• Pueblos indígenas en las Filipinas

    Pueblos indígenas en las Filipinas

Mundo Indígena 2019: Filipinas

El censo de población realizado en Filipinas en 2010 incluyó, por primera vez, una variable étnica, pero hasta la fecha no se ha publicado la cifra oficial de población indígena. La población indígena del país se estima entre el 10 % y el 20 % del total nacional de 100,981,437 personas, según el censo de población de 2015.

Los grupos indígenas del norte en las montañas de Luzón (la Cordillera) son conocidos colectivamente como igorot mientras que los grupos de la isla de Mindanao, en el sur, son llamados lumad. Hay grupos más pequeños conocidos colectivamente como mangyan en la isla de Mindoro, así como otros más pequeños y dispersos en las islas Visayas y Luzón, que incluyen diversos grupos de cazadores-recolectores en transición.

Los pueblos indígenas de Filipinas han conservado gran parte de su cultura tradicional precolonial, así como sus instituciones sociales y sus prácticas de subsistencia. Por lo general, viven en áreas geográficamente aisladas, sin acceso a servicios sociales básicos y con pocas oportunidades para las principales actividades económicas, la educación o la participación política. En contraste, en estas áreas se encuentran principalmente recursos naturales comercialmente valiosos, como minerales, bosques y ríos, haciéndolos constantemente vulnerables a la agresión del desarrollo y al acaparamiento de tierras.

En 1997 se promulgó la Ley de la República N.° 8371, conocida como Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta ley ha sido elogiada por su apoyo a la integridad cultural de estos pueblos, el derecho a sus tierras y el derecho a desarrollarlas a partir de su propia determinación. Sin embargo, aún se busca una implementación más sustancial de la ley, además de que existen críticas fundamentales a ley en sí. Filipinas votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) pero el Gobierno aún no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. 

En 2018 los pueblos indígenas de Filipinas sufrieron violaciones agudizadas a sus derechos humanos y colectivos con la declaración de ley marcial en Mindanao y la guerra sin cuartel a los supuestos terroristas. El gobierno tomó medidas enérgicas contra los disidentes políticos y a continuación declaró como organizaciones terroristas al Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) y al Partido Comunista de Filipinas. El gobierno suspendió de modo unilateral las negociaciones de paz con el Frente Democrático Nacional de Filipinas, siguió con el programa Oplan Kapayapaan de contrainsurgencia y adoptaron otras políticas que amenazan los derechos de las personas.1

2018 fue otro año de impunidad en el país, donde los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos sufrieron ataques desmesurados bajo el régimen tiránico del presidente Rodrigo Duterte. Los defensores de los derechos humanos de los indígenas fueron penalizados por proteger los derechos a sus tierras y recursos de la explotación y destrucción de supuestos proyectos de desarrollo, y por luchar contra las violaciones a los derechos humanos y la tiranía.

Designación de terrorismo, arrestos ilegales y detenciones

En todo el país, los pueblos indígenas enfrentan una tendencia hacia la criminalización, sobre todo los que critican abiertamente las políticas de gobierno que menoscaban los derechos humanos. En octubre de 2017, la formación del Inter-Agency Committee on Legal Action (IACOLA) (Comité interinstitucional de acción jurídica) sistematizó aún más la formulación de cargos falsos contra personas indígenas y defensores de los derechos humanos. La alianza nacional Karapatan de organizaciones de derechos humanos asevera que IACLA legitimará la criminalización de disidentes y servirá como instrumento de represión política.2

La alianza nacional KATRIBU de pueblos indígenas documentó 183 casos de arrestos ilegales de miembros de esos pueblos desde julio de 2016. De este número, 42 siguen detenidos por delitos que no cometieron.3 Los cargos falsos que las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) presentaron contra miembros de pueblos indígenas incluyen asesinato, asesinato frustrado y posesión ilegal de armas de fuego y explosivos. En Mindanao, Datu Jomorito Goaynon del pueblo Higaonon y presidente de la Kalumbay Regional Lumad Organization (Organización Lumad de la Región Kalumbay) fue arrestado de forma ilegal y detenido en julio, junto con 12 participantes de una reunión de evaluación de proyecto liderada por la Iglesia Filipina Independiente (IFI) de la Diócesis de Libertad.4 Goaynon es solo uno de los muchos líderes indígenas lumad en Mindanao que enfrentan cargos falsos.

En la región de la Cordillera, Rachel Mariano, una trabajadora del sector salud y otras cuatro defensoras de los derechos humanos enfrentan 14 cargos falsos de homicidio frustrado e intento de homicidio. En febrero de 2018 comparecieron ante el tribunal y pagaron fianza para probar su inocencia. En septiembre de 2018, Mariano fue acusada de nuevo con otra serie de cargos falsos de asesinato y 8 casos de asesinato frustrado, al mismo tiempo que aducían que ella es miembro del NPA. Debido a que un caso de asesinato no tiene derecho a fianza, Mariano fue detenida cuando se presentó al tribunal y al momento de escribir este documento seguía en la cárcel.5 Tres indígenas más de la Cordillera fueron arrestados y detenidos ilegalmente en julio de 2018. Se formularon múltiples cargos falsos de asesinato contra Edmond y Saturnino Dazon, vinculándolos con un enfrentamiento que ocurrió cinco días antes del arresto entre el NPA y las Fuerzas Armadas, en el que resultaron muertos algunos soldados.6 En la provincia de Abra, Ceasario Baluga, miembro de la alianza CPA-Abra fue arrestado y detenido ilegalmente mientras se llevaban a cabo operaciones militares.7

Asimismo, cada vez más activistas y defensores de los derechos humanos están recibiendo la designación de terrorista. Esto se hace mediante la circulación de mensajes de texto, publicaciones en las redes sociales, y distribución y envío de volantes con los nombres de los activistas, designándolos como terroristas. Lo que es peor, a través de los tribunales, el gobierno tacha categóricamente de terroristas a los defensores de los derechos humanos de los indígenas.

El Departamento de Justicia (DOJ) pide proscripción para terroristas

En febrero de 2018, el Departamento de Justicia presentó una solicitud al Tribunal Regional 19 en Manila cuyo objetivo es proscribir al Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) y al Partido Comunista de Filipinas (CPP) como organizaciones terroristas. Incorpora los nombres de 649 supuestos oficiales y miembros del NPA y CPP e incluye al menos 31 líderes indígenas. La lista incluye los nombres de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, Vicky Tauli-Corpuz, la co-coordinadora del Grupo Principal de los Pueblos Indígenas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Joan Carling, el exmiembro del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Jose Molintas, y los líderes de la Alianza de los Pueblos de la Cordillera (CPA). La solicitud se hace de conformidad con la Ley de seguridad de 2007, en virtud de la cual, cuando a nivel judicial se considera que una organización es terrorista, queda legalmente autorizado realizar arrestos, actividades de vigilancia y embargo de fondos sin orden judicial de cualquier persona de la que simplemente se sospeche haya cometido o conspire para cometer actos terroristas.

Los pueblos indígenas de Filipinas calificaron la solicitud de maliciosa y sin mérito, y que tiene la intención de difamar, acosar e intimidar a las personas que luchan por sus derechos democráticos y a las comunidades indígenas que luchan por los derechos a sus tierras ancestrales y la autodeterminación.8 Asimismo, la comunidad internacional, incluso agencias de la ONU y organismos gubernamentales, la han criticado y condenado ampliamente. El senador estadounidense Patrick Leahy expresó “El problema con esta “lista de terroristas” es que aparentemente el gobierno la usa para perseguir a personas que no tienen nada que ver con el terrorismo, pero que participan en actividades de disensión y protesta legítimas y pacíficas en oposición a las políticas de gobierno que amenazan su modo de vida”.9

En agosto de 2018 Vicky Tauli-Corpuz, Jose Molintas y dos personas más fueron eliminadas de la lista. El Departamento de Justicia modificó la solicitud el 3 de enero de 2019 y dejó solo 8 nombres que quiere declarar como terroristas.10 No obstante, el secretario de la institución, Menardo Guevarra, manifestó que la eliminación de los nombres de varias personas en la modificación no quiere decir que ya no estén asociados a casos de terrorismo en el país.11

Asesinatos extrajudiciales

Siguen imperando los asesinatos extrajudiciales en el país. En julio de 2018, la organización Global Witness informó que la muerte de 47 defensores ambientales durante 2017 hace de Filipinas el país más peligroso de Asia para estos defensores, ya que es la cifra documentada más alta en un país asiático.12 Paralelamente KATRIBU documentó el asesinato de al menos 51 personas indígenas de julio de 2016 a octubre de 2018.13 La mayoría de las víctimas estaban acusadas de ser miembros o partidarios del NPA. Ellos encabezan la lista de víctimas de la infame guerra contra las drogas de Duterte, que según se informa ha causado más de 20,000 muertes, sin embargo, el problema de las drogas ilícitas persiste.

Muchas de las víctimas indígenas de los asesinatos extrajudiciales eran líderes y miembros de las comunidades y organizaciones de base que protestaban activamente proyectos destructivos como minería aurífera a gran escala, plantaciones agrocomerciales, mega represas y proyectos de generación de energía. Ricardo Mayumi del Ifugao Peasant Movement (Movimiento Campesino de Ifugao) fue asesinado a balazos el 2 de marzo de 2018, y era conocido por liderar la oposición contra el proyecto hidroeléctrico de Santa Clara Power Corporation en su pueblo natal en la provincia de Ifugao.14 Los Miembros del Parlamento de ASEAN condenaron este asesinato en su declaración del 12 de marzo de 2018, en la que manifestaron que esta muerte pone en evidencia el clima cada vez más hostil que enfrentan los activistas en las Filipinas.15 Miembros del 23er batallón de infantería del ejército filipino presuntamente dieron muerte a Rex Hangadon, de 23 años, en la región de Caraga el 15 de septiembre de 2018.16

Ley marcial y evacuaciones forzadas

En diciembre de 2018, el congreso aprobó por tercera vez la solicitud de prórroga de la ley marcial en Mindanao del presidente Duterte hasta fines de 2019. Mindanao se encuentra bajo ley marcial desde el 23 de mayo de 2017. Durante ese tiempo KARAPATAN documentó que al menos 346,940 personas han sido afectadas por los bombardeos que las fuerzas armadas efectúan en las comunidades.17 Esto se suma a los casos de asesinatos extrajudiciales, arrestos y detenciones ilegales, así como los continuos ataques contra escuelas creadas por el grupo indígena lumad en colaboración con organizaciones no gubernamentales.

Con la ley marcial de Duterte en Mindanao se cometen constantemente con impunidad: bombardeos, establecimiento de campamentos militares en comunidades, evacuaciones forzadas, arrestos ilegales masivos y detenciones, acoso e intimidación. Además, bajo esta ley se cometieron 24 de los 51 asesinatos extrajudiciales de víctimas indígenas.18

El pueblo lumad sigue teniendo que evacuar sus comunidades a la fuerza debido a la militarización, las operaciones militares y las violaciones a los derechos humanos que cometen las Fuerzas Armadas de Filipinas y grupos paramilitares. Durante el gobierno de Duterte, KATRIBU documentó 67 incidentes de evacuaciones forzadas de comunidades, lo que afecta a un total de 38,841 personas que pertenecen a poblaciones indígenas.19

En julio de 2018, 1,600 residentes de las comunidades lumad en Lianga y San Agustín, Surigao del Sur, fueron evacuados a la fuerza a causa de las operaciones militares realizadas en sus comunidades. En el centro de evacuación sufrieron por la falta de agua y las estrictas medidas de seguridad impuestas por los militares, quienes aparentemente los presionaban para volver a sus hogares a pesar del miedo y la ansiedad que sentían por su seguridad. Miembros del grupo paramilitar Magahat-Bagani, implicado en asesinatos extrajudiciales de personas indígenas, también se encontraban apostados frente al centro de evacuación, y a través de sistemas de megafonía acusaban a los evacuados de apoyar al Nuevo Ejército del Pueblo (NPA).20 Según informes, cinco empresas de minería de carbón operarán en el valle de Andap, donde residen los evacuados. El valle es una de las áreas que el presidente Duterte dice que quiere abrir a la inversión. Por lo tanto, el pueblo lumad piensa que el objetivo de la militarización de sus tierras ancestrales es silenciar cualquier oposición a los proyectos de minería de carbón.

Proyectos de minería y energía en tierras indígenas

Para el gobierno y la empresa privada, los territorios indígenas siguen siendo un blanco de destrucción y saqueo a través de proyectos de energía, minería a gran escala, plantaciones agrocomerciales e infraestructura. En virtud del programa de desarrollo económico “Build! Build! Build!” (Construir, construir, construir) de Duterte, solo en noviembre de 2018 se firmaron al menos 29 acuerdos de contrato entre el gobierno de Filipinas y el gobierno de China.21 Estos incluyen el Proyecto de riego por bomba de Río Chico en las provincias de Kalinga y Cagayan, y el proyecto New Centennial Water Source-Kaliwa Dam (Proyecto de nueva fuente de agua del centenario, presa de Kaliwa) en las provincias de Rizal y Quezón. Ambos proyectos no cuentan con el consentimiento informado libre y previo de las comunidades indígenas afectadas.

Asimismo, esos proyectos favorecerán a China, entre otras cosas, con los préstamos de altas tasas de interés (USD 62 millones para el proyecto de Río Chico y a lo sumo USD 234 millones para el proyecto de la presa de Kaliwa), lo que representará una carga adicional para el pueblo filipino. En 2018, el gobierno promulgó y aplicó la Ley de reforma tributaria para la aceleración e inclusión (TRAIN), cuyo objetivo es recaudar fondos para proyectos del programa Build! Build! Build! Al combinarse con las altas tasas de inflación, la ley TRAIN tuvo como consecuencia el aumento de los precios de productos de primera necesidad, lo que perjudicó enormemente a la población indígena pobre y marginalizada.

En el régimen de Duterte, la construcción de proyectos de mega represas en territorios indígenas sigue constituyendo una amenaza a las tierras y los recursos indígenas; estos incluyen: las presas Agus-Pulangi22, la presa Jalaur23, la presa Balog-Balog24, el complejo hidroeléctrico Alimit25, la presa Karayan26 y otros proyectos hidroeléctricos.

Los contratos de explotación de carbón que emitió el Departamento de Energía están usurpando cientos de miles de hectáreas de tierras ancestrales en el complejo del valle de Andap y varias provincias en Mindanao.27

En lo que se refiere a la minería a gran escala, en la actualidad 230 de las 447 solicitudes de explotación minera aprobadas están ubicadas en territorios ancestrales, cubriendo un total de 542,245 hectáreas, lo que constituye el 72 % del área total cubierta por todas las solicitudes de ese tipo aprobadas en el país.28 En septiembre de 2018, al menos 97 personas murieron en la provincia de Benguet después de quedar enterradas vivas en deslaves masivos cuando el tifón Ompong azotó el norte del país. Los residentes locales piensan que las operaciones de minería subterránea a gran escala de Benguet Corporation desde 1903 han empeorado la inestabilidad de los suelos, lo que es la causa de los deslaves masivos durante la temporada de tifones.29

Respuesta de los pueblos indígenas

Los pueblos indígenas, junto con varios grupos de la sociedad civil, han realizado una serie de protestas que condenan los ataques en su contra por parte del régimen de Duterte. Asimismo, piden que el gobierno vuelva a reanudar las negociaciones de paz con el Frente Democrático Nacional de Filipinas para abordar las raíces del conflicto armado.

En mayo de 2018, representantes de pueblos indígenas de diferentes regiones se reunieron para una consulta nacional con la Relatora Especial de la ONU Vicky Tauli-Corpuz. El evento incluyó la documentación de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, posteriormente se continuó el diálogo en línea y se enviaron casos a la Relatora.30

Representantes de KATRIBU, la Alianza de los Pueblos de la Cordillera y el pueblo indígena lumad participaron en el Tribunal Popular Internacional (IPT) de las Filipinas, que se celebró en Bélgica en septiembre de 2018. Dieron testimonio sobre los bombardeos a las comunidades, la criminalización y otras violaciones a los derechos humanos que cometen las fuerzas estatales de seguridad, así como también sobre los problemas económicos relacionados, como los proyectos de minería y represas. El tribunal concluyó que el régimen de Duterte es culpable de violaciones graves a los derechos humanos, el derecho humanitario internacional y la autodeterminación.31

Notas y referencias

  1. Véase El Mundo Indígena 2018, p. 281
  2. Véase Bulatlat, “Is ‘White December’ next as military-concocted Red October fizzles out? Rights defenders ask” en http://bit.ly/2T7dKxp
  3. Publicación oficial TIBALYAW de Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas (KATRIBU), diciembre de 2018
  4. Karapatan Two Years of Duterte: Overture to a rapid political and economic decay. Publicado por la KARAPATAN Alliance for the Advancement of People’s Rights (Alianza KARAPATAN para el avance de los derechos del pueblo), julio a septiembre de 2018.
  5. Véase Cpaphils, “Urgent Appeal to Support Indigenous Human Rights Defender Rachel Mariano” en http://bit.ly/2Eg1al1
  6. Véase Takderkordi, “Alert: Illegal Arrests and Detention in Besao and Other Violations by the 5th and 7th ID of the AFP” en http://bit.ly/2EfeAhg
  7. Véase cpaphils, “Stop the attacks of the 24th IB against indigenous communities in Abra” en http://bit.ly/2EsClTl
  1. Véase Civicus, “Cordillera Peoples Alliance” en http://bit.ly/2Ec1Bg8
  2. Véase “US Senator Patrick Leahy Statement on Defending Indigenous Activists in the Philippines” en http://bit.ly/2Ej6h48
  3. Véase Rappler, “DOJ trims terror tag list of Reds from over 656 to 8” en http://bit.ly/2EmKg4y
  4. 11 Véase Manila Bulletin News, “Individuals excluded from list of communist rebels not yet off the hook” en http://bit.ly/2Elr6vT
  5. Véase Global Witness, “Deadliest year on record for land and environmental defenders, as agribusiness is shown to be the industry most linked to killings” en http://bit.ly/2EfWRGy
  6. cit. TIBALYAW
  7. Véase Rappler, “Ifugao environmental activist shot dead” en http://bit.ly/2EjTiPx
  8. Véase IPMG, “ASEAN MPs condemn murder of indigenous activist in the Philippines, call for protection of environmental rights defenders region-wide” en http://bit.ly/2EfRreB
  9. Véase Inquirer News, “Lumad killed in Agusan Del Norte” en http://bit.ly/2EjVK8B
  10. Véase “Karapatan on another martial law extension in Mindanao” karapatan.org
  11. cit. TIBALYAW
  12. Ibidem
  13. Véase Philstar Global, “Lumad evacuees face harassment, lack of water and food” en http://bit.ly/2Ek9LTI
  14. Véase Sunstar, “Philippines, China sign 29 agreements” en https://sunstar.com.ph/article/1774942
  15. Véase BusinessWorld, “Agus-Pulangi rehab named priority among China-funded projects” en http://bit.ly/2T510ra
  16. Véase PNA, “NIA, Korean firm ink deal for P11.2-B Iloilo mega dam construction” en http://bit.ly/2T8Paw0
  17. Véase Inquirer.Net, “Tarlac mega dam project starts” en http://bit.ly/2T3Wr09
  18. Véase Philippine Information Agency, “Ifugao officials, SNAP approve hydropower agreement” en http://bit.ly/2T6mAeM
  19. Véase Rappler, “Locals protest Duterte admin’s Chico River project” en http://bit.ly/2T5Wrgi
  20. cit TIBALYAW
  21. Ibidem
  22. Véase Cpaphils, “Hold Benguet Corp accountable for the lost lives and livehood! Stop man-made disasters caused by large-scale mining!” en http://bit.ly/2T7l8Jf
  23. Véase GMA News Online, “Indigenous groups, UN rapporteur Tauli-Corpuz discuss Lumad killings, harassment” en http://bit.ly/2Eit0xf
  24. Véase The International Association of Democratic Lawyers (IADL), “International People’s Tribunal on the Philippines Issues Verdict on Duterte and Trump” en http://bit.ly/2EfSbQV

Sarah Bestang K. Dekdeken, indígena kankanaey de la región Cordillera, al norte de Filipinas. Es la actual Secretaria General de la Alianza de los Pueblos de la Cordillera, una federación de organizaciones populares progresistas, en su mayoría organizaciones de base de los pueblos indígenas de la Cordillera.

Jill K. Cariño, indígena del pueblo Ibaloi, es la actual vicepresidenta para Asuntos Exteriores de la Alianza de los Pueblos de la Cordillera y coordinadora y directora ejecutiva del Grupo de Trabajo de Fuerza Filipina por los Derechos de los Pueblos Indígenas (TFIP), una red de 11 organizaciones no gubernamentales que defiende la causa de los pueblos indígenas.

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