El Mundo Indígena 2019: Editorial
Juana Raymundo, de Guatemala, tenía solo 25 años cuando truncaron su vida. Juana era defensora de derechos indígenas, enfermera y coordinadora de CODECA, una organización de derechos humanos que promueve los derechos de los campesinos indígenas, en especial a sus tierras. Desapareció en la noche del día 27 de julio de 2018. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente.
El cuerpo de Billy aún no ha aparecido. En 2014 fue arrestado tras recoger miel en uno de los parques nacionales de Tailandia, Kaeng Kra-chan. Billy y su mujer son karen, un grupo de pueblos indígenas que vive en los límites del parque. Billy era un conocido activista de derechos indígenas que tenazmente recabó material probatorio de las injusticias que se ejercían contra su comunidad.
Antes de su desaparición, Billy había fotografiado a los guardabosques quemando las casas de los pueblos karen. Su mujer Phinnape de 32 años, madre de cinco, cree que las fotografías que realizó acreditando gráficamente la violencia contra su pueblo, son la verdadera razón de su arresto. Nadie ha sido acusado de su desaparición.
Billy y Juana son solo dos de los cientos de activistas de derechos indígenas que son asesinados o desaparecen cada año.
Durante los últimos 33 años, El Mundo Indígena ha evidenciado mediante la información recopilada una creciente tendencia al hostigamiento y la criminalización de pueblos y comunidades indígenas. Aunque la situación varía considerablemente entre regiones y países, muchos pueblos indígenas alrededor del mundo se enfrentan a similares dificultades, entre ellas: falta de reconocimiento como titulares de derechos colectivos; exclusión de procesos de adopción de decisiones; discriminación general por la sociedad predominante; falta de seguri-dad en la tenencia y por tanto pérdida de tierras y recursos; flagrantes violaciones de derechos humanos; falta de acceso a la justicia; falta de capacidades institucionales; y falta de libertad de expresión y/o acceso a medios de comunicación.
A lo largo de 2018 se ha producido un aumento en la incidencia y constatación documental de seguimientos ilegales, detenciones arbi-trarias, prohibiciones de viajar para impedir la libertad de movimientos, amenazas, desposesiones y asesinatos. Hemos comprobado que instrumentos destinados a proteger a los pueblos indígenas se vuelven contra ellos, a través del uso de legislación y del sistema judicial, para penalizar e incriminar la reivindicación que promueven de sus derechos.
La recopilación de acontecimientos incluidos en esta edición de-muestra la continuidad de mayor violencia, criminalización, acoso y fal-ta de justicia que experimentan los pueblos indígenas al persistir en la defensa de sus tierras e identidad.
Defensores de derechos indígenas en riesgo
Los defensores de derechos indígenas son atacados y criminalizados a un ritmo sin precedentes en todo el mundo. A menudo estos ataques tienen su origen en conflictos sobre tierras y violaciones de derechos humanos que tienen lugar en el contexto de proyectos de desarrollo o extractivos a gran escala.
En 2017, se registraron más de 400 muertes de activistas ecológicos y de derechos humanos. Es prácticamente imposible saber el nú-mero real de muertes ya que la información es limitada, pero no obstante, de los datos disponibles, trágicamente, un porcentaje estimado de 40%-50% de estos defensores asesinados son líderes o miembros de comunidades indígenas.
Cada día salen a la luz nuevas informaciones de desapariciones, amenazas, actos de violencia y diferentes tipos de acoso, y con demasiada frecuencia los autores responsables de estos delitos contra los pueblos indígenas siguen actuando con impunidad.
En 2018, la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los de-rechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, dedicó especial atención a estas cuestiones en su estudio temático de 2018, “Agresiones y criminalización a que se ven sometidos los pueblos indígenas que defienden sus derechos”. El estudio aborda la hostil realidad de los de-fensores de derechos indígenas y la disponibilidad de medidas de prevención y protección. El informe documenta una drástica y preocupante intensificación en la criminalización y las amenazas que sufren los pueblos indígenas, en particular cuando están defendiendo y ejercitando sus derechos a sus tierras, territorios y recursos naturales. El estudio examina las causas subyacentes y los factores impulsores de la situa-ción actual, calificada como “crisis mundial” y detalla el mapa de ten-dencias globales.
Para analizar en mayor profundidad estas cuestiones, IWGIA organizó una conferencia internacional titulada “Defender a los defensores: Nuevas alianzas para proteger los derechos de los pueblos indígenas”, que se celebró los días 5 y 6 de septiembre de 2018 en Copenhague. La conferencia reunió a una amplia gama de actores relevantes para com-prender mejor los factores principales que potencian esta alarmante tendencia e identificar posibles acciones a nivel internacional, regional y nacional que pudieran contribuir a cambiar la situación y a proteger a los defensores de derechos indígenas que se encuentran en riesgo. La conferencia concluyó con la formulación de varias recomendaciones orientadas a actuaciones que incrementen la protección de los defen-sores de derechos indígenas en riesgo.
El Mundo Indígena 2019 amplifica estos esfuerzos aportando la crónica de muchos de los ataques más atroces cometidos contra los derechos de los pueblos indígenas, proporcionando una panorámica mundial de los tipos de destrucción ordenada que se ejecutan en contra de los pueblos indígenas. Aunque el acceso a datos es un reto per-manente, los abusos perpetrados contra los pueblos indígenas son claramente de mayor magnitud que lo que se puede documentar en este volumen, y el daño cometido sobre estos pueblos y comunidades en términos de pérdida de vida humana es terrorífico. Los informes anuales contenidos en este anuario se erigen como testimonio de las luchas constantes a las que se enfrentan los pueblos indígenas en todas las partes del mundo.
Los pueblos indígenas y sus tierras
Los pueblos indígenas de todo el planeta tienen en común un profundo y esencial vínculo con sus tierras, territorios y recursos naturales. La pérdida de estas tierras y recursos no solo pone en peligro su supervivencia como pueblos únicos, sino que también amenaza su seguridad alimentaria, cohesión sociocultural y dignidad humana.
Los pueblos indígenas son reconocidos por su papel como protec-tores de la biodiversidad y actores clave en la implementación del de-sarrollo sostenible y la gestión territorial. Esta conexión es un componente vital de su identidad colectiva como pueblos. Sin embargo, la base de muchas de las amenazas a las que se enfrentan radica en que los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras rara vez son reconocidos o garantizados. La intensificación de la explotación de recursos naturales para alimentar el consumo mundial expulsa a los pueblos indígenas de sus tierras a menudo en nombre del “desarrollo” o el “progreso”, bajo cuyo arco se incluye realizar proyectos de desarrollo a gran escala, crear zonas de conservación o parques, o poner en mar-cha actividades extractivas. La elección de líderes populistas que res-paldan esas apropiaciones de tierras, como Bolsonaro en Brasil, exacerba este problema en auge. Los proyectos de energías renovables también están dirigiéndose cada vez más a tierras de pueblos indíge-nas, provocando traslados forzosos sin recibir indemnizaciones ade-cuadas, como el Proyecto de Energía Eólica del Lago Turkana que se destaca en el informe de Kenia.
Al unirse y organizarse, los pueblos indígenas tratan de proteger sus territorios, medios de vida y conocimientos frente a la afluencia de empresas, colonos y otros grupos dominantes o armados. Estrategias como autogobierno territorial, movilización, campañas de concienciación sobre derechos, documentación de violaciones de derechos humanos y presentación de casos ante los tribunales, entre otras iniciativas, están ayudando a proteger a los pueblos indígenas y sus derechos. Sin embargo, en muchos casos la reivindicación de los pueblos indígenas de esos derechos es respondida con brutalidad e incluso asesinatos.
Las relaciones de poder están sesgadas, subsisten retos institucionales y muchas empresas privadas son instigadores de delitos de derechos humanos cometidos contra pueblos indígenas, demasiado a menudo con la complicidad del Estado correspondiente. En este marco observamos como líderes y activistas de derechos humanos que están intentando defender sus derechos a las tierras, son presentados como una amenaza para el desarrollo económico de su país, descritos como enemigos del Estado, o incluso oficialmente perseguidos como delin-cuentes y terroristas.
Proyectos de desarrollo hidroeléctrico
Las infraestructuras hidroeléctricas remodelan radicalmente la ecología y el medio ambiente de las zonas cercanas. Cuando se realizan de manera inadecuada pueden destruir cadenas alimentarias y provocar desplazamientos masivos de pueblos y comunidades indígenas. Y peor aún, cuando fallan producen inundaciones desastrosas.
Durante el desarrollo del 13º Plan Quinquenal (2016-2020) de China, la región suroeste se ha convertido en un gran “centro hidroeléctrico”. Gigantescos proyectos de energía hidroeléctrica se han construido en algunas de las cuencas hidrográficas más biológicamente primigenias y culturalmente diversas de China, a menudo en territorios y tierras indígenas. Las montañas y el agua en esta zona están espiri-tualmente conectados con las comunidades locales y conforman la base material del modo de vida distintivo de los pueblos indígenas.
Aunque no se dispone de estadísticas oficiales sobre el desplazamiento y reubicación de estos pueblos, a lo largo de 2018 se han emiti-do diversos informes de protestas contra estos proyectos.
En Colombia, políticas gubernamentales en apoyo del proyecto hidroeléctrico Hidruituango en el Bajo Cauca Antioqueño, ponen en peligro a comunidades indígenas. El proyecto incluye una presa de 225 metros de altura que crearía un embalse de 70 kilómetros de longitud. Además de las consecuencias ambientales, en el pasado se han producido fallos en las estructuras, preavisando del potencial de inundacio-nes que podrían destruir comunidades senú, embera chamí y embera katío situadas a orillas del río Cauca.
Pronunciarse en contra de estos proyectos a gran escala también conlleva graves consecuencias. En Honduras, Berta Cáceres fue asesi-nada en 2016 por su oposición a la presa de Agua Zarca. En Filipinas, Ricardo Mayumi del Movimiento de los Campesinos de Ifugao, conocido por liderar la oposición contra el proyecto hidroeléctrico de Santa Clara Power Corporation en su ciudad de origen en la provincia de Ifugao, fue asesinado a tiros el 2 de marzo de 2018.
Minería
Los proyectos de minería provocan devastadores efectos sobre comu-nidades indígenas. Los daños ambientales se dejan sentir mucho tiem-po después de que finalicen los proyectos, pero los efectos secundarios sobre normas sociales, cohesión y prácticas agrícolas de personas indígenas se dejan sentir también por la presencia de estos proyectos mineros.
A finales de año, 230 de los 447 permisos aprobados de minería a gran escala en Filipinas estaban localizados en territorios ancestrales. Estos proyectos cubren una superficie de 542.245 hectáreas de tierras ancestrales y comprenden el 72% de la superficie total que abarcan to-das las solicitudes de minería aprobadas en el país. Además de estos proyectos extractivos, la construcción de proyectos de megapresas en territorios indígenas continúa amenazando a tierras y recursos indíge-nas. La extracción de carbón es particularmente preocupante, ya que contratos de explotación de carbón en el Andap Valley Complex y varias provincias a lo largo de Mindanao – que son adjudicados por el Depar-tamento de Energía – invaden cientos de miles de hectáreas de tierras ancestrales.
Turismo
Si bien el turismo se ha convertido en un negocio principal y lucrativo, como evidencia la creación de parques nacionales y el establecimiento de zonas de conservación y cotos de caza, la expansión de estas zonas a menudo acarrea significativas apropiaciones de tierras que expulsan forzosamente a los pueblos indígenas de sus tierras.
En Tanzania durante 2018 prosiguió la usurpación de tierras de pueblos indígenas, especialmente en torno al Parque Nacional de Serengeti. Esta apropiación estuvo impulsada por una serie de diferentes fuerzas, en especial la conservación y el sector turístico. Los parques nacionales y otras zonas de conservación ya constituyen una gran parte de la superficie de Tanzania – y continúan expandiéndose – a menudo dentro de las tierras de los pueblos indígenas, lo que les impide acceder y utilizar sus tierras tradicionales. Casas maasai en Loliondo (Tanzania) fueron quemadas para dar paso a la expansión del colindan-te parque de fauna y flora salvaje.
Visto desde cierta distancia, estos casos habitualmente ejemplifican un debate más amplio sobre si se ha de dar prioridad a los derechos humanos y los medios de vida de los pueblos indígenas frente a la pro-tección de la fauna y la flora. No obstante, en algunos casos está claro que la protección de la fauna y la flora no es la principal preocupación cuando los pueblos indígenas son acusados de caza furtiva y al mismo tiempo se otorgan concesiones de caza mayor.
Pesca
El acceso a caladeros y prácticas de pesca tradicionales y la protección de los mismos, incluyendo las graves amenazas ecológicas inducidas por la contaminación derivada de minería y agricultura, han sido objeto de lucha recurrente para los pueblos indígenas. En 2018, los pueblos indígenas siguieron experimentando injerencia en sus derechos de ca-za y pesca, y desafíos ecológicos, a pesar del reconocimiento de sus derechos y la protección de estas áreas por ley.
En Rusia, a cazadores y pescadores indígenas les confiscaron sus herramientas y tiendas de alimentación, poniendo en grave peligro su seguridad alimentaria. En Tailandia, los pueblos chaoley que viven en las zonas costeras han perdido su acceso a los caladeros tradicionales, no teniendo ya la posibilidad de practicar sus enfoques sostenibles y tradicionales de gestión pesquera. Muchas de sus zonas de pesca se consideran ahora zonas protegidas donde la pesca está prohibida. Aunque existe el argumento para asegurar que estas zonas sean pre-servadas, muchas de estas zonas costeras están ahora ocupadas por hoteles, complejos turísticos y casas privadas, poniendo en tela de jui-cio el motivo que subyace en su nueva designación. Para sobrevivir, los pueblos chaoley tienen que aventurarse cada vez más lejos en zonas de alta mar, una práctica a la que no están acostumbrados, teniéndose que sumergir a más profundidad y adentrarse en corrientes más peli-grosas, provocando casos de enfermedad por descompresión, parálisis total o parcial, o peor, la muerte.
Etiqueta de antidesarrollo
Como el consumo mundial aumenta, la demanda mundial para explo-rar, explotar y desarrollar nuevas zonas, especialmente en relación con tierras y acceso a recursos naturales, parece no tener fin. En este contexto, a los pueblos indígenas se les deja en gran parte desprotegidos mientras defienden sus tierras en primera línea. A menudo, la defensa y reivindicación que hacen de sus derechos los tilda de estar en contra del desarrollo o de la modernidad, simplemente porque tienen un enfoque profundamente diferente del desarrollo según el cual la tierra, el agua y el bosque no son mercancías.
Como numerosos estudios han mostrado, el modo de vida de los pueblos indígenas es ambientalmente sostenible y consciente del clima. Los pueblos indígenas han protegido las tierras y los territorios donde viven, manteniéndolos en custodia para futuras generaciones mucho más eficazmente que grupos externos. Estos estudios han mostrado, por ejemplo, que bosques gestionados por pueblos indígenas han sido conservados de manera más eficiente que bosques protegidos.
A pesar de ello, en Tailandia, la práctica de agricultura itinerante/de rotación en las tierras altas desencadenó el arresto de campesinos por parte de funcionarios estatales durante la preparación de sus campos de arroz. Los aldeanos están siendo penalizados por “causar deforestación y un aumento en las temperaturas”, a pesar de estudios científicos que prueban lo contrario. Bajo el paraguas de la conservación, el Go-bierno ha hecho una falsa equivalencia: aprovechar el capital social y la buena voluntad en el ámbito del cambio climático para añadir una nue-va dimensión (degradación ambiental) a la índole del denominado “delito”.
El papel de los gobiernos en perpetuar los abusos sobre los derechos indígenas
En muchos países, las autoridades estatales son los autores más habi-tuales de violaciones contra defensores de derechos indígenas, incluso aunque paradójicamente sean los principales responsables de garanti-zar su protección. La existencia de leyes que no reconocen o protegen a los defensores de los derechos indígenas, combinado con una tenden-cia mundial de contracción del espacio ciudadano, suponen una ame-naza para las comunidades indígenas en todo el mundo.
En 2018, Tanzania continúo siendo testigo de la progresiva dismi-nución en la libertad de expresión y la reducción del espacio de la socie-dad civil. Varias leyes y políticas opresivas han dificultado que los pueblos indígenas y activistas de derechos humanos puedan operar libremente, incluyendo la Ley de Delitos Cibernéticos de 2015; la Ley de Es-tadísticas de 2015; la Ley de Servicios de Comunicación de 2016; la Ley de Acceso a la Información de 2016; y el Reglamento de Comunicacio-nes Electrónicas y Postales (Contenidos Digitales) de 2018. En esta nueva y restringuida realidad, resulta cada vez más difícil para los defenso-res de derechos indígenas llevar a cabo sus acciones y ayudar a las comunidades indígenas que lo necesitan por enfrentarse a crecientes desafíos relativos a apropiación de tierras, conflictos por tierras y violaciones de derechos humanos.
En Myanmar, la Ley de Asociación Ilícita, por ejemplo, establece penas de prisión de hasta tres años por ser miembro, acudir o realizar contribuciones a una “asociación ilícita” y se utilizó durante las décadas del régimen de la junta militar de Myanmar para detener a aquellas personas vinculadas con grupos rebeldes.
En Vietnam, al menos 246 personas que participaron en manifestaciones contra los proyectos de ley sobre la creación de zonas espe-ciales y sobre inseguridad en internet fueron arrestadas y encarceladas en 2018. Estos arrestos se produjeron en función de sentencias y condenas penales por una variedad de vulneraciones, entre ellas, “divulgación de propaganda contra el Estado”, “actividades para derrocar al Gobierno” e “infracción del principio de solidaridad”. Estas condenas llevan aparejadas duras penas, la mayoría resultando en sentencias de 10-20 años de encarcelamiento. Entre los arrestados se encontraban unas 30 personas indígenas de la región del Altiplano Central que fue-ron condenadas por cargos de “infracción del principio de solidaridad” a sentencias de 6-12 años.
Violencia física y detenciones arbitrarias
A lo largo de 2018, los informes recibidos indican que la policía y otras fuerzas de seguridad han llevado a cabo detenciones arbitrarias, regis-tros ilegales y violencia física contra los pueblos indígenas. También se ha recabado información de que actores no estatales, como grupos armados, han perpetrado asesinatos, secuestros y amenazas de muerte, entre otros actos, como tácticas habituales para silenciar a defensores de derechos indígenas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló en un comunicado de prensa de fecha 31 de octubre, que al menos 20 líderes indígenas habían sido asesinados en Guatemala durante 2018, en su mayoría activistas en defensa de sus tierras, territorios y otros derechos.
En Bangladesh, la Fundación Kapaeeng contabilizó un total de 117 defensores de derechos indígenas que se enfrentaron a acusaciones falsas, 75 de los cuales fueron arrestados en 2018. También informó del registro ilegal de unas 90 casas por parte de fuerzas de seguridad que efectuaron sus rastreos en medio de la noche sin ninguna orden judicial o denuncia previa.
Además, al menos 53 mujeres y niñas indígenas en 47 sucesos habrían sido asesinadas, violadas, atacadas y vejadas en 2018, de acuerdo con los datos recopilados por la Fundación. La violencia a la que se enfrentan las mujeres y niñas indígenas es habitualmente de índole política y está vinculada a relaciones de poder. La violencia, es-pecialmente la violencia sexual contra las mujeres, está asociada a estigmatización, humillación y temor. Esta politización de la violencia es particularmente evidente en la impunidad de la que gozan los autores, en especial cuando están conectados a los intereses del Estado. Hasta la fecha, ningún autor ha sido procesado por la violencia contra mujeres indígenas en Chittagong Hill Tracts.
Un panorama igualmente sombrío de violencia e impunidad se constata en Filipinas donde el Estado ha impulsado procedimientos ju-diciales contra 31 activistas que defienden derechos de pueblos indíge-nas. Estos activistas fueron incluidos en una demanda del Departa-mento de Justicia donde básicamente se les acusa de ser terroristas. La alianza nacional de pueblos indígenas KATRIBU documentó 183 casos de arrestos ilegales de personas indígenas en Filipinas desde julio de 2016. De este número, 42 permanecen detenidas por delitos que no cometieron. Los falsos cargos presentados por las Fuerzas Armadas de Filipinas contra pueblos indígenas incluyen asesinato y posesión ilegal de armas de fuego y explosivos.
La violencia contra los pueblos indígenas también continuó a gran escala en África a lo largo de 2018. En Uganda, defensores de derechos territoriales que intentaron defender los derechos a la tierra del pueblo karamojong en el norte de Uganda fueron criminalizados y acusados de promover inseguridad en la zona. La situación fue extrema en la República Centroafricana, Camerún, Níger, Eritrea y Burkina Faso. Estos países experimentaron conflictos generalizados y de brutal violencia que ocasionaron graves repercusiones para los medios de vida y la supervi-vencia de los pueblos indígenas.
Los pueblos indígenas continúan movilizándose y alzándose para reclamar sus derechos
El 21 de noviembre de 2018, unos 10.000 agricultores tribales en India realizaron una marcha reivindicativa desde Thane a Bombay en el esta-do de Maharashtra demandando condonaciones de préstamos y derechos a las tierras. El 22 de noviembre suspendieron las protestas después que el jefe de gobierno de Maharashtra, Devendra Fadnavis, les garantizara que se efectuaría reparación de sus reclamaciones, incluyendo indemnizaciones por sequia y la transferencia de derechos fo-restales a finales de diciembre de 2018. Se han computado 231.556 casos donde la propiedad de la tierra no se otorgó a los agricultores tribales que la cultivan o la tienen en posesión. Antes, en marzo de 2018, más de 35.000 agricultores, en su mayoría tribales, se manifestaron en otra marcha desde Nashik a Bombay para presionar sobre sus deman-das, incluyendo derechos a la tierra.
En Nepal, un agresivo proyecto de expansión de carreteras ejecutado por el Gobierno en la tierra ancestral de los pueblos indígenas newa impactó de forma adversa en más de 150.000 personas y causó flagrantes violaciones de derechos humanos, entre ellas, desalojos for-zosos masivos, demolición de símbolos de identidad – como enclaves y lugares de patrimonio culturales y religiosos - e intimidación. Después de movilizaciones masivas, protestas, documentación y litigios obtuvieron una Orden Directiva del Tribunal Supremo que prohibía cualquier trabajo que afectara de manera negativa a la seguridad de una casa, a menos que no hubiera soluciones alternativas; ordenaba que los dere-chos a reubicación y realojamiento de las personas desplazadas fueran tratados de manera equitativa; disponía beneficios e indemnización de conformidad con la Ley de Adquisición de Tierras y las Regulaciones sobre Adquisición de Tierras; y que se tuviera en especial consideración la preservación del medio ambiente y de enclaves arqueológicos al po-ner en marcha cualquier proyecto de desarrollo. Además, el 11 de junio de 2018, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidió estable-cer un comité tripartito para examinar el presunto incumplimiento del Convenio 169 de la OIT en respuesta a una denuncia presentada por la Unión de Empleados de Telecomunicaciones de Nepal relativa al proyecto.
En Uganda, la Organización Unida para el Desarrollo Batwa en Uganda impartió formación en materia de defensa de derechos a mujeres batwa, y por primera vez, algunos batwa fueron elegidos durante las elecciones de consejos locales como representantes de sus aldeas.
En Bolivia, ha avanzado el proceso de autonomía del Territorio Indígena Multiétnico (TIM) en el departamento de Beni, en la Amazonía sur. Se celebraron múltiples reuniones a lo largo de 2018 entre el Estado y agencias locales de los territorios multiétnico, movima y t’simane para consolidar una significativa parte del Bosque de Chimanes en favor del Territorio Indígena Multiétnico (TIM), incorporando la jurisdicción territorial de la naciente autonomía indígena. El Gobierno también acordó firmar un Acuerdo de Titulación, garantizando así título colectivo a la zona reclamado mediante procedimiento agrario, junto con una conti-nuación del proceso de autonomía con esta área en el Territorio Indíge-na Multiétnico (TIM).
En Costa Rica se realizaron importantes avances gracias a la lucha de los pueblos indígenas por sus derechos. El decreto ejecutivo que se promulgó sobre el mecanismo de consultas y la adopción de la “Carta de Derechos sobre acceso a la justicia de los pueblos indígenas”. Otro importante logro fue la incorporación por la Contraloría General de la República de un enfoque intercultural para evaluar políticas públicas, así como la participación de la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica en varios foros sobre políticas ambientales y cambio climático.
En Perú, en 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por los crecientes signos de vio-lencia contra defensores de derechos humanos y recomendó que el Estado adoptara medidas para protegerlos. Por consiguiente, en febre-ro de 2018 se aprobó el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, comprometiendo a las autoridades pertinentes a: desarrollar un mecanismo para proteger a los defensores de los derechos humanos; aprobar el Protocolo de Actuación Intersectorial (2018); y crear el Registro de Ataques durante 2019 y la Política de Protección Integral en 2021. En enero de 2019, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lanzó una campaña titulada “#MeLaJuegoPor” con el objetivo de reconocer el trabajo de individuos y organizaciones que defienden los derechos de todos, alentando un cambio en las nociones preconcebidas de la sociedad sobre los defensores y presionando al Estado peruano para que cumpla el compromiso de aprobar el Protocolo de Protección para los defensores y defensoras de derechos humanos.
Avance de los pueblos indígenas a nivel internacional
Durante los últimos 40 años, los pueblos indígenas han logrado una notable impronta en la arena política internacional y han creado nuevos espacios, en forma de disposiciones jurídicas y mecanismos institucionales, para la promoción y protección de sus derechos. Entre los resultados concretos de la lucha de los pueblos indígenas para ganar reco-nocimiento como sujetos de derecho internacional cabe mencionar la adopción de la DNUDPI (2007), la creación de mecanismos institucionales dentro del sistema de las Naciones Unidas y organismos de derechos humanos a nivel regional que se ocupan específicamente de los derechos de los pueblos indígenas, y, a nivel nacional, la adopción de leyes y políticas para la protección de los derechos de los pueblos indígenas.
Además, se requiere una focalización internacional centrada en definir métodos y medidas efectivas para documentar el desempeño y progreso realizado a través de la adopción de leyes y políticas. La brecha de implementación persiste como una de las principales preocupaciones y la falta de datos e indicadores desagregados que evalúe los derechos de los pueblos indígenas sigue siendo una prioridad urgente. En este aspecto se avanzó mediante el proyecto piloto del Navegador Indígena. Diseñado como un portal global para comunidades indíge-nas, el Navegador Indígena proporciona un marco y una serie de herramientas destinadas a los pueblos indígenas y gestionadas por ellos mismos para realizar un seguimiento sistemático del nivel de reconoci-miento e implementación de sus derechos. Monitoriza específicamen-te la aplicación práctica de la DNUDPI y de obligaciones estatales consagradas en las principales convenciones de derechos humanos referi-das a pueblos indígenas; aspectos esenciales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); y las conclusiones de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos indígenas.
En 2018, los pueblos indígenas consiguieron dos importantes hitos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Cli-mático. Primero, se creó un Grupo de Trabajo Facilitador para el óptimo funcionamiento de la Plataforma de las Comunidades Locales y los Pueblos Indígenas y, segundo, el Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund) adoptó una Política de Pueblos indígenas. Estos son logros pioneros para los pueblos indígenas que luchan por sus derechos y por el reconocimiento de su papel en acciones relacionadas con el cambio climático.
El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (EMRIP) también emprendió destacadas actuaciones en 2018, entre ellas, comenzar la dedicación especial a su mandato de asistencia y asesoramiento a países, incluyendo sus primeras dos misiones, a Finlandia y Ciudad de México; un período de sesiones anual (del 9 al 13 de julio de 2018); y un estudio anual que se centró en el consentimiento libre, previo e informado y reforzó la cooperación con órganos de trata-dos de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como instituciones de derechos humanos a nivel regional y nacional.
Los pueblos indígenas son esenciales para conseguir los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pero con demasiada frecuencia se les ignora. Durante el Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en 2018 se realizaron significativos esfuerzos para poner de relieve los derechos de los pueblos indígenas mediante una serie de eventos.
Sistemas de gobierno indígenas
Los sistemas de gobernanza indígenas han demostrado ser resilientes durante el paso de los siglos a pesar de la colonización, ataques e intentos de socavarlos en nombre de la construcción de la correspondiente nación y la integridad territorial estatal. Estos sistemas de gobernanza indígenas, que a menudo incluyen leyes consuetudinarias, mecanismos de resolución de litigios y decisorios, son fundamentales para asegurar el bienestar y los derechos de los pueblos indígenas en la actualidad, especialmente con respecto a la autodetermi-nación y el desarrollo libremente determinado.
Por lo tanto, en 2019, los tres mecanismos de las Naciones Unidas que se ocupan de los derechos de los pueblos indígenas dedicarán es-pecial atención a la implementación de los derechos de los pueblos in-dígenas al autogobierno.
En enero de 2018, el Departamento de Asuntos Económicos y So-ciales de las Naciones Unidas organizó una reunión internacional de expertos de tres días de duración sobre el tema “Desarrollo sostenible en los territorios de los pueblos indígenas”, como recomendado por el Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indíge-nas en su período de sesiones de 2017.
El EMRIP llevó a cabo un estudio sobre consentimiento libre, previo e informado que fue presentado al Consejo de Derechos Humanos en septiembre de 2018. En ese estudio, el Mecanismo de Expertos argu-mentó que el derecho de libre determinación es el derecho humano fundamental en el que se basa el consentimiento libre, previo e informado, con fuertes vínculos con el derecho a autonomía y autogobierno.
En octubre de 2018, la Relatora Especial presentó su estudio al 73º período de sesiones de la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el tema de “Los pueblos indígenas y el autogobierno”. El informe de la Relatora Especial proporciona una visión inicial del marco jurídico internacional sobre el derecho a autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas y posteriormente examina ejemplos concretos de la amplia diversidad de sistemas de gobernanza indígenas que existen en todo el mundo.
Promover, proteger, defender
A pesar de ser uno de los grupos más vulnerables y marginados del mundo, los pueblos indígenas han demostrado ser fuertes, resilientes y capaces de organizarse y defenderse. Aún ocupan muchos de sus territorios ancestrales, celebran sus culturas únicas y luchan por mantenerlas, y actúan como los guardianes primordiales de la mayor parte de la diversidad biológica y cultural del mundo. Los pueblos indígenas son una parte integral de la sostenibilidad y gestión correcta de los re-cursos naturales; sus conocimientos y entendimiento de nuestro planeta constituyen una parte clave de las soluciones que necesitamos para conseguir un futuro más justo, equitativo y sostenible para toda la humanidad.
Todos tenemos la obligación de hacer todo lo posible para detener estas injusticias. Tenemos que actuar. Con esta edición de El Mundo Indígena, rendimos homenaje a las vidas perdidas, a los líderes indígenas en prisión, a los defensores acosados y a las mujeres indígenas atacadas, ofreciéndoles el espacio para dar a conocer sus historias al mundo.
David Nathaniel Berger
Editor general
Dwayne Mamo
Co-editor
Julie Koch
Directora ejecutiva
Copenhague, abril de 2019
Este artículo es parte de la 33ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2019 aquí
Etiquetas: Gobernanza Global, Defensores de derechos humanos indígenas, Informe de IWGIA
