El Mundo Indígena 2025: Ecuador
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la población actual de Ecuador es de 17.966.573 habitantes.[1] En el país habitan 14 nacionalidades indígenas, que suman 1.301.887 personas y están aglutinadas en un conjunto de organizaciones locales, regionales y nacional, representando el 7,7 % de la población total. Las nacionalidades y Pueblos Indígenas habitan principalmente en la sierra, con el 68,20 %, seguido de la Amazonia (24,06 %), y, en menor medida, en la costa, donde solo viven el 7,56 %.
Para la autoidentificación en el Censo realizado en el 2022 se consideraron las siguientes nacionalidades indígenas: Tsáchila, Chachi, Epera, Awa, Kichwas, Shuar, Achuar, Shiwiar, Cofán, Siona, Secoya, Zápara, Andoa y Waorani. La Nacionalidad Kichwa es la de mayor porcentaje (85,87 %) e incluye a cerca de 800 mil personas a nivel nacional. A pesar de los bajos porcentajes que presentan la mayoría de nacionalidades todas tienen la misma importancia en el marco de un Estado Plurinacional. En las provincias de la sierra, como Tungurahua, Pichincha, y en las provincias amazónicas de Napo y Morona Santiago, también habitan indígenas en zonas rurales en un porcentaje importante, las cuales se encuentran en un rango de entre 50.000 a 80.000 habitantes. Luego de 17 años de vigencia de la Constitución y de más de dos décadas de ratificado el Convenio 169 de la OIT en el país, aún no existen políticas públicas específicas y claras que prevengan y neutralicen el riesgo de desaparición de estos pueblos ancestrales.
Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.
La situación de los pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador se encuentra impactada directamente por los efectos negativos de la coyuntura política, económica y social del país. El 2024 ha sido un año beneficioso para la poderosa élite económica y política —a la cual pertenece el presidente Daniel Noboa—, pero de un enorme deterioro social y económico para la gran mayoría de los sectores populares.[2] Es el resultado de la continuidad y radicalización del modelo económico y político neoliberal instaurado desde la gestión de Lenín Moreno en 2017.[3]
Los derechos económicos y sociales de los Pueblos Indígenas se han visto duramente afectados en un contexto de recesión económica. A pesar de que a nivel macroeconómico han existido factores positivos, como las remesas récord de migrantes (cerca de 5.000 millones de dólares),[4] préstamos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y alza de los precios del petróleo, estos recursos nunca fueron canalizados para el desarrollo ni el crecimiento económico. En cambio, la deuda externa aumentó considerablemente hasta alcanzar los 85.000 millones de dólares.[5]
Según Marco Flores, Exministro de Economía, los ingresos a la caja fiscal se destinaron casi exclusivamente a satisfacer las exigencias de los tenedores de bonos de deuda externa y a la Reserva Monetaria Internacional, como parte de las imposiciones del FMI.[6] Esto ha provocado la paralización de la inversión pública y la falta de infraestructura en salud, educación y seguridad.[7]
A ese panorama se agrega las deudas del gobierno central con los gobiernos locales y proveedores básicos, como, el sector salud. Se ha dejado de lado el mantenimiento de la infraestructura básica de electricidad, hospitales, escuelas y carreteras. El resultado está a la vista, la economía no solo no creció, sino que se contrajo. Los indicadores actuales no son solo los peores desde la pandemia, sino los más negativos desde la crisis bancaria de finales de los noventa.[8]
En ese marco, se ha consolidado un círculo de poder sin visión social, que privilegia los negocios con el Estado y promueve la privatización de bienes y servicios públicos bajo la tutela del FMI.
En el ámbito social, la desinversión se refleja en la crisis de los sectores de salud y educación que han sido directamente golpeados. No hay medicinas ni insumos básicos en hospitales y centros de salud, y más de 200.000 niños y niñas tuvieron que abandonar el sistema educativo. Asimismo, otros 100.000 jóvenes no pudieron acceder a la universidad.
En suma, este panorama refleja el colapso en la capacidad del Estado para proveer bienes básicos.[9] Colapso que ha impactado con mayor severidad en los sectores rurales y comunidades indígenas de la Sierra y a la Amazonía al depender en gran medida de dichos servicios público-estatales.
Crisis económico-social y vulneración de derechos económicos y sociales
En ese marco, el panorama social del país es desalentador: salarios bajos, flexibilización laboral, desempleo y subempleo en el 70 % de la población (el índice más alto de los últimos 17 años), con 5,2 millones de personas fuera del mercado laboral. Si bien la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en su Informe de 2024, señala que a nivel de América Latina hay mejoras sociales, la realidad ecuatoriana contradice esa evaluación.[10]
Según cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a diciembre de 2024, la pobreza por ingresos alcanzó el 28 %, lo que representa un aumento de dos puntos porcentuales respecto al año anterior, marcando el nivel más alto desde la pandemia. La pobreza extrema también creció, pasando del 9,8 % en diciembre de 2023 al 12,7 % un año después.[11]
En la actualidad, más de siete millones de ecuatorianos viven en situación de pobreza, y de ellos, 2,3 millones sobreviven en condiciones de extrema pobreza con menos de 70 centavos diarios. Con el incremento del IVA, estas familias no tienen margen de ahorro y se ven obligadas a reducir su consumo de alimentos y bienes esenciales. A mediano plazo, esta situación podría traducirse en un aumento de la desnutrición infantil y mayor precarización.[12]
En el caso de las comunidades indígenas, los niveles de pobreza extrema alcanzan a un 80 % y 90 % de las familias en comunidades Kichwa de alta montaña, provincias de Bolívar y Cotopaxi, así como en varios centros shuar de Morona Santiago en la Amazonía.[13]
Crisis de seguridad, criminalización y racismo
La violencia en Ecuador alcanza niveles críticos. Dos alcaldes de jurisdicciones donde se desarrollan actividades mineras fueron asesinados y el país ha vivido 15 estados de excepción desde 2021. En menos de ocho años, Ecuador pasó de ser el segundo país más seguro de América Latina a ser uno de los más violentos del mundo.[14]
Desde enero del 2024, el Gobierno declaró la existencia de un “conflicto armado interno”, bajo la excusa de combatir a 22 Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). A su vez, continuó estableciendo estados de excepción, que el Gobierno califica como parte de un “Plan Fénix”, que varios organismos de derechos humanos han cuestionado su existencia. Pese a la militarización, los homicidios no ceden y la tregua parece más un repliegue criminal que una victoria.
En 2024, Ecuador tuvo un segundo año consecutivo con altos índices de violencia, con una tasa de homicidios de 38,8 por cada 100 mil habitantes. En cuanto a los robos, se denunciaron 61.504 casos entre enero y noviembre de 2024.[15] Por otra parte, enero de 2025 se convirtió en el mes más violento de la historia del país, con más de 700 asesinatos.[16]
Según reportes de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, los estados de excepción han sido utilizados por el Gobierno para reprimir y criminalizar a grupos específicos bajo el pretexto de la seguridad. Un ejemplo de ello son las comunidades indígenas, históricamente marginadas, quienes enfrentan mayor vulnerabilidad ante el abuso de poder. Es el caso de la detención arbitraria de guardias indígenas de la comunidad Kichwa San José del Wisuya, en Putumayo, provincia de Sucumbíos, en el norte de la Amazonía. El 24 de enero de 2024, estos miembros de la comunidad fueron arrestados sin pruebas ni justificación legal, se les negó acceso a representación legal y se vulneró el principio constitucional de la presunción de inocencia y su condición indígena, que les otorga la Constitución.[17]
Entre el 8 de enero y el 20 de febrero de 2024, la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó más de 10 mil detenciones, pero solo el 5 % (494 personas) tenían un proceso legal en curso, lo cual según Human Rigths Watch sugiere que la militarización prioriza mostrar cifras de detenciones en lugar de garantizar justicia, justificando el uso de la fuerza y la compra de equipo represivo.[18]
Un caso emblemático es el de Raúl X, un joven de 18 años encarcelado injustamente en la Penitenciaría del Litoral. Acusado sin pruebas, su historia revela cómo la pobreza y el racismo estructural facilitan la criminalización de jóvenes racializados, perpetuando la violencia estatal y el encarcelamiento masivo.[19]
Pero el caso más impactante fue la desaparición, tortura y muerte de Josué Arroyo, de 14 años; Ismael Arroyo y Saúl Arboleda, de 15 años y Steven Medina, de apenas 11 años. Estos niños y adolescentes afroecuatorianos, que vivían en el barrio popular de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, fueron detenidos arbitrariamente por 16 militares cuando regresaban a sus casas luego de jugar fútbol. Posteriormente, los trasladaron a un cuartel militar, donde fueron torturados y asesinados.[20]
El último día del año 2024, un examen antropológico y de ADN identificó los cuerpos calcinados de los cuatro chicos detenidos por la patrulla militar el pasado 8 de diciembre. Luego, de haber sido torturados y asesinados, los habrían rociado con gasolina y prendido fuego para después lanzarlos al río Taura, a 16 kilómetros del lugar de su aprehensión, en la ciudad de Guayaquil.[21] La noticia conmocionó a todo el país porque ese día precisamente un juez ordenó la prisión preventiva de los 16 militares de esa patrulla bajo la acusación de desaparición forzosa. Ahora el delito por el que se los procesará penalmente sería el de ejecución extrajudicial.
Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE): “El caso de los cuatro niños de Guayaquil es una muestra escalofriante de la violencia sistemática promovida por el Estado bajo el Gobierno de Daniel Noboa (…). La desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales son violaciones directas de los derechos humanos, actos de barbarie perpetrados por un Gobierno que actúa con indiferencia, indolencia y cobardía, priorizando cálculos e intereses electorales sobre la protección y el bienestar del pueblo (…). El silencio de Daniel Noboa ante esta tragedia es inaceptable. Las políticas de seguridad han fracasado; el crimen organizado, las mafias y el narcotráfico siguen operando con impunidad. Mientras tanto, la policía y las fuerzas armadas perpetúan un ciclo de violencia que afecta desproporcionadamente a las comunidades vulnerables, víctimas de abuso de poder, discriminación racial y abuso sistemático”.[22]
Sin embargo, es importante recordar que el decreto de “guerra interna” de Noboa supuso un momento de legitimación de la estrategia de militarización de la seguridad pública, la cual fue ratificada en el referéndum del 21 de abril. En esa consulta, la mayoría de la población respaldó las nueve preguntas relativas a respuestas represivas a la violencia criminal. En otras palabras, como señala Franklin Ramírez Gallegos, profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), en este tema: “(…) habría habido cierta legitimación social de estas prácticas. La sociedad aceptó de algún modo esta estrategia de guerra ‘bukelizada’, de punitivismo y de mano dura”.
El intento fallido de montar cárceles en territorios indígenas amazónicos
En el marco de su “conflicto armado interno”, el Gobierno de Noboa intensificó la construcción de cárceles de máxima seguridad, con el argumento de sanear el sistema penitenciario dominado por carteles del narcotráfico y GDO. Para ello, el Gobierno pretendió establecer un proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en los territorios Kichwa de Pastaza, primero en la Comuna San Jacinto y luego en la Asociación Kichwa de Santa Clara.
En ambos casos, la organización de la nacionalidad Kichwa de Pastaza rechazó las pretensiones del Gobierno. En un comunicado del 9 de enero de 2024, la Pastaza Kikin Kichwa Runakuna (PAKKIRU) señaló: "(…) rechazamos la construcción de la cárcel de máxima seguridad en la provincia de Pastaza anunciada por el Gobierno ecuatoriano. Convocamos la conformación de un frente ciudadano con los actores sociales, prefecto, alcaldes, juntas parroquiales, sociedad civil y las nacionalidades de la provincia de Pastaza para en conjunto promover la defensa de nuestra provincia frente a construcción de la cárcel de máxima seguridad”.[23] En la misma dirección, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), a través de un comunicado, reiteró el 11 de enero del 2024 su rechazo a este proyecto, al considerar que "solo incrementará los índices de criminalidad e inseguridad" en el sector. José Esach, presidente de esa organización, adujo que esta no fue una de las ofertas de la campaña electoral del ahora primer mandatario Daniel Noboa. "¿No iba a construir cárceles en barcazas en medio del mar? ¿No fue así? Yo nunca escuché: 'se va a construir en la Amazonía ecuatoriana'", cuestionó.[24]
Posteriormente, el Gobierno pretendió instalar el proyecto en el cantón Santa Clara, generando rechazo de la población y de las organizaciones indígenas locales.[25] En ningún caso, según Luis Canelos, presidente de PAKKIRU, el Gobierno informó ni impulsó un proceso adecuado de consulta previa en torno al proyecto carcelario. Todo lo contrario, el secretismo y falta de información ha sido lo que generó el rechazo.
En junio de 2024, el Ejecutivo insistió en su propuesta y firmó un contrato por 52 millones de dólares con la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras, subsidiaria de la china Road and Bridge Corporation, para construir la denominada Cárcel del Encuentro en Santa Elena. Con una capacidad para 736 reclusos, el proyecto avanzó un 30 % hasta octubre de 2024. Posteriormente, el Servicio de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) adjudicó la construcción de un centro similar en Archidona, también por 52 millones y con un plazo de 300 días. Sin embargo, el proceso se manejó con información reservada, generando incertidumbre y rechazo en la población.[26]
Desde agosto de 2024, los habitantes de Archidona y organizaciones indígenas han rechazado la construcción de la cárcel, denunciando la falta de consulta previa y el impacto en la seguridad local. El 3 de diciembre, liderados por la alcaldesa Amanda Grefa, dirigentes de la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN) y con el apoyo de PAKKIRU de Pastaza y la CONFENIAE, iniciaron protestas y bloqueos viales que dejaron incomunicadas a las provincias de Napo, Orellana y Sucumbíos por 15 días.
Entre sus preocupaciones destacan la cercanía de la prisión a cuatro unidades educativas con 4.000 menores, el aumento de extorsiones y violencia, y el impacto en el turismo y el comercio.
El 11 de diciembre, la Asamblea Nacional aprobó una resolución con 95 votos exhortando al presidente Daniel Noboa a suspender la obra. Al cierre de la presente edición, la decisión gubernamental de construir la cárcel en Napo fue suspendida de manera indefinida.
Represión y violencia en torno al proyecto minero La Plata en Palo Quemado
El proyecto minero La Plata, ubicado en la parroquia Palo Quemado, ha generado un conflicto marcado por la represión estatal, la criminalización de la protesta y el uso de paramilitares para amedrentar a la población. A pesar de la obligación constitucional de realizar consultas previas, la empresa minera y el Estado han ignorado este requisito y han tratado de imponer la “socialización” del proyecto sin legitimidad.
Desde el 7 de marzo, grupos armados vinculados al Gobierno fueron denunciados por campesinos que se oponen a la minería. El 11 de marzo, el paramilitar Raúl Bayas Villacrés, junto con la Junta de Defensa del Campesinado, ingresó con su grupo a la zona, agredió a campesinos y promovió la persecución judicial de 72 comuneros, acusándolos de “terrorismo” con el apoyo de la Fiscalía.
El 18 de marzo, un pelotón de 500 policías y militares llegó a Palo Quemado para proteger las instalaciones mineras y garantizar la “socialización” del proyecto en una reunión donde solo participaron 70 personas, a pesar de que la comunidad alberga a 270 familias. La militarización generó temor entre los pobladores, quienes denunciaron la presencia de fuerzas represivas como una provocación violenta.[27]
El 19 de marzo, la represión se intensificó con cuatro puestos de control militar que restringieron la movilidad de los comuneros. Según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), al menos 15 campesinos resultaron heridos, siete de ellos en estado grave, con quemaduras y heridas causadas por balas de goma, perdigones y gases lacrimógenos.
El 26 de marzo, la violencia estatal dejó un nuevo herido grave: Mesías Robayo Masapanta, quien recibió un disparo en el rostro con perdigones que le fracturaron maxilares y huesos faciales.[28]
En medio de la escalada de violencia, el alcalde de Sigchos, Oscar Monge, presentó una acción de protección con medidas cautelares para suspender la consulta ambiental del proyecto. El juez Darwin Danilo Paredes admitió el trámite y ordenó la suspensión provisional de la consulta, además del retiro de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de la zona.[29] Pese a la orden judicial, el Gobierno reaccionó con hostilidad. El General Jaime Vela, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, declaró desde el Palacio de Gobierno que las protestas en Palo Quemado eran “actos terroristas”, justificando la represión contra los campesinos e ignorando la vulneración de derechos humanos.[30]
El conflicto en Palo Quemado no es un caso aislado. En otras regiones, como Zamora Chinchipe, Imbabura, Orellana y Pastaza, las empresas extractivas han utilizado tácticas similares, incluyendo el uso de grupos paramilitares para intimidar a la población. Estos hechos revelan un patrón sistemático de represión estatal y empresarial contra comunidades que resisten a la expansión minera y petrolera.[31]
A pesar de la suspensión de la consulta ambiental y la orden de retirar las fuerzas represivas, el Gobierno de Daniel Noboa continúa promoviendo la minería con apoyo de grupos armados, criminalizando la protesta y violentando los derechos de las comunidades.
Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, advirtió: “Está claro que Noboa y su Gobierno no combaten la inseguridad. Con 137 asesinatos durante el último feriado de Semana Santa, ¿dónde estaba el Presidente de la República? No sirve para combatir la inseguridad, sino para combatir a las organizaciones populares, a los campesinos e indígenas. Todo lo que hace es para terminar de consolidar el proyecto neoliberal, que es inhumano y empobrece. (…) No les sorprenda, que estarán construyendo [supuestos] vínculos con el narcotráfico. Seguro lo van a hacer. Tienen una actitud fascista”.[32]
En este contexto, Noboa acelera tendencias autoritarias: interviene poderes, criminaliza adversarios y desgasta el Estado de derecho, todo mientras actúa más como candidato que como presidente. Responde a una tradición oligárquica con un gen autoritario, donde la política es vista como un instrumento de dominación y no de diálogo. Ha logrado capitalizar la creciente demanda social por un liderazgo fuerte, reflejada en encuestas que indican una preferencia por modelos de gobierno autoritario. Sin embargo, las crisis económica, social, energética, política y de seguridad, en un marco de manipulación maniquea entre correísmo-anticorreísmo, parecen no encontrar salida. El futuro cercano de Ecuador plantea desafíos complejos, con altas probabilidades de asistir a nuevos ciclos de protesta social, cuyo desenlace dependerá de la continuidad o no de las políticas neoliberales y autoritarias.
Pablo Ortiz-T. es sociólogo y profesor universitario. Coordinador del Grupo de Investigación Estado y Desarrollo GIEDE de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS) - Sede Quito. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.
Notas y referencias
[1] INEC. (2024). Visualizador de Proyecciones Poblacionales.
https://proyeccionespoblacionales.ecudatanalytics.com/
[2] Ospina, P. (2024) Daniel Noboa’s Ecuador: “Iron Fist” as Electoral Strategy. NACLA. https://nacla.org/daniel-noboa-ecuador-iron-fist-electoral-strategy
[3] Ortiz, S. (2024). Protests and Citizens’ Revolution in Ecuador under Post-Neoliberalism. Popular Politics and Protest Event Analysis in Latin America, 238.
[4] Banco Central del Ecuador. (2024) Informe de Resultados. Flujo de Remesas. https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/Remesas/ere2024II.pdf
[5] Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador. (2024). Estadísticas Deuda Pública. https://www.finanzas.gob.ec/https-wwwdeuda-publica-nueva-metodologia/
[6] Ávila, D. (2024). “Marco Flores: Incremento del IVA sí impactó en los siete millones de pobres del Ecuador”. 29.1.25, Radio Pichincha. https://www.radiopichincha.com/marco-flores-incremento-del-iva-si-impacto-en-los-siete-millones-de-pobres-del-ecuador/
[7] Collaguazo, K. (2024). El ajuste recesivo del FMI: epicentro de la crisis económica en Ecuador. Observatorio de la Dolarización. https://dolarizacion.org/2024/12/13/el-ajuste-recesivo-del-fmi-epicentro-de-la-crisis-economica-en-ecuador/
[8] OECD. (9 de diciembre de 2024). Latin American Economic Outlook 2024. Ecuador. https://www.oecd.org/en/publications/latin-american-economic-outlook-2024_c437947f-en/full-report/ecuador_624094b0.html
[9] CEPAL. (2024). Informe Nacional Ecuador 2024. https://www.cepal.org/sites/default/files/static/files/ecuador_-_informe_nacional_3.pdf
[10] CEPAL. (2024). Panorama Social de América Latina y el Caribe, 2024: desafíos de la protección social no contributiva para avanzar hacia el desarrollo social inclusivo. https://www.cepal.org/es/publicaciones/80858-panorama-social-america-latina-caribe-2024-desafios-la-proteccion-social
[11] INEC. (2024). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/estadisticas-laborales-enemdu/
[12] Baez, J. (2024). “Enclave Política 29/04/24: Acuerdos entre el Gobierno de Daniel Noboa y el FMI”. Telesur. https://www.youtube.com/live/KcmJCsFGy_I?si=nQaA-WnuxLSGrU9p
[13] INEC. (2024). Boletín Técnico N.º 12-2024-ENEMDU. https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2024/Junio/202406_Boletin_pobreza_ENEMDU.pdf
[14] Córdova Alarcón, L. (2024). “¿Cómo Ecuador descendió al infierno homicida?” NUSO. https://nuso.org/articulo/como-ecuador-descendio-al-infierno-homicida /
[15] OECO. (2024). Boletín semestral de homicidios intencionales en Ecuador: 2024. Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.https://oeco.padf.org/boletin-semestral-de-homicidios-intencionales-en-ecuador-enero-junio-2024 /
[16] “Enero de 2025 termina en Ecuador con más de 700 homicidios”. Prensa Latina, 31 de enero de 2025. https://www.prensa-latina.cu/2025/01/31/enero-de-2025-termina-en-ecuador-con-mas-de-700-homicidios/
[17] INREDH. (2024). Informe sobre los hechos de violencia policial y militar durante la Declaratoria del Decreto 111. Quito. https://inredh.org/archivos/pdf/informe-inredh-vulneraciones-decreto111cani.pdf
[18] HRW. (2024). Ecuador: Abusos luego del anuncio de un “conflicto armado”. En: https://www.hrw.org/es/news/2024/05/22/ecuador-abusos-luego-del-anuncio-de-un-conflicto-armado
[19] INREDH. (2024). Informe sobre hechos de violencia policial y militar durante la Declaratora del Decreto 111. Quito. https://inredh.org/archivos/pdf/informe-inredh-vulneraciones-decreto111cani.pdf
[20] Orlando Perez. “Conmociona a Ecuador muerte de cuatro menores tras detención por soldados”. La Jornada, 1 de enero de 2025. https://www.jornada.com.mx/noticia/2025/01/01/mundo/conmociona-a-ecuador-muerte-de-cuatro-menores-tras-detencion-por-soldados-4767
[21] “Charred bodies found near Ecuador military base are 4 boys who went missing while playing soccer, officials say”. CBS News, 1 de enero de 2025. https://www.cbsnews.com/news/ecuador-missing-boys-bodies-found-near-military-base/
[22] CONAIE. "Justicia para nuestros niños". Facebook, 3 de enero de 2025. https://www.facebook.com/share/p/1BKaSzX2ib/
[23] Consejo Ampliado PAKKIRU. Resoluciones Consejo Ampliado PAKKIRU N° 1-001-2024, 15 de enero de 2024. https://pakkiru.org/2024/01/15/resoluciones-consejo-ampliado-n-01-001-2024/
[24] “Proyecto para construir una cárcel genera rechazo en Pastaza”. Primicias, 11 de enero de 2025 En https://www.primicias.ec/noticias/sociedad/pastaza-carcel-autoridades-indigenas/
[25] El Observador Pueblo. (9 de febrero de 2024). Kichwa de Santa Clara se levanta en contra de la cárcel de máxima seguridad. https://elobservador.ec/pueblo-kichwa-de-santa-clara-se-levanta-en-contra-de-la-carcel-de-maxima-seguridad/
[26] INREDH. (2024). Comunidad en resistencia: Oposición a la cárcel de máxima seguridad en Archidona. https://inredh.org/comunidad-en-resistencia-oposicion-a-la-carcel-de-maxima-seguridad-en-archidona/
[27] Karol Jaramillo. "Denuncia Pública: Gobierno de Daniel Noboa criminaliza, militariza y reprime a moradores de Palo Quemado”. Alianza por los DDHH en Ecuador, 20 de marzo de 2024. https://alianzaddhh.org/?p=241658
[28] “Ciudadano fue herido por represión policial en Palo Quemado, denuncia la CONAIE”. Radio Pichincha, 27 de marzo de 2024. https://www.radiopichincha.com/ciudadano-fue-herido-por-represion-policial-en-palo-quemado-denuncia-la-conaie/
[29] “Palo Quemado: Juez de Sigchos ordena suspensión provisional de consulta ambiental”. Primicias, 26 de marzo de 2024. https://www.primicias.ec/noticias/economia/palo-quemado-suspension-provisional-consulta-ambiental/ 26/03/24
[30] Vela, J. Ningún acto violento será tolerado, afirmó el Jefe del Comando Conjunto de las FF. AA., Jaime Vela. Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República. Boletín Nº166 26 de marzo de 2024. https://www.comunicacion.gob.ec/ningun-acto-violento-sera-tolerado-afirmo-el-jefe-del-comando-conjunto-de-las-ff-aa-jaime-vela/
[31] Cf.al respecto: Massa-Sánchez, P., Cisne Arcos, R. D., & Maldonado, D. “Minería a gran escala y conflictos sociales: un análisis para el sur de Ecuador”. Problemas del desarrollo 49, 2018, (194), 119-141; Trujillo, P., & Collaguazo, R. N. “Conflicto minero, derechos humanos y la defensa del territorio Shuar”. Homa Pública - Revista Internacional de Derechos Humanos y Empresas, 5(2), 087-087, 2021; Quiliconi, C., & Vasco, P. R. Chinese mining and indigenous resistance in Ecuador. Carnegie Endowment for International Peace, 2021; Warnaars, X. S., & Bebbington, A. (2016). Negotiable differences? Conflicts over mining and development in South East Ecuador. In Natural Resource Extraction and Indigenous Livelihoods (pp. 109-128). Routledge.
[32] Iza, L. “Hay elementos para un juicio político al Pdte. Debe haber una postura clara del primer poder del Estado”. Ecuador en Directo, 7 de mayo de 2024. https://youtu.be/VKtocL-GCB0?si=OPbECAh3-dxTuQTM
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