible con medidas efectivas de ampliación, saneamiento, clarificación, protección y con la desactivación de los factores de violencia que los afectan. De hecho, la Agencia Nacional de Tierras informa que, hacia finales de 2023, se encuentran en trámite 1.559 solicitudes relacionadas con la formalización, consolidación y seguridad jurídica de los territorios colectivos ancestrales de diversos pueblos a lo largo y ancho del país.
La meta del actual gobierno es entregar el 39,58 % de las hectáreas disponibles en el Fondo Nacional de Tierras para la Reforma Rural Integral con el fin de constituir, ampliar y sanear los resguardos de los pueblos indígenas, así como también articular estos procesos de garantía de derechos territoriales a las acciones que llevan a cabo la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad para la Atención de Víctimas. Esta última institución, ya viene desarrollando la Ruta de Reparación colectiva en 429 comunidades indígenas que fueron afectadas por hechos asociados con el conflicto armado[5].
De igual manera, en la reunión de noviembre de 2023 de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas[6] se renovaron y suscribieron una serie de compromisos específicos para 2024, tales como la destinación de 33,2 millones de dólares a los pueblos indígenas; la consolidación del Fondo de Tierras; la unificación de sistemas de información; la radicación de 80 demandas de restitución de tierras ante los jueces de restitución, y la culminación de los procesos de constitución y saneamiento de una serie de resguardos que se encuentran en trámite, entre otros.
El contexto de la Paz Total
El 2 de octubre de 2016, se dio en Colombia un hecho sorprendente que contrarió el curso de los acuerdos de paz alcanzados entre el gobierno Nacional, encabezado por el presidente de ese entonces, Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC-EP. Ese día, se sometió a un plebiscito popular la ratificación del Acuerdo suscrito por las dos partes en La Habana, Cuba, que incluyó también un Capítulo Étnico especial relativo a la participación de los pueblos indígenas y comunidades étnicas en su implementación[7]. Pese al optimismo reinante entre propios y extraños, un 50,2 % de los concurrentes votaron NO a la ratificación del Acuerdo de Paz.
Si bien la derrota del SI fue por solo 50.000 votos (el 0,4 % del total), con el paso de los días se fueron revelando las razones de este asombroso resultado: alta abstención (62,5 %)[8], mayor peso de votantes de zonas urbanas menos golpeadas por el conflicto, excesiva confianza de los partidarios del Acuerdo, tergiversación informativa y manipulación propagandística de los sectores de extrema derecha. El triunfo del NO al Acuerdo no solo condujo a una nueva fase de negociación, sino también a la introducción de una serie de modificaciones de cierto calado sobre el contenido inicial. A su vez, bastó para sembrar una línea narrativa de los opositores que se sirven del mismo discurso para deslegitimar ese proceso hasta la actualidad.
El análisis de estadística textual muestra que los discursos del “No" centraron su mensaje en el campo semántico del miedo, la guerra y el comunismo. Es así como las palabras más utilizadas por estos líderes fueron: “guerra”, “terrorismo”,” impunidad”, “delitos”, “masacres”, “narcotráfico”, “«atroces”», “violación”, “chavismo”, “Venezuela” y “lesa humanidad”. Al tema de la guerra, se sumó el discurso del miedo frente a la posibilidad de que las FARC llegasen al poder y a que, de ese modo, Colombia se convirtiera en "una nueva Venezuela”. (Nueva Sociedad, 2017)[9].
Desde sus comienzos, y luego con la llegada del Gobierno de Iván Duque, la implementación del Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP sufrió duros reveses y saboteos. El primero, y tal vez el más grave, provino del mismo Estado en cabeza del fiscal general de ese entonces, Néstor Humberto Martínez Neira. Este fiscal se hizo portavoz de las fuerzas de extrema derecha opositoras al Acuerdo: no solo concibió diversas modificaciones legislativas al texto final, sino que diseñó un montaje judicial contra los principales negociadores de las FARC-EP[10] que terminó ocasionando la deserción del proceso de paz de centenares de guerrilleros. En este marco, el inicio de la implementación del Acuerdo Final con las FARC-EP estuvo sembrado de mutua desconfianza y de la retoma armada de muchos territorios que continuaron siendo escenario de confrontación entre las guerrillas que no hicieron parte del proceso de paz, como el Ejército de Liberación Nacional, los nuevos grupos disidentes, los grupos armados organizados ligados a los carteles del narcotráfico, y la fuerza pública.
En esta atmósfera de crispación y nulo compromiso con la construcción de paz, transcurrieron los cuatro años del gobierno de Iván Duque. Durante este periodo, volvieron a crecer las cifras de homicidios de líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz, las masacres, los desplazamientos forzados, la exportación de cocaína, y demás indicadores de violencia, particularmente en territorios étnicos de indígenas y afrodescendientes.
Con la elección del presidente Gustavo Petro hacia finales de 2022, resurgió el compromiso con la efectiva implementación del Acuerdo Final de Paz suscrito con las FARC-EP en 2016; y también se instaló como una política de Estado la Paz Total. Este concepto no solo abarca la desactivación de las violencias y los grupos armados, sino que comprende la seguridad humana y la vida en todas formas:
Se trata de generar transformaciones territoriales, superar el déficit de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y acabar con las violencias armadas, tanto aquellas de origen sociopolítico como las que están marcadas por el lucro, la acumulación y el aseguramiento de riqueza. Desde las comunidades se reclama el fin de la violencia que ha tomado diversas formas. Las más recientes tienen que ver con los procesos de paz no cumplidos, como la desmovilización del paramilitarismo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de 2004, el Acuerdo de Paz del Teatro Colón de 2016, o los pactos urbanos de Medellín y Cali. (Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026).
Sobre estos principios, se reiniciaron los acercamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central (las disidencias de las antiguas FARC), y con grupos asociados al crimen organizado como el Clan del Golfo, uno de los grupos armados con mayor crecimiento y expansión territorial en los últimos años que mantiene el control de rutas del narcotráfico, el tráfico de insumos para el procesamiento de coca, la minería ilegal, el tráfico de armas y las amplias redes de extorsión. Las conversaciones se llevan a cabo de manera independiente con cada grupo, y los avances aún son discretos. En todo caso, la animadversión y los obstáculos a la Paz Total está a la orden del día en cabeza de los mismos sectores que se opusieron al Acuerdo de Paz con las FARC-EP, y se sostiene con los mismos argumentos, la misma propaganda e, incluso, con el apoyo de los mismos pilares institucionales (Fiscalía, Procuraduría) que otrora se opusieron a la paz.
La Paz Total en territorios indígenas
Es un hecho que pese a los diálogos y algunos acuerdos parciales con el Estado Mayor Central y el ELN para el cese al fuego, la terminación del secuestro, y alivio a la presión sobre las comunidades, el conflicto continúa cobrando víctimas en los territorios étnicos. Aunque hubo una ligera disminución respecto a años como el 2020 y 2021, en 2023 se mantuvieron cifras preocupantes de homicidios de indígenas, especialmente en los departamentos de Cauca, Nariño y Putumayo. Sin mayor precisión, estos se atribuyen a los grupos armados ilegales que no han dejado de operar en estas regiones.
Nuevamente, la mayor parte de las víctimas están en aquellas regiones donde confluyen poderosos intereses sobre tierras, recursos y economías ilegales, donde se padecen igualmente situaciones graves de confinamiento y desplazamiento forzado. Así lo documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CIRC) contabilizó, entre enero y junio de 2023, el desplazamiento masivo de 26.915 personas, relacionado predominantemente con confrontaciones armadas y el desplazamiento individual de 34.212 personas, vinculado generalmente con homicidios selectivos, amenazas e intentos de reclutamiento forzado. Asimismo, el CIRC registró, en el primer semestre del año, 22.755 personas en situación de confinamiento.
En la región Pacífico se concentran más del 90 % de las víctimas de desplazamiento forzado y 84 % de las personas en situación de confinamiento, estos hechos son especialmente graves en los departamentos de Nariño y Chocó respectivamente. La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) destaca que en 2023 el 45 % de las víctimas de desplazamiento son personas afrodescendientes y el 32 % son personas indígenas, mientras que las víctimas de confinamiento son en un 37 % personas afrodescendientes y en un 25 % personas indígenas. (OEA, 2023)[11].
La respuesta de los pueblos y comunidades indígenas ante este panorama aún preocupante, va más allá de la denuncia. En diversos escenarios comunitarios e institucionales han planteado su adhesión a la política de Paz Total del actual gobierno, bajo el entendido de que las causas estructurales de la violencia en sus regiones solo pueden ser parte de una estrategia compleja e integral que aborde de manera adecuada y con enfoque territorial los múltiples factores que están en juego. De igual manera, vienen perfilando sus propios espacios de participación en las mesas de diálogo con el ELN y la EMC, reiterando así su compromiso con la política de paz.
Durante dos días se reunieron autoridades de las siete organizaciones con asiento en la Mesa Permanente de Concertación, con la intención de contribuir y fortalecer los procesos de Paz Total y las mesas de negociaciones que hoy viene trabajando el Gobierno nacional y donde, por supuesto, los Pueblos Indígenas, con su alcance territorial, tienen altos intereses por la disminución de violencias en los territorios (…). Este espacio permitió que tanto el Gobierno nacional, como el ELN, reconocieran a las autoridades de los Pueblos Indígenas, sus diferencias y particularidades en los procesos de construcción de paz en cada uno de sus territorios. Todos los participantes resaltaron la importancia de mantener la autonomía de los Pueblos Indígenas como gobiernos propios, que sean tenidos en cuenta desde la gobernabilidad y estructura organizativa, para que se permita instaurar una metodología propia que contribuya al diseño de la participación (Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas, 2023)[12].
Diana Alexandra Mendoza es antropóloga colombiana, máster en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho, y especialista en Gestión Cultural. Asociada a IWGIA como investigadora independiente. Tiene una amplia trayectoria en derechos individuales y colectivos, medio ambiente y cultura.
Este artículo es parte de la 38ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra a un indígena cosechando quinoa en Sunimarka, Perú. Fotografiada por Pablo Lasansky, es la portada del Mundo Indígena 2024 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2024 completo aquí.
Notas y referencias
[1] Los datos oficiales del Departamento Nacional de Estadística DANE en relación con la población indígena censada en 2018, está actualmente sometida a verificación por un subregistro que fue denunciado por las organizaciones y comunidades indígenas.
[2] Corte Constitucional, Sentencia T-849 de 2014.
[3] Congreso de Colombia. Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Colombia: potencia mundial de la vida. 19 de mayo de 2023. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/portalDNP/PND-2023/Ley_2294_del_19_de_mayo_de_2023.pdf
[4] La Agencia Nacional de Tierras es la entidad encargada de ejecutar las políticas nacionales en materia de ordenamiento social de la propiedad rural y, en particular, “Ejecutar el plan de atención a las comunidades étnicas, a través de programas de titulación colectiva, constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas, adquisición, expropiación de tierras y mejoras”.
[5] Unidad para las Víctimas. Boletín Datos para la Paz. 2023. https://datospaz.unidadvictimas.gov.co/archivos/datosPaz/Boletin_Datos_para_la_Paz_Noviembre_2023.pdf
[6] Comisión Nacional de Territorios Indígenas. ¿Qué se acordó en la última sesión mixta de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas? Noviembre de 2023. Disponible en https://www.cntindigena.org/que-se-acordo-en-la-ultima-sesion-mixta-de-la-comision-nacional-de-territorios-indigenas/
[7] Acuerdo Final de Paz con la FARC-EP. 6.2. Capítulo Étnico. https://bapp.com.co/el-acuerdo-de-paz/
[8] González Poso, Camilo. El Resultado del Plebiscito en Cifras y Mapas. 2016. Disponible en http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2016/10/el-resultado-del-Plebiscito-en-cifras.pdf
[9] “La ‘posverdad‘en el plebiscito por la paz en Colombia”. Nueva Sociedad. 2017. https://nuso.org/articulo/la-posverdad-en-el-plebiscito-por-la-paz-en-colombia/
[10] Santiago Romero, Enrique. La JEP: instrumento de paz, justicia y verdad. Cambios unilaterales y arbitrarios, enemigos y perspectivas. 2017. https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191108024211/El_acuerdo_de_paz_en_Colombia.pdf
[11] OEA. Colombia: CIDH expresa preocupación por la violencia en la región Pacífico y el impacto en pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas. 2023. https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2023/208.asp
[12] Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos Indígenas. 2023. Las autoridades siguen buscando la paz de Colombia. Disponible en https://www.mpcindigena.org/autoridades-indigenas-buscando-paz-colombia/
Etiquetas: Derechos Territoriales, Derechos Humanos, Defensores de derechos humanos indígenas, Empresas y derechos humanos , Conservación
