El Mundo Indígena 2025: Filipinas
La población indígena del país sigue estimándose entre el 10 % y el 20 % de la población nacional de 109.035.343 habitantes, según el censo de población de 2020.
Los Pueblos Indígenas de las montañas septentrionales de Luzón (Cordillera) se conocen colectivamente como Igorot, mientras que los pueblos de la isla meridional de Mindanao se denominan Lumad. Hay grupos más pequeños conocidos colectivamente como Mangyan en la isla de Mindoro, así como otros dispersos en las islas Visayas y Luzón, incluidos varios grupos de cazadores-recolectores.
Los Pueblos Indígenas de Filipinas han conservado gran parte de su cultura tradicional precolonial, sus instituciones sociales y sus prácticas de subsistencia. Suelen vivir en zonas geográficamente aisladas, sin acceso a los servicios sociales básicos y con escasas oportunidades de participar en actividades económicas, educativas o políticas. En cambio, los recursos naturales de valor comercial, como minerales, bosques y ríos, se encuentran principalmente en sus tierras, lo que los hace continuamente vulnerables a las agresiones de iniciativas de desarrollo y al acaparamiento de tierras.
La Ley de la República 8371, conocida como Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRA), se promulgó en 1997. La ley ha sido elogiada por su apoyo al respeto de la integridad cultural de los Pueblos Indígenas, el derecho a sus tierras y el derecho al desarrollo propio. Sin embargo, se sigue buscando una aplicación más sustancial de la ley, aparte de que existen críticas fundamentales a la propia ley. Filipinas votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero el Gobierno aún no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT.
Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.
A punto de cumplir su tercer año, el Gobierno de Marcos Jr. está sin duda priorizando la entrada y las operaciones simplificadas de proyectos de energías renovables y minería a gran escala. En 2022 y 2023, Marcos Jr. realizó reformas políticas y pronunciamientos a favor de las inversiones extranjeras y las grandes corporaciones.[1] Estas declaraciones se reiteraron en 2024, cuando Marcos Jr. presentó el cambio climático y los desastres como una de las principales razones para acelerar los proyectos de energías renovables y minería en el país.[2] Estos esfuerzos de la administración se reflejan en el hecho de que Filipinas fuera nombrada el segundo mercado emergente más atractivo para proyectos de energías renovables en 2024.[3] En medio de este agresivo movimiento de la administración para vender Filipinas como una inversión estratégica, los Pueblos Indígenas se encuentran cara a cara con organismos gubernamentales y empresas que les acosan para que renuncien a sus tierras y territorios en aras de una supuesta mejora de la nación.
Desarrollo persistente y agresión
El Departamento de Energía (DoE) ha registrado recientemente un total de 1.486 solicitudes de proyectos de energías renovables, la mayoría relacionados con la energía hidroeléctrica.[4] En la región de la Cordillera, hogar del Pueblo Indígena Igorot y única región en la que los Pueblos Indígenas constituyen la mayoría de la población, varias empresas extranjeras y locales han propuesto 109 proyectos de energía hidroeléctrica, cinco de energía geotérmica, tres de energía solar y dos de energía eólica.[5] Además, los datos muestran que la Cordillera sigue albergando la mayor concentración de proyectos hidroeléctricos de todo el país, seguida del norte de Mindanao (Región 10), donde viven algunos de los Pueblos Indígenas lumad.
En la actualidad, los proyectos hidroeléctricos considerados prioritarios son los que están integrados en proyectos de control de inundaciones o de irrigación que, tras un análisis más detallado y crítico de sus requisitos de infraestructura y diseño general, resultan ser en esencia complejos hidroeléctricos que abarcan miles de hectáreas de tierras. En 2024, por ejemplo, la Alianza de los Pueblos de la Cordillera recibió informes de comunidades indígenas afectadas en la provincia de Abra sobre la construcción de una presa en el río Palsiguan. La presa no figura en la lista de proyectos adjudicados publicada por el Departamento de Energía; sin embargo, nuevas investigaciones revelaron que forma parte de un proyecto de irrigación de gran envergadura conocido como Proyecto de Irrigación Ilocos Norte-Ilocos Sur-Abra II (INISAIP II), que Marcos Jr. insiste en llevar adelante.[6]
Los procesos de Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI) para las comunidades afectadas en Ilocos y Abra están en marcha desde 2024, pero la mayoría de sus detalles se mantienen en la oscuridad, al mismo tiempo que continúan las denuncias de las comunidades. Mientras tanto, en la provincia de Iloilo, el Proyecto Multiusos del Río Jalaur Fase II (JRMP II), presentado principalmente como un proyecto de irrigación pero también conocido como la Megarepresa de Jalaur, está a punto de finalizarse[7] después de que el propio Marcos Jr. pidiera su aceleración y aprobara un presupuesto adicional de 8.400 millones de pesos filipinos (aproximadamente 140 millones de dólares estadounidenses) en 2023.[8] El proyecto fue denunciado en 2020 después de que nueve indígenas tumandok, que se oponían activamente a él, fueran asesinados por las fuerzas policiales.[9] Cuatro años después, nadie ha rendido cuentas. Es de esperable que en los próximos meses o años la actual administración impulse agresivamente más proyectos de energías renovables con el pretexto de la electrificación, el control de inundaciones o la irrigación, sobre todo teniendo en cuenta que Marcos Jr. busca alinearse con el llamado mundial a la transición hacia las denominadas economías verdes.[10]
Se espera una trayectoria similar para las solicitudes de minería a gran escala, lo que no es de extrañar, ya que los Marcos Jr. tienen lazos familiares con Romualdez, propietarios de la empresa minera más antigua del país, Benguet Corporation, Inc (BCI). De hecho, en octubre de 2024, BCI obtuvo un nuevo permiso minero fuera de su localidad homónima, a pesar de las controversias que rodearon su intento, el 6 de mayo de 2024, de hacerse con las minas comunitarias situadas en el territorio ancestral de los indígenas kankana-ey e ibaloy de Sitio Dalicno, Itogon, Benguet.[11] En aquel momento, las comunidades afectadas se encontraban luchando contra otro proyecto de expansión minera dirigido por Itogon-Suyoc Resources, Inc. y la entrada de BCI en escena se sumó a las crecientes violaciones de los derechos de los Pueblos Indígenas y del proceso de CLPI. Para contextualizar, tanto BCI como ISRI establecieron operaciones en la zona antes de que se promulgaran leyes que protegen a los Pueblos Indígenas. BCI comenzó en 1903 e ISRI en 1925. Tras un siglo de operaciones, ambas intentan ahora expandirse, reclamando territorios ancestrales cerca de sus actuales explotaciones mineras. Estos incidentes deberían haber sido más que suficientes para ilustrar los posibles impactos de flexibilizar las políticas (que ya son laxas) sobre los proyectos de agresión al desarrollo. Sin embargo, al final se produjeron más pronunciamientos, especialmente en materia de minería, que agravaron aún más la situación.
Además de reiterar las peticiones de un régimen fiscal que favorezca a las empresas mineras, el actual Gobierno ha facilitado las solicitudes de las empresas mineras al introducir un proceso digital racionalizado.[12] De este modo, la Oficina de Minas y Geociencias (MGB) reducirá de siete a dos años la tramitación de las solicitudes mineras. A su vez, la MGB introducirá un sistema paralelo que le permitirá tramitar permisos incluso sin otros documentos necesarios de las unidades de gobierno local y de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas (NCIP).[13] Esto significa que, aunque haya otros documentos pendientes, las solicitudes de explotación minera se tramitarán para su aprobación más rápida una vez que se hayan obtenido los permisos necesarios, como el CLPI. La MGB afirma que esta iniciativa es el resultado de la agenda socioeconómica de Marcos Jr. sobre "reformas para facilitar los negocios" en interés de las "inversiones estratégicas", legalizadas mediante una Orden Ejecutiva en 2023.[14] Esta medida se alinea bien con las revisiones propuestas a las Directrices de CLPI de 2012, también introducidas en 2024 a través de una consulta repentina convocada por la NCIP. El borrador de las revisiones debilita aún más el CLPI al eximir "ciertas actividades económicas a gran escala", al bloquear el acceso a las declaraciones de impacto ambiental, al reducir el número de días asignados para las asambleas comunitarias y al reducir la participación de los Pueblos Indígenas afectados.[15] El proceso por el que se presentaron los proyectos de revisión también fue precipitado y se difundió de forma deficiente. A finales de 2024, la NCIP no había hecho ningún anuncio oficial o actualización sobre si las revisiones habían sido aprobadas. Es evidente que todos los escollos legales para las inversiones extranjeras o la extracción de recursos se están derribando a expensas de los Pueblos Indígenas.
La perspectiva puede parecer más sombría que nunca, pero la larga tradición de defensa de las tierras y territorios ancestrales sigue fortaleciéndose. Los indígenas de la región de la Cordillera, por ejemplo, han denunciado a la MGB y la NCIP por violaciones del CLPI, presentando un caso tras otro hasta finales de 2024. Como resultado, esto ha llevado a un total estimado de 14 casos de violaciones del CLPI que afectan a 130.445 indígenas en todo el país.[16] El caso más reciente afecta a los Pueblos Indígenas de Mankayan, Benguet, que presentaron una suspensión cautelar contra funcionarios de la NCIP y la MGB por irregularidades en el CLPI en relación con la expedición del permiso de minería de Crescent Mining and Development Corporation (CMDC).[17] La MGB es conocida por expedir permisos incluso sin el CLPI, mientras que la NCIP es conocida por manipular los procesos de CLPI.[18],[19]
Sin embargo, resulta frustrante que, a pesar de los esfuerzos por entablar una batalla legal, todavía no se ha responsabilizado a nadie por las violaciones de derechos humanos ni por la infracción de la legislación nacional. Además, cuando las comunidades afectadas y los activistas indígenas recurren a otras medidas democráticas para hacer valer sus derechos, se ven enfrentados a represalias perpetradas por el Estado.
Ataques continuos: ni siquiera los UNSR se salvan
El 2 de febrero de 2024, la Relatora Especial de la ONU para la libertad de expresión y opinión, Irene Khan, concluyó su visita oficial a Filipinas con una conferencia de prensa en la que expuso sus observaciones y recomendaciones al Gobierno. Haciéndose eco de las recomendaciones del ex Relator Especial de la ONU, Ian Fry, en 2023, Khan pidió la abolición de la National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (NTF-ELCAC) y la penalización del red tagging.[20] El Director Ejecutivo del NTF-ELCAC, Ernesto Torres Jr., se apresuró a condenar la declaración de Khan, calificándola de "contraproducente" y de traición, llegando incluso a decir que la Relatora Especial de las Naciones Unidas estaba siendo "utilizado" por elementos antigubernamentales.[21] Por el contrario, en la visita de Khan a la ciudad de Baguio, fue el ayuntamiento local quien proporcionó el lugar para su consulta con las organizaciones de la sociedad civil del norte de Luzón. En la consulta estuvieron presentes representantes de los medios de comunicación, la juventud, los campesinos y los Pueblos Indígenas, incluidos los cuatro activistas indígenas de la Alianza de los Pueblos de la Cordillera (CPA) que fueron designados arbitrariamente como terroristas en 2023. La declaración de Khan no fue más que un reflejo de los temores que sufren los sectores marginados bajo la NTF-ELCAC y las leyes represivas que lo permiten.
Para que los Relatores Especiales de las Naciones Unidas conocieran esta situación, se informó de que elementos no identificados habían seguido al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Calí Tzay, en su visita a las comunidades indígenas afectadas por una presa en la provincia de Kalinga. Tzay estuvo en Filipinas en julio de 2024 como parte de una visita académica, y su itinerario incluía un viaje a una comunidad indígena de la región de la Cordillera. La Comisión de Derechos Humanos de Filipinas condenó esta vigilancia e inició una investigación cuyos resultados aún no se han hecho públicos.[22]
Estos sucesos, aunque ya alarmantes, no son más que un mero atisbo de los continuos ataques contra la población. Hasta la fecha, el Centro de Derechos Legales y Recursos Naturales (LRC)-Amigos de la Tierra Filipinas ha documentado 73 violaciones de los derechos humanos sufridas por unas 237.931 personas indígenas, lo que supone un aumento del 428 % desde el inicio del mandato de Marcos Jr.[23]
Mientras tanto, los cuatro activistas indígenas, designados arbitrariamente como "terroristas", asistieron en 2024 a vistas judiciales para pedir la impugnación de dicha designación. La Fiscalía General, que representa al Consejo Antiterrorista y al Consejo contra el Blanqueo de Capitales, presentó finalmente una moción solicitando al presidente del tribunal que desestimara el recurso y que se inhabilitara al asesor jurídico de los peticionarios.[24] La primera fue aceptada, mientras que la segunda aún debe ser decidida por el juez que le suceda en el caso. Esta táctica dilatoria implica otro calendario de vistas judiciales, prolongando así los perjuicios causados: amenazas a la seguridad no sólo de las personas designadas, sino también de sus familias.
Pero no todo está perdido. En junio de 2024, un tribunal local de la ciudad de Tagum, Davao del Norte, desestimó los casos de trata de seres humanos contra el jefe tribal Datu Benito Bay-ao.[25] Meses después, y a varias islas de distancia de Davao del Norte, el Ayuntamiento de Baguio aprobó una Ordenanza sobre Defensores de los Derechos Humanos (HRDO). La ordenanza, aprobada con carácter definitivo en una sesión del consejo celebrada el 9 de diciembre de 2024, tiene como objetivo proteger a los activistas de las amenazas y el acoso, incluida la penalización por “etiqueta roja”.[26] Los mecanismos de protección incluyen el fortalecimiento de la coordinación y la cooperación con la oficina regional de la Comisión de Derechos Humanos, así como el otorgamiento de santuario y apoyo jurídico y psicosocial para los defensores de los derechos humanos de alto riesgo y sus familias. También, se establecen sanciones que oscilan entre 1.000 y 5.000 pesos filipinos para quienes infrinjan la ordenanza. La aprobación es un avance muy necesario y bienvenido, especialmente para numerosos activistas y organizaciones indígenas que tienen su sede en Baguio. A esta victoria se suma el reconocimiento de Joan Carling, ex Presidenta de la CPA y destacada activista indígena, quien fue galardonada con el Premio Nobel alternativo, conocido como Right Livelihood Award, por su labor de promoción de los derechos de los Pueblos Indígenas en todo el mundo.[27]
Avanzar con la juventud indígena
Aunque resulte triste, nuestros líderes de hoy no estarán para siempre y no hay certeza de que las circunstancias políticas los mantengan a salvo de las fuerzas que quieren hacerles daño. En la actualidad, con el telón de fondo de una escalada de violaciones de los derechos humanos, los líderes indígenas se encuentran siempre en situaciones graves en las que sus vidas corren peligro. Las numerosas organizaciones que sirven de expresión al movimiento de los Pueblos Indígenas en Filipinas se ven, entonces, obligadas a buscar y fortalecer a las nuevas generaciones para desempeñar tareas y funciones de liderazgo. ¿A quién mirar si no es a los vibrantes indígenas que son o van a ser artífices del cambio en el futuro?
No existen datos precisos ni estimaciones sobre el tamaño exacto de la población juvenil indígena en Filipinas, pero muchos de ellos suelen concentrarse en los centros urbanos y rurales donde se encuentran las escuelas. De hecho, los jóvenes indígenas abandonan sus comunidades para buscar educación y empleo en otros lugares. Sin embargo, este fenómeno es un efecto de la militarización o de la falta de servicios sociales básicos en las comunidades indígenas, más que una absoluta falta o pérdida de ethos comunitario indígena entre los jóvenes indígenas. Esto ha estado ocurriendo durante décadas. Por eso, es necesario impulsar un estudio profundo sobre las repercusiones de las generaciones de jóvenes indígenas que emigran en el siglo XXI, ya sea de forma permanente o transitoria, con el fin de elaborar nuevas estrategias para su empoderamiento y organización.
Los lumad de Mindanao intentaron solucionar este problema creando sus propias escuelas para niños, niñas y jóvenes indígenas, proporcionándoles así el derecho a la educación dentro de la comodidad y los recursos de sus comunidades. El anterior Gobierno de Duterte acabó con esta iniciativa militarizando sus comunidades y obligándolas a una evacuación masiva a los centros urbanos. Finalmente, las escuelas se cerraron por la fuerza.[28] El Departamento de Educación no dispone de información consolidada sobre si los alumnos se integraron o no en el sistema educativo general, pero los activistas lumad siguen pidiendo la reapertura de sus escuelas hasta el día de hoy.[29]
Aun así, los jóvenes indígenas están encontrando formas de organizarse fuera de sus comunidades. Las organizaciones culturales o étnicas escolares son habituales, pero también hay otras más políticas que se pronuncian sobre cuestiones relativas a las tierras y territorios indígenas. Algunos líderes juveniles indígenas que crecieron en la ciudad también están comprometidos activamente en la organización de programas de integración comunitaria que implican la participación de otros defensores juveniles.[30] A su manera, estos jóvenes indígenas están allanando el camino de regreso a sus comunidades, no sólo para ellos sino también para otros jóvenes. Corresponde ahora a todas las generaciones de Pueblos Indígenas y defensores de sus derechos averiguar cómo aprovechar o alentar esta energía joven, orientada hacia una mayor participación y eventual liderazgo en la superación de los retos contemporáneos de la lucha de los Pueblos Indígenas.
Ned Tuguinay es un joven igorot de la región de la Cordillera, en el norte de Filipinas. Es portavoz de la Alianza de los Pueblos de la Cordillera, una federación de organizaciones de base de Pueblos Indígenas de toda la Cordillera.
Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.
Notas y referencias
[1] Sarah Bestang K. Dekdeken. (2024). “Filipinas”. En El Mundo Indígena 2024, IWGIA. https://www.iwgia.org/en/philippines/5372-iw-2024-philippines.html
[2] Marcos Jr., Ferdinand R. "Keynote Speech of President Ferdinand R. Marcos Jr. for the ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) 2024". Oficina de Comunicación Presidencial, 9 de octubre de 2024, https://pco.gov.ph/presidential-speech/keynote-speech-of-president-ferdinand-r-marcos-jr-for-the-asean-business-and-investment-summit-abis-2024/.
[3] BloombergNEF. "Resultados del sector energético: clasificación de Climatescope de los mercados emergentes más atractivos para la inversión en energías renovables"`. BloombergNEF, noviembre de 2024, https://www.global-climatescope.org/results.
[4] Departamento de Energía. (30 de septiembre de 2024). "Resumen de proyectos de energía renovable (ER) en virtud de la Ley de ER de 2008 a 30 de septiembre de 2024". https://doe.gov.ph/renewable-energy/summary-renewable-energy-re-projects-under-re-act-2008-31-december-2022?q=renewable-energy/summary-of-re-projects.
[5] Los proyectos de energías renovables adjudicados al 30 de septiembre de 2024, enumerados por tipo, pueden consultarse en el sitio web del Departamento de Energía: https://doe.gov.ph/renewable-energy/.
[6] Oficina de Comunicación de la Presidencia. "NEDA Board okays key irrigation, bridge projects to boost economic mobility, calamity response". Oficina de Comunicaciones de la Presidencia, 18 de diciembre de 2024, https://pco.gov.ph/news_releases/neda-board-okays-key-irrigation-bridge-projects-to-boost-economic-mobility-calamity-response/.
[7] Marzan, Joseph Bernard A. "Jalaur River dam project nears completion, set for 2025 opening". Daily Guardian, 2 de marzo de 2024. https://dailyguardian.com.ph/jalaur-river-dam-project-nears-completion-set-for-2025-opening/
[8] Yap, Tara. "Marcos Oks addt'l P8.4-B for Iloilo mega dam project". Manila Bulletin, 3 de agosto de 2023. https://mb.com.ph/2023/8/2/marcos-o-ks-addt-l-p8-4-b-for-iloilo-mega-dam-project.
[9] Aspinwall, Nick. "Nueve líderes indígenas asesinados por la policía filipina en una 'masacre'". The Diplomat, 1 de enero de 2021. https://thediplomat.com/2021/01/9-indigenous-leaders-killed-by-philippine-police-in-massacre/.
[10] Atienza, Kyle Aristophere T. "Marcos insta a los líderes regionales a apoyar los mercados de bonos verdes y azules". Business World, 15 de octubre de 2024. https://www.bworldonline.com/the-nation/2024/10/15/628070/marcos-urges-regional-leaders-to-support-green-and-blue-bond-markets-2/
[11] Agatep, Primo P. "DOMAPMA defiende sus derechos para sobrevivir; reclama operaciones fuera de las reivindicaciones mineras patentadas de BC". Amianan Balita Ngayon, 21 de julio de 2024. https://amiananbalitangayon.com/domapma-defends-rights-for-survival-claims-operations-outside-bcs-patented-mining-claims/.
[12] Gonzales, Anna Leah. "El Gobierno agilizará el proceso de solicitud minera". Recursos filipinos: The Magazine for Mining and Construction, 20 de octubre de 2024. https://www.philippine-resources.com/articles/2024/10/gov-t-to-streamline-mining-application-process.
[13] Campos, Othel V. "MGB lanza proceso digital para aplicaciones mineras". Manila Standard, 17 de octubre de 2024. https://manilastandard.net/business/314511695/mgb-launches-digital-process-for-mining-applications.html.
[14] Campos, Othel V. "MGB lanza proceso digital para aplicaciones mineras". Manila Standard, 17 de octubre de 2024. https://manilastandard.net/business/314511695/mgb-launches-digital-process-for-mining-applications.html.
[15] Internacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas (IPRI). (19 de junio de 2024). Llamamiento a consultas efectivas y genuinas sobre las directrices revisadas del CLPI. https://iprights.org/index.php/en/all-news/a-call-for-effective-and-genuine-consultations-on-the-revised-fpic-guidelines?highlight=WzIwMjRd.
[16] Centro de Derechos Legales y Recursos Naturales. (Noviembre de 2024). Discurso sobre el estado de los Pueblos Indígenas: Informe 2024. https://www.lrcksk.org/_files/ugd/dc2292_03550a9d18ed413da620508a14ee687a.pdf
[17] Quitasol, Kimberlie. "Benguet village officials sue NCIP, MGB regional chiefs over mining permit renewal sans FPIC". Northern Dispatch, 17 de diciembre de 2024. https://nordis.net/2024/12/17/article/news/benguet-village-officials-sue-ncip-mgb-regional-chiefs-over-mining-permit-renewal-sans-fpic/.
[18] Alianza de los Pueblos de la Cordillera. (24 de octubre de 2024). "IPRA y NCIP: 17 años de violaciones de los derechos de propiedad intelectual". Alianza de los Pueblos de Cordillera. https://cpaphils.org/ipra-and-ncip-17-years-of-ip-violations.html
[19] Alianza Interbarangay de Itogon (IIB-A). "Llamamiento a la acción para el representante obligatorio de los Pueblos Indígenas de Itogon". Página oficial de Facebook de la IIB-A, 24 de mayo de 2024, https://www.facebook.com/share/p/1K5T7oaguD/.
[20] Khan, Irene. (2 de febrero de 2024). Observaciones preliminares de la Relatora Especial de la ONU sobre la libertad de opinión y de expresión, Sra. Irene Khan, al término de su visita a Filipinas. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/expression/statements/20240202-eom-philipines-sr-freedex.pdf.
[21] Sy Egco, Joel M. (3 de febrero de 2024). La visita de Khan es contraproducente para los esfuerzos antiterroristas y por la paz - NTF-ELCAC. NTF-ELCAC. https://www.ntfelcac.org/post/khan-s-visit-is-counterproductive-to-anti-terrorism-and-peace-efforts-ntf-elcac.
[22] Comisión de Derechos Humanos. (19 de noviembre de 2024). Declaración de la Comisión de Derechos Humanos sobre la reciente visita académica del Relator Especial de la ONU Francisco Cali Tzay al país. Comisión de Derechos Humanos. https://chr.gov.ph/statement-of-the-commission-on-human-rights-on-the-recent-academic-visit-of-the-un-special-rapporteur-francisco-cali-tzay-in-the-country/
[23] Centro de Derechos Legales y Recursos Naturales. (Noviembre de 2024). Discurso sobre el estado de los Pueblos Indígenas: Informe 2024. https://www.lrcksk.org/_files/ugd/dc2292_03550a9d18ed413da620508a14ee687a.pdf
[24] De Vera, Sherwin. "La OSG pide la inhibición del juez y la inhabilitación del abogado en el caso de designación terrorista". Rappler, 8 de octubre de 2024.https://www.rappler.com/philippines/luzon/solicitor-general-filed-motions-terrorist-designation-case-cordillera-activists/.
[25] Laqui, Ian. "El tribunal de Davao absuelve al líder del PI señalado en rojo". Philstar, 25 de junio de 2024. https://www.philstar.com/headlines/2024/06/25/2365539/davao-court-acquits-red-tagged-ip-leader-trafficking-cases
[26] Cabrera, Vincent. "Baguio penalizará el etiquetado en rojo". Inquirer, 11 de diciembre de 2024. https://newsinfo.inquirer.net/2014358/baguio-to-penalize-red-tagging.
[27] Sabillo, Kristine. "Joan Carling es la primera filipina indígena en ganar el Right Livelihood Award". Mongabay, 16 de octubre de 2024. https://news.mongabay.com/short-article/joan-carling-is-1st-indigenous-filipino-to-win-right-livelihood-award/
[28] Beltran, Michael. "En Filipinas, los Lumads perseguidos presionan para que se reabran las escuelas indígenas". Mongabay, 18 de diciembre de 2024. https://news.mongabay.com/2024/12/in-the-philippines-persecuted-lumads-push-for-indigenous-schools-to-be-reopened/
[29] Rosete, Franck Dick. "Grupos presionan para reabrir cientos de escuelas lumad en Mindanao". Rappler, 3 de diciembre de 2024. https://www.rappler.com/philippines/mindanao/groups-push-reopening-lumad-schools-mindanao/.
[30] Falyao, Kim. (3 de abril de 2024). "La vida de un joven indígena en la ciudad". Movimiento Internacional de los Pueblos Indígenas por la Autodeterminación y la Liberación (IPMSDL). https://www.ipmsdl.org/news/feature-life-of-an-indigenous-youth-in-the-city/.
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