El Mundo Indígena 2024: Empresas y los derechos de los pueblos indígenas

Escrito en 03 Abril 2024. Publicado en Empresas y derechos de pueblos indígenas

En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU creó el Foro sobre Empresas y Derechos Humanos[1] como plataforma mundial para "debatir las tendencias y los retos en la aplicación de los Principios Rectores y promover el diálogo y la cooperación en cuestiones vinculadas a las empresas y los derechos humanos"[2]. Este es dirigido y presidido por el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos[3].

El Foro es la mayor reunión anual sobre empresas y derechos humanos en el mundo, con más de 1.500 participantes, entre ellos representantes de gobiernos, empresas, organizaciones de la sociedad civil y de pueblos indígenas, agencias de la ONU, instituciones nacionales de derechos humanos, establecimientos académicos, etc. Este ofrece una oportunidad única de establecer contactos, intercambiar experiencias y aprender de las numerosas iniciativas destinadas a promover el respeto de los derechos humanos por parte de las empresas.

Este artículo es parte de la 38ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra a un indígena cosechando quinoa en Sunimarka, Perú. Fotografiada por Pablo Lasansky, es la portada del Mundo Indígena 2024 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2024 completo aquí.

12.^o Periodo de Sesiones del Foro sobre Empresas y Derechos Humanos

Estas reuniones se llevaron a cabo en la sede de las Naciones Unidas (ONU) en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza, del 27 al 29 de noviembre de 2023.

El tema del periodo de sesiones fue "Hacia un cambio efectivo en la aplicación de las obligaciones, responsabilidades y reparaciones". El propósito de este era debatir los cambios concretos que se han producido en la aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos en los últimos 12 años. En los distintos paneles se examinaron las medidas adoptadas por los Estados y las empresas y se debatió en qué medida existen recursos judiciales y extrajudiciales para los distintos titulares de derechos, incluidos los pueblos indígenas.

Sesión de apertura: declaración del Cónclave Global de los Pueblos Indígenas[4]

Representantes de los pueblos indígenas de las distintas regiones socioculturales del mundo se reunieron en un Cónclave Global para el Foro sobre Empresas y Derechos Humanos. En relación con el tema de este año, "Hacia un cambio efectivo en la aplicación de las obligaciones, responsabilidades y reparaciones", debatieron sobre la urgencia de avanzar en diversas prioridades y expusieron sus posturas en una declaración.

Los pueblos indígenas siguen sufriendo de forma desproporcionada los impactos de las operaciones empresariales sobre sus derechos y su bienestar. Los esfuerzos para abordarlos deben situar los derechos humanos en el centro, con especial énfasis en el reconocimiento explícito de los pueblos indígenas como un grupo distinto con derechos colectivos, incluyendo su derecho a la libre determinación, derechos sobre tierras, territorios y recursos, y el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI). La continua falta de reconocimiento legal de los pueblos indígenas en muchos Estados de África y Asia es un factor clave en el empeoramiento de los casos de acaparamiento de tierras, explotación y extracción de sus recursos con fines comerciales, lo que se traduce en violaciones de derechos y criminalización con impunidad.

Los pueblos indígenas subrayaron su grave preocupación porque se sigue aplicando el enfoque de "como de costumbre" a la hora de satisfacer la creciente demanda de minerales de transición. Más del 50 % de estos se encuentran en territorios indígenas o cerca de ellos. La extracción de dichos minerales es una imposición sobre los pueblos indígenas sin su participación significativa ni su CLPI, lo que da lugar a conflictos, ataques a defensores indígenas, en contra de los derechos humanos, de la tierra y del medio ambiente, dando pie a una mayor marginación y denegación de justicia. Estos actos van en contra de los tres Principios Rectores de las Naciones Unidas y sólo lograrán exacerbar la injusticia social, la discriminación y la desigualdad contra los pueblos indígenas.

Estos pueblos también siguen enfrentándose a la imposición relacionada con la construcción de instalaciones de energías renovables en sus territorios, como parques solares y eólicos, grandes presas hidroeléctricas y estaciones geotérmicas. Deberían servir como un llamado de atención hacia este tema las decisiones de los Tribunales Supremos de Kenia y Noruega que identifican las violaciones de los derechos de los pueblos indígenas al imponer la construcción de parques eólicos cerca de las comunidades indígenas afectadas. Sin embargo, las acciones de los Estados y las empresas a la hora de aplicar las decisiones de los Tribunales Supremos aún siguen pendientes después de tantos años, lo que sólo demuestra la continua actitud discriminatoria en contra de los pueblos indígenas, la falta de mecanismos eficaces de reparación y el total desprecio por los derechos y el Estado de Derecho cuando se trata de pueblos indígenas.

Los pueblos indígenas apoyan la necesidad de una transición justa a la hora de abandonar los combustibles fósiles, pero ésta debe llevarse a cabo con su participación plena y efectiva en un contexto de respeto, reconocimiento y protección de sus derechos, en consonancia con los Principios Rectores y otros instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP). Los pueblos indígenas cuentan con buenas prácticas que podrían ser reproducidas y apoyadas por los Estados y los inversionistas. Por ejemplo, los pueblos indígenas de Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda han desarrollado sus propios proyectos de energías renovables, fruto de sus decisiones autodeterminadas. Estas buenas prácticas también podrían resolver la enorme brecha existente en el acceso a las energías renovables por parte de millones de pueblos indígenas.

Además, debe redefinirse la forma en que algunas industrias y empresas llevan a cabo sus actividades en territorios indígenas o cerca de ellos. Los pueblos indígenas han sido testigos de numerosos ejemplos de "lavado verde", por el que asociaciones industriales y empresas adoptan políticas que respetan los Principios Rectores y los derechos humanos de los pueblos indígenas pero no los cumplen en la práctica. Esto afecta a industrias que van desde la minería y los metales hasta el petróleo y el gas, desde la agroindustria hasta las energías renovables. Los derechos de los pueblos indígenas deben ser protegidos y respetados tanto en las actividades empresariales nacionales como en las extraterritoriales.

El papel de los inversionistas y de las instituciones financieras es crucial. Los pueblos indígenas están profundamente preocupados por el hecho de que ciertas instituciones financieras utilicen diferentes tácticas para ocultar sus inversiones en empresas. Invertir o financiar actividades que violan los derechos de los pueblos indígenas, como presas hidroeléctricas u otros proyectos que desplazan a los pueblos indígenas de sus territorios, es censurable y condenable.

Los pueblos indígenas instaron a que se ponga fin a la creciente violencia contra ellos y sus defensores. A pesar de representar aproximadamente el 6 % de la población mundial, los pueblos indígenas se enfrentan de forma desproporcionada a las consecuencias de los asesinatos, la criminalización y la violencia. En casos como el de México, más del 40 % de los defensores de los derechos humanos asesinados son indígenas. Los líderes indígenas son asesinados de forma selectiva y sistemática por alzar la voz contra las empresas extractivas.

Asimismo, los defensores, como los propios indígenas, se enfrentan a la violencia, la intimidación, la persecución, las demandas estratégicas contra la participación pública y el desplazamiento. Existe un llamado urgente a que las empresas apliquen los Principios Rectores y así garantizar que sus actividades no repercutan negativamente en los derechos y modos de vida de los pueblos indígenas, incluidos los que se encuentran en situación de primer contacto y aislamiento voluntario. También deben estas tener en cuenta la interseccionalidad a la que se enfrentan las mujeres indígenas, las personas con discapacidad y los jóvenes. Los pueblos indígenas exhortaron a los Estados a que ratifiquen el Acuerdo de Escazú y desarrollen instrumentos vinculantes similares en diferentes regiones del mundo. Se debe proteger a los defensores y afirmar los derechos básicos de los pueblos indígenas a acceder a la información pertinente. Además, en el contexto de los debates sobre el acuerdo jurídicamente vinculante, los pueblos indígenas pidieron que las obligaciones se apliquen a todas las empresas con operaciones nacionales y extraterritoriales.

Por último, el Cónclave Global de los Pueblos Indígenas declaró que desea comprometerse con los Estados, las empresas y los inversionistas en el avance de los Principios Rectores con el fin de realizar los cambios necesarios urgentes para que sus derechos sean plenamente respetados, reconocidos y protegidos en las actividades empresariales y para avanzar en el tema de equidad social y desarrollo sostenible para todos.

Sesión oficial sobre la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en la economía verde[5]

El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos y el Cónclave de los Pueblos Indígenas del Foro de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos organizaron conjuntamente una sesión oficial el 29 de noviembre de 2023. La sesión presentó los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la economía verde. Los oradores intercambiaron puntos de vista sobre las prácticas y los retos actuales y exploraron posibles soluciones, tales como modelos equitativos de desarrollo de energías renovables en asociación con los pueblos indígenas, y enfoques de compromiso eficaces para poder efectuar un diálogo significativo. Entre los ponentes se encontraban, entre otros, Pichamon Yeophantong, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, Francisco Calí Tzay, Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Dmitry Berezhkov, representante indígena de Rusia, y Adaluz García Pedro, representante indígena maya.

Clausura de la sesión: declaración final del Cónclave Global de los Pueblos Indígenas[6]

A lo largo de los tres días que duró el foro, los pueblos indígenas, que se reunieron como Cónclave Global, realizaron contribuciones significativas en las diferentes sesiones, subrayando los problemas urgentes a los que se enfrentan y exponiendo recomendaciones concretas.

Reiteraron que, actualmente, los pueblos indígenas siguen sufriendo los impactos de las operaciones empresariales sobre sus derechos colectivos, incluido su derecho a la libre determinación, los derechos sobre las tierras, territorios y recursos, y el derecho al CLPI. La continua falta de reconocimiento legal de los pueblos indígenas en muchos Estados, el acaparamiento de tierras y la extracción de recursos con fines empresariales, el enfoque en trabajar "como de costumbre", el llamado "greenwashing", la falta de participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en el desarrollo de políticas y en la toma de decisiones, las leyes represivas y la creciente violencia contra los pueblos indígenas y sus defensores son cuestiones incompatibles con los Principios Rectores y los instrumentos internacionales de derechos humanos, incluida la UNDRIP. Esta situación debe invertirse para aplicar realmente los Principios, reconocer los derechos de los pueblos indígenas y respetar los derechos humanos.

Los pueblos indígenas señalaron que realizan labores de incidencia con los Estados, las empresas y los inversionistas en sus territorios, en sus respectivos países y a través de los procesos internacionales y otros mecanismos disponibles. Además, informan a las partes interesadas sobre problemas y soluciones basándose en las lecciones que han extraído de sus experiencias, sus sistemas de conocimiento y prácticas, y sus modos de vida. También desarrollan y promueven buenas prácticas como las relativas al desarrollo de energías renovables y a las soluciones de adaptación y mitigación relacionadas con el cambio climático.

Para abordar los problemas urgentes a los que se enfrentan los pueblos indígenas, instaron a los Estados, a las empresas y a los inversionistas a actuar de inmediato y a prestar atención a las recomendaciones que ellos han formulado, entre las que se incluyen las siguientes:

• Que los Estados y las empresas reconozcan realmente los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la UNDRIP. Deben derogarse las leyes y políticas estatales que violan los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos, incluidas las leyes que favorecen a las empresas. Sobre la cuestión del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), un "no" significa no al consentimiento, lo que implica la retirada total de las corporaciones y de las operaciones empresariales del sitio. Todas las operaciones empresariales deben aplicar plenamente el CLPI y no deberá tolerarse ninguna violación del CLPI.
• Que los Estados y las empresas garanticen la protección de los pueblos indígenas y de los defensores frente a la criminalización de la resistencia de parte de los pueblos indígenas a los proyectos empresariales, incluida la clasificación de las luchas de los pueblos indígenas como actos de terrorismo, como en el caso de la Alianza de los Pueblos de la Cordillera en Filipinas, las ejecuciones extrajudiciales y diversas formas de violaciones de los derechos humanos, y las represalias del Estado, que se efectúan con impunidad. Las empresas deben defender los derechos humanos y no invertir en países que son notorios por violar los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos.
• Que las empresas apliquen una diligencia debida reforzada a la hora de cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos de los pueblos indígenas y no depender de las leyes nacionales. Todas las empresas de todos los sectores y la totalidad de los marcos medioambientales, sociales y de gobernanza deben tener en cuenta a los pueblos indígenas. Los mecanismos de participación en los beneficios de los grandes proyectos deberían garantizar una distribución equitativa de los beneficios del proyecto entre las comunidades afectadas. Las empresas también deberían rendir cuentas por las violaciones de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos indígenas relacionadas con sus negocios.
• Que todos los Estados del llamado norte global y del sur global se comprometan seriamente en el proceso de desarrollar y adoptar un instrumento legalmente vinculante lo antes posible, con el objetivo honesto de avanzar en cuanto a responsabilidad corporativa y al acceso a la reparación por parte de los pueblos indígenas afectados y otras comunidades. Los pueblos indígenas desean que el ámbito de aplicación del tratado propuesto incluya a todas las empresas, no sólo a las transnacionales; es decir, que también incluya a las empresas nacionales, aunque con una mayor responsabilidad que recaiga sobre las empresas transnacionales. Los pueblos indígenas exhortan a la Unión Europea (UE) que garantice el reconocimiento de sus derechos, incluido el del CLPI en la política de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa (CSDD) de la UE, en línea con la UNDRIP. Además, que la UE garantice que las empresas deben identificar y abordar los abusos reales y potenciales de los pueblos indígenas como parte de su diligencia debida en curso. Esto es imprescindible para rectificar los abusos de las empresas de la UE en los territorios indígenas de todo el mundo. Asimismo, la protección de los defensores de los derechos humanos también debería incluirse en la CSDD.
• Que todas las empresas e inversionistas establezcan mecanismos eficaces de reclamación y rendición de cuentas que tengan en cuenta las cuestiones de género y sean culturalmente apropiados, en consonancia con el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas.
• Que los Estados y los inversionistas apoyen las soluciones lideradas por los indígenas para el uso de sus tierras, territorios y recursos que se ajusten a sus prioridades de desarrollo, incluyendo la energía y los minerales, de acuerdo con su derecho a la libre determinación y al desarrollo.

En conclusión, los pueblos indígenas afirmaron que mientras se sigan violando sus derechos como pueblos indígenas, no se podrá contar con una aplicación significativa y efectiva de los Principios Rectores, un reconocimiento genuino de los pueblos indígenas y el respeto de los derechos humanos.

Este artículo fue escrito por Geneviève Rose, responsable de programas del Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).

Este artículo es parte de la 38ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra a un indígena cosechando quinoa en Sunimarka, Perú. Fotografiada por Pablo Lasansky, es la portada del Mundo Indígena 2024 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2024 completo aquí.

Notas y referencias

^[1] Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos | OACDH.  https://www.ohchr.org/es/business/about-un-forum-business-and-human-rights

^[2] OACDH. Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Nueva York y Ginebra: OACDH, 2011.  https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

^[3] Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos: OACDH. https://www.ohchr.org/en/special-procedures/wg-business

^[4] “Declaración de apertura del Cónclave de los Pueblos Indígenas en el 12.^o Foro de Empresas y Derechos Humanos”, 27 de noviembre de 2023, Ginebra. Gervais Ndihokubwayo, Initiative de Promouvoir de l'éducation des Batwa pour un Développement Durable (IPREBAD). https://static.sched.com/hosted_files/forumbhr2023/84/IPCaucus-OpeningStatement-EN.pdf

^[5] Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos. 29 de noviembre de 2023, Ginebra. https://forumbhr2023.sched.com/event/1P6nw/upholding-the-rights-of-indigenous-peoples-in-the-green-economy?linkback=grid

^[6] ”Declaración de  clausura del Cónclave de los Pueblos Indígenas”. 12.^o Foro de Empresas y Derechos Humanos, 29 de noviembre de 2023, Ginebra. Sarah Bestang Dekdeken, Alianza de los Pueblos de la Cordillera (Filipinas). https://aippnet.org/wp-content/uploads/2023/12/IP-Caucus-Closing-Statement-BHR-Nov2023.pdf

Etiquetas: Gobernanza Global, Derechos Territoriales, Defensores de derechos humanos indígenas, Empresas y derechos humanos