El Mundo Indígena 2024: Argelia
Los amazigh son el pueblo indígena de Argelia y otros países del norte de África. Sin embargo, el Gobierno argelino no reconoce el estatus indígena de los amazigh y se rehúsa a publicar estadísticas sobre su población. Por lo tanto, no existen cifras oficiales sobre el número de amazigh en el país. Con base en datos demográficos derivados de los territorios habitados por poblaciones de habla tamazight, asociaciones que defienden y promueven los derechos del pueblo Amazigh estiman que la población de habla tamazight oscila alrededor de los 12 millones de personas, o un tercio de la población total de Argelia.
Los amazigh de Argelia están concentrados en cinco territorios: Cabilia en el noreste (los cabilios representan alrededor del 50% de la población amazigh de Argelia); Aurés en el este; Chenoua, una región montañosa en la costa mediterránea al oeste de Argel; M’zab en el sur (Taghardayt) y el territorio Tuareg en el Sahara (Tamanrasset, Adrar, Djanet). También existen múltiples pequeñas comunidades de amazigh en el suroeste (Tremecén, Bechar, etc.) y en otros lugares dispersos a lo largo del país. A su vez, es importante señalar que en las grandes ciudades como Argel, Orán, Constantina, etc. viven varios cientos de miles de personas que son histórica y culturalmente amazigh pero que han sido arabizados parcialmente a lo largo de los años, sucumbiendo a un proceso gradual de asimilación y aculturación.
Las poblaciones indígenas se distinguen de los demás habitantes sobre todo por su lengua (tamazight), pero también por su modo de vida y su cultura (vestimenta, alimentación, cantos y danzas, creencias, entre otras cuestiones). Tras décadas de reivindicaciones y luchas populares, la lengua amazigh fue finalmente reconocida como “lengua nacional y oficial” en la Constitución de Argelia en 2016. Sin embargo, en la práctica, la identidad amazigh continúa siendo marginalizada y folklorizada por las instituciones del Estado. Oficialmente, Argelia sigue presentándose como un “país árabe” y como “tierra del islam”, y las leyes antiamazigh siguen vigentes, como la Ley de Arabización de 1992.
En el ámbito internacional, Argelia ha ratificado las principales normas internacionales y en 2007 votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI). Sin embargo, estos textos siguen siendo desconocidos para la gran mayoría de los ciudadanos y, por lo tanto, no se aplican, lo que ha llevado a los órganos de vigilancia de los tratados de las Naciones Unidas a formular numerosas observaciones y recomendaciones a Argelia instándole a cumplir sus compromisos internacionales.
Argelia finalmente acepta la visita de dos Relatores Especiales de las Naciones Unidas sobre derechos humanos
Planeada en 2011 pero constantemente pospuesta a petición del Gobierno de Argelia, la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación finalmente tuvo lugar del 16 al 26 de septiembre de 2023. En su informe preliminar sobre dicha visita[1], el Relator Especial, Clément Nyaletsossi Voule, expresó preocupación por las siguientes cuestiones:
- La Ley 12-06 de 2012 sobre asociaciones, que sigue en vigor en espera de la aprobación de la nueva ley sobre asociaciones, contiene disposiciones demasiado restrictivas e imprecisamente formuladas, dejando un amplio margen discrecional a las autoridades para rechazar solicitudes de creación de asociaciones. En particular, las asociaciones no pueden ser contrarias a “valores nacionales” (artículo 50) y tienen prohibido involucrarse en actividades de cooperación con asociaciones en el extranjero (artículo 23), o recibir financiación de tales asociaciones (artículo 30) sin autorización previa. Esto contraviene el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR) ratificado por Argelia, en el que se estipula que las restricciones impuestas contra el disfrute del derecho a asociación deben ser precisas, previstas por la ley y necesarias en una sociedad democrática, como explica el Comité de Derechos Humanos en su Observación general nro. 37 (2020) relativa al derecho de reunión pacífica y la Comisión Africana en sus Directrices sobre Libertad de Asociación y Reunión.
- Aunque la Constitución de 2020 reconoce el tamazight como una lengua nacional oficial, a las muestras de afirmación de identidades regionales también se les otorga el calificativo de amenaza contra la unidad y la seguridad nacionales, en particular en la región de Cabilia donde se han producido reclamaciones de mayor autonomía. En 2021, el Movimiento para la Autonomía de Cabilia (MAK) fue clasificado como organización terrorista por haber reclamado la independencia de la región de Cabilia, y varias personas y asociaciones han tenido que hacer frente a acusaciones de presunta asociación con el MAK o de otras actividades consideradas perjudiciales para la unidad nacional según el artículo 87 bis del Código Penal. A este respecto, me remito al caso de la copresidenta del Congreso Mundial Amazigh (CMA): el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria recientemente determinó que era arbitrario su encarcelamiento desde agosto de 2021. Además, hizo un llamamiento para su inmediata puesta en libertad. En mis reuniones, también tuve conocimiento de que a varias personas les han acusado de dañar la unidad nacional por alzar la bandera de la comunidad amazigh.
- Es esencial que las autoridades gubernamentales relajen las férreas restricciones actuales sobre asociaciones, adecuando las leyes conforme a la Constitución y a las normas internacionales de derechos humanos.
Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos, también visitó Argelia del 26 de noviembre al 5 de diciembre de 2023. En su declaración[2], al finalizar su misión en el país, señaló:
- A pesar de las reiteradas garantías que escuché por parte de varios representantes gubernamentales de que Argelia es un país regido por el Estado de Derecho, y de que todas las personas son iguales ante la ley, para mi es obvio que los defensores de derechos humanos que eligen realizar su labor fuera del marco de la sociedad civil diseñado por el Gobierno se enfrentan a graves dificultades que también tienen repercusiones sobre sus familias.
- Falta transparencia sobre las acciones represivas ejercidas contra defensores de derechos humanos, proporcionándose poca información sobre quién da una orden contra ellos, con qué autoridad y por qué razón. Numerosos individuos hicieron referencia a la existencia de una policía política en la sombra que no tendría que rendir cuentas de supervisión transparente.
- Algunos defensores de derechos humanos con los que tenía la intención de reunirme, rehusaron o cancelaron en el último minuto, por miedo a represalias. Mi visita también se vio opacamente desvirtuada porque a varios defensores de derechos humanos, miembros de organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos se les impidió llegar a Tizi Ouzou mientras yo estaba allí. Durante su viaje para llegar a la ciudad, se les retuvo en puestos de control o se les detuvo en una comisaría de policía durante más de 10 horas. La falta de transparencia señalada anteriormente se ejemplifica muy bien en estos casos porque cuando los defensores de derechos humanos preguntaron por qué se les estaba reteniendo, simplemente les contestaron “ya sabes por qué, órdenes de arriba”. Además se me informó que aquellos a los que se les había impedido viajar eran objeto de vigilancia rutinaria y regularmente eran retenidos al tratar de asistir a reuniones, eventos o en otras significativas ocasiones.
- La definición de terrorismo en este artículo, y en toda la legislación nacional argelina, es tan amplia y está redactada tan imprecisamente que deja enorme margen para que los servicios de seguridad arresten a defensores de derechos humanos. Kamira Nait Sid, una mujer defensora de derechos humanos y copresidenta del Congreso Mundial Amazigh que promueve los derechos culturales, económicos y lingüísticos del pueblo Amazigh, fue sentenciada a tres años en prisión por ese cargo. Visité a Kamira en prisión donde me informaron que la acusación específica contra ella se debía a su breve asistencia a una conferencia en una universidad donde, al día siguiente, estaba programado que realizara un evento sobre derechos humanos. Posteriormente fue arrestada y juzgada por los cargos de “socavar la unidad nacional” y “pertenecer a organización terrorista”. Su caso actualmente está en fase de apelación y hago un llamamiento para su puesta en libertad.
- Hago un llamamiento para la liberación de todos los defensores de derechos humanos encarcelados por ejercer su libertad de expresión, opinión y asociación, y para que los artículos del Código Penal relativos a terrorismo y socavamiento de la unidad nacional (incluyendo artículos 79, 87 bis, 95 bis y 96) sean enmendados para que estén en armonía con las normas internacionales.
Ataques a libertades y discriminación contra los amazigh
La feria de libros infantiles organizada por la asociación cultural Tagmatt en Ait-Saada, municipio de Yatafen en Cabilia, del 31 de agosto al 2 de septiembre de 2023, no recibió autorización de la wilaya (provincia) de Tizi-Wezzu y fue cancelada. Otros eventos culturales amazigh tampoco fueron autorizados en Sidi-Aich, Tizi-N-Berber, Akbou, Tizi-Wezzu e Imcheddalen.
Ediciones Koukou, una pequeña y joven editorial, fundada y dirigida por el periodista cabilio Arezki Ait-Larbi, fue excluida del Salón Internacional del Libro de Argel (Sila) celebrado del 26 de octubre al 4 de noviembre de 2023. En un comunicado de prensa, su director denunció a “los fascistas de la censura”[3].
El 19 de febrero de 2023, la oficina del canal de televisión privada Berbère-TV en Argel fue cerrada y precintada con sello judicial por la policía argelina[4]. Pocos días después, la policía procedió a retirar el precinto de cierre y el canal pudo reanudar sus actividades. Este cierre de la oficina de Berbère-TV en Argelia constituye un ataque contra la libertad de prensa y contra el derecho del pueblo amazigh a promover y disfrutar su cultura. La sociedad también percibió este cierre temporal del canal de televisión amazigh como una advertencia a los medios de comunicación de cumplir estrictamente la política gubernamental.
Cada año, el 20 de abril, los amazigh celebran la Primavera Amazigh (Tafsut Imazighen). En 2023, la policía argelina impidió violentamente ceremonias tradicionales en conmemoración de esta festividad. Varias decenas de personas fueron arrestadas para impedirles organizar o participar en las actividades planeadas para ese día. Para los amazigh, esto constituye una grave vulneración de su derecho a honrar su memoria y tradiciones.
Durante la 17ª edición de la media maratón de Vgayet (Béjaia) en Cabilia, celebrada el 1 de diciembre de 2023, se prohibió la bandera amazigh durante toda la carrera, así como también llevar el tradicional vestido cabilio durante la ceremonia de entrega de las medallas a los ganadores. Los organizadores hicieron todo lo posible para ocultar cualquier referencia a la identidad amazigh de la ciudad de Vgayet y su región.
No cesan las violaciones de derechos humanos amazigh
Cherif Mellal, presidente del club de fútbol Jeunesse Sportive de Kabylie (JSK), fue arrestado y encarcelado el 19 de enero de 2023 por “socavar la integridad del territorio nacional”, a tenor de lo dispuesto en el artículo 79 del Código Penal de Argelia. Sin duda, esta acusación infundada tiene que ver con el hecho de que el presidente del JSK había sacado fotos de su club con la bandera amazigh.
Kamira Nait Sid, copresidenta del Congreso Mundial Amazigh, recluida desde el 24 de agosto de 2021 y acusada de pertenecer a organización terrorista, hacer apología del terrorismo y socavar la unidad nacional, fue juzgada y sentenciada el 5 de diciembre de 2022 por el Tribunal de Sidi-Mhamed en Argel a cinco años de prisión y una multa de 100.000 dinares (aproximadamente 9.200 euros). Durante su juicio de apelación, el 3 de marzo de 2023, su sentencia fue reducida a tres años de prisión. Varios mecanismos de las Naciones Unidas han pedido su liberación, en vano.
El 23 de julio de 2023, el Tribunal de Apelación de Argel confirmó la condena de Slimane Bouhafs a tres años de prisión por “recibir fondos del extranjero para fines de propaganda política”, “incitación al odio y discriminación”, “usar nuevas tecnologías para difundir información falsa” y “conspiración”[5]. Slimane Bouhafs es presidente de la Coordinación de cristianos de San Agustín en Argelia, que defiende los derechos de las minorías y la libertad religiosa en el país.
El 26 de noviembre de 2023, la profesora universitaria y activista de derechos amazigh, Mira Moknache, y otros activistas culturales amazigh, comparecieron ante el tribunal en Amizour, Cabilia. Estaban acusados de socavar la unidad nacional. Mira Moknache, que ha sido objeto de hostigamiento judicial desde 2019, está siendo procesada por varios casos en diversos tribunales (Vgayet, Amizour, Argel, Orán) por los mismos cargos: “socavar la unidad nacional y pertenecer a grupo terrorista”[6].
Cincuenta y cuatro acusados fueron sentenciados a muerte en relación con los incendios acontecidos en Cabilia en el verano de 2021 y la muerte de un joven, otros 26 fueron sentenciados a entre 2 y 10 años en prisión y otros 17 fueron absueltos en el juicio celebrado en noviembre de 2022 en el tribunal de Argel[7]. Durante el juicio de apelación, que comenzó el 15 de octubre de 2023, el Tribunal de Apelación de Argel juzgó y sentenció a 38 personas a muerte, 6 más a 20 años en prisión y a otras 23 a sentencias de entre 3 a 10 años, mientras que otros 30 fueron absueltos.
Los abogados de la defensa constataron graves incumplimientos de la ley y del procedimiento judicial. Ambos juicios fueron injustos y, por consiguiente, las condenas están tiznadas de arbitrariedad. En un juicio justo se respeta el derecho y los procedimientos jurídicos nacionales e internacionales, y se respetan los derechos de los abogados y los acusados, que son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Este no fue el caso, según los abogados y diversas ONG de derechos humanos[8].
Durante 2023, los habitantes de Larvaa-Nat-Iraten en Cabilia, de donde provienen los reclusos del corredor de la muerte, llevaron a cabo regularmente una huelga general para protestar por lo que consideraron sentencias injustas impuestas por tácitas razones “políticas”[9].
A un número desconocido de amazigh, en particular defensores de derechos, se les está impidiendo salir del país sin el debido procedimiento, y otros están siendo buscados activamente por las brigadas policiales de investigación e intervención. Otros abandonan el país por cualquier medio, incluyendo la clandestinidad, para llegar a Europa.
Política de tierras que ignora los derechos colectivos de los pueblos indígenas
Tras la independencia de Argelia en 1962, la ley argelina de tierras consistió en nacionalizar las antiguas tierras pertenecientes a los colonos franceses, seguidas de las de los grandes terratenientes argelinos, y de las tierras Archs, es decir, las tierras colectivas pertenecientes a las tribus amazigh. Se debe puntualizar que todas las antiguas tierras de colonos franceses eran originariamente tierras pertenecientes principalmente a las tribus amazigh que fueron robadas por la administración francesa.
Como la nueva administración estatal argelina fue copiada del sistema jacobino francés, la política argelina de tierras ha sido una continuación del sistema del antiguo colonizador: no ha devuelto la tierra robada a las tribus amazigh y, en la década de 1980, comenzó a privatizar tierra propiedad del Estado (Ley 83-18 de 13 de agosto de 1983), alentando firmemente el acceso a la propiedad privada. La Constitución de 1989 y posteriores estipulan que “la propiedad pública es la propiedad de la comunidad nacional. Incluye el subsuelo, minas y canteras, fuentes naturales de energía, la riqueza viviente, natural y mineral de las diversas zonas que componen los ámbitos nacionales marítimo, fluvial y forestal” (artículo 18 de la Constitución de 2020).
Como los amazigh no están reconocidos como un pueblo indígena de este país, no pueden beneficiarse de los derechos internacionalmente reconocidos a los pueblos indígenas. El Estado por consiguiente dispone de sus tierras, territorios y recursos naturales como estima oportuno, sin consultarles u obtener su consentimiento libre, previo e informado.
Belkacem Lounes es doctor en Ciencias Económicas, profesor universitario (Universidad de Grenoble), miembro experto del Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (2016-2021) y miembro del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (2018-2020). También es autor de numerosos informes y artículos sobre los derechos amazigh e indígenas.
Este artículo es parte de la 38ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra a un indígena cosechando quinoa en Sunimarka, Perú. Fotografiada por Pablo Lasansky, es la portada del Mundo Indígena 2024 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2024 completo aquí.
Notas y referencias
[1] Observaciones preliminares de Clément Nyaletsossi Voule, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación. Visita a Argelia, 16-26 de septiembre de 2023. https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/association/statements/20230926-EOM-SR-FOAA-Algeria-fr.pdf
[2] Declaración de fin de misión, Visita a Argelia, 25 de noviembre - 5 de diciembre de 2023, Mary Lawlor, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de derechos humanos. https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/defenders/statements/20231205-eom-algeria-sr-defenders-fr.pdf
[3] “Koukou Editions exclu du Sila”, comunicado de prensa, 23 de octubre de 2023. https://www.koukou-editions.com/post/koukou-editions-porte-plainte-pour-abus-et-usurpation-de-fonction
[4] “Mise sous scellés du siège de Berbère Télévision à Alger”. Algérie360, 19 de febrero de 2023. https://www.algerie360.com/mise-sous-scelles-du-siege-de-berbere-television-a-alger/
[5] “Kamira Nait Sid et Slimane Bouhafs condamnés en appel à trois ans de prison ferme”. Algeria-Watch, 5 de julio de 2023. https://www.https://algeria-watch.org/?p=87428
[6] “L’universitaire Mira Mokhnache victime du harcèlement judiciaire et de pressions”. Le Matin d’Algérie, 13 de agosto de 2023. https://www.https://lematindalgerie.com/luniversitaire-mira-mokhnache-victime-du-harcelement-judiciaire-et-de-pressions/
[7] IWGIA. ”Argelia. El Mundo Indígena 2023. 2023. https://www.iwgia.org/es/argelia/5038-mi-2023-argelia.html
[8] Amnistia Internacional. “Algeria : les condamnations à mort collectives sont marquées par des procès iniques et des allégations de torture”. 9 de enero de 2023. https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2023/01/algeria-mass-death-sentences-marred-by-unfair-trials-torture-claims/
[9] “Semaine 4 de grève: Larbaa Nath Irathen, une ville figée dans le deuil”. 30 de noviembre de 2023. https://marevuedepressedz.com/2023/11/30/semaine-4-greve-lni/
Etiquetas: Derechos Territoriales, Derechos Humanos, Defensores de derechos humanos indígenas, Integridad cultural
