El Mundo Indígena 2022: Bolivia
Según el Censo Nacional de 2012, el 41 por ciento de la población boliviana mayor de 15 años es de origen indígena, aunque las proyecciones de 2017 del Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que ese porcentaje se habría ampliado al 48 por ciento. De los 36 pueblos reconocidos en el país, habitan en los Andes mayoritariamente los de habla quechua (49,5 por ciento) y aymara (40,6 por ciento), que se auto-identifican con 16 nacionalidades. En las Tierras Bajas, son mayoría los chiquitano (3,6 por ciento), guaraní (2,5 por ciento) y moxeño (1,4 por ciento), que junto al 2,4 por ciento restante componen los 36 pueblos indígenas reconocidos. Hasta la fecha, los pueblos indígenas han consolidado en propiedad colectiva 23 millones de hectáreas bajo la figura de Tierras Comunitarias de Origen (TCO), que representan el 21 por ciento de la extensión total del país. Con la aprobación del decreto Nº 727/10, las TCO adquirieron la denominación constitucional de Territorio Indígena Originario Campesino (TIOC). Bolivia ha ratificado los principales convenios internacionales de Derechos Humanos, es signataria del Convenio Nº 169 de la OIT desde 1991 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas está plenamente vigente desde la aprobación de la Ley Nº 3760, el 7 de noviembre de 2007. Con la nueva Constitución Política del Estado, en 2009 Bolivia adoptó la denominación de Estado Plurinacional.
Elecciones subnacionales y de representantes indígenas
El 7 de marzo, se realizaron las elecciones de todas las autoridades subnacionales en el país —gobernadores, alcaldes, asambleístas y concejales—, incluyendo los representantes indígenas en los órganos deliberativos donde han logrado espacios definidos por la Ley del Régimen Electoral, los estatutos departamentales y cartas orgánicas municipales. Fueron elegidos por normas y procedimientos propios[1] 51 representantes indígenas —entre titulares y suplentes— en ocho de las nueve asambleas departamentales y en tres concejos municipales.
La presencia indígena en cada uno de los órganos de poder de Bolivia es muy significativa, pero no existe a la fecha una evaluación integral sobre el rol que cumplen. La gran mayoría de las representaciones son definidas en las organizaciones regionales o de pueblo. Si bien algunos se vuelven útiles herramientas para la consecución de las demandas, en su gran mayoría puede apreciarse que el sistema político termina por fagocitarse el cupo bajo las conocidas lógicas de presión y chantaje de las cuales es difícil abstraerse. Es más, en no pocos casos los representantes pueden volverse agentes de intereses foráneos en las organizaciones y territorios donde fueron elegidos.
Probablemente esta situación de amplia presencia, pero baja incidencia real en las decisiones que adoptan tales órganos refleja la mentada inserción subalterna que los pueblos indígenas tienen en este Estado autoproclamado Plurinacional Comunitario. Se trata de temas que se debaten escasamente en las organizaciones, las cuales se han transformado de a poco en espacios de legitimación para cargos públicos o candidaturas partidarias. Y no puede decirse que los cupos sean meramente simbólicos, en casi todos los casos son determinantes para la estructuración de mayorías. El mismo razonamiento puede ser aplicado a la presencia indígena en los otros órganos, como el Judicial o el Electoral, donde en el momento que les tocó actuar, cumplieron un papel que tuvo serias observaciones[2].
En este proceso electoral, nuevamente las oposiciones regionales lograron importantes resultados sobre el Movimiento al Socialismo (MAS). Los más elocuentes se registraron en las ciudades capitales de departamento del eje La Paz-El Alto[3]-Cochabamba-Santa Cruz, donde se concentra alrededor del 75 por ciento de la población nacional, triunfando por amplios márgenes. El Movimiento al Socialismo perdió las gobernaciones de La Paz, Chuquisaca, Beni y Pando, que se sumaron a las de Santa Cruz y Tarija, ya controladas por la oposición. Estos resultados se explican en buena medida por el giro agresivo que adoptó el gobierno respecto a la oposición política, que cambió el discurso conciliador y de unidad expresado en sus primeros actos, sobre todo a partir del vicepresidente indígena David Choquehuanca. Esta agresividad se expresó en la sustanciación de la causa por “terrorismo” fundada contra la expresidenta Jeanine Añez y varios de sus colaboradores. Así también como contra los líderes cívicos que protagonizaron la protesta que derivó en la renuncia de Evo Morales en 2019, que el gobierno actual entiende que fue un “golpe” de Estado por la intervención decisiva de las fuerzas policiales y militares [4].
El conflicto por la tierra en la región del Oriente
Desde los años 2014-2015, poco después de las grandes titulaciones de los territorios indígenas logradas bajo la alianza de las organizaciones indígenas con el gobierno de Evo Morales, el territorio volvió a ponerse en el centro de las preocupaciones, no ya para reivindicar su reconocimiento y formalización legal, sino para la defensa frente a decisiones estatales de disposición de sus recursos naturales, o la realización de planes y proyectos de “desarrollo” inconsultas. En aquellos años, la defensa se expresó en la oposición indígena a que se desarrollen operaciones que tenían —y siguen teniendo— como actores a la empresa petrolera nacional, la corporación estatal de la minería o empresas transnacionales.
Sin embargo, durante el gobierno transitorio de Jeanine Añez y con mayor fuerza desde la asunción del presidente Luis Arce, se suma otro actor que comienza a descollar en esta avanzada desarrollista: el campesinado migrante andino en las Tierras Bajas, antiguo aliado de los pueblos indígenas en el llamado Pacto de Unidad[5], que se empoderó durante el gobierno Morales. En el contexto normativo, se vio favorecido con los acuerdos adoptados por el gobierno con el empresariado agroindustrial de Santa Cruz en el período 2014-2019, y con un proceso administrativo de distribución de tierras fiscales que lo tienen como actor privilegiado.
En su momento, los sectores ambientalistas denunciaron el gran paquete de normas “incendiarias” que activaban los fuegos en la región a partir de la flexibilización de las restricciones para el desmonte de bosques, que favorecían tanto a sectores medianos y grandes disfrazados de comunidades campesinas. Pero las instancias de control administrativo hicieron poco y nada para impedir que los bosques de esta región sean nuevamente afectados por las llamas[6].
La victoria del principal adversario político del MAS en la gobernación de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, hizo que éste iniciara una gran campaña mediática destinada a generar apoyos regionales para frenar la arremetida judicial del gobierno que empezó a importunarlo[7]. La campaña se centró en el siempre efectivo recurso del irresuelto problema de la tierra[8] y utilizó temas reales, como los asentamientos autorizados por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)[9] en gestiones anteriores a campesinos en áreas fiscales con restricciones ambientales para el desarrollo de actividades productivas. Se activó entonces una especie de “defensa de los territorios indígenas ancestrales de Santa Cruz”, llegando a organizar un Congreso por la Tierra[10], con gran apoyo mediático que amplificó el conflicto, aunque al margen de los pueblos que decían representar[11].
En este contexto, las organizaciones indígenas, como la nacional CIDOB de las Tierras Bajas u otras organizaciones regionales, inmersas en sus crisis, quedaron en el mejor de los casos como espectadores de un conflicto.
Del otro lado, la nueva gestión del INRA atravesó una situación compleja por los contagios de Covid-19 de muchos de sus funcionarios y las dificultades para gestionar una caótica institución que necesita ser reorganizada y se encuentra desfinanciada y acusada de validar la estrategia de avasallamientos del campesinado andino. Las buenas intenciones condecían poco con lo que se observaba, un campesinado empoderado tomando control de las instancias nacionales de áreas protegidas, medio ambiente, y ejerciendo presión en múltiples escenarios para forzar decisiones que avalen una política de reparto de tierras que les favoreciera en áreas de alta sensibilidad social y ambiental.
La estrategia del INRA de diálogo sectorial con el fin de despolitizar la cuestión agraria no tuvo los resultados esperados[12], puesto que los asentamientos en zonas boscosas avalados por el mismo Estado y los posteriores incendios forestales provocados, dejaban poco margen para creer que el conflicto se tratara solamente de una táctica defensiva de la oposición al gobierno, así como los flagrantes casos de corrupción que se conocieron, como el del Ministro de Desarrollo Rural y Tierras que fue aprehendido en plena vía pública recibiendo un soborno de 20 mil USD.[13] En octubre un avasallamiento de tierras adquirió ribetes dramáticos con el secuestro de periodistas y funcionarios del INRA en el predio Las Londras a manos de los campesinos avasalladores, cuya causa judicial ha avanzado poco hasta la fecha, en tanto la dudosa posición al respecto que tienen los funcionarios públicos secuestrados y el tráfico de tierras que enloda tanto empresarios avasallados como campesinos avasalladores.[14]
Movilizaciones indígenas en Tierras Bajas
A esto las organizaciones y los gobiernos autónomos indígenas libran sus propias batallas en sus territorios con problemas similares. Es el caso de las de la Amazonía Norte y Sur, quienes elaboraron una plataforma reivindicativa después de un evento regional, desde donde interpelan al Estado demandando la recomposición de la agenda histórica indígena[15]. La acción directa que acompañó esta agenda fue el bloqueo de carreteras en la ruta que une San Ignacio de Moxos con San Borja (Beni) en la última semana de agosto de 2021. Resultado de esta acción se firmaron diferentes acuerdos sobre el estatuto de autonomía del Territorio Indígena Multiétnico, la conclusión de los procesos de titulación de los territorios mojeños, la modificación de la Ley de Autonomías y otras de orden local[16].
Al mismo tiempo, el pueblo Guaraní de la autonomía Charagua Iyambae en Santa Cruz sufrió la arremetida de múltiples asentamientos de campesinos en el área protegida Ñembi Guasu (Gran Refugio), amparados en resoluciones administrativas del INRA. El gobierno indígena llamó al diálogo a las autoridades competentes, logrando compromisos de revisión de las resoluciones en base a la normativa nacional e internacional que tutelan el medio ambiente y los derechos indígenas. Anticipando el posible incumplimiento de los acuerdos, el gobierno indígena interpuso una Acción Ambiental Preventiva ante el Juzgado Agroambiental de Camiri[17], a través de la cual obtuvo una medida cautelar preventiva de paralización de actividades en toda el área protegida que pongan en riesgo la estabilidad ambiental y los derechos indígenas en esa zona, transitada además por familias ayoreas en aislamiento voluntario, delegándole además al gobierno indígena guaraní la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir estas determinaciones[18]. Estas acciones contaron con el acompañamiento de todos los órganos de gobierno de la autonomía de Charagua Iyambae, sus organizaciones reivindicativas —las cuatro capitanías Alto y Bajo Isoso, Charagua Norte y Charagua Sur—-, así como un equipo especializado de técnicos y abogados articulados entorno a la Plataforma Interinstitucional de Apoyo al GAIOC Charagua Iyambae, que dio sustento técnico y legal a todas las acciones emprendidas [19].
El 24 de agosto, cuatro días después de haberse cerrado los acuerdos en San Ignacio de Moxos entre varias reparticiones estatales y las organizaciones de la zona, una centena de indígenas salieron de Trinidad-Beni hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, conducidos por el líder de la Primera Marcha Indígena Por el Territorio y la Dignidad de 1990 y expresidente de la organización indígena de tierras bajas CIDOB, Marcial Fabricano Noe. Esta marcha se inició pidiendo el cese de los avasallamientos de campesinos y colonos a sus territorios, respeto a su dignidad como pueblos indígenas y a su cultura, en tanto se estaría operando en el país no solo un avasallamiento territorial sino también cultural[20]. En realidad, la plataforma de demandas se fue conociendo a medida que la movilización fue avanzando, en tanto sus líderes tomaron la decisión de ir construyéndola durante la caminata. La marcha acaparó la atención de los medios como nunca antes, logrando la adhesión y solidaridad de la mayoría de la población urbana. En Santa Cruz la marcha fue utilizada para apoyar las demandas que la gobernación y los cívicos de esta ciudad tienen contra el gobierno central. Siendo Santa Cruz donde el principal bastión opositor, la adhesión urbana fue continua, frente al silencio del movimiento indígena organizado y las organizaciones de apoyo.
Durante la marcha sus líderes propusieron la creación de un “Parlamento Indígena” como un espacio de diálogo, construcción de propuestas e interpelación al Estado. Sin embargo, el gobierno nacional degradó la movilización, a sus representantes e incluso el “Parlamento”, acusándolo de no tener relación con ninguna organización del movimiento indígena, ni haber sido conformado como fruto de una decisión del espacio orgánico reconocido. El “Parlamento” sesionó en el coliseo deportivo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, donde la marcha pernoctó casi tres meses. Elaboraron un documento general de 15 demandas, donde se recogen varias de las que tiene el movimiento indígena organizado, como la anulación de todas las normas legales que permiten asentamientos de nuevos colonos, un decreto para asignar un porcentaje de dividendos por la explotación petrolera y de gas y la anulación de todos los proyectos hidroeléctricos en sus tierras[21]. La actual directiva de la CIDOB invitó al Parlamento a articular las demandas con las de las organizaciones, pero estas iniciativas fueron rechazadas por considerar que la actual dirigencia es muy cercana al MAS.
Sobre el Estatuto Autonómico del TIM
El Territorio Indígena Multiétnico (TIM) es un territorio ubicado en la Sub-Amazonía en los llanos del Gran Moxos donde habitan 26 comunidades de los pueblos Mojeño-Trinitario, Mojeño-Ignaciano, Movima, T’simane y Yuracaré. En 2010 la Asamblea Territorial tomó la decisión de iniciar el trámite de acceso a la autonomía, dando paso a un burocrático proceso que atraviesa los cuatro órganos del Estado.[22] El Tribunal Constitucional había evacuado la Declaratoria de Constitucionalidad del estatuto del TIM en noviembre de 2017[23]. Sin embargo al momento de refrendarlo en el territorio se planteó el conflicto de si debiera hacerse vía referéndum, tal como mandaba la Ley de Autonomías Nº 31/10 y el mismo estatuto o la reciente modificación operada a dicha norma por la Ley Nº 1198/19, que dejaba al territorio a que decidiera por normas y procedimientos propios, es decir ejerciendo plenamente su libre determinación reconocida expresamente en la Constitución. Ante el conflicto por la entrada en vigencia posterior de la Ley 1198/19, la decisión del Órgano Electoral fue rechazar la aplicación de la nueva disposición y el conflicto fue a dar nuevamente al Tribunal Constitucional. Después de un año y los compromisos obtenidos en la movilización de Moxos indicados antes, el tribunal emitió la nueva DCP Nº 0033/2021 con la que declaró la compatibilidad plena de la norma indígena con la Constitución.
Para conformar gobierno todavía queda esperar que el Órgano Electoral valide la aprobación que ya hizo el TIM del estatuto y que la Asamblea Legislativa apruebe la ley de creación de la nueva unidad territorial, que operará un desprendimiento territorial-administrativo del TIM de los municipios de San Ignacio de Moxos, San Borja y Santa Ana del Yacuma, se trataría del primero en Bolivia en cumplimiento de la Carta Magna emergente de la Asamblea Constituyente de 2006. Cabe recordar que en este proceso, el TIM había logrado, en diálogo con el gobierno del expresidente Evo Morales, titular más de 180 mil hectáreas, adicionales a las más de 350 mil originales reconocidas en el título de 2009 que recogía la superficie establecida en el decreto de 1990. Esta última área comprende el llamado Bosque de Chimanes, lugar de larga explotación maderera y a la vez escenario de las movilizaciones durante varios períodos de la historia de búsqueda de la llamada Loma Santa recuperada ya definitivamente como territorio de la nueva jurisdicción de la autonomía indígena del TIM.
Leonardo Tamburini es director Ejecutivo de ORÉ (Organización de Apoyo Legal y Social), abogado por la Università degli Studi di Macerata (Italia), exdirector del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS)-Bolivia y asesor legal de la Autonomía Guaraní de Charagua Iyambae.
Este artículo es parte de la 36ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra mujeres indígenas que se ponen de pie y asumen el mando en la lucha por los derechos territoriales de su comunidad en Jharkhand, India. Fotografiada por Signe Leth, es la portada del Mundo Indígena 2022 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2022 completo aquí
Notas y referencias
[1] Nomenclatura adoptada por la nueva Constitución Política del Estado y toda la legislación de desarrollo para referirse a los “usos y costumbres”, que se entiende un rezago colonial.
[2] Concretamente el de la vocal María Choque, una de los artífices de la habilitación de Evo Morales como candidato a presidente del Estado, pese a que el referéndum del 21 de febrero de 2016 había negado tal posibilidad.
[3] Tal vez el caso de El Alto debiera tener una interpretación particular, en tanto la alcaldía fue ganada por Eva Copa, la expresidenta del Senado durante el gobierno de transición de Jeanine Añez, quien se presentó como disidente del MAS aunque alejada del esquema opositor al gobierno.
[4] “Detienen a Janine Añez en Bolivia por el ‘caso golpe de Estado contra Evo Morales’”. BBC, 12 de marzo de 2021. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56381792
[5] Articulación de organizaciones nacionales de campesinos, mujeres campesinas, colonos y pueblos indígenas de las tierras altas y bajas.
[6] Hasta septiembre, más de tres millones de hectáreas habían sido afectadas por fuego en el Oriente de Bolivia. https://es.mongabay.com/2021/10/bolivia-incendios-forestales-bosques/
[7] A partir del caso llamado “golpe de Estado” por el cual se detuvo a la expresidenta Jeanine Añez, y que investiga la renuncia del presidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, después de haberse anulado las elecciones nacionales de ese año a partir de un informe de la OEA.
[8] Gabriel Diez Lacunza. “Casi 7 millones de ha están con controversias por sobreposición”. Fundación Tierra, 15 de agosto de 2021.https://ftierra.org/index.php/tema/tierra-territorio/993-casi-7-millones-de-ha-estan-con-controversias-por-sobreposicion
[9] Organismo técnico administrativo del Estado competente para otorgar derechos sobre la tierra en el país, de competencia nacional.
[10] Alvaro Rosales Melgar. “Conoce las nuevas resoluciones del ‘Congreso por la Tierra’ que apuntan a defender la Chiquitania y el departamento”. El Deber, 2 de julio de 2021. https://eldeber.com.bo/santa-cruz/conoce-las-nueve-resoluciones-del-congreso-por-la-tierra-que-apuntan-a-defender-la-chiquitania-y-el-_237560
[11]“La Organización Indígena Chiquitana se declara en emergencia ante el avasallamiento de sus tierras”.CEJIS, 19 de junio de 2021. https://www.cejis.org/la-organizacion-indigena-chiquitana-se-declara-en-emergencia-ante-el-avasallamiento-de-sus-tierras/
[12] El director nacional del INRA decidió no asistir a las numerosas invitaciones a sesionar en la Comisión Agraria Departamental de parte del gobernador Camacho, optando por una estrategia de diálogos intersectoriales para abordar las problemáticas de cada sector por separado, evitando que los espacios colectivos se transformen en tribunales inquisitorios contra su gestión.
[13] “Aprehenden al ministro de Desarrollo Rural, Edwin Characayo, por recibir soborno”. El Deber, 14 de abril de 2021.https://eldeber.com.bo/pais/aprehenden-al-ministro-de-desarrollo-rural-edwin-characayo-por-recibir-soborno_227994
[14] Gonzalo Colque. “Caso Las Londras, ¿por qué debemos exponer a los traficantes de tierras al escrutinio público?”. Fundación Tierra, 24 de noviembre de 2021. https://ftierra.org/index.php/opinion-y-analisis/1012-caso-las-londras-por-que-debemos-exponer-a-los-traficantes-de-tierras-al-escrutinio-publico
[15] Los temas de la agenda que definieron fueron: 1) Autonomías Indígenas y autogobierno, 2) Reconocimiento a la existencia de los Pueblos Indígenas en el Estado Plurinacional, 3) Derechos y representación política, 4) Tierra y territorio, 5) Abrogación del Plan de Uso de Suelos (PLUS) del Beni, 6) Defensa del Territorio indígena y parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), 7) Obras públicas y acceso a servicios básicos, y 8) Salud y educación. Consultar: https://www.cipca.org.bo/noticias/organizaciones-indigenas-del-beni-articulan-sus-demandas-y-se-movilizan-para-exigir-el-ejercicio-de-sus-derechos
[16] “Indígenas del Beni levantan el bloqueo tras firma de acuerdos con el gobierno municipal de San Ignacio de Moxos”. Agencia de Noticias Fides, 20 de agosto de 2021. https://www.noticiasfides.com/nacional/sociedad/indigenas-del-beni-levantan-el-bloqueo-tras-firma-de-acuerdos-con-el-gobierno-municipal-de-san-ignacio-de-mojos--411239
[17] En Bolivia está constitucionalizada la Jurisdicción Agroambiental, instancia de justicia administrativa especializada competente sobre conflictos y resolución de derechos sobre tierras, aguas y bosques.
[18] Auto de 9 de septiembre 2021. Juzgado Agroambiental Camiri.
[19] La Plataforma está compuesta por las instituciones CIPCA, CEJIS, Fundación Centro Arakuaarenda, Fundación Nativa, Fundación Natura Bolivia, ORÉ y WWF Bolivia.
[20] Yvette Sierra Praeli. “Bolivia: gran marcha indígena reclama respeto por su territorio y demanda reunión con el presidente”. Mongabay, 12 de octubre de 2021. https://es.mongabay.com/2021/10/bolivia-gran-marcha-indigena-territorio-invasiones/
[21] Indígenas bolivianos caminan 550 kilómetros en defensa de territorios. DW, 1 de octubre de 2021 https://www.dw.com/es/ind%C3%ADgenas-bolivianos-caminan-550-kilómetros-en-defensa-de-territorios/a-59372308
[22] En tanto deben probar que el territorio sobre el cual demandan constituir su gobierno les pertenece “ancestralmente” pese a estar titulado por el mismo Estado en su favor, el estatuto debe ser revisado y validado por el Tribunal Constitucional, debe crearse con ley de la Asamblea Legislativa Plurinacional una nueva unidad territorial y todas las decisiones que adopten como territorio, para ser válidas, deben ser previamente supervisadas por el Órgano Electoral.
[23] Declaratoria Constitucional Plurinacional (DCP) 0092/2017 del 15 de noviembre.
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