El Mundo Indígena 2024: Argentina
Argentina es un país federal integrado por 23 provincias y una ciudad autónoma (Buenos Aires, capital), con una población total de 45.892.285 millones de personas, según los datos del censo de 2022. Este último censo no brinda datos específicos de la cantidad de población indígena existente en el país y que se autoperciben como indígenas. Son 35 los pueblos indígenas oficialmente reconocidos, aunque los procesos de recuperación identitaria son dinámicos y este número es variable, llegando a alrededor de 40 pueblos, de acuerdo a sus organizaciones. Legalmente poseen derechos constitucionales específicos a nivel federal y en la mayoría de Estados provinciales.
Además, están vigentes, conformando el bloque de constitucionalidad, un conjunto de tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, entre otras. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene jerarquía supra legal (no se encuentra dentro del bloque de constitucionalidad), fue ratificado en 2000 y está vigente con estatus de tratado internacional desde 2001. Asimismo, en Argentina se encuentran vigentes, y tienen fuerza normativa, la Declaración de las Naciones Unidas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Argentina está enfrentando un profundo cambio de las estructuras estatales, producto del resultado de las elecciones nacionales de 2023 y una nueva gestión de gobierno, autodenominada “libertaria”. En este contexto, se vislumbra una profundización de un paradigma alejado del reconocimiento de los derechos indígenas, principalmente de sus derechos territoriales.
Si bien esta nueva gestión asumió en diciembre de 2023, ya sus primeras medidas auguran un escenario político y jurídico desfavorable para los pueblos indígenas. El 2023 estuvo signado por la campaña electoral y por las pujas políticas y, a su vez, las comunidades indígenas no fueron ajenas a las tensiones que se generaron. Al momento de escribir este informe, se está debatiendo un decreto de necesidad y urgencia (DNU, ostensiblemente inconstitucional) y una Ley “Ómnibus” (llamada así por la diversidad de temas que incluye). Estas iniciativas transforman radicalmente aspectos económicos, sociales, laborales y políticos, que como no podía ser de otra manera, impactan en los derechos vigentes de los pueblos indígenas. Basta mencionar que en el DNU se deroga la Ley 26.737 de protección de tierras rurales, conocida como la Ley de Tierras, que establece un marco para evitar la extranjerización de tierras que son muy requeridas, precisamente para el avance de las actividades extractivas, negocios inmobiliarios, entre otras cuestiones. Ambas herramientas normativas se encuentran pendientes de aprobación por el Parlamento, y el DNU a la fecha tiene múltiples cuestionamientos en sede judicial.
Las comunidades indígenas y sus organizaciones (entre otras, la Confederación Mapuche Neuquina, CMN) rechazan estos instrumentos jurídicos porque atentan contra su territorio al promover el modelo extractivo; socavar la soberanía alimentaria, y generar las condiciones para la concentración del poder económico.
La situación actual fue gestándose, en algún sentido, con el anterior gobierno –que, en definitiva, abrió las puertas al modelo libertario- y se encuentra refrendada en decisiones de los gobiernos provinciales. Basta señalar como una enorme fuente de conflictos con las comunidades indígenas, que aún subsiste, la reforma constitucional llevada adelante por el gobierno de la provincia de Jujuy. La reforma inconsulta con las comunidades y profundamente inconstitucional (no cumplió con los requisitos de forma y fondo), construye un modelo estatal que avanza sobre los territorios. Fue centralmente pensada para la ampliación de la explotación del litio, principal recurso de la región y globalmente muy requerido por sus usos y las limitaciones de su existencia.
Esta reforma constitucional, sin participación ciudadana, sin consulta a los pueblos indígenas, en tiempos excesivamente cortos, atenta contra cualquier principio democrático. Si bien el texto incluye temas que en la actualidad serían considerados “políticamente correctos”, tales como el cambio climático, el bienestar animal, el bienestar espiritual, etc.; una lectura atenta desnuda finalidades incompatibles con un Estado que se pretende construir como igualitario, y que discursivamente señala que respeta a los pueblos indígenas. Las movilizaciones indígenas que se están desarrollando desde junio de 2023 cuestionando su legitimidad (y que llegaron a la Ciudad de Buenos Aires), y la represión ordenada por el gobierno para acallar las protestas, dan cuenta de ello.
Por otra parte, es interesante prestar atención a una nueva forma de despojo territorial de los pueblos indígenas, a través de la creación de parques nacionales y reservas naturales de manera inconsulta, instalando una suerte de “modelo neocolonial de la conservación verde”, que configura una nueva forma expansiva sobre los territorios indígenas que ignora su presencia. Activistas, académicos y académicas denuncian la proliferación de estas estrategias, principalmente en el noroeste argentino, ejemplificando con la creación del Parque Nacional Aconquija, en la provincia de Tucumán, imponiendo visiones conservacionistas sin garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada, lo que impacta sensiblemente en la Nación Diaguita. Así fue discutido, entre otras instancias, en el XIX Congreso internacional sobre integración regional, fronteras y globalización en el continente americano de noviembre de 2023, llevado adelante en la Universidad de Chilecito, provincia de La Rioja[1].
Revisando las disputas suscitadas alrededor de los territorios indígenas en el último año, el conflicto territorial que existe en las inmediaciones de Villa Mascardi, provincia de Río Negro (ver El Mundo Indígena 2023) lejos está de resolverse. Vale la pena recordar que se produjo un violento desalojo en 2022, por el cual cuatro mujeres con sus hijos permanecieron privadas de su libertad por casi seis meses, se realizaron tres mesas de diálogo en donde se llegaron a algunos acuerdos preliminares: entre ellos se reconocía el sitio sagrado del lugar (rewe) y se facilitaba su acceso a la machi (autoridad espiritual) para que pueda llevar adelante sus prácticas espirituales y sanadoras. Asimismo, se discutió la relocalización de la comunidad indígena mapuche Lafken Winkul Mapu en las cercanías del lugar del conflicto. Luego de seis meses de firmado el acuerdo, en diciembre de 2023, el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) les informó que el acuerdo no se cumpliría, alegando “el resultado de las elecciones” y la inminente asunción de un nuevo presidente.
En definitiva, los ejemplos mencionados ilustran las dificultades de las comunidades indígenas para gozar de sus derechos territoriales, la negación permanente del Estado de su reconocimiento efectivo, y un futuro que se vaticina con mayor conflictividad.
Reafirmando derechos: la ley de consulta en la provincia de Neuquén
En diciembre de 2022 la legislatura de la provincia de Neuquén aprobó por unanimidad la Ley de Consulta Libre, Previa e Informada a las Comunidades Indígenas (Ley 3.401), de acuerdo a lo que dispone el Convenio 169 de la OIT y las Declaraciones respectivas. Dicha ley es la réplica de un Decreto del Ejecutivo que se encontraba ya vigente, y que fue consensuado con la Confederación Mapuche de Neuquén.
Esta ley, la primera en Argentina, es central para reconducir la relación con el Estado y, a través de éste, con la industria hidrocarburífera. Más aún en una provincia en donde la explotación del yacimiento “Vaca Muerta” con la técnica del fracking (fractura hidráulica que utiliza toneladas de químicos e ingentes cantidades de agua, método altamente contaminante) lleva una década, y ha ocasionado innumerables conflictos con las comunidades indígenas que habitan la zona.
Esta ley es relevante por un conjunto de razones. En primer lugar, va de la mano con lo dispuesto en los instrumentos jurídicos internacionales que están vigentes en Argentina. En segundo lugar, considera a las comunidades indígenas que habitan la provincia de Neuquén como sujetos políticos con quienes se debe dialogar. Si bien esta ley no se reduce a las cuestiones territoriales, son las que indudablemente se destacan. En tercer lugar, establece un procedimiento para implementar el derecho a la consulta.
Sin embargo –advirtiendo que esta ley merece un análisis más exhaustivo- tiene dos aspectos negativos que no pueden soslayarse. Por una parte, solo pueden ejercer este derecho las comunidades con personería jurídica inscriptas en la provincia (art. 8), dejando de lado aquellas que –por las razones que fueren- no la hayan obtenido. Por la otra parte, el resultado de la consulta no es vinculante. Si bien contempla la inclusión de las observaciones o sugerencias de las comunidades, la administración finalmente puede adoptar la medida en cuestión (art. 15), lo que distorsiona en gran medida el objetivo principal de la ley.
A pesar de estas consideraciones, la promulgación de esta ley es positiva y así ha sido entendida por la Confederación Mapuche de Neuquén. El gran desafío pendiente es su implementación, y monitorear cómo su autoridad de aplicación (la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente) activará los mecanismos contemplados en la ley para una participación efectiva.
Conclusiones
El 2023 en Argentina ha estado signado por una notable ineficiencia del Estado en ejecutar sus políticas. Los pueblos indígenas, como destinatarios de ciertas políticas territoriales, no han sido ajenos a esta falta de gestión, y la parálisis para avanzar en la demarcación y posterior titulación de los territorios indígenas, ha sido evidente.
Por otra parte, y como consecuencia de lo anterior, los conflictos territoriales se agudizaron. A la falta de respuesta a nivel nacional, los Estados provinciales también han demostrado rechazo al reconocimiento, generando una protesta extendida de las comunidades indígenas y una fuente permanente de tensiones que subsisten hasta el presente.
Si bien existen algunas acciones positivas, como la promulgación de la Ley de Consulta en la provincia de Neuquén, a los aspectos controvertidos señalados debe sumarse un contexto político extremadamente incierto que pronostica un impacto directo en las comunidades indígenas. Un análisis político y jurídico de este último año permite señalar que un Estado ausente o inoperante deslegitima una gestión de gobierno, pero lo que es peor socava los derechos indígenas alcanzados, colocando a los pueblos indígenas en una situación más debilitada.
Asimismo, principalmente en un país federal como Argentina, los estados provinciales tienen un protagonismo en la protección de derechos. Aunque no han demostrado una vocación de garantizarlos, principalmente por los bienes comunes naturales presentes en su espacio geopolítico, y lo que representa la explotación del gas, petróleo o litio en términos de recursos económicos; todos estos bienes comunes naturales se encuentran presentes en los territorios reivindicados por las comunidades indígenas.
Finalmente, es racional anticipar una proliferación de disputas territoriales en el futuro inmediato, un abandono del relevamiento territorial que existe a partir de 2006 (con escasos resultados), y una priorización de actividades económicas sobre los territorios indígenas, que es abiertamente contradictoria con sus derechos.
Silvina Ramírez es abogada. Doctora en Derecho. Docente de Posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y de la Universidad de Palermo y de otras universidades argentinas y de América Latina. Integrante fundadora de la Asociación de Abogadas y Abogados de Derecho indígena (AADI). Asesora Académica del Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS). Integrante de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y referente de Argentina de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica (RELAJU).
Este artículo es parte de la 38ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra a un indígena cosechando quinoa en Sunimarka, Perú. Fotografiada por Pablo Lasansky, es la portada del Mundo Indígena 2024 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2024 completo aquí.
Notas y referencias
[1] Ver infoterritorial.com.ar. Una de las referentes de esta discusión es la activista y académica warpe Carina Jofré.
Etiquetas: Derechos Territoriales, Derechos Humanos, Empresas y derechos humanos , Conservación
