El Mundo Indígena 2024: Rusia
La legislación rusa no reconoce a los pueblos indígenas como tales; sin embargo, el artículo 67 de la Constitución vigente garantiza los derechos de los “pueblos indígenas minoritarios”. La Ley Federal “sobre las Garantías de los Derechos de los Pueblos Indígenas Minoritarios de la Federación Rusa” de 1999 especifica que los pueblos indígenas minoritarios son grupos de menos de 50.000 miembros, que perpetúan algunos aspectos de sus formas de vida tradicionales. Según esta y otras dos leyes marco promulgadas a finales de la década de 1990, los pueblos indígenas minoritarios tienen derecho a ser consultados y participar en casos específicos. No obstante, no existe el concepto de “consentimiento libre, previo e informado” consagrado en la legislación. En las dos últimas décadas, se ha producido una erosión constante de este marco jurídico y una fuerte recentralización de Rusia, incluida la abolición de varios territorios autónomos indígenas.
De los más de 160 pueblos que habitan el territorio de la Rusia contemporánea, 47 de ellos gozan del reconocimiento oficial como pueblos indígenas minoritarios, incluidos 40 que se reconocen como pueblos indígenas minoritarios del norte, Siberia y el Lejano Oriente. Otro grupo, los izhma komi o izvatas, persigue activamente el reconocimiento, el cual se le sigue negando. En conjunto, los pueblos indígenas minoritarios suman más de 315.000 integrantes, incluidos unos 265.000 que pertenecen a los pueblos minoritarios del norte, Siberia y el Lejano Oriente, alrededor del 0,2 % de la población total de Rusia, que supera los 147.000.000 de habitantes (de los cuales las personas de etnia rusa representan aproximadamente el 72 %)[1]. Muchos otros pueblos cuyo número supera los 50.000 habitantes, como los saja (yakut) y los buriatos del Lejano Oriente ruso, los tártaros del Volga, los baskires y muchos grupos que habitan el Cáucaso norte no se consideran oficialmente pueblos indígenas y su autoidentificación varía.
Desde la anexión rusa de Crimea desde Ucrania, varios grupos étnicos que se autoidentifican como indígenas han quedado bajo el efectivo control de Rusia, a pesar de que este país no ha reconocido esta autoidentificación: los tártaros, los crimchacos y los caraítas de Crimea. En 2021, la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, aprobó la Ley de Pueblos Indígenas de Ucrania, que reconoce a los tres grupos como pueblos indígenas de Ucrania[2].
Dos tercios de los pueblos indígenas son rurales y dependen de estrategias tradicionales de subsistencia, como la pesca, la caza y el pastoreo de renos, aunque Rusia en su conjunto es un país altamente urbanizado.
La sociedad civil se ve afectada por la continua reducción de espacios, ya que la policía secreta del país, el FSB, ha ido ganando poder gradualmente. Desde 2013, las ONG que reciben financiación del exterior pueden clasificarse oficialmente como “agentes extranjeros”, lo que llevó a que muchas de ellas cerraran para minimizar su exposición a riesgos legales. Desde 2018, la misma práctica se ha extendido también a los particulares. Muchas ONG extranjeras se han prohibido por ser “organizaciones indeseables”. Tras el inicio de la guerra en Ucrania, el Gobierno ruso ha intensificado la represión contra las voces disidentes, lo que ha provocado el cierre de muchas organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes.
Los ingresos por exportaciones de Rusia proceden en gran medida de la venta de combustibles fósiles y otros minerales, los cuales se suelen extraer de territorios que tradicionalmente han habitado o utilizado los pueblos indígenas. La estrategia de desarrollo del país se orienta en gran medida a seguir aumentando la explotación de los recursos naturales del Ártico. Al igual que muchos países ricos en recursos, Rusia se ve muy afectada por la “maldición de los recursos”, que alimenta el autoritarismo, la corrupción y la mala gobernanza, lo que tiene consecuencias negativas para el estado de los derechos humanos de los pueblos indígenas y limita las oportunidades para su protección efectiva.
Rusia no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni ha respaldado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP). El país heredó de la Unión Soviética su pertenencia a los principales pactos y convenios de la ONU: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Rusia ratificó el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales del Consejo de Europa; sin embargo, en octubre de 2023, el presidente Putin firmó un decreto que estipulaba la salida de Rusia de este organismo.
Guerra en Ucrania
En 2023, la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia agravó en muchos sentidos la situación de los pueblos indígenas, debido no solo al número desproporcionadamente elevado de víctimas entre ellos, sino también a que las necesidades de una economía de guerra y la consolidación del autoritarismo han erosionado aún más las salvaguardias que quedaban para los derechos indígenas y han abierto sus territorios a una explotación cada vez más intensa y sin paliativos.
Las sanciones económicas impuestas a Rusia por los países occidentales no aliviaron la presión sobre los territorios de los pueblos indígenas. En algunos sectores, y sobre todo en lo que se denomina “minerales de transición”, las exportaciones rusas incluso aumentaron[3].
La presión sobre los territorios indígenas y el acceso restringido de los pueblos indígenas a los recursos naturales y a los medios de subsistencia tradicionales, como la caza, la pesca y el pastoreo de renos, son un factor clave por el que los pueblos indígenas están hoy gravemente empobrecidos y esta es, a su vez, la razón principal por la que la juventud indígena se ha convertido en blanco fácil para la movilización en la guerra de Rusia en Ucrania.
El número desproporcionado de bajas de guerra entre los militares indígenas tiene un impacto demográfico tangible. Por ejemplo, según estimaciones de medios de comunicación independientes, hasta el 19 de septiembre de 2023, 212 militares de la región de Múrmansk habían muerto en la guerra de Ucrania, incluidos militares regulares y mercenarios reclutados entre los prisioneros. Muchos de los fallecidos eran residentes del distrito de Lovozero, en el corazón del territorio sami ruso. Algunos activistas sami sugieren que hasta el 3 % de la población masculina sami rusa ya ha perecido en la guerra[4].
Censo de la población
El 31 de diciembre de 2022, se publicaron finalmente los datos del censo de la población de toda Rusia sobre la composición étnica de los habitantes del país en 2020[5]. El censo reveló que siete pueblos indígenas minoritarios del Lejano Norte han mostrado un crecimiento demográfico notable o moderado en comparación con los datos del censo de 2010. Por ejemplo, el número de nenets aumentó un 11,5 % (49.787 en 2020 frente a 44.640 en 2010), con lo que se acercan mucho a la cifra a partir de la cual dejarán de considerarse como pueblos indígenas minoritarios, según estipula la legislación vigente.
Muchos pueblos indígenas minoritarios siguen experimentando un descenso en la cantidad de personas que se autoidentifican como pertenecientes a ellos, sobre todo los sami de la península de Kola, cuyo número, según el último censo, ha descendido un 15 %. Sin embargo, la exactitud de las cifras del censo se ha calificado como muy cuestionable, por lo que es poco probable que cualquier línea de tendencia derivada de la comparación de los resultados de censos posteriores presente resultados significativos[6]. Cabe destacar que los censos no proporcionan datos socioeconómicos desglosados por etnia, por lo que no revelan, por ejemplo, cómo varían los ingresos, la mortalidad infantil o la esperanza de vida entre grupos étnicos.
Minería artesanal de oro
En abril, el Gobierno presentó un proyecto de ley federal a la Duma Estatal (Parlamento): “sobre la prospección” (la denominada ley de saqueo)[7]. Si se aprueba, los particulares registrados como empresarios individuales podrán extraer oro de forma independiente en las parcelas que se les asignen. El viceprimer ministro y enviado presidencial al distrito federal del Lejano Oriente, Yuri Trutnev, expresó su esperanza de que, si se aprueba, la ley empiece a funcionar en modo piloto a partir de marzo de 2024 en el Lejano Oriente y el Ártico[8].
En la actualidad, las licencias para la extracción de oro solo se conceden a empresas registradas. Según el proyecto de ley, se creará una plataforma en línea para actividades de prospección a través de la cual los residentes de las regiones del Lejano Oriente y el Ártico podrán, una vez registrados como empresarios particulares, seleccionar parcelas para exploración. Se concederá una parcela para prospección, de hasta 10 hectáreas, por un periodo de tres años. La extracción de oro solo será posible con herramientas manuales sencillas y a una profundidad de hasta 5 metros. Una vez expirado el plazo, el minero deberá rehabilitar el emplazamiento.
Según algunos expertos, si se aplica, el proyecto de ley amenaza el ecosistema del Lejano Oriente y Siberia[9]. Se teme que provoque deforestación y degradación del suelo en las zonas afectadas por la extracción de oro. Las empresas mineras podrán utilizar a operadores particulares como testaferros y acceder a parcelas más grandes para la extracción de oro. También existen serias dudas sobre la capacidad y la posibilidad de controlar el cumplimiento de la ley por parte de los prospectores.
La extracción de oro no regulada ya es muy común en rincones remotos de Siberia y el Ártico ruso. En la mayoría de los lugares donde se lleva a cabo, afecta a los medios de subsistencia tradicionales de las comunidades indígenas, ya que provoca la deforestación, la contaminación de las fuentes de agua y la inundación de las zonas próximas a las minas. En julio, la prensa local de Yakutia informó de la muerte de un grupo de renos en una zona inundada por la cercana mina de oro del distrito de Neryungri. Los miembros de la comunidad indígena dijeron a los periodistas que habían presentado numerosas quejas por escrito a las autoridades sobre las acciones de los prospectores que están contaminando la taiga. Sorprendentemente, justo antes de que los inspectores acudieran a hacer un seguimiento de las denuncias, todos los trabajos de la explotación minera se detuvieron y no había nadie a quien hacer rendir cuentas. Una vez que los inspectores se marcharon, el trabajo se reanudó, casi como si los mineros estuvieran informados de la inminente llegada de la inspección.
La ley pasó su primera lectura en la Duma Estatal en julio.
Proyecto de enmiendas a la Ley de Pesca
Se presentó a la Duma Estatal un proyecto de ley que propone abolir el principio declaratorio de la pesca tradicional[10]. Entre los autores del proyecto de ley figura Gregory Ledkov, miembro de la Cámara Alta del Parlamento ruso y actual presidente de RAIPON. Los autores del proyecto de ley afirman que eliminaría barreras burocráticas innecesarias, como la presentación anual de solicitudes independientes para cada miembro de la familia cuando se ejerce el derecho a pescar para consumo personal por parte de los pueblos indígenas minoritarios.
Activistas indígenas y expertos en derechos de los pueblos indígenas llegaron a la conclusión de que, a pesar de la optimista publicidad en torno a las enmiendas propuestas, el proyecto de ley supondría una mayor limitación del acceso de los pueblos indígenas minoritarios a los recursos biológicos acuáticos y de su capacidad para llevar un modo de vida tradicional[11].
Según la ley federal vigente sobre la fauna silvestre N 52-FZ, los pueblos indígenas tienen derecho al acceso prioritario a los recursos naturales, lo que incluye conceder a los ciudadanos y sus asociaciones la elección prioritaria de los caladeros, privilegios en cuanto al momento y las zonas de extracción de los recursos naturales, el volumen de objetos de fauna silvestre extraídos, y el derecho exclusivo a extraer determinados objetos de fauna silvestre. En el proyecto, ni siquiera se mencionan estas normas de la ley federal con respecto a la fauna acuática, ni la cuestión del acceso prioritario de los pueblos indígenas a los biorrecursos acuáticos. En su lugar, propone establecer una cuota anual de capturas para cada región, por lo que quienes la superen serán castigados con una multa considerable. Al mismo tiempo, al igual que la ley vigente, el proyecto no explica cómo se determinarán las necesidades de recursos acuáticos de los pueblos indígenas para su supervivencia, ni cómo se establecerán dichas cuotas, lo que crea un espacio para la toma de decisiones arbitrarias por parte de las autoridades. Según la legislación vigente, un indígena decide y especifica en la solicitud cuánta pesca necesitan él y su familia para asegurarse una vida digna, aunque en la práctica las autoridades de algunas regiones introducen cuotas anuales de pesca. El nuevo proyecto de ley priva a los pueblos indígenas del derecho a decidir por sí mismos y, en su lugar, concede a las autoridades locales el derecho a establecer la cuota anual[12].
De acuerdo con el proyecto, la cuota se establecerá “para cada ciudadano que esté incluido en la lista de minorías indígenas formada por la Agencia Federal de Nacionalidades”. Las personas que no figuren en esta lista solo podrán pescar con documentos que confirmen su nacionalidad durante un periodo transitorio de dos años. Sin embargo, la decisión de inscribirse en el registro de pueblos indígenas es un procedimiento voluntario, muy burocrático y engorroso. Solo una minoría de indígenas están incluidos en él, en parte porque muchos no lo han solicitado en primer lugar y también porque las autoridades no han tramitado muchas solicitudes. El proyecto no tiene en cuenta los derechos de aquellos que deciden no ser incluidos en la lista de minorías indígenas[13].
El estudio del MEDPI sobre la militarización repite los argumentos del Gobierno
En julio, en su 16.º periodo de sesiones, el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (MEDPI) de la ONU presentó y aprobó un estudio temático sobre la cuestión de la militarización y los pueblos indígenas[14]. Tanto activistas indígenas independientes de Rusia como representantes de los tártaros de Crimea, cuyo territorio ancestral (Crimea) fue anexionado por Rusia en 2014, presentaron aportaciones para el estudio. Sin embargo, la versión preliminar, presentada por el MEDPI, no reflejaba ninguna de sus contribuciones y, en su lugar, repetía la versión del Gobierno ruso sobre la situación; por ejemplo, afirmaba que los indígenas pueden acceder a un servicio civil alternativo en lugar de alistarse en el ejército (lo que solo es cierto en tiempos de paz), ignoraba el índice desproporcionadamente alto de bajas entre los pueblos indígenas minoritarios y no tenía en cuenta el presunto reclutamiento forzoso de tártaros de Crimea para luchar contra Ucrania, algo que podría constituir una violación del derecho internacional humanitario.
Un gran número de representantes indígenas de organizaciones patrocinadas por el Gobierno asistieron al periodo de sesiones de julio, en el que centraron sus intervenciones en impugnar la legitimidad de los activistas independientes del Comité Internacional de los Pueblos Indígenas de Rusia. Las protestas de los activistas independientes[15] se ignoraron y el estudio, tal y como se presentó en el 54.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se mantuvo sin cambios en la parte relativa a la situación en Rusia.
Salida de Rusia del Convenio Marco Europeo sobre las Minorías Nacionales
En octubre, el presidente Putin promulgó la salida de Rusia del Convenio Marco Europeo sobre las Minorías Nacionales (CMMN)[16]. El CMMN, aunque originalmente diseñado para las minorías nacionales y no para los pueblos indígenas, ha sido la única opción para los pueblos indígenas en Europa que buscan la protección de sus derechos a nivel regional. La salida del CMMN se produce tras la salida de Rusia del Consejo de Europa, que acoge al CMMN. El decreto se publicó en medio de la 5.ª revisión de Rusia por parte del CMMN.
Olga Murashko es una antropóloga rusa y una de las cofundadoras de la antigua oficina del IWGIA en Moscú. Además, ha estado trabajando para defender los derechos de los pueblos indígenas en Rusia desde los primeros años de la perestroika.
Johannes Rohr es un historiador alemán que ha estado trabajando con organizaciones de pueblos indígenas en Rusia desde 1995 y se ha centrado en sus derechos económicos, sociales y culturales. Actualmente, trabaja como consultor para INFOE (Alemania). En 2018, el servicio de inteligencia ruso, el FSB, le prohibió la entrada al país por un periodo de 50 años.
Este artículo es parte de la 38ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra a un indígena cosechando quinoa en Sunimarka, Perú. Fotografiada por Pablo Lasansky, es la portada del Mundo Indígena 2024 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2024 completo aquí.
Notas y referencias
[1] Servicio Federal de Estadísticas Estatales. Outcomes of the All-Russia Population Census 2020. Volume 5 National composition and language proficiency (Resultados del censo de población de toda Rusia de 2020. Volumen 5. Composición nacional y competencia lingüística). 31 de diciembre de 2022. https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom5_Nacionalnyj_sostav_i_vladenie_yazykami
[2] Biblioteca del Congreso. “Ukraine: New Law Determines Legal Status of Indigenous People” (Ucrania: una nueva ley determina el estatuto jurídico de los indígenas). 2 de agosto de 2021. https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-08-02/ukraine-new-law-determines-legal-status-of-indigenous-people/
[3] Viktor Sulyandziga. “Russia: Europe imports €13 billion of ‘critical’ metals in sanctions blindspot” (Rusia: Europa importa 13.000 millones de EUR de metales “esenciales” en el punto ciego de las sanciones). Batani. 13 de noviembre de 2023. https://batani.org/archives/2536
[4] Sever Realii. “Nas vsego poltory tysiachi v Rossii ostalos”. Korennoi malochislennyi narod saamy i voina. 23 de septiembre de 2023. https://www.severreal.org/a/narod-zapugan-podavlen-chto-zhdet-saamov-iz-za-voyny/32606238.html
[5] Servicio Federal de Estadísticas Estatales. Outcomes of the All-Russia Population Census 2020. Volume 5 National composition and language proficiency (Resultados del censo de población de toda Rusia de 2020. Volumen 5. Composición nacional y competencia lingüística). 31 de diciembre de 2022. https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom5_Nacionalnyj_sostav_i_vladenie_yazykami
[6] “‘Garbage in, rubbish out’: why the outcome of the 2021 census is questionable” (“Basura dentro, basura fuera”: por qué es cuestionable el resultado del censo de 2021) Tatar Inform. 13 de enero de 2023. https://www.tatar-inform.ru/news/musor-na-vxode-musor-na-vyxode-pocemu-itogi-perepisi-naseleniya-2021-vyzyvayut-somneniya-5892857
[7] “The bill on gold mining by individuals has been submitted to the State Duma” (El proyecto de ley sobre la extracción de oro por particulares se presentó a la Duma Estatal). Rossiyskaya Gazeta. 25 de abril de 2023. https://rg.ru/2023/04/25/ruki-moiut.html
[8] “Trutnev: we hope that the law on ‘free will offering’ will be adopted by the end of the year” (Trutnev: esperamos que la ley sobre la “oferta voluntaria” se apruebe a finales de año). East Russia. 18 de abril de 2023. https://www.eastrussia.ru/news/trutnev-nadeemsya-chto-zakon-o-volnom-prinose-primut-do-kontsa-goda/
[9] “Nature or Gold: How the law on legalization of artisanal mining may turn out for Yakutia” (Naturaleza u oro: cómo puede afectar a Yakutia la ley de regularización de la minería artesanal). Yakutia.info. 24 de abril de 2023. https://yakutia.info/article/208915
[10] “Indigenous Peoples could be allowed to fish without submitting applications” (Los pueblos indígenas podrían pescar sin presentar solicitudes). Parlamentskaya Gazeta. 7 de marzo de 2023. https://www.pnp.ru/politics/korennym-malochislennym-narodam-khotyat-razreshit-rybalku-bez-podachi-zayavok.html
[11] “Fisheries bill with discriminatory regulations against Indigenous Peoples” (Proyecto de ley de pesca con normas discriminatorias contra los pueblos indígenas). CSIPN. 10 de noviembre de 2023. https://www.csipn.ru/glavnaya/novosti-regionov/6540
[12] Ibíd.
[13] “Indigenous peoples of Magadan region gave a negative assessment of the draft law ‘On Fishing’” (Los pueblos indígenas de la región de Magadán evalúan negativamente el proyecto de ley sobre pesca). CSIPN. 6 de julio de 2023. https://www.csipn.ru/glavnaya/actual/6442-korennye-narody-magadanskoj-oblasti-dali-otritsatelnuyu-otsenku-zakonoproektu-o-rybolovstve
[14] Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Documento de la ONU A/HRC/54/52. Impacto de la militarización en los derechos de los Pueblos Indígenas: Estudio del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 8 de agosto de 2023. https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F54%2F52&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False
[15] Yana Tannagasheva. “16.ª sesión del MEDPI. Intervención bucal. Punto 3 del orden del día: Estudio y asesoramiento sobre el impacto de la militarización en los derechos de los Pueblos Indígenas”. Indigenous Russia. 18 de julio de 2023. https://indigenous-russia.com/archives/34374
[16] Kremlin. Ley Federal del 19.10.2023 n.º 500-FZ. http://kremlin.ru/acts/bank/49879
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