Hay siete pueblos indígenas de Panamá: los Ngäbe, Buglé, Guna o Dule, Emberá, Wounaan, Bri bri, Naso Tjërdi. Aunque Panamá ha suscrito la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, las comunidades se enfrentan a serios desafíos, especialmente relacionados con su reconocimiento, derechos territoriales y casos de desalojo forzado.
En Panamá viven siete pueblos indígenas. A pesar que Panamá adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, sus comunidades deben enfrentarse a numerosos desafíos, sobre todo los relacionados con el reconocimiento, los derechos territoriales y a los desalojos forzados.
El gobierno de Panamá anunció en 2010 que podría ratificar la Convención 169 de la OIT, el instrumento internacional de los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Sin embargo, no se ha producido ningún progreso significativo al respecto.
Los pueblos indígenas de Panamá
Los siete pueblos indígenas de Panamá son los Ngäbe, los Buglé, los Guna, los Emberá, los Wounaan, los Bri bri, y los Naso Tjërdi. De acuerdo con el censo de 2010, ascienden a 417.559 habitantes, el 12% del total de la población de Panamá.
Hay 6 regiones o comarcas, reconocidas por diferentes leyes que están basadas en los derechos constitucionales de los pueblos indígenas: Guna Yala (1938), Emberá-Wounaan (1983), Guna Madungandi (1996), Ngäbe-Buglé (1997), Guna Wargandí (2000) y Naso Tjër Di Comarca (2020). En total, estas comarcas abarcan un área de 1,7 millones de hectáreas.
Principales retos de los pueblos indígenas de Panamá
En 2016 el gobierno del partido Panameñista provocó muchos retrocesos con respecto a los derechos indígenas. Por ejemplo, el Ministro del Interior, Milton Henríquez expresó, frente a los caciques de todos los congresos y consejos indígenas del país, que el Estado solo reconocería a las autoridades tradicionales de las cinco comarcas existentes, dejando así fuera de futuras consultas y negociaciones a todas las autoridades de 30 territorios indígenas. En consecuencia, el ministro fue declarado persona non grata por todas las autoridades indígenas. Por este hecho, algunos decidieron no participar como beneficiarios del Plan de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.
Otro reto se relaciona con la Ley 37, del 2 de agosto de 2016, que establece el mecanismo de consulta y consentimiento previo libre e informado a los pueblos indígenas que, en caso de aplicarse adecuadamente, puede evitar muchos conflictos futuros. No obstante, a pesar de haber sido presentado inicialmente su proyecto de ley por un diputado indígena y de haberse tratado en la Comisión Legislativa de Asuntos indígenas, esta ley tampoco fue consultada con todos y cada uno de los pueblos indígenas como debe ser, lo que resulta paradójico teniendo en cuenta que el objeto de esta norma es justamente el derecho a la consulta previa libre e informada.
Por otro lado, el proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco en el territorio Ngäbe-Buglé sigue desarrollándose sin consentimiento, con fondos del Banco de Desarrollo Alemán, filial de la financiera alemana KfW y el Banco de Desarrollo Holandés, FMO. Se desalojó́ forzosamente a comunitarios de la zona del proyecto para comenzar un llenado de prueba de su embalse, lo que provocó la inundación de sitios sagrados, parcelas agrícolas y viviendas. Estas evidentes aparentes violaciones han despertado la atención de la sociedad internacional.
Tendencias positivas para los pueblos indígenas de Panamá
Un atisbo de esperanza para los pueblos indígenas de Panamá es el camino alternativo para obtener la titulación de tierras colectivas. Desde 2008, la Ley 72 ha propuesto un procedimiento especial para recibir el título de las tierras colectivas de los pueblos indígenas, que no se encuentran en las comarcas. Hasta la fecha, sólo cinco territorios han sido titulados bajo esta ley, y estos fueron pequeños en relación con el área real del territorio tradicional reclamado.
Se calcula que una vez que finalice el proceso de titulación colectiva, los pueblos indígenas poseerán un total de 2,5 millones de hectáreas, lo que cubre el 63% de los bosques del país. Algunas áreas protegidas han sido superpuestas sobre estos territorios, sin haber obtenido el consentimiento de los pueblos indígenas. La titulación de 25 territorios excepcionales es una necesidad urgente ya que se ha demostrado que es un medio efectivo para la preservación de los bosques de Panamá, con una tasa de deforestación de alrededor 16.000 hectáreas al año en los últimos diez años.
En el 2017, los jóvenes de la comarca Gunayala celebraron el primer Congreso General Guna, donde se aprobaron una serie de resoluciones como la creación de la escuela de capacitación de jóvenes guna que incluya en sus planes la enseñanza de la historia guna, tratados medicinales, conocimiento tradicional en general y la formación política de futuros líderes, el uso de los vestidos tradicionales, la solicitud de un mayor interés para reunirse y conversar con los jóvenes, creación de una comisión juvenil para apoyar la Secretaría de Defensa Territorial y ser partícipes en las actividades que se desarrollen.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) confirmó que el nuevo censo se ejecutará en el último trimestre del 2022[1]. Según el censo de 2010, en la República de Panamá existen 417.559[2] personas indígenas, equivalente al 12 % de la población. Panamá es un país multicultural y plurilingüe, especialmente representado por los pueblos indígenas Bribri, Naso Tjër Di, Ngäbe, Bugle, Gunadule, Embera y Wounaan.
El censo nacional de 2010 concluyó que de los 3,4 millones de habitantes, 438.559 (12,8%) declararon ser indígenas. Los pueblos indígenas Gunadule, Emberá, Wounaan, Ngäbe, Buglé, Naso Tjer Di y Bri Bri han ganado el reconocimiento y delimitado sus territorios según el vaivén de la división política administrativa del Estado y están representados actualmente por 12[1]
El censo nacional estaba previsto efectuarse durante el 2020, pero por la pandemia del COVID-19 se postergó. Por esta razón, la cifra de la población panameña se muestra petrificada en el tiempo con 3.4[1] millones de habitantes, de los cuales 417.559[2] (12.28%) son indígenas.
Los pueblos indígenas Dule, Embera, Wounaan, Ngäbe, Bugle, Naso Tjër Di y Bri Bri están institucionalizados y participan en la organización madre Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas de Panamá[3] (COONAPIP). Este año, se consolidó más en el Viceministerio de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, los 12[4] congresos y consejos. De esta manera, en el Consejo Nacional de Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas[5] todos tuvieron un espacio.
La Cumbre de los Pueblos, Sindical y de los Movimientos Sociales reunidos en la Universidad de Panamá del 9 al 11 de abril culminó con una declaración en la que se rechaza el acoso militar, agresiones y amenazas de toda índole que despliega Estados Unidos y sus aliados contra la Región.
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