El Mundo Indígena 2022: Guyana
La población de los pueblos indígenas —o pueblos amerindios, que es el término con el que se identifican colectivamente y en la legislación– ronda alrededor de los 78.500 personas en la República Cooperativa de Guyana, o aproximadamente el 10.5 % de la población total de 746.955 habitantes (censo de 2012)[1]. Son el cuarto grupo étnico de mayor tamaño, siendo los indios orientales el más importante (40 %), seguidos de los afro-guyaneses (29 %) y los autoidentificados como “mestizos” (20 %). Los chinos, portugueses y blancos constituyen pequeñas minorías. Los amerindios se refieren a estos pueblos no-indígenas como “costeños”, debido a que la mayoría están establecidos a lo largo de la costa.
Los amerindios se dividen en nueve naciones indígenas, según su idioma. Los warao, los arawak y los carib (karinya) viven a lo largo de la costa. Los wapichan, los arekuna, los makushi, los wai wai, los pantamona y los akawaio habitan en aldeas dispersas por el interior. Los amerindios constituyen la mayoría de la población en el interior, representando hasta el 86 % de los habitantes de algunas regiones. Los recursos forestales y madereros de las tierras indígenas tituladas por el gobierno (Tierras de Aldeanas Amerindias) se encuentran plenamente bajo la autoridad administrativa de los tenedores de títulos de propiedad amerindios, mientras que los minerales bajo las mismas tierras permanecen bajo la autoridad máxima del gobierno nacional. La explotación de estos recursos por parte de multinacionales, mineras ilegales y madereras, está pobremente regulada y es uno de los grandes desafíos encarados por muchos pueblos indígenas. Por lo tanto, su principal preocupación es conseguir el pleno reconocimiento de sus derechos a las tierras indígenas para poder defender sus territorios ancestrales frente a la explotación.
El Acuerdo de Independencia del Reino Unido (1965) incluyó un proceso de titulación de tierras. Las recomendaciones respecto a este proceso por parte de la Comisión de Tierras Amerindias (1967-1969) nunca han sido plenamente implementadas por los gobiernos sucesivos. Las solicitudes realizadas para instituir títulos de propiedad colectiva a nivel distrital han sido rechazadas, resultando en la fragmentación de los territorios tradicionales en pequeñas áreas bajo títulos de propiedad a nivel de las aldeas individuales. La Constitución de Guyana en su preámbulo reconoce “el lugar especial en nuestra nación de los pueblos indígenas” y también reconoce “sus derechos como ciudadanos a la tierra y la seguridad y a la promulgación de políticas para sus comunidades”[2]. Guyana respaldó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) en 2007. El Ministerio de Asuntos de los Pueblos Indígenas revirtió a su nombre previo de Ministerio de Asuntos Indígenas (MoAA, por su sigla en inglés) tras el cambio en el partido gobernante de agosto de 2020.
El creciente papel visible de las mujeres indígenas en la toma de decisiones comunitarias
Las mujeres indígenas pueden liderar y participar de manera creciente en todos los niveles del gobierno comunitario y de las aldeas, a pesar de los problemas con el mal servicio de electricidad, la banda ancha reducida y el servicio de Internet intermitente. Ahí donde las conexiones de Internet están disponibles en el interior, las mujeres indígenas han sido rápidas en adoptar las redes sociales (WhatsApp, Zoom y Facebook) para la comunicación intrafamiliar y entre aldeas. Las restricciones gubernamentales sobre los viajes y las reuniones físicas impuestas para combatir la pandemia de COVID-19, han tenido el resultado accidental de empoderar a las mujeres indígenas, en tanto han reportado sentirse más cómodas con las tecnologías de la información (que pueden utilizar desde casa) en comparación a los hombres. La tecnología ayuda a las mujeres indígenas a ejercer sus derechos constitucionales, los cuales incluyen disposiciones contra la discriminación[3].Para dar ejemplos de su creciente éxito en la representación, las mujeres indígenas jugaron un papel más prominente en las elecciones para Consejos de Aldea de 2021 comparado con los años anteriores. En las elecciones celebradas en 159 aldeas durante abril y mayo de 2021, nueve toshaos mujeres y 11 altas concejalas (junto con 103 toshaos hombres y 36 altos concejales) fueron elegidas. El toshao es la cabeza electa del Consejo de Aldea Amerindia, mientras que los altos concejales son la cabeza de las aldeas satélites o de las comunidades más pequeñas que no son suficientemente grandes o no han existido lo suficiente para ser reconocidas bajo el Acta Amerindia de 2006 como aldeas amerindias.
A nivel nacional, dos mujeres lokono arawak fueron reelegidas en la Asamblea Nacional (parlamento): Pauline Sukhai para su segundo mandato como Ministra de Asuntos Amerindios (MoAA) y por otro lado Yvonne Fredericks-Pearson. Ambas son designadas por el presidente a partir de la lista de candidatos y candidatas del Partido Progresista del Pueblo-Cívico (PPP/C). Las otras dos parlamentarias indígenas mujeres son Juretha Fernandes y Dawn Hastings-Williams de la Coalición APNU+AFC. El vicepresidente de la Asamblea Nacional es Lenox Shuman, un hombre indígena.
Violencia dentro y alrededor de las áreas mineras
Tradicionalmente, las familias indígenas amerindias se rigen por un gobierno de residencia matrilocal[4], lo que significa que los hombres casados están siempre bajo el ojo vigilante de los parientes de sus esposas.
Sin embargo, lejos de las comunidades indígenas, los reportes de violencia en los campos de explotación minera de oro y diamante resultan frecuentes, alimentados por el alcohol puro y los opiáceos. Esto afecta tanto a los hombres como a las mujeres, algunos de los cuales son indígenas. La violencia también emerge frecuentemente de disputas sobre la apropiación física del oro y los diamantes. La trata de personas también está presente y afecta a ambos sexos[5]. Los amerindios indígenas que trabajan en las minas y servicios asociados, tales como las tiendas y los burdeles, frecuentemente presencian, son afectados o caen víctimas de esta violencia.
Hay una presencia espacial y temporal intermitente y muy limitada de las agencias gubernamentales en estas áreas, debido a que tan sólo 11 oficiales mineros (inspectores) están en el campo en cualquier momento para monitorear más de 12.000 bloques mineros de pequeña y mediana escala en más de 1.000 concesiones[6] (se realizan operaciones mineras legales e ilegales de manera entremezclada). Aun cuando ocurre un asesinato, la respuesta de la policía suele ser tardía y superficial y, en los reportes si llegan a realizarse, la presencia de amerindios suele estar ausente, lo cual no significa que ningún amerindio indígena haya sido afectado o victimizado.
La acción gubernamental es esencialmente cosmética, un reflejo del descuido generalizado que padecen las áreas del interior excepto cada cinco años, cuando se realizan las elecciones nacionales.
La lucha perenne por el control indígena sobre los recursos consuetudinarios de la tierra
La tenencia consuetudinaria de la tierra es comunal, por lo que la lucha en curso por obtener el reconocimiento del título de propiedad nativo involucra tanto a hombres como a mujeres. La Asociación de Pueblos Amerindios (APA), apoyada por el Rainforest Foundation US y el Forest Peoples Programme UK, sigue siendo la más organizada de las ONG amerindias. La campaña perenne de la APA por el reconocimiento de los derechos sobre los recursos y su alianza con el Consejo Distrital de Rupununi del Sur (CDRS) obtuvo una gran cobertura de prensa en el periodo de noviembre-diciembre de 2021, como es señalado en la sección de la Montaña Marudi a continuación.
La administración política actual asumió su cargo en agosto de 2020 con una mayoría de un escaño en la Asamblea Nacional, después de una crisis constitucional prolongada causada por el intento de fraude electoral por parte de la coalición de gobierno saliente. La preferencia tradicional del PPP/C por un estilo de gobierno paternalista cuasi feudal es especialmente marcada en el interior indígena. Las restricciones por el COVID-19 han provocado que los típicos contactos intercomunitarios físicos sean más reducidos y han generado un mayor protagonismo de las comunicaciones gubernamentales y la propaganda abierta. Los mineros y los comerciantes de oro y diamantes son partidarios conspicuos del PPP/C y están beneficiándose financieramente mediante contratos concedidos para la construcción de proyectos, incluyendo escuelas y caminos en el interior.
La minería artesanal en la Montaña Marudi
La Montaña Marudi (conocida como Marutu Taawa en la lengua wapichan) es sagrada localmente, pero ha sido sujeta a la minería artesanal por amerindios, otros guyaneses y brasileños desde inicios de los años cuarenta[7]. Su territorio también estaba cubierto por una licencia formal de explotación minera otorgada a Romanex para el periodo 1990-1999 y operada esporádicamente. La agencia gubernamental Comisión de Geología y Minas de Guyana (CGMG) no goza de un centro de monitoreo en el área. Las comunidades wapichan han expresado preocupación sobre la sedimentación y la contaminación del agua por la minería, y sobre el uso del mercurio metálico para amalgamar y ayudar a recuperar copos de oro y partículas de la minería hidráulica. El calentamiento de la amalgama vaporiza el mercurio, que después metila y contamina el ambiente, causando que niveles peligrosamente altos de mercurio sean detectables en el cabello humano de los habitantes de comunidades indígenas río abajo[8]. El Gobierno de Guyana ratificó la Convención Minamata, en septiembre de 2014, dirigida a eliminar gradualmente el uso del mercurio en la minería, pero ha hecho muy poco para promover otros métodos para recuperar partículas de oro o explicar las implicaciones sobre la salud humana a las comunidades afectadas[9]. El Ministerio de Salud no tiene ningún laboratorio para realizar pruebas por envenenamiento de mercurio. Hay un laboratorio privado que sí tiene la capacidad, pero las pruebas son caras y por lo tanto poco utilizadas.
La comunidad Wapichan de Aishalton tiene una demanda pendiente para adquirir el título de propiedad sobre sus tierras tradicionales, que incluyen las Montañas Marudi, desde la investigación de la Comisión de Tierras Amerindias en 1967, demanda que ha sido completamente ignorada por los gobiernos sucesivos. La destrucción continua de la montaña sagrada por los mineros condujo a la negociación de un acuerdo a finales del 2016, que involucra al CDRS, Romanex, CGMG y la asociación de mineros artesanales (Rupununi Mines Association Cooperative Society Ltd.). El acuerdo incluía una prohibición del uso de mercurio en las minas. El gobierno finalmente canceló al holding de Romanex el 1º de noviembre de 2021. El 17 de noviembre, el Ministerio de Recursos Naturales anunció un nuevo acuerdo entre el tenedor actual de la licencia de explotación (la compañía canadiense Aurous Mining Inc.), CGMG y la asociación artesanal en su página de Facebook (no a través de la Gaceta Oficial o el Departamento de Información Pública del gobierno)[10]. A su vez, no se ha conducido ninguna evaluación del acuerdo de 2016. A pesar de la afirmación del gobierno de aplicar el principio de la DNUDPI a un consentimiento libre, previo e informado, el CDRS no fue consultado o informado sobre el nuevo acuerdo, y no pudo obtener una copia para finales de 2021, o una copia del Permiso de Minería Especial expedido para minería artesanal que cubre 405 hectáreas para el uso de 40 mineros.
Tras montar una serie de protestas, el CDRS también convocó a la abogada de derechos humanos Malene Alleyne (Freedom Imaginaries, Jamaica) para que se basara en el reporte de diciembre de 2018 del Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial (ONU-CEDR) para compilar una protesta internacional[11]. En una contramovida, tres ministros gubernamentales (Robeson Benn de Asuntos Interiores, Vickram Bharrat de Recursos Naturales, y Pauline Sukhai de Asuntos Amerindios) volaron a Aishalton el 29 de noviembre y acordaron reuniones en aldeas wapichan. Seguido de la tradicional práctica de danza, los ministros brindaron una presentación de una hora pero no concedieron suficiente tiempo para las preguntas de los pobladores[12]. Personal y partidarios del PPP/C transportados al evento y empleados del Consejo Democrático Regional de la Región 9, fueron de casa en casa en la noche persuadiendo a los pobladores de firmar una petición redactada por el gobierno en apoyo del acuerdo no divulgado y declarar que querían que la minería artesanal continuase como una fuente principal del ingreso local (Figura 1). El CDRS no estaba informado de las reuniones o de las campañas puerta a puerta en la aldea antes de esta visita. Entre los manifestantes que exigían la suspensión del acuerdo hasta la debida aplicación del CLPI, se encontraban el influyente jefe Kokoi;[13] la coordinadora de Gobernanza y Derechos de la APA, Laura George;[14] el anciano Wapichan jefe Tony James[15] y la Oficial de Comunicaciones, Immaculata Casimero. El ministro Vickram Bharrat alegó que la oposición a la minería destructiva era de parte de “un puñado de gente que tienen objetivos políticos y una agenda política”[16], aunque no explicó lo que eran estos objetivos o esa agenda. El ministro Bharrat también sostuvo que había visitado personalmente el área cinco veces para hablar con los mineros vendedores y mineros de Marudi en las aldeas wapichan, que habían solicitado el reinicio de la minería artesanal. Sin embargo, ningún registro de dichas reuniones se encuentra en el dominio público.[17]
Reemplazo del programa de Empleo y Servicios Dirigidos a la Juventud del Interior (ESJI), regreso de las OSC
Los dos partidos políticos han promovido diversos programas para asistir el desarrollo de las comunidades indígenas en el interior, incluyendo los Oficiales de Servicio Comunitario (OSC) y el Empleo y Servicios Dirigidos a la Juventud del Interior (ESJI), tal como se ha desarrollado en los anuarios de IWGIA de 2019,[18] 2020,[19] y 2021[20]. Tras retomar el gobierno en agosto de 2020, la administración PPP/C cerró inmediatamente el esquema ESJI junto con todas las demás iniciativas de la coalición. La ministra Pauline Sukhai del MoAA alegó en marzo de 2021 que el esquema ESJI había agotado sus fondos en 2019 y que no había sido refinanciado. Más aún, la ministra dijo que no era capaz de localizar ninguno de los nuevos negocios.[21] En su lugar, el gobierno PPP/C ha reinstalado su esquema para las OSC pero ahora ha asignado presupuestos para componentes de capacitación junto con inversiones de capital. A la espera de inversiones futuras para la conectividad de Internet en el interior, 174 jóvenes han recibido capacitación en tecnologías de la información y la comunicación. Si están dispuestos a migrar fuera del interior, puede que sean capaces de conseguir empleos en el área costera más desarrollada. También, 80 jóvenes fueron entrenados para instalar paneles solares para energía eléctrica a nivel doméstico.[22]
Apoyos gubernamentales inadecuados para las comunidades amerindias
Existe una relación basada en dádivas y relaciones clientelares entre el gobierno y los amerindios que no ayuda al desarrollo sustentable y que fracasa en tomar en cuenta la voluntad y las necesidades de los amerindios mismos. En vez de preguntar a los amerindios cómo pueden ser apoyados, su gobierno simplemente pregunta si quisieran recibir un bien o una pieza de equipamiento específico, como un tractor. Una vez que el producto es prometido, la entrega es frecuentemente retrasada, o el pleno cumplimiento de la promesa nunca sucede. El gobierno también hace muy poco para garantizar que haya piezas de reemplazo disponibles o para proveer capacitaciones sobre usos no-destructivos, mantenimiento o reparaciones. Más aún, esta relación vertical y no consultiva alimenta la corrupción mediante adjudicaciones gubernamentales directas e ilegales con costos muy por arriba de los precios de mercado. Los ejemplos de estos casos fueron abundantes en 2021.
El gobierno de coalición anterior prefirió brindar bicicletas, botes y minibuses a comunidades del interior, mientras que el gobierno PPP/C ha vuelto a motores fueraborda, tractores agrícolas y máquinas de coser. Quince de estos motores fueraborda fueron adquiridos por MoAA, pero seis meses después de la entrega los motores seguían en sus cajas en su oficina. Más aún, 3000 herramientas agrícolas fueron adquiridas a un costo de USD 135.000 pero sólo 59 fueron distribuidas[23]. Un anuncio de licitación fue expedido para 112 sets de tractores agrícolas 4-WD, siete ofertas fueron recibidas, pero ninguna fue aceptada. Sin embargo, un acuerdo de adjudicación directo fue firmado con un proveedor en India,violando la ley de adquisiciones públicas del gobierno. Subsecuentemente, 103 tractores fueron entregados al MoAA en septiembre, de los cuales 49 se supone que serían enviados a las aldeas amerindias. El Auditor General solo pudo encontrar 20 recibos y 30 registrados con la Autoridad de Ingresos, mientras que los certificados para los siguientes 11 tractores y 39 trailers fueron dejados con la autoridad. Algo de este aparente desperdicio fue causado por una lluvia prolongada en 2021, que hizo a las vías de acceso al interior efectivamente intransitables durante muchas semanas. Sin embargo, el Auditor General destaca una administración y prácticas de contabilidad deficientes recurrentes en los reportes anuales del MoAA, independientemente del partido político que esté en el gobierno[24]. A su vez, 54 tractores permanecieron inutilizados en un almacén de gobierno.[25]
A pesar de estas situaciones, hay buenas noticias. A través del renovado programa de Oficiales de Servicio Comunitario, 60 jóvenes indígenas activos han sido capacitados en la conducción de tractores y en el mantenimiento de rutina. Sin embargo, la mala noticia es que una vez más el gobierno se ha quedado corto en la compra de piezas de repuesto, en garantizar que exista una capacitación o instalaciones para reparar el equipo agrícola o para educar a las comunidades sobre la planeación empresarial para el uso eficiente y efectivo de estas herramientas, así como equipo para el beneficio de la comunidad más que simplemente para el beneficio de las familias de los toshaos o los altos concejales.
La coordinación nacional entre las comunidades amerindias
Las comunidades indígenas del interior que se encuentran ampliamente dispersas como consecuencia ecológica de la baja fertilidad natural de la tierra, comúnmente tienen mayores dificultades en comunicarse y coordinarse en relación a las comunidades costeras relativamente concentradas. Todos los toshaos de las aldeas amerindias legalmente reconocidas y los altos concejales de las comunidades satélites son miembros del Consejo Nacional de Toshaos (CNT), que cuenta con unas 114 personas en total y con un Comité Ejecutivo de 20 integrantes. El COVID-19 ha impedido las reuniones del CNT y su rama ejecutiva a lo largo del año pasado. Las agrupaciones más naturales de aldeas en distritos no son parte de la estructura legal y han recibido la oposición del gobierno costero. Una reunión en septiembre de 2021 de 34 toshaos y altos concejales para la Región Administrativa Número 9, convenida por el gobierno, resultó en la elección de tres toshaos para el siguiente Comité Ejecutivo [26]. El gobierno procedió a abandonar estas reuniones regionales, supuestamente debido a las infecciones por COVID-19.
¿Cuál es la relevancia política de esto? Actualmente, el sistema electoral nacional ha resultado en una mayoría de un asiento en la Asamblea Nacional unicameral del partido gobernante, oscilando entre el PNC de base afroguyanesa y el PPP/C de base indio oriental. Tanto el PNC/R como el PPP/C intentan comprar los votos amerindios porque un margen mucho menor de votos es necesario para cada escaño parlamentario en las áreas del interior en comparación con los escaños de la costa urbanizada. La coordinación entre las comunidades amerindias, para formar un voto decisivo, es fuertemente opuesta por los gobiernos costeros.[27]
Tras años de quejas, los toshaos finalmente han recibido un incremento en sus estipendios que pasó de USD 1.800 al año a 3.000 al año. Esta pobre recompensa por una frecuentemente onerosa e ingrata tarea se encuentra en contraste rígido con los salarios ministeriales anuales de USD 55.800 y el salario presidencial de USD 108.000, a los que se suman un conjunto de subsidios y complementos abonados.[28]
Pronóstico para el 2022/3
Materialmente, las comunidades indígenas pueden esperar recibir más “dádivas” en el estilo paternalista del Partido PPP/C, financiado con ingresos de los yacimientos de petróleo situados en el mar. A lo largo de 2021 y entrado enero de 2022, el PPP/C ha demostrado un deseo creciente de ser el único órgano de toma de decisiones en el país, y denigrar los comentarios y cuestionamientos de la sociedad civil. Ha habido un aumento rápido en el costo de la vivienda, inducido por el efecto de la pandemia sobre el comercio global (Guyana tradicionalmente ha tenido una alta propensión a importar bienes básicos) y por los efectos inflacionarios del sector petrolero. Existe una disputa por trabajos en este sector, aún en los niveles más bajos, como fuente de ingresos relativamente seguros y una forma de escapar la dominancia partidista de la vida guyanesa tradicional. Las comunidades indígenas pueden beneficiarse del ecoturismo de pequeña escala para los trabajadores de los campos petroleros, y el nuevo programa de capacitación en tecnologías de la información y la comunicación para jóvenes indígenas ofrece una ruta de salida de la pobreza.
Janette Bulkan es una profesora asociada en la Facultad de Silvicultura de la Universidad de Columbia Británica, Canadá. Previamente fue coordinadora de la Unidad de Investigación Amerindia de la Universidad de Guyana (1985-2000) y científica social principal en el Centro Internacional de Iwokrama para la Conservación y Desarrollo de la Selva Tropical, Guyana (2000 a 2003). Janette conduce una investigación colaborativa de largo plazo con los pueblos indígenas y las comunidades locales de Guyana. Sus intereses de investigación son la gobernanza forestal, los sistemas de gestión de recursos naturales indígenas, los sistemas de concesión forestal y los sistemas de certificación de terceros.
John Palmer es un asociado senior en silvicultura tropical e internacional en el Fondo de Gestión Forestal, una organización ambiental no gubernamental con sede en Montana, Estados Unidos. Su experiencia en Guyana data desde 1974 e incluye participaciones en consultorías de financiación inglesa sobre financiamiento silvicultor e Iwokrama en los años noventa, y estudios de 2006 en adelante sobre la historia y las diversas ilegalidades en los sectores forestal y minero. Guyana también figura en su trabajo actual sobre estándares de certificación para gestión forestal de calidad.
Este artículo es parte de la 36ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra mujeres indígenas que se ponen de pie y asumen el mando en la lucha por los derechos territoriales de su comunidad en Jharkhand, India. Fotografiada por Signe Leth, es la portada del Mundo Indígena 2022 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2022 completo aquí
Notas y referencias
[1] Bureau of Statistics, Guyana. 2012 Census, Compendium 2 on population composition. Julio de 2016. https://statisticsguyana.gov.gy/wp-content/uploads/2019/11/Final_2012_Census_Compendium2.pdf
[2]Parliament of the Co-operative Republic of Guyana. The Constitution of the Co-operative Republic of Guyana. Chapter 001:01, Preamble, p.30. https://parliament.gov.gy/Constitution%20of%20the%20Cooperatiive%20Republic%20of%20Guyana.pdf
[3] La Constitución Nacional 1980/2003. https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_guy_constitution.pdf. Guyana prohíbe la discriminación contra las mujeres: 149F. (1) Toda mujer tiene acceso a los mismos derechos y estatus que los hombres en todas las esferas de la vida política, económica y social. Todas las formas de discriminación contra las mujeres sobre la base del género o el sexo son ilegales. (2) Todas las mujeres tienen derecho al mismo acceso que los hombres a capacitación académica, vocacional y profesional, mismas oportunidades en empleo, remuneración y promoción y en actividad social, política y cultural. El artículo 149 principal incluye cláusulas contra la discriminación por raza. Por lo tanto, en principio, las mujeres indígenas (amerindias) no enfrentan ninguna barrera legal y por lo tanto pueden asumir cualquier rol. En la práctica, las mujeres indígenas frecuentemente enfrentan obstáculos por virtud de sus obligaciones familiares y niveles de educación. En los niveles más bajos de la sociedad costeña, las poblaciones numéricamente dominantes de los afro-guyaneses e indo-guyaneses pueden elevar barreras mediante los agravios raciales tradicionales, ignorando la enorme habilidad de los amerindios en sus comunidades del interior y en la economía nacional. Las Comisiones de Relaciones Étnicas y de la Mujer y la Igualdad de Género fueron creadas por la Constitución Nacional e igualmente proveen cierta medida de defensa legal contra la discriminación. Sin embargo, los partidos políticos suelen ser lentos en asignar personal a estas comisiones, sus secretarías están desfinanciadas, y los casos judiciales pueden permanecer estancados durante años por razones triviales.
[4] Rivière, Peter. Individual and society in Guiana: a comparative study of amerindian social organisation. Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology, Nº 51, Cambridge: Cambridge University Press, 1984.
[5] Ebus, Bram. “Tracing tainted gold”. Infoamazonia, 14 de septiembre de 2020. https://mercurio.infoamazonia.org/en/gold/.
[6]Walrond, G. W., L.J.I. Heesterman and J. Goolsarran. “Guyana Geology and Mines Commission, Management and Systems Review. Inception Report”. Mines Division, Land Management Division, Geological Services Division, 2015.
[7] “Govt says mining permits for Marudi Mountains is not new”. Kaieteur News, 2 de diciembre de 2021. https://www.kaieteurnewsonline.com/2021/12/02/govt-says-mining-permits-for-marudi-mountains-is-not-new/.
[8] South Rupununi District Council. “Wapichan environmental monitoring report”. Septiembre de 2012. http://wapichanao.communitylands.org/1548691773093-wapichan-environmental-monitoring-report-2018-v2.pdf.
[9] Papannah, David and Laurel Sutherland. “Parabara still in the dark on high mercury exposure -after no follow up to alarming findings of study”. Stabroek News, 30 de mayo de 2021. https://www.stabroeknews.com/2021/05/30/news/guyana/parabara-still-in-the-dark-on-high-mercury-exposure/
[10] “Govt says mining permits for Marudi Mountains is not new”. Kaieteur News, 2 de diciembre de 2021. https://www.kaieteurnewsonline.com/2021/12/02/govt-says-mining-permits-for-marudi-mountains-is-not-new/.
[11] “Marudi residents’ protest…Rescind mining agreement and apologise to Indigenous People – Caribbean Human Rights lawyer”. Kaieteur News, 30 de noviembre de 2021. https://www.kaieteurnewsonline.com/2021/11/30/rescind-mining-agreement-and-apologise-to-indigenous-people-caribbean-human-rights-lawyer/.
[12] “‘PPP has no respect for Amerindians’ – Lenox Shuman.” Kaieteur News, 6 de diciembre de 2021. https://www.kaieteurnewsonline.com/2021/12/06/ppp-has-no-respect-for-amerindians-lenox-shuman/
[13]“James fires back at Bharrat’s assertion of ‘political agenda’ in Marudi mining row”. Stabroek News, 13 de diciembre de 2021. https://www.stabroeknews.com/2021/12/13/news/guyana/james-fires-back-at-bharrats-assertion-of-political-agenda-in-marudi-mining-row/.
[14] Papannah, David. “Activists urge proper consultations on Marudi mining after exclusion of indigenous communities”. Stabroek News, 9 de diciembre de 2021. https://www.stabroeknews.com/2021/12/09/news/guyana/activists-urge-proper-consultations-on-marudi-mining-after-exclusion-of-indigenous-communities/.
[15] James, Tony. “The main issue is the Marudi agreement was signed without effective Indigenous participation”. Stabroek News, 4 de diciembre de 2021. https://www.stabroeknews.com/2021/12/04/opinion/letters/the-main-issue-is-the-marudi-agreement-was-signed-without-effective-indigenous-participation/.
[16] “Bharrat says residents called for resumption of Marudi mining -maintains consultations were held”. Stabroek News, 10 de diciembre de 2021. https://www.stabroeknews.com/2021/12/10/news/guyana/bharrat-says-residents-called-for-resumption-of-marudi-mining/.
[17]Sutherland, Laurel.“Secrecy shrouds new gold mining deal in Guyana’s Marudi mountains”. Mongabay, 22 de diciembre de 2021. https://news.mongabay.com/2021/12/secrecy-shrouds-new-gold-mining-deal-in-guyanas-marudi-mountains/?fbclid=IwAR3a10d5_Ej8xwtGn-Wxsm-21OXwhS6IfhfS1aVeZpFUDK1Rj5nJMcy3RUg.
[18]IWGIA. “The Indigenous world 2019”. Copenhagen: IWGIA, 2019. https://www.iwgia.org/images/documents/indigenous-world/IndigenousWorld2019_UK.pdf
[19]IWGIA. “The Indigenous world 2020”. Copenhagen: IWGIA, 2020. https://iwgia.org/images/yearbook/2020/IWGIA_The_Indigenous_World_2020.pdf
[20]IWGIA. “The Indigenous world 2021”. Copenhagen: IWGIA, 2021. https://iwgia.org/doclink/iwgia-book-the-indigenous-world-2021-eng/eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJpd2dpYS1ib29rLXRoZS1pbmRpZ2Vub3VzLXdvcmxkLTIwMjEtZW5nIiwiaWF0IjoxNjI4ODM5NjM2LCJleHAiOjE2Mjg5MjYwMzZ9.z1CuM7PcT5CPkV0evx8ve88y6v0vmwDu_51JQ_lwAkM
[21] Department of Public Information (DPI). “G$820M for amerindian youth training”. Hinterland Highlights, 1º de marzo de 2021. https://dpi.gov.gy/hinterland-highlights-march-2021-edition/.
[22] Ministry of Amerindian Affairs. “Second Batch of Community Service Officers graduate from ICT training in 2021”. Ministry of Amerindian Affairs, 6 de Septiembre de 2021. https://moaa.gov.gy/second-batch-of-community-service-officers-graduate-from-ict-training-in-2021/.
[23] “Ministry buys 3,000 pieces of Agri-tools, hands over 59”. Kaieteur News, 21 de diciembre de 2021. https://www.kaieteurnewsonline.com/2021/12/21/ministry-buys-3000-pieces-of-agri-tools-hands-over-59/.
[24] “Financial violations”. Kaieteur News, 23 de diciembre de 2021. https://www.kaieteurnewsonline.com/2021/12/23/financial-violations-there-are-not-innocents/.
[25] “Ministry single-sourced 112 Mahindra tractors on market research -Auditor General’s report”. Stabroek News, 15 de diciembre de 2021. https://www.stabroeknews.com/2021/12/15/news/guyana/ministry-single-sourced-112-mahindra-tractors-on-market-research/.
[26]Ministry of Amerindian Affairs. “Regional Toshaos Meetings 2021 Commences”. Ministry of Amerindian Affairs, September 7, 2021. https://moaa.gov.gy/regional-toshaos-meetings-2021-commences/. Williams, Mervyin. “There is no functioning National Toshaos Council executive”. Stabroek News, 17 de enero de 2022. https://www.stabroeknews.com/2022/01/17/opinion/letters/there-is-no-functioning-national-toshaos-council-executive/. Williams, Mervyn. “Are Gov’t’s so-called ‘developments’ a substitute for a functional toshaos council?”. Stabroek News, 20 de enero de 2022. https://www.stabroeknews.com/2022/01/20/opinion/letters/are-govts-so-called-developments-a-substitute-for-a-functional-toshaos-council/. Stabroek News. “NTC executive”. Stabroek News, 23 de enero de 2022. https://www.stabroeknews.com/2022/01/23/opinion/editorial/ntc-executive/
[27] Bulkan, Janette. “The struggle for recognition of the indigenous voice: amerindians in Guyanese politics.” The Round Table. The Commonwealth Journal of International Affairs 102 (2013): 367-380. https://doi.org/10.1080/00358533.2013.795009.
[28]“Toshaos stipend to increase from $30k to $50k monthly”. Kaieteur News, 10 de diciembre de 2021. https://www.kaieteurnewsonline.com/2021/12/10/toshaos-stipend-to-increase-from-30k-to-50k-monthly/.
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