El Mundo Indígena 2024: Guyana
En la República Cooperativa de Guyana los pueblos indígenas —o amerindios, como se les identifica tanto colectivamente como en la legislación— suman unas 78.500 personas, lo que representa aproximadamente el 10,5 % de la población total de 746.955 habitantes (según el censo de 2012)[1]. Son el cuarto grupo étnico más numeroso, siendo los indios orientales los más numerosos (40 %), seguidos de los guyaneses africanos (29 %) y los autoidentificados como “mixtos” (20 %). Los chinos, los portugueses y los blancos constituyen minorías pequeñas. Los amerindios se refieren a estas personas no indígenas como “costeños”, ya que la mayoría están asentados en la costa.
Los amerindios pertenecen a nueve naciones indígenas, según su lengua. En la costa viven los warao, los lokono, los arawak y los caribes (karinya). Los akawaio, arekuna, patamona, makushi, wapichan y wai wai viven en aldeas diseminadas por el interior del país. Los amerindios constituyen la mayoría de la población del interior, y en algunas regiones llegan a representar el 86 % de los habitantes. Según la legislación, los recursos forestales y madereros de las tierras indígenas tituladas por el Gobierno (tierras aldeanas amerindias) están bajo la plena autoridad de gestión de los titulares amerindios, mientras que los minerales de esas mismas tierras, en definitiva, siguen estando bajo la autoridad suprema del Gobierno nacional. Sin embargo, en la práctica, las administraciones políticas y los organismos técnicos son negligentes a la hora de hacer cumplir la ley. Dos consejos de aldeas amerindias han acudido con éxito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra la minería aurífera ilegal y los daños medioambientales continuos, aunque todavía no se ha obtenido una respuesta efectiva del Gobierno. La explotación poco regulada de estos recursos por parte de multinacionales, mineros ilegales y madereros es uno de los retos a los que se enfrentan los pueblos indígenas. Su principal preocupación es, por tanto, lograr el pleno reconocimiento de los derechos territoriales indígenas para poder defender sus territorios ancestrales contra esta explotación.
El Acuerdo de Independencia del Reino Unido (1965) incluyó un proceso de titulación de tierras. Las recomendaciones en relación con este proceso de la Comisión de Tierras Amerindias (1967-1969) nunca han sido plenamente adoptadas por los sucesivos gobiernos. Se han desestimado las solicitudes de títulos colectivos de distrito, lo que ha dado lugar a la fragmentación de los territorios tradicionales en pequeñas zonas bajo títulos de aldeas individuales. El preámbulo de la Constitución de Guyana reconoce “el lugar especial que ocupan en nuestra nación los pueblos indígenas” y consagra “su derecho como ciudadanos a la tierra y a la seguridad, así como a la promulgación de políticas para sus comunidades”[2]. En 2007, Guyana suscribió la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En agosto de 2020, tras el cambio de partido en el poder, el Ministerio de Asuntos de los Pueblos Indígenas retomó su nombre anterior de Asuntos Amerindios (MoAA).
Revisión de la Ley Amerindia de 2006
En 2023 no se introdujeron cambios en la Ley Amerindia, aunque el Gobierno ha comenzado a aplicar su promesa electoral de 2020 de revisar los límites que establece dicha ley (cap. 29:01, 2006) . Sin embargo, el Gobierno no se ha comprometido con las asociaciones de representación amerindias, sino que ha capacitado a determinadas personas para llevar a cabo consultas a nivel de aldea[3].
El dinero como medio para sofocar la disidencia
Lamentablemente, la mayoría de las interacciones del Gobierno con las comunidades indígenas amerindias no han sido positivas. El Gobierno ha intentado sofocar las protestas contra la confiscación ilegal de los créditos de carbono forestal atribuidos a los bosques en pie localizados en tierras aldeanas amerindias tituladas[4] y ha evitado el debate sobre la ilegalidad[5] de estos actos. Al mismo tiempo, ha destacado que está otorgando el 15 % de los ingresos netos del acuerdo de diez años por un valor de 750 millones de USD (unos 691 millones de EUR) con la petrolera estadounidense Hess Corporation, a todas las comunidades amerindias, independientemente de que tengan títulos de propiedad o bosques naturales en pie. Los fondos se desembolsan a cada comunidad si ha preparado un plan de sostenibilidad del pueblo acorde a una plantilla de la Oficina de la Presidencia[6].
Como presuntamente se pretendía, la inyección de una subvención en metálico sin precedentes de 10 millones de GYD (unos 46.000 EUR) por comunidad fue suficiente para desalentar casi todas las protestas locales por la pérdida del control amerindio de los bosques de las aldeas. En nuestras conversaciones con los amerindios, estos reconocen que la limitada pero significativa entrada de dinero es: (a) en efecto, un soborno electoral, y (b) una pequeña porción del presupuesto nacional alimentado por el petróleo. No obstante, resulta evidente que ningún consejo de aldea podría rechazar esta financiación suplementaria, aunque aceptarla implicaría su anuencia para que la Comisión Forestal de Guyana, un organismo gubernamental, se apodere de los bosques titulados de las aldeas[7].
A lo largo de 2023, los ministros del Gobierno contrarrestaron incluso las tenues protestas de los amerindios por los créditos de carbono fantasma y la confiscación de bosques amerindios por parte del Gobierno, e hicieron repetidamente hincapié en el dinero para infraestructuras que se proporcionaba y la implementación de más de 800 proyectos[8].
Trágica muerte de 19 jóvenes amerindios
El acontecimiento que más marcó emocionalmente a los amerindios y a todo el país en 2023 fue el incendio de una escuela secundaria acaecido durante la noche en la localidad de Mahdia, en el que murieron 19 adolescentes amerindias y un varón, y la burda utilización de este trágico caso por parte del partido gobernante para sacar provecho político[9] contra la Coalición de la Oposición.
Mahdia es una pequeña ciudad de la región central de Guyana que actúa como centro de servicios para la extracción hidráulica artesanal de oro y diamantes. La ciudad tiene fama de ser el “salvaje oeste” por los derroches extravagantes y el comportamiento licencioso de los mineros cuando están de vacaciones de la excavación.
Una escuela secundaria estatal de la ciudad ofrece dormitorios para los alumnos y alumnas en régimen de internado, ya que muchos de ellos proceden de las aldeas más remotas pobladas principalmente por el pueblo indígena Patamona. La escuela secundaria fue una de las incluidas en una encuesta de diagnóstico de la educación nacional de 2015 que solicitó el Ministro de Educación. El informe de la encuesta de 2017 fue muy crítico con la mala construcción y el estado de mantenimiento de los edificios escolares. Al parecer, no se tomó ninguna medida con respecto a este informe antes del cambio de gobierno en agosto de 2020.
El ministro siguiente encargó otro informe en septiembre de 2021. Dicho informe se entregó en mayo de 2022 y también fue sumamente crítico; destacaba en particular el mal estado de 24 dormitorios que requerían reparaciones o reemplazos urgentes. Se calculó que el costo total de la remodelación ascendería a 3.000 millones de GYD (unos 14 millones de EUR). A finales de 2022, se habían gastado unos 800 millones de GYD (unos 3.700 millones de EUR) y había otros contratos de construcción en trámite; sin embargo, no se consideró que la escuela de Mahdia fuera prioritaria y, por tanto, no se incluyó en esta primera tanda. El presupuesto nacional total para 2022 fue de 529.000 millones de GYD (unos 2.400 millones de EUR), de los cuales una elevada proporción se destinó a la construcción y reparación de carreteras. Esto demuestra que el dinero no fue un factor limitante que dé cuenta de lo lento de la respuesta del Gobierno[10].
Asimismo, el Servicio de Bomberos de Guyana también recibió una copia del informe de mayo de 2022, que señalaba además la ausencia de precauciones y control de incendios en los dormitorios; sin embargo, no tomaron ninguna medida porque la responsabilidad legal del estado físico de las escuelas recae en los gobiernos regionales subnacionales. El ejecutivo regional de la Región 8, donde se encuentra Mahdia, tampoco adoptó ninguna medida[11].
En 2017, el Servicio Nacional de Bomberos había construido una estación de bomberos en la ciudad. En julio de 2022, se asignó un nuevo funcionario a la estación quien se encontró con que apenas tenía equipamiento y que el camión de bomberos estaba casi inutilizable. En febrero de 2023, realizó una inspección de seguridad en la escuela e informó de la ausencia de equipos y precauciones de seguridad contra incendios en los dormitorios. Su informe urgente al jefe de bomberos no generó ninguna respuesta. Igualmente, envió una copia de su informe al responsable regional de educación. El informe fue señalado para que se tomaran medidas, pero más tarde se traspapeló debido a cambios de personal. No está claro si este informe del Servicio de Bomberos llegó al Ministerio de Educación o al Ejecutivo Regional, que en última instancia sería el responsable de ordenar las reparaciones y de coordinar los simulacros de incendio.
El 21 de mayo de 2023 había 56 niñas y jóvenes de entre 12 y 18 años en el dormitorio. Debido a antecedentes de mineros del oro que han intentado tener acceso al edificio y llegar a las adolescentes, las ventanas de los dormitorios tenían rejas metálicas fijas y todas las puertas se cerraban con llave por la noche para su protección[12]. Al parecer, el incendio fue provocado deliberadamente por una de las jóvenes quien se había enojado porque le habían confiscado su teléfono móvil, de acuerdo con las normas escolares. El fuego se propagó rápidamente y la supervisora de los dormitorios, que no contaba con la debida capacitación, no pudo encontrar las llaves para que todas pudieran salir. En consecuencia, diecinueve adolescentes y el hijo pequeño de la supervisora murieron en el incendio.
Luego de cierto retraso, se localizó al funcionario de bomberos, quien condujo el camión de bomberos, apenas utilizable, hasta la escuela para intentar apagar el fuego. El camión tenía una cantidad limitada de agua ya que se había enviado su tanque de reserva a otra ciudad para lavar las calles como parte de los preparativos de las celebraciones del Día de la Independencia. Además, el camión no contaba con herramientas para quitar las rejas de las ventanas, romper cerraduras o demoler paredes. Afortunadamente, con la ayuda de los vecinos, el equipo de bomberos pudo hacer agujeros en las paredes a través de los cuales escaparon 37 jóvenes. El pequeño hospital local no dispone de quirófano y obviamente se vio desbordado por este acontecimiento. El servicio médico estatal se movilizó rápidamente y el único especialista nacional en quemaduras del país voló desde Georgetown para prestar asistencia. Dos jóvenes con quemaduras graves fueron trasladadas por vía aérea a Nueva York para recibir tratamiento; una de ellas se salvó.
Poco después del incendio, el Gobierno envió por avión a Georgetown a las familias de las niñas fallecidas y heridas y ofreció 5 millones de GYD (unos 23.000 EUR) por cada niña fallecida, 3 millones de GYD por las que habían resultado gravemente heridas (unos 14.000 EUR) y 500.000 GYD (unos 2.300 EUR) por las que habían sufrido heridas leves. Sin embargo, estas sumas se ofrecieron con la condición de que las familias firmaran una carta preparada de antemano en la que exoneraban al Gobierno de cualquier otra acción legal o reclamación[13]. El Gobierno también proporcionó apoyo psicosocial no especificado a las familias y a las personas que intentaron ayudar, así como a los pueblos de donde procedían las alumnas. No está claro si este apoyo es continuo y, en caso de ser así, de qué forma. Veintiocho de los adolescentes amerindios que se encontraban en el dormitorio masculino adyacente no han regresado a la escuela[14].
Dos meses después del incendio, el presidente de Guyana ordenó la creación de una comisión de investigación conformada por tres personas, con un mandato escaso y mal redactado. A manera de ejemplo, la Ley de Comisiones de Investigación (cap. 19:03, 1933/1997) especifica que dichas investigaciones deben realizar “una investigación completa, fiel e imparcial” (sección 7), aspecto que no se incluyó en el mandato. Además, ninguno de los tres comisionados tenía conocimientos previos relevantes ni experiencia en la realización de una investigación forense. No hubo entrevistas a testigos sobre la historia o la calidad de la construcción del edificio, su mantenimiento, la prevención de incendios o de expertos forenses en siniestros. Por el contrario, el informe de la comisión, presentado en diciembre de 2023[15], se centra en la inacción del Gobierno anterior en relación con el informe de 2017 y omite convenientemente la escasa acción que el Gobierno actual llevó a cabo en relación con los tres informes que se habían sucedido a aquel y que hacían hincapié en el estado de los dormitorios y de la estación de bomberos de la ciudad. El Gobierno tampoco se comprometió a aplicar con mayor celeridad aquellos informes anteriores que pedían medidas urgentes para reparar las escuelas. En vez de ello, los comisionados consideraron que el compromiso iniciado en septiembre de 2022 para algunos trabajos era “aceptable” y llegaron a la conclusión no fundamentada de que “unas instalaciones mejor equipadas no habrían generado un resultado diferente, dada la causa del incendio y la rapidez con la que alcanzó proporciones descomunales” (citas de las páginas 37 y 51 del informe de la comisión de investigación).
Lo más atroz es que el informe atribuyó la culpa del incendio a supuestas pautas de comportamiento de los amerindios, de las que no se aportaron pruebas de testigos. Dichas acusaciones contra los pueblos indígenas no estaban respaldadas por pruebas directas, eran irrespetuosas, difamatorias y contrarias al preámbulo[16] y al artículo 149G[17] de la Constitución Nacional, que defienden el modo de vida de los amerindios.
Luchas continuas por el reconocimiento de la tenencia de los recursos
IWGIA ha publicado anteriormente informes sobre la lucha intermitente de los pueblos amerindios para obtener una tenencia legal segura de sus tierras aldeanas y los recursos, así como para combatir la minería ilegal de oro[18], que continuó en 2023.
Un intento del pueblo de Isseneru de detener la explotación minera mediante dragas fluviales fracasó en el Tribunal Superior. El abogado de la aldea no demostró que el lecho o las orillas del río estuvieran dañados y no se dio cuenta de que las tierras aldeanas tituladas en virtud de la Ley Amerindia de 2006 no incluyen las aguas superficiales de los arroyos y ríos que se encuentran dentro de dichas tierras o que las delimitan[19].
Tampoco se resolvió el caso más complejo de Chinese Landing. El Ministerio de Recursos Naturales y la Comisión de Geología y Minas de Guyana siguen basándose en interpretaciones parciales de la ley, y el equipo jurídico del pueblo no utilizó toda la amplitud de la ley para presentar un caso legal sólido para cerrar el enorme pozo de extracción aurífera de Tassawini, que se encuentra en las tierras tituladas de Chinese Landing[20]. Este caso continuará en 2024[21].
Lentos progresos hacia el aseguramiento de los títulos de propiedad de la tierra para las aldeas y comunidades amerindias
El reconocimiento formal por parte del Gobierno de la tenencia de la tierra indígena comenzó con la encuesta realizada en todo el país por la Comisión de Tierras Amerindias de 1967-1969, en respuesta al compromiso adquirido de asegurar la titularidad amerindia en virtud del Anexo C del Acuerdo de Independencia de 1965 del dominio colonial británico. Los límites topográficos naturales tradicionales están permitidos por el Reglamento 19 (2) de la Ley de Tierras Estatales de 1974[22] y se registraron a partir de reconocimientos aéreos iniciados en 1974. En la primera fase se titularon 65 pueblos con esos límites naturales para 1,587 millones de hectáreas (Mha) en la enmienda de 1976 a la Ley Amerindia de 1951. Otros 10 pueblos fueron titulados en 1991 (0,413 Mha). La titulación continuó esporádicamente hasta 2013, con un total de 3,109 Mha en 110 tierras aldeanas amerindias. Además, en 2013 se registraron formalmente los nombres de 48 comunidades amerindias y 20 aldeas satélite, aunque sin límites cartografiados[23]; sin embargo, esta documentación facilitará la futura titulación.
Se asignaron más de 13.300 millones de USD (unos 12.400 millones de euros) al proyecto de Titulación de Tierras Amerindias (ALT)[24] en el marco del Memorando de Entendimiento Noruega-Guyana (2009-2015), prorrogado hasta 2018.
Los avances sobre el terreno fueron lentos, ya que el gestor del fondo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y los distintos ministerios y organismos del Gobierno de Guyana lidiaron con una decisión gubernamental de 1995 (pero no operativa hasta 2013) de complicar enormemente el proceso de titulación de tierras para los amerindios al alejarse de los límites naturales todavía válidos.
El actual proceso de titulación de tierras, que consta de tres fases, incluye demarcaciones de límites en línea de corte, más familiares para los topógrafos de la costa certificados por la Comisión de Tierras y Catastro de Guyana. A pesar de los manuales de procedimiento y de los cursos de preparación impartidos, las comunidades amerindias han seguido quejándose del proceso de tres fases de “concesiones absolutas de título”, demarcaciones y “certificados de título”. Este proceso puede dar como resultado un área titulada que difiera en gran medida del área que el pueblo esperaba obtener a partir de su solicitud para asegurar su territorio[25].
Los topógrafos de la costa están acostumbrados a trabajar en tierras llanas densamente ocupadas y no están familiarizados con el trabajo en el interior montañoso. Otra complicación constante es que los nombres topográficos utilizados en las comunidades amerindias pueden no corresponderse con los nombres del nomenclador nacional de la Comisión de Tierras y Catastro. Una solución obvia es capacitar y acreditar a topógrafos amerindios, pero esto parece estar fuera del imaginario del Gobierno. No está claro que los propios ministros de los distintos gobiernos comprendan las diferentes categorías y etapas de la tenencia de la tierra del interior y, en consecuencia, las cifras de los progresos comunicados en la titulación de tierras pueden ser incongruentes incluso dentro de un mismo documento[26], como en la Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones de Carbono 2030, que afirma que 3,304 Mha están ya tituladas como tierras aldeanas amerindias. Calculamos que quedan por titular 7,8 Mha de tierras amerindias consuetudinarias[27].
Parece posible o probable que la rápida expansión demográfica haya provocado que algunas de las 48 comunidades amerindias reconocidas en 2013 hayan alcanzado el umbral de elegibilidad para que se las clasifique como tierras aldeanas amerindias (25 años de existencia reconocida y al menos 150 miembros en los últimos cinco años; sección 60 [1] con respecto a los límites que establece la Ley Amerindia. Cap. 29:01, 2006). El Gobierno afirma que la población amerindia “ha aumentado más del doble entre 1992 y 2022”[28]. Sin embargo, esta afirmación no puede verificarse, ya que no se ha publicado ningún informe desde el censo de 2012. Sin embargo, los discursos ministeriales sobre los avances en la titulación de tierras no son claros y las páginas web del proyecto de titulación de tierras amerindias están obsoletas desde hace tiempo.
Janette Bulkan es profesora asociada de la Facultad de Silvicultura de la Universidad de Columbia Británica (Canadá). Anteriormente fue Coordinadora de la Unidad de Investigación Amerindia de la Universidad de Guyana (1985-2000) y Científica Social Principal del Centro Internacional Iwokrama para la Conservación y el Desarrollo de la Selva Tropical (2000-2003). Janette lleva a cabo investigaciones en colaboración a largo plazo con los pueblos indígenas y las comunidades locales de Guyana. Sus temas de investigación son la gobernanza forestal, los sistemas indígenas de gestión de recursos naturales, los sistemas de concesiones forestales y los sistemas de certificación forestal por terceros.
John Palmer es asociado principal de silvicultura tropical e internacional del Forest Management Trust, una ONG con sede en Montana (EE.UU.). Su experiencia en Guyana se remonta a 1974, e incluye consultorías financiadas por el Reino Unido sobre financiación forestal e iwokrama en la década de 1990, y estudios a partir de 2006 sobre la historia e ilegalidades en los sectores forestal y minero. Guyana también figura en su trabajo actual sobre las normas de certificación de la calidad de la gestión forestal.
Este artículo es parte de la 38ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra a un indígena cosechando quinoa en Sunimarka, Perú. Fotografiada por Pablo Lasansky, es la portada del Mundo Indígena 2024 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2024 completo aquí.
Notas y referencias
[1] Oficina de Estadística, Guyana. 2012 Census, Compendium 2 Population Composition (Censo de 2012, Compendio 2 Composición de la población). Julio de 2016, https://statisticsguyana.gov.gy/wp-content/uploads/2019/11/Final_2012_Census_Compendium2.pdf
[2] Ministerio de Asuntos Jurídicos, Guyana. Constitución de la República Cooperativa de Guyana, capítulo 001:01, preámbulo, pág. 30. https://www.parliament.gov.gy/Constitution%20of%20the%20Cooperatiive%20Republic%20of%20Guyana.pdf
[3] “54 facilitators trained to assist with consultations on the revision of the Amerindian Act” (54 facilitadores han recibido preparación para ayudar en las consultas sobre la revisión de la Ley Amerindia). Departamento de Información Pública, 12 de enero de 2024. https://dpi.gov.gy/54-facilitators-trained-to-assist-with-consultations-on-the-revision-of-the-amerindian-act/.
[4] “Gov’t takes strong stance against APA’s complaint on suspension of carbon credits issuance” (El Gobierno adopta una postura firme contra la queja de la APA sobre la suspensión de la emisión de créditos de carbono). Departamento de Información Pública, 16 de abril de 2023. https://dpi.gov.gy/govt-takes-strong-stance-against-apas-complaint-on-suspension-of-carbon-credits-issuance/ ;
“APA decries attack by Jagdeo over criticism of carbon credits programme – lists questions that should be answered” (La APA deplora el ataque de Jagdeo por sus críticas al programa de créditos de carbono, enumera las preguntas que deben responderse). Stabroek News, 16 de abril de 2023. https://www.stabroeknews.com/2023/04/16/news/guyana/apa-decries-attack-by-jagdeo-over-criticism-of-carbon-credits-programme/
[5] Bulkan, J. & Palmer, J. (2023). “Guyana”. El Mundo Indígena 2023. Copenhague, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. pág. 396.
[6] “‘Do not be misled’ by those attempting to stymie Amerindian development – VP Jagdeo urges” (“No se deje engañar” por quienes intentan obstaculizar el desarrollo amerindio—insta el vicepresidente Jagdeo). Departamento de Información Pública, 6 de julio de 2023. https://dpi.gov.gy/do-not-be-misled-by-those-attempting-to-stymie-amerindian-development-vp-jagdeo-urges/.
[7] Bulkan, J., Palmer, J., Khusial, D., Bhulai, A., Ramdas, G., Brandli, A., Adams, V. & Dorwish, C. (2024) Response to the List of Issues concerning Guyana by Oil and Gas Governance Network (Respuesta a la lista de cuestiones relativas a Guyana de la Red de Gobernanza del Petróleo y el Gas). https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT/CCPR/CSS/GUY/57380&Lang=en.
[8] “Over US$112M to go to Amerindian communities from sale of carbon credits” (Más de 112 millones de USD se destinarán a las comunidades amerindias por la venta de créditos de carbono). Departamento de Información Pública, 2 de diciembre de 2023. https://dpi.gov.gy/over-us112m-to-go-to-amerindian-communities-from-sale-of-carbon-credits/.
[9] Juan, C. “Mahdia CoI calls tragedy… ‘An unfortunate outcome of several factors’”(La comisión presidencial de investigación de Mahdia califica la tragedia como un “resultado lamentable de varios factores”). Guyana Chronicle, 20 de enero de 2024. https://guyanachronicle.com/2024/01/20/mahdia-coi-calls-tragedy/.
[10] Adams, V., Bhulai, A., Brandli, A., Bulkan, J., Casimero, I., Khusial, D., Lall, G., Persaud, J., Radzik, V., Sugrim, C. & Wilkinson, C. “Questions for the Commissioners in the Mahdia fire CoI” (Preguntas para los comisionados de la comisión presidencial de investigación sobre el incendio de Mahdia). Stabroek News, 27 de enero de 2024. https://www.stabroeknews.com/2024/01/27/opinion/letters/questions-for-the-commissioners-in-the-mahdia-fire-coi/.
[11] “Annex: Fire safety in Mahdia dormitory was ‘major concern’ (La seguridad contra incendios en la residencia de Mahdia era “motivo de gran preocupación”). Stabroek News, 25 de noviembre de 2023. https://www.stabroeknews.com/2023/11/25/opinion/editorial/annex-fire-safety-in-mahdia-dormitory-was-major-concern/.
[12] “Mahdia tragedy inquiry must take account of mining impact on indigenous communities – GHRA” (La investigación sobre la tragedia de Mahdia debe tener en cuenta el impacto de la minería en las comunidades indígenas – GHRA). Stabroek News, 28 de mayo de 2023. https://www.stabroeknews.com/2023/05/28/news/guyana/mahdia-tragedy-inquiry-must-take-account-of-mining-impact-on-indigenous-communities-ghra/.
[13] “Families of Mahdia fire victims get $5m from gov’t as settlement of any possible claims —legal agreement presented earlier this month” (Las familias de las víctimas del incendio de Mahdia obtienen 5 millones [de GYD] del Gobierno como liquidación de cualquier posible reclamación – Acuerdo legal presentado a principios de este mes). Stabroek News, 18 de julio de 2023. https://www.stabroeknews.com/2023/07/18/news/guyana/families-of-mahdia-fire-victims-get-5m-from-govt-as-settlement-of-any-possible-claims/.
[14] “Parents of Mahdia dorm boys protest lack of care by Govt.” (Los padres de los varones de la residencia de Mahdia protestan por la falta de atención del Gobierno). Kaieteur News, 24 de enero de 2024. https://www.kaieteurnewsonline.com/2024/01/24/parents-of-mahdia-dorm-boys-protest-lack-of-care-by-govt/.
[15] Singh, J., John, D. & Thomas, J.K.-K. Presidential Commission of Inquiry into Mahdia Secondary School Female Dormitory Fire (Comisión presidencial de investigación sobre el incendio del dormitorio femenino de la Escuela Secundaria de Mahdia), pág. 50, 2024. https://newsroom.gy/2024/01/20/full-report-from-coi-into-mahdia-dorm-fire-now-public/
[16] El preámbulo plantea “valorar el lugar especial que ocupan en nuestra nación los pueblos indígenas” y reconoce “su derecho como ciudadanos a la tierra y a la seguridad, así como a la promulgación de políticas para sus comunidades”.
[17] Artículo 149G: “Los pueblos indígenas tendrán derecho a la protección, preservación y promulgación de sus lenguas, patrimonio cultural y modo de vida”.
[18] Capítulos sobre Guyana en El Mundo Indígena 2019 (pág. 193-6), El Mundo Indígena 2020 (pág. 435-38), El Mundo Indígena 2021 (pág. 422-23), El Mundo Indígena 2022 (pág. 431-33), El Mundo Indígena 2023 (pág. 393-94).
[19] Harris-Smith, F. “Isseneru loses case claiming illegal mining” (Isseneru pierde un caso de minería ilegal). Stabroek News, 8 de septiembre de 2023. https://www.stabroeknews.com/2023/09/08/news/guyana/isseneru-loses-case-claiming-illegal-mining/.
[20] Papannah, D. “Gov’t lacks power to authorise ‘outsiders’ to mine on Indigenous lands, Sukhai says” (El Gobierno carece de poder para autorizar a “forasteros” a explotar minas en tierras indígenas, afirma Sukhai). Stabroek News, 6 de mayo de 2023. https://www.stabroeknews.com/2023/05/06/news/guyana/govt-lacks-power-to-authorise-outsiders-to-mine-on-indigenous-lands-sukhai-says/.
[21] Asociación de Pueblos Amerindios, Consejo de Distrito de Alto Mazaruni y Forest Peoples Programme, Submission on Guyana to the United Nations Human Rights Committee (Informe sobre Guyana al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas). 2024. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2703&Lang=en.
[22]https://faolex.fao.org/docs/pdf/guy3057.pdf para la reglamentación de las tierras estatales.
[23] Despacho del Presidente. Low Carbon Development Strategy (LCDS) (Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones de Carbono), versión 4, 2013. El Apéndice II contiene la información sobre la titulación de cada comunidad. https://www.greenpolicyplatform.org/national-documents/low-carbon-development-strategy-update-transforming-guyana’s-economy-while
Camacho-Nassar, C. Mid-Term Evaluation of the Amerindian Land Titling Project in Guyana (Evaluación de mitad del periodo del proyecto de titulación de tierras amerindias en Guyana), diciembre de 2016. https://guyanareddfund.org/images/stories/pdffiles/ALT_Mid-Term_Evaluation_Report.pdf.
[24]GRIF. Fondo de Inversión REDD+ de Guyana (2011). Amerindian land titling (Titulación de tierras amerindias). https://guyanareddfund.org/index.php/grif-projects/amerindian-land-titling.
[25] “Gov’t to address land issue at Four Miles – Min Sukhai” (El Gobierno abordará la cuestión de los terrenos en Four Miles - Min Sukhai). Departamento de Información Pública, 31 de agosto de 2023. https://dpi.gov.gy/govt-to-address-land-issue-at-four-miles-min-sukhai/.
[26]Despacho del Presidente. Guyana's Low Carbon Development Strategy 2030 (Estrategia de Desarrollo con Bajas Emisiones de Carbono de Guyana 2030), páginas 6 y 139. Julio de 2022. https://lcds.gov.gy/wp-content/uploads/2022/08/Guyanas-Low-Carbon-Development-Strategy-2030.pdf.
[27]Bulkan, J. “Core issue is that vast amounts of money are being discussed which may involve loss of control by Amerindian titled Villages over their forests” (La cuestión central es que se está hablando de grandes sumas de dinero que pueden implicar la pérdida de control de los pueblos amerindios que tengan títulos de propiedad sobre sus bosques). Stabroek News, 11 de enero de 2023. https://www.stabroeknews.com/2023/01/11/opinion/letters/core-issue-is-that-vast-amounts-of-money-are-being-discussed-which-may-involve-loss-of-control-by-amerindian-titled-villages-over-their-forests/.
[28]Teixeira, G. “Information received under the CERD’s Early Warning and Urgent Action Procedure” (Información recibida en el marco del Procedimiento de Alerta Temprana y Acción Urgente del CERD). Despacho del Ministro de Asuntos Parlamentarios y Gobernanza. 14 de julio de 2022.
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