El Mundo Indígena 2025: Venezuela

Escrito en 25 Abril 2025. Publicado en Venezuela

Los Pueblos Indígenas venezolanos habitan principalmente la región Amazónica, conformada por los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, al sureste del país. También hay poblaciones indígenas, aunque en mucho menor grado, en los estados Zulia, Apure, Lara, Guárico, Monagas y Sucre.

La mayoría de estos estados están en los extremos limítrofes y de más difícil acceso del país, lo que evidencia un proceso histórico de poblamiento territorial que tendió a la expulsión de los Pueblos Indígenas.

Con alrededor de unas 700 mil personas, los indígenas venezolanos representan aproximadamente un 3 % del total de la población general, distribuidos en 51 pueblos. Sin embargo, los territorios que habitan abarcan casi un 50 % de todo el territorio nacional. 

Al cierre del 2024, su situación en materia de derechos humanos muestra la permanencia de varios de los problemas que se vienen arrastrando en la materia, en especial por la agudización de la crisis económica y social al menos desde 2016.

Todo esto a pesar de un amplio conjunto de leyes que protegen sus derechos, reconocidos incluso en la Constitución de la República.

Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.

La problemática indígena venezolana contemporánea resulta de la confluencia de un deterioro de las condiciones de vida, lo que incluye la deficiencia en el acceso a servicios básicos como salud, alimentación y educación, sumado a los efectos nocivos derivados de la minería ilegal y otras actividades extractivas en sus territorios. Esto último en el caso de los Pueblos Indígenas ubicados en los estados Amazonas y Bolívar.

En el caso de los Pueblos Indígenas no amazónicos de Venezuela, la inexistencia de minería ilegal no excluye la de otras actividades extractivas o de bandas ilegales. Por ejemplo, en el oriente del país, pueblos como los waraos se ven afectados por bandas dedicadas al contrabando, al igual que en el estado Zulia (frontera con Colombia), donde habitan poblaciones wayúu y guajiras.

El común denominador es un retroceso de sus condiciones de vida y, por ende, en el ejercicio efectivo de sus derechos, a pesar de los esfuerzos que realiza el Estado venezolano y las distintas organizaciones de la sociedad civil, así como el sistema de las Naciones Unidas involucrado en la ayuda humanitaria.

En el caso de los Pueblos Indígenas que habitan en los estados Bolívar y Amazonas, la minería ilegal ha provocado destrucción ecológica, así como el deterioro e incluso pérdida de sus territorios ancestrales, dado el control de facto ejercido por grupos armados ilegales. Por la misma causa, muchos líderes indígenas son blanco de ataques, amenazas y hostigamientos.

El deterioro generalizado de las condiciones de vida ha provocado, a su vez, la captación forzada o no de muchos indígenas que terminan involucrados en las actividades extractivas ilegales. Esta situación no solo afecta a quienes se han visto forzados a migrar hacia los campamentos mineros como alternativa para acceder a ingresos económicos, sino también a quienes permanecen en las comunidades, donde las dinámicas se han visto alteradas.

Esto último ocurre porque, al migrar indígenas a las minas, menos personas se dedican al cultivo de los conucos y al comercio de sus productos tradicionales en las comunidades que dejan detrás. Adicionalmente, sus estructuras de gobernanza se fragmentan como resultado de la existencia de opiniones contrapuestas acerca de la actividad minera. Además, sus posibilidades para enfrentar las presiones de los grupos externos presentes en sus territorios o en las adyacencias son cada vez menores. Todo esto afecta la capacidad productiva de los Pueblos Indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos, así como al derecho a la autonomía y al autogobierno.

Sin embargo, es importante resaltar que, pese a lo anterior, existen esfuerzos desde el Estado nacional por avanzar en el control de las zonas afectadas por la minería. Estos esfuerzos no siempre son claros y muchas veces resultan contradictorios en su proceder. No obstante, han logrado expulsar a muchos mineros ilegales, recuperando parcialmente el control territorial, como por ejemplo el caso del gran foco de minería ubicado en el Parque Nacional Yapacana, en el estado Amazonas. Operativos similares se han efectuado en otras zonas de este estado, así como en el estado Bolívar.

Una de las debilidades de estos operativos es que, al no ser constantes en el tiempo y al tratarse de una zona tremendamente extensa y de difícil acceso, sus efectos no se sostienen o, en todo caso, sólo alcanzan para desplazar el problema de una zona a otra.

En este marco, los movimientos indígenas de base han denunciado esta debilidad y han planteado al Gobierno nacional la necesidad de reforzar el control territorial con el reconocimiento pleno de los derechos territoriales indígenas, lo que incluiría su demarcación. Esto último está avalado por los estudios científicos: en aquellas zonas donde confluyen territorios indígenas con figuras de protección natural (reservas ecológicas, parques nacionales, monumentos naturales) se muestran mucho más conservadas que aquellas que no^[1].

Por otra parte, se ha observado también una mayor propensión del Estado a incluir a los Pueblos Indígenas de manera activa y protagónica en la formulación de sus planes para el combate del cambio climático y otras políticas ambientales contempladas en los distintos acuerdos de los cuales forma parte. Esto se observa, por ejemplo, en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que en sus consultas de 2024 incluyó las perspectivas de género y Pueblos Indígenas como ejes transversales.

Si bien estos esfuerzos todavía son insuficientes, marcan una tendencia positiva.

Por otra parte, en el marco de las acciones contempladas en la ayuda humanitaria, las organizaciones vinculadas al Sistema de Naciones Unidas han mostrado una mayor propensión a acatar la obligatoriedad de la aplicación de los protocolos de consulta previa según los usos y costumbres de los Pueblos Indígenas. Aunque también falta mucho por consolidar en la materia, es una buena noticia.

En este sentido, es importante reconocer el papel de organizaciones indígenas e indigenistas que actualmente luchan y trabajan por el reconocimiento efectivo de los derechos indígenas. El caso de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) es tal vez el mejor ejemplo de las organizaciones indígenas, ya que agrupa a todas las organizaciones de base de los diferentes Pueblos Indígenas que habitan en el estado Amazonas. En el caso de las organizaciones indigenistas, es destacable el papel de Wataniba en el acompañamiento para la elaboración de protocolos de consulta previa y mapas de lugares sagrados.

Pese a sus particularidades, la problemática indígena venezolana no puede verse aislada del contexto nacional, por lo que, en la medida en que se pueda avanzar en mejorar esto último, aquella tenderá a mejorar o tendrá mejores condiciones para hacerlo. Mientras persista la confrontación interna y externa, será más difícil avanzar en dicha dirección.

En conclusión, aunque 2024 sigue siendo un año difícil en materia de derechos humanos para las poblaciones indígenas venezolanas, se observan también avances en el proceder del Estado, de organizaciones de la sociedad civil y una mayor activación de las organizaciones de base indígenas en la defensa de sus derechos y el ejercicio real de los mismos. Muchas siguen siendo las amenazas y muchos los retos, pero la complejidad también ha traído una mayor activación y organización que nos hacen ver un escenario menos sombrío en comparación a años recientes.   

Luis Salas Rodríguez – Wataniba. Sociólogo, economista político y asesor de Wataniba - Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía, organización dedicada a la protección de la Amazonía y a la promoción y defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas amazónicos.

Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.

Notas y referencias

^[1] Luis Salas Rodríguez - Wataniba. “El oro o la vida: la lucha de los Pueblos Indígenas venezolanos contra la minería ilegal”. Debates Indígenas, 1^o de febrero de 2025. https://debatesindigenas.org/2025/02/01/el-oro-o-la-vida-la-lucha-de-los-pueblos-indigenas-venezolanos-contra-la-mineria-ilegal/

Etiquetas: Derechos Territoriales, Derechos Humanos, Empresas y derechos humanos