El Mundo Indígena 2020: Filipinas

Escrito en 25 Mayo 2020. Publicado en Filipinas

El censo de población realizado en Filipinas en 2010 incluyó, por primera vez, una variable étnica, pero hasta la fecha no se ha publicado la cifra oficial de población indígena. Por tanto, la población indígena del país se estima entre el 10% y el 20% del total nacional de 100.981.437, según el censo de población de 2015.

Los grupos indígenas del norte en las montañas de Luzón (Cordillera) son conocidos colectivamente como Igorot mientras que a los grupos de la isla de Mindanao, en el sur, se les denomina Lumad. Hay grupos más pequeños conocidos colectivamente como Mangyan en la isla de Mindoro, así como otros más pequeños y dispersos en las islas Visayas y Luzón que incluyen diversos grupos de cazadores-recolectores en transición.

Los pueblos indígenas de Filipinas han conservado gran parte de su cultura tradicional precolonial, así como sus instituciones sociales y sus prácticas de medios de vida. Por lo general, viven  en áreas geográficamente aisladas, sin acceso a servicios sociales básicos y con pocas oportunidades para las principales actividades económicas, la educación o la participación política. En contraste, en estas áreas se encuentran principalmente recursos naturales con valor comercial, como minerales, bosques y ríos, haciéndolos constantemente vulnerables a la agresión del desarrollo y al acaparamiento de tierras.

En 1997 se promulgó la Ley de la República N.º 8371, conocida como Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas (Indigenous Peoples’ Rights Act, IPRA). Esta ley ha sido elogiada por su apoyo a la integridad cultural de estos pueblos, el derecho a sus tierras y el derecho a desarrollarlas a partir de su propia determinación. Sin embargo, aún está pendiente una implementación más sustancial de la ley, además de que existen críticas fundamentales a la ley en sí. Filipinas votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), pero el Gobierno aún no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT.

La situación de los pueblos indígenas en Filipinas está empeorando bajo el régimen del presidente Rodrigo Duterte. Las agresiones del desarrollo se han intensificado con varios proyectos de minería, energía y otros de supuesto “desarrollo” usurpando territorios indígenas. De igual manera están escalando las violaciones de derechos humanos cuyas principales víctimas son activistas indígenas.¹ En 2019, la organización de vigilancia y denuncia internacional con sede en Reino Unido, Global Witness, declaró a Filipinas como el país más mortífero del mundo para las personas defensoras del medio ambiente, con 30 muertes registradas en 2018.²

Proyectos financiados por China violan derechos de pueblos indígenas

Tras la firma en 2018 de varios acuerdos de préstamo entre el Gobierno de Filipinas y el Gobierno de China, varias cuestiones han perseguido a los acuerdos de préstamo para el Proyecto de Riego por Bombeo del Rio Chico (incluso si la construcción comenzó ese mismo año) y el proyecto de la Presa de Kaliwa.³ Ambos proyectos están localizados en territorios indígenas en las regiones de Cordillera y Calabazón y afectan al menos a 3.765 personas indígenas. Los acuerdos de préstamo para dichos proyectos no se han hecho aun públicos y la filtración de copias de los mismos en 2019 agitó las críticas. La Alianza de los Pueblos de la Cordillera (Cordillera Peoples Alliance, CPA) denunció el acuerdo de préstamo gravoso y desigual entre los Gobiernos de Filipinas y China para el proyecto, definiéndolo como una trapa de endeudamiento del pueblo filipino y la liquidación de la soberanía del país.⁴

Paralelamente, se ha intensificado la oposición al proyecto de la Presa de Kaliwa financiado por China, ya que el proyecto desplazará a más de 1.400 familias indígenas Dumagat y afectará a más de 100.000 personas.⁵ A pesar de las amenazas a las comunidades indígenas y los masivos daños al medio ambiente y la biodiversidad⁶ que el proyecto puede causar, el presidente Duterte declaró que utilizaría “poderes extraordinarios” para asegurar que el proyecto siguiera adelante.⁷ Pueblos indígenas y varios grupos también criticaron al Departamento de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Department of Environment and Natural Resources, DENR) por emitir un certificado de cumplimiento ambiental a pesar de la firme oposición al proyecto.⁸

El 4 de abril y el 9 de mayo, se presentaron peticiones por parte de Makabayan Bloc, la alianza nacional de pueblos indígenas KATRIBU y defensores del medio ambiente en el Tribunal Supremo de Filipinas. Dichas peticiones eran intentos de detener la materialización de los préstamos para los proyectos de Riego por Bombeo de Rio Chico y la Presa de Kaliwa, puesto que varias cláusulas de dichos acuerdos de préstamo violan la Constitución de Filipinas de 1987.⁹ Estas vulneraciones incluyen la cláusula de confidencialidad, la elección de la legislación china como la ley aplicable, la selección de un tribunal de arbitraje en Hong Kong y la renuncia a la inmunidad soberana sobre bienes patrimoniales de valor comercial de Filipinas.¹⁰ En cuanto al Proyecto de Riego por Bombeo de Rio Chico, el Palacio Presidencial de Malacanang dijo que cumplirá con la orden del Tribunal Supremo¹¹ de que  el Gobierno responda a la petición contra el proyecto pero insistió en que el acuerdo de préstamo es constitucional.¹² Hasta la fecha, los pueblos indígenas de Cordillera no saben si el Gobierno ha dado alguna respuesta.

Otro proyecto emblemático respaldado por China de la Administración Duterte que rotundamente ignora derechos de los pueblos indígenas es la ciudad New Clark, concebida por el Gobierno como la primera ciudad inteligente y ecológica del país. La primera fase del proyecto, que alberga una “instalación deportiva de vanguardia” utilizada durante los Juegos del Sudeste Asiático de 2019, ya ha forzado la salida de más de 27.500 miembros del pueblo indígena Aeta.¹³ La expansión del proyecto amenaza con desplazar a aproximadamente 500 familias Aeta. La Autoridad de Conversión de Bases y Desarrollo (Bases Conversion and Development Authority, BCDA),¹⁴ una corporación de propiedad gubernamental adscrita a la Oficina del Presidente que tiene el mandato de reforzar las Fuerzas Armadas del país durante la construcción de ciudades, mantiene que no se desplaza a los Aetas, ya que no hay certificados de títulos de dominio ancestral de la zona.¹⁵ El último acuerdo entre “Belt and Road Initiative” del Gobierno de China y el programa de infraestructuras “Build, Build, Build” de la Administración Duterte, es el propuesto proyecto de la Central Eléctrica de Pulangi Sur (South Pulangi Hydroelectric Power Plant, PHPP) de 250 megavatios que inundará 2.833 hectáreas de tierras indígenas en cuatro ciudades cerca de Cuidad de Davao y afectará a residentes de 20 comunidades. En abril de 2019 se firmó el acuerdo del contrato de 800 millones $USD entre el director de PHPP, Josue Lapitan, y el presidente de China Energy Engineering Co Ltd, Dong Bin, sin el consentimiento de las comunidades afectadas. Durante muchos años, la oposición de los pueblos indígenas a la PHPP ha sido contestada con militarización, hostigamiento, disparos indiscriminados y asesinatos extrajudiciales.¹⁶

Minería y otros proyectos de energía

La mineria a gran escala sigue siendo una amenaza constante a la que se enfrentan los pueblos indígenas de Filipinas. En agosto de 2019, pueblos indígenas de la Cordillera formaron la Red sobre Minería y Medio Ambiente Aywanan (Aywanan Mining and Environment Network) en oposición a las solicitudes de explotación minera de la empresa Cordillera Exploration Company, Inc. (CEXCI), una filial de Nickel Asia Corporation en asociación con  la japonesa Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. Las solicitudes de explotación minera de CEXCI abarcan 72.958 hectáreas en las tierras ancestrales de los pueblos indígenas en la Cordillera y partes de Ilocos Sur.¹⁷ La firma de peticiones contra las solicitudes de explotación minera de CEXCI comenzó en agosto de 2019 y prosigue.

En Didipio, Nueva Vizcaya, una barricada humana que empezó en julio de 2019 llevó a la suspensión temporal de las actividades mineras de extracción de oro y cobre de la compañía multinacional OceanaGold.¹⁸ El permiso de extracción minería de la empresa (Acuerdo de Asistencia Técnica y Financiera) expiró el 20 de junio tras 25 años de operatividad. Estando pendiente la renovación de su permiso para operar, la empresa solicitó continuar sus actividades pero fue rechazado en un tribunal regional. Comunidades afectadas por operaciones mineras se opusieron a la renovación del permiso minero de la empresa. Llevan mucho tiempo quejándose de la destrucción ambiental y de las violaciones de derechos humanos cometidas por OceanaGold.¹⁹

En Mindanao, los pueblos indígenas Lumad continúan oponiéndose a al menos a tres concesiones mineras que fueron aprobadas por el Gobierno y abarcan aproximadamente 17.000 hectáreas en la cadena montañosa Pantaron que atraviesa las provincias de Davao del Norte, Davao del Sur, Bukidnon, Misamis Oriental, Agusan del Norte y Agusan del Sur. La cordillera Pantaron es la principal fuente de las cuencas fluviales de la región.²⁰ En el frente energético, a parte de los proyectos hidroeléctricos que la Administración Duterte sigue construyendo, el proyecto geotérmico Kalinga de Aragorn Power and Energy Corporation y Guidance Management Corporation, en asociación con la compañía mundial de energía Chevron, está a punto de completar su fase de exploración. El proyecto cubre 26.139 hectáreas en la provincia de Kalinga.²¹

Escalada de los ataques contra organizaciones de pueblos indígenas y personas defensoras de derechos humanos

Tras la emisión de la Orden Ejecutiva 70²² por el presidente Duterte en diciembre de 2018, el régimen ha intensificado los ataques contra los pueblos indígenas mediante la formación de los Grupos Operativos para poner fin al conflicto armado comunista local (Task Forces to End the Local Communist Armed Conflict).²³ La Orden Ejecutiva 70 forma parte del plan de operaciones contrainsurgencia de la “nación en su conjunto” ideado por el gobierno que está “centrado en las personas indígenas”.²⁴ Los ataques van dirigidos a aplacar la resistencia de los pueblos indígenas contra la agresión del desarrollo y las políticas gubernamentales que violan derechos de los pueblos indígenas y aumentan su marginación en el país.

En la aplicación práctica de la Orden Ejecutiva 70, el Departamento de Educación ordenó el cierre de 55 colegios Lumad, dejando a 3.500 estudiantes y más de 30 profesores sin clases ni trabajo.²⁵ La orden de cierre se basaba en reclamaciones infundadas del Gobierno de que colegios Salugpongan estaban enseñando a los estudiantes a rebelarse.²⁶ Los pueblos indígenas Lumad denunciaron esta injusticia que solo priva a los niños Lumad de su derecho a la educación.

Estrategias de desinformación están siendo utilizadas por otros organismos gubernamentales, como el Departamento de Bienestar Social    y Desarrollo (Department of Social Welfare and Development, DSWD) y el Departamento de Asuntos Exteriores (Department of Foreign Affairs, DFA), y agencias presidenciales como la Oficina de Operaciones y Comunicaciones de la Presidencia (Presidential Communications Operations Office, PCOO), la Oficina del Asesor Presidencial para el Proceso de Paz (Office    of the Presidential Adviser for the Peace Process, OPAPP) y la Agencia de Coordinación de Inteligencia Nacional (National Intelligence Coordinating Agency, NICA). A los disidentes políticos se les denigra políticamente y se les etiqueta de comunistas o miembros del Nuevo Ejército del Pueblo (New People’s Army, NPA).²⁷

En una serie de sesiones informativas sobre el Enfoque Toda la Nación (Whole of Nation Approach) a las agencias gubernamentales en Cuidad de Baguio, NICA ha presentado a organizaciones de pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos de los pueblos indígenas como grupos terroristas comunistas y miembros del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA). La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Vicky Tauli-Corpuz, y algunos líderes de la CPA fueron acusados de infiltrados en las Naciones Unidas en nombre del Partido Comunista de Filipinas y el Nuevo Ejército del Pueblo (NPA).²⁸

En una sesión informativa parlamentaria el 5 noviembre de 2019, organizaciones de pueblos indígenas como CPA, organizaciones humanitarias como Citizens’ Disaster Response Center y Oxfam Filipinas, así como el Consejo Nacional de Iglesias en Filipinas, fueron calificados por las Fuerzas Armadas de Filipinas y el Departamento de Defensa Nacional como grupos terroristas comunistas.²⁹

La peligrosa calificación de organizaciones y defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas como grupos y miembros terroristas comunistas los hacen vulnerables a diversas formas de violaciones de derechos humanos. Hasta agosto de 2019, ochenta y seis personas indígenas habían sido víctimas de asesinatos extrajudiciales (al menos nueve víctimas en 2019), 66 personas indígenas fueron víctimas de frustrados intentos de asesinatos extrajudiciales (al menos ocho víctimas en 2019), 36 son presos políticos y 31.004 fueron víctimas de evacuación forzada desde que Duterte asumió la presidencia en julio de 2016.³⁰ Muchas de las víctimas se oponían a las agresiones del desarrollo, las violaciones de derechos humanos y las políticas del gobierno que vulneran derechos de pueblos indígenas.

Los defensores de los pueblos indígenas no se libraron de la tiranía del régimen de Duterte. Brandon Lee, un voluntario chino-estadounidense del Movimiento Campesino de Ifugao (Ifugao Peasant Movement) en la región de Cordillera, fue nombrado enemigo del Estado y le dispararon frente a su casa en agosto de 2019.³¹ Ha regresado a Estados Unidos para seguir con su recuperación.

La criminalización de personas defensoras de derechos humanos indígenas continúa. Desde 2016 a agosto de 2019, acusaciones prefabricadas provocaron el arresto y la detención de al menos 196 personas indígenas, 36 de las cuales permanecen injustamente encarceladas.³² Datu Jomorito Guaynon, presidente de la Organización Lumad Regional Kalumbay (Kalumbay Regional Lumad Organization) sigue en prisión tras ser arrestado por cargos penales falsos.³³ Rachel Mariano, una trabajadora sanitaria de la Community Health, Education, Services and Training (Sanidad, Educación, Servicios y Formación Comunitarios) en la región de Cordillera, fue liberada en septiembre de 2019 tras un año en detención. Sin embargo, el juez que la absolvió, Mario Bañez, murió asesinado a tiros dos meses después.³⁴ Mariano aun tiene que hacer frente a otras acusaciones falsas y está en libertad bajo fianza.

Después de dos años y medio, el 31 de diciembre de 2019 se levan  tó la ley marcial en Mindanao. No obstante, según las Fuerzas Armadas  de Filipinas, permanecerá bajo un estado de emergencia³⁵ en virtud de la Proclamación No. 55³⁶ emitida en 2016. Por consiguiente, los pueblos indígenas temen que la situación no cambiará mucho puesto que la proclamación permite a las fuerzas militares y policías imponer puestos de control y toques de queda. Temen que la considerable presencia continuada de las fuerzas armadas gubernamentales en Mindanao y las operaciones militares seguirán protegiendo las inversiones en territorios indígenas.³⁷

Exponer las cuestiones en las Naciones Unidas

Los pueblos indígenas de Filipinas están muy esperanzados con el examen de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el país.³⁸ En preparación para dicho análisis y para otros compromisos internacionales contraídos, defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas en representación de varias organizaciones de pueblos indígenas se reunieron en noviembre de 2019 para el taller de consulta nacional sobre los asuntos a los que se enfrentan estos pueblos.

Este taller de consulta nacional consolidó los datos sobre la situación de derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas que se presentaron durante la Consulta en Asia con la Relatora Especial de las Naciones Unidas, Vicky Tauli-Corpuz, celebrada en noviembre de 2019. También sirvió como base para el documento de los pueblos indígenas de Filipinas ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos como aportación al informe de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en Filipinas.

La lucha sigue

Los pueblos indígenas de Filipinas están reforzando en mayor medida sus organizaciones y sus reivindicaciones por los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas para afrontar los desafíos del próximo año.

Este artículo es parte de la 34ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación está hecha en la amazonía peruana, dentro del territorio Wampi, fotografiada por Pablo Lasansky y que es la portada del Mundo Indígena 2023 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2020 completo aquí

Notas y referencias

1. Indigenous Peoples Rights International. “Documented Incidents of Criminalisation Against Indigenous Peoples” Consultado el 26 de febrero de 2020: https://www.Indigenousrightsinternational.org/index.php/en/facts-and-figures
2. Simeon, Louise Maureen “Philippines is most dangerous country for environment defenders – ” PhilStar Global, 31 de julio de 2019: https:// www.philstar.com/headlines/2019/07/31/1939403/philippines-most-dange- rous-country-environment-defenders-watchdog.
3. IWGIA, El Mundo Indígena 2019, Filipinas: https://www.iwgia.org/es/filipinas/3417-mi2019-filipinas.html

4. Cordillera Peoples Alliance, “Chico River Pump Irrigation Project loan agreement, a sell-out of ancestral land Philippine sovereignty”. 7 de marzo de 2019: https://www.cpaphils.org/crpip.html
5. Philippine Task Force for Indigenous Peoples’ Rights, “Joint Statement to the 12th Session of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples on Borders, Migration and Displacement”. 6 de noviembre de 2019: https://philtfip. org/category/dams/
6. “Kaliwa Dam will destroy Sierra Madre biodiversity” Philstar Global, 29 de noviembre de 2018: https://www.philstar.com/business/science-and-environ-s ment/2018/11/29/1872521/kaliwa-dam-will-destroy-sierra-madre-biodiversity
7. Ranada, Pia “Duterte to use ‘extraordinary powers’ to see Kaliwa Dam project through”. Rappler, 28 de octubre de 2019: https://www.rappler.com/na- tion/243601-duterte-use-extraordinary-powers-for-kaliwa-dam
8. “ECC for Kaliwa Dam project assailed”. Inquirer.Net, 24 de octubre de 2019: https://newsinfo.inquirer.net/1181082/ecc-for-kaliwa-dam-project-assailed
9. Buan, Lian “After Chico river, Makabayan goes after Kaliwa dam at Supreme Court”. Rappler, 9 de mayo de 2019: https://www.rappler.com/na-e tion/230105-makabayan-goes-after-kaliwa-dam-supreme-court
10. Ibid
11. “SC orders gov’t to comment on petition vs. China-funded Chico River project”. CNN Philippines, 10 de abril de 2019: https://cnnphilippines.com/ news/2019/4/10/Supreme-Court-order-China-Chico-River-petition-.html
12. “Palace: Chico River irrigation project constitutional” GMA News Online, 10 de abril de 2019: https://www.gmanetwork.com/news/news/nation/690843/pala-i ce-chico-river-irrigation-project-constitutional/story/
13. Macaraeg, John Aaron Mark “SEA Games 2019 displaces Aeta communities”. Bulatlat, 8 de diciembre de 2019: https://www.bulatlat.com/2019/12/08/sea-ga-w mes-2019-displaces-aeta/?fbclid=IwAR2e-WStKZGwL_g2nfwHANMV52dB_ pNXpuTmv38jmVFowV96FUkiot3hfMc
14. Véase la página web oficial de Bases Conversion and Development Consultado el 26 de febrero de 2020: https://bcda.gov.ph/about-us

15. “Senate urged to probe displacement of Aeta communities by New Clark City”. PhilStar Global, 11 de diciembre de 2019: https://www.philstar.com/headli-e nes/2019/12/11/1976180/senate-urged-probe-displacement-aeta-communi- ties-new-clark-city
16. Aspinwall, Nick “China-backed dam threatens Indigenous people in the Philippines”. Aljazeera, 19 de enero de 2020: https://www.aljazeera.com/ news/2020/01/china-backed-dam-threatens-Indigenous-people-philippi- nes-200115050855015.html
17. Cordillera Peoples Alliance, “’Mine Safety’, an oxymoron under corporate greed and government corruption; Enough of mining plunder! Enough of unsafe, irresponsible large-scale minig in our ancestral lands!”. 24 de noviembre de 2019: https://cpaphils.org/mines-unsafety-2019.html
18. Macaraeg, John Aaron Mark “Nueva Vizcaya folks celebrate as Oceanagold suspends operations”. Bulatlat, 17 de octubre de 2019: https://www.bulatlat. com/2019/10/17/local-folk-celebrate-as-oceanagold-suspends-operations/.
19. Business & Human Rights Resource Centre, report. “Philippines: New report alleges human rights & environmental violations by Australian-Canadian miner OceanaGold”. Consultado el 26 de febrero de 2020: https://www.business-hu-org/en/philippines-new-report-cites-oceanagold-of-human-rights-environmental-violations

20. Cagula, Ken “Lumad, peasant groups unite to defend Pantaron Rang”. Davao Today, 22 de abril de 2019: http://davaotoday.com/main/environment/lu-omad-peasant-groups-unite-to-defend-pantaron-range/

21. Balocnit, Peter A. Philippine Information “Kalinga geothermal project set to complete exploration phase”, 30 de noviembre de 2019: https://pia.gov. ph/news/articles/1030451
22. Presidential Executive Order No. 70 “Institutionalizing the Whole-of-Nation Approach in Attaining Inclusive and Sustainable Peace, Creating a National Task Force to end Local Communist Armed Conflict, and Directing the Adoption of a National Peace ” Consultado el 26 de febrero de 2020: https:// www.officialgazette.gov.ph/downloads/2018/12dec/20181204-EO-70-RRD.pdf
23. Facebook Post: Sandugo Movement Of Moro And Indigenous Peoples For Self-Determination. “Stop The Attacks Against Indigenous Peoples And National Minorities. Report of Joanna K. Cariño To The Commission On Human Rights”. 10 de septiembre de 2019: https://www.facebook.com/SandugoNatMin/ posts/937911556562877? tn =K-R

24. Ibid.
25. Véase Rappler, “DepEd formally shuts down 55 Lumad schools in Davao” en https://www.rappler.com/nation/242052-deped-shuts-down-lumad-schools- davao-region
26. “DepEd shuts down 55 ‘lumad’ schools”. Rappler, 8 de octubre de 2019: https://inquirer.net/1141670/deped-shuts-down-55-lumad-schools
27. Op. Cit. (23)
28. Op. Cit. (23)
29. Cepeda, Mara “Red-tagged Oxfam, NCCP slam military for ‘malicious, careless’ attack”. Rappler, 6 de noviembre de 2019: https://www.rappler.com/na-d tion/244252-red-tagged-oxfam-nccp-slam-military
30. Cit (23)
31. Fonbuena, Carmela “Philippines: US rights volunteer branded ‘enemy of state’ shot outside home”. The Guardian, 8 de agosto de 2019: https://www. com/world/2019/aug/08/philippines-us-rights-volunteer-bran- ded-enemy-of-state-shot-outside-home
32. Op. Cit. (23)
33. Lagsa, Bobby “Cagayan de Oro rights groups slam arrest of two activists”. Rappler, 30 de enero de 2019: https://www.rappler.com/nation/222292-caga-r yan-de-oro-rights-groups-statements-arrest-activists
34. Buan, Lian “Ilocos Sur judge killed in ambush in La Union”. Rappler, 5 de noviembre de 2019: https://www.rappler.com/nation/244231-ilocos-sur-judge- killed-ambush-la-union
35. “Martial law lifted but Mindanao still under state of emergency” Philstar Global, 2 de enero de 2020: https://www.philstar.com/headlines/2020/01/02/1981465/ mindanao-still-under-state-emergency-amid-martial-law-lifted
36. Ranada, Pia “Palace releases proclamation on state of nat’l emergency”. Rappler, 6 de septiembre de 2016: https://www.rappler.com/nation/145346-pro-/ clamation-state-national-emergency-lawless-violence-released
37. Aspinwall, Nick “Martial law is lifted, but “state of emergency” persists in Mindanao”. The Interpreter, 7 de enero de 2020: https://www.lowyinstitute.org/the-in- terpreter/martial-law-lifted-state-emergency-persists-mindanao
38. “UN council adopts resolution calling for probe into PH human rights situation”. CNN Philippines, 11 de julio de 2019: https://cnnphilippines.com/news/2019/7/11/ UN-council-probe-human-rights-resolution-PH.html

Sarah Bestang K. Dekdeken, indígena Kankanaey Igorot de la región de Cordillera, al norte de Filipinas. Es la actual secretaria general de la Alianza de los Pueblos de la Cordillera (Cordillera Peoples Alliance), una federación de organizaciones populares progresistas, en su mayoría organizaciones de base de los pueblos indígenas de la Cordillera.

Este artículo es parte de la 34ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2020 aquí

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