El Mundo Indígena 2021: Tanzania
Se estima que Tanzania tiene un total de 125 a 130 grupos étnicos que corresponden principalmente a las cuatro categorías de Bantúes, Cusitas, Nilo-hamitas y San. Aunque puede haber más grupos étnicos que se identifican a sí mismos como pueblos indígenas, cuatro grupos se han estado organizando a sí mismos y sus luchas en torno al concepto y al movimiento de los pueblos indígenas. Los cuatro grupos son los cazadores-recolectores Akie y Hadzabe, y los pastores Barabaig y Masái. Aunque es difícil llegar a cifras exactas, ya que los grupos étnicos no están incluidos en el censo de población, las estimaciones[1] sitúan a los Masái de Tanzania en 430.000, al grupo Datoga al que pertenecen los Barabaig en 87.978, a los Hadzabe en 1.000[2] y a los Akie en 5.268. Si bien los medios de vida de estos grupos son diversos, todos ellos comparten un fuerte apego a la tierra, identidades distintas, vulnerabilidad y marginación. Asimismo, experimentan problemas similares en relación con la inseguridad de la tenencia de la tierra, la pobreza y la inadecuada representación política.
Tanzania votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2007, pero no reconoce la existencia de ningún pueblo indígena en el país y no existe una política o legislación nacional específica sobre los pueblos indígenas propiamente dicha. Por el contrario, se están desarrollando continuamente una serie de políticas, estrategias y programas que no reflejan los intereses de los pueblos indígenas en lo que respecta al acceso a la tierra y los recursos naturales, los servicios sociales básicos y la justicia, lo que da lugar a un entorno político cada vez más deteriorado y hostil tanto para los pastores como para los cazadores-recolectores.
Caso Loliondo en el Tribunal de Justicia de África Oriental (EACJ)
La división de Loliondo, en el distrito de Ngorongoro, en la región de Arusha en el norte de Tanzania, es una zona que ha sufrido numerosos desalojos y violaciones de derechos humanos debido a su riqueza en recursos naturales. La zona limita con el Parque Nacional del Serengueti al oeste, la Zona de Conservación de Ngorongoro al sur, Kenia al norte y el distrito de Longido al este. Su situación geográfica ofrece abundantes arroyos subterráneos, praderas abiertas, acacias apetitosas y abundantes bloques de sal, que atraen a diversas poblaciones de fauna silvestre durante todo el año.
Los recursos de vida silvestre de Loliondo y su proximidad al Parque Nacional del Serengueti atraen a grandes empresas de caza y turismo fotográfico. Los conflictos graves comenzaron cuando una empresa de caza (Ortello Business Corporation) recibió una concesión de caza del Gobierno en 1991. La población indígena masái fue desalojada inicialmente en 2009 sin tener en cuenta su prueba legal de propiedad de la tierra y desde entonces se han denunciado una serie de violaciones de derechos humanos que incluyen destrucción de propiedad, golpizas y acoso a los indígenas masái.
Tras otro desalojo forzoso a mediados de 2017, cuatro consejos de aldeas (Ololosokwan, Oloirien, Kirtalo y Arash) presentaron una demanda ante el Tribunal de Justicia de África Oriental en Arusha (referencia Nº 10 de 2017) en la que solicitaron que se ordenara el cese permanente de desalojos, detenciones, enjuiciamientos y la destrucción de sus propiedades, así como indemnizaciones. Los demandantes alegan que los actos, las órdenes y las decisiones del Gobierno violan los artículos 6(d) y 7(2) del Tratado para el Establecimiento de la Comunidad de África Oriental (EAC), así como la Constitución de la República Unida de Tanzania y la Ley de Tierras Comunales de 1999.
Como parte de la directiva del Tribunal de Justicia de África Oriental, se exigió a las partes en conflicto que presentaran pruebas de la violación de derechos humanos, la ubicación de los hogares destruidos de los pastores en el momento del desalojo y pruebas legales de la propiedad de sus tierras.
Desde que se interpuso la demanda en 2017 y hasta la presentación de pruebas en 2020, el caso había sobrevivido a diferentes retos y obstáculos legales y políticos, incluidas numerosas objeciones preliminares por parte de los demandados (el Gobierno), amenazas hacia los testigos de los pueblos indígenas, dificultad para llegar a la zona, amenazas hacia los actores de la sociedad civil que apoyaban el caso, intimidación de los líderes de las aldeas locales, amenazas al perito, barreras lingüísticas debido a los bajos niveles de educación formal de los pueblos indígenas y recientemente la pandemia de COVID-19, la cual dificultó la presentación de alegatos de manera presencial y provocó problemas técnicos de comunicación. Todo lo anterior retrasó la resolución final del caso.
Uno de los asuntos más complicados que se presentó en relación con el caso en 2020 fue el hecho de que en 2019 los indígenas solicitaron a un experto en SIG que demostrara que los asentamientos incendiados en 2017 estaban dentro de las tierras de las aldeas y no dentro del Parque Nacional del Serengueti. Con gran costo, los indígenas contrataron a un perito que realizó un estudio sobre las posiciones geográficas de los asentamientos pastoriles destruidos en las cuatro aldeas de Ololosokwan, Kirtalo, Oloirien y Arash.
El informe se presentó ante el juzgado en octubre de 2019 pero lamentablemente el perito fue amenazado y por tanto no pudo comparecer a defender el informe en marzo de 2020 cuando fue citado por el tribunal, lo cual provocó un grave contratiempo y retraso en el caso. Sin embargo, en mayo de 2020 se contrató a otro perito fuera del país que consiguió presentar el informe pericial, el cual fue admitido por el tribunal en noviembre de 2020.
El 10 de julio de 2020, el Gobierno también presentó sus pruebas en forma de mapas proporcionados por su experto. A pesar de los obstáculos, el caso principal se encuentra ahora en la fase final, ya que cada parte ha aportado sus pruebas y testigos y el caso está cerrado para las presentaciones finales con los siguientes plazos: los demandantes presentarán sus alegatos principales por escrito el 31 de diciembre de 2020; el demandado presentará su réplica por escrito el 15 de febrero de 2021; y, por último, el 2 de marzo de 2021, los demandantes presentarán su contrarréplica por escrito. Se espera la decisión final en este largo e importante caso en el primer trimestre de 2021.
Algunos de los hitos importantes del caso en 2020 fueron que, por primera vez, tres altos funcionarios del Gobierno se vieron obligados a declarar ante el tribunal con contra-interrogatorios de abogados que representaban a los pueblos indígenas. Además, el tribunal emitió un fallo en el que se prohibía a la parte demandada desalojar a los indígenas, confiscar su ganado, quemar sus hogares y golpearlos. Por último, las dos últimas audiencias se transmitieron en directo en la página web del tribunal, hecho que sucede por primera vez.
La Zona de Conservación de Ngorongoro y las amenazas de desalojo de los pueblos indígenas
El destino de los cazadores-recolectores masái, barabaig y hadza, que viven en la mundialmente famosa Zona de Conservación de Ngorongoro (NCA) en el norte de Tanzania, sigue siendo incierto. La autoridad de la Zona de Conservación de Ngorongoro (NCAA) ha expresado su preocupación por el deterioro de la zona. En diciembre de 2019, la NCAA pagó a editores y periodistas para que se reunieran en un taller en Ngorongoro. El conservador de Ngorongoro suscitó un sentido de urgencia acerca de la inminente amenaza que se cernía sobre la NCA, la cual, según dijo, se debía al gran aumento de la población humana y ganadera. El periódico del Estado Daily News publicó una noticia muy engañosa el 29 de diciembre de 2020. El artículo principal se titulaba Ngorongoro en estado crítico debido al aumento de población[3] yo afirmaba que más de 100.000 pastores vivían en el cráter de Ngorongoro. Sin embargo, en realidad no vive ni un solo pastor en el cráter. El semanario Jamhuri, el cual también ha abogado por el desalojo de los pastores en otras partes del país, publicó los días 5 y 12 de enero de 2021 artículos negativos y gravemente sesgados en los que exigía el desalojo de los Masái.[4]
Diversos acontecimientos precedieron a esta publicidad negativa, entre ellos la visita del primer ministro de la República Unida de Tanzania a Ngorongoro en diciembre de 2016.[5] Tras la visita, se prohibió la entrada de ganado en varias zonas de la NCA, como el cráter de Ngorongoro, el valle de Olmoti, el valle de Embakaai, el lago Ndutu, Masek y la Reserva Forestal del Norte. Todas estas zonas son fundamentales para el ganado.
Otras cuestiones relacionadas e importantes son el desarrollo de un nuevo Plan General de Gestión de Ngorongoro, el cual comenzó en agosto de 2017; una enmienda a la ley sobre la NCA, que inició en 2018; y un Grupo de Trabajo conformado por el secretario permanente del Ministerio de Recursos Naturales y Turismo en 2018 para revisar el Modelo de Usos Múltiples de la Tierra (MLUM) de la NCA y para recomendar opciones de gestión.[6] Estos procesos continuaron a lo largo de 2020 con una representación nula o insuficiente de los habitantes indígenas.
Los residentes indígenas se quejaron en 2020 de haber sido dejados de lado en los tres procesos. Tres miembros de la comunidad (cuidadosamente seleccionados) fueron incorporados al Grupo de Trabajo y luego fueron retirados al instante sin que hubiesen asistido a ninguna reunión. En una reunión celebrada en Dodoma en abril de 2020, los residentes volvieron a quejarse de la composición unilateral del Grupo de Trabajo. En el mismo mes de abril, se seleccionaron cuatro miembros de la comunidad para incorporarse al grupo. Sin embargo, poco después se les otorgaron términos de referencia poco favorables para sus mandatos. Una de las condiciones era que los cuatro representantes de la comunidad no consultaran ni involucraran a los residentes de la NCA. Otra era que los residentes que tuvieran opiniones sobre el Plan de Usos Múltiples de la Tierra debían presentarlas por escrito al Grupo de Trabajo en Arusha y que no se celebrarían reuniones comunitarias. En protesta, el Consejo de Pastores de Ngorongoro retiró a los cuatro miembros de la comunidad del Grupo de Trabajo después de ese mismo mes, al habérseles comunicado que no tendrían derecho a consultar a la comunidad.
En julio de 2020, se anunció que el Grupo de Trabajo (sin ninguna representación de los pueblos indígenas) había presentado su informe al Gobierno. En el informe se hacían acusaciones sin fundamento, entre ellas la de una explosión de la población humana y ganadera en Ngorongoro.
Una de las sugerencias del Grupo de Trabajo fue desalojar a 73.000 pastores de la NCA. Además, se ha sugerido que la NCA se amplíe de sus actuales 8.100 km2 a más de 12.000 km2. Para lograrlo, se propone incorporar a la NCA tierras de la división de Loliondo y de los distritos de Longido y Monduli, lo cual supondrá nuevas amenazas para los pastores de Loliondo, Longido y Monduli ya que estarán sometidos a las normas estrictas y restrictivas de la NCA. Sin embargo, el estallido de la pandemia de COVID-19 y las elecciones generales en Tanzania retrasaron el inminente desalojo durante gran parte de 2020.
El proyecto de ceniza de sosa de Engaruka y las amenazas de pérdida de tierras
En 2014, a través de la Cooperación Nacional para el Desarrollo (NDC), el Gobierno de la República Unida de Tanzania llevó a cabo trabajos de exploración en los que se descubrió un total de 4.7 billones de toneladas de salmuera en la cuenca de Engaruka, una depresión poco profunda en el valle del Rift. Este descubrimiento amenaza con enajenar las tierras de los pueblos indígenas que viven en la cuenca de Engaruka: pastores masái de las cuatro aldeas afectadas llevan protestando contra la expropiación y enajenación de 25.000 hectáreas de sus mejores praderas desde 2014.[7]
En junio de 2020, la NDC publicó el informe de alcance y los términos de referencia para el establecimiento de un proyecto de ceniza de sosa destinado a la extracción de la salmuera[8] y ha encargado a la Organización de Investigación y Desarrollo Industrial de Tanzania (TIRDO) que realice una evaluación del proyecto. Se trata de la primera vez que la NDC procura consultar a los pueblos indígenas.
El 20 de julio de 2020, la TIRDO visitó la organización coordinadora de los pueblos indígenas, PINGO’s Forum[9], en Arusha para discutir el proyecto. De la visita se desprendió que los pueblos indígenas no habían sido consultados desde el diseño del proyecto en 2014.
Del 10 al 14 de agosto de 2020, PINGO’s Forum llevó a cabo una misión de investigación en la cuenca de Engaruka y elaboró un informe basado en un análisis del proyecto y en entrevistas con los pueblos indígenas que viven en Engaruka.[10] El informe[11] afirmaba que el Gobierno consideraba que el proyecto propuesto era importante para el desarrollo económico de Tanzania y que el Gobierno creía que tendría un efecto económico positivo en las actividades del puerto de Tanga, el ferrocarril de Tanga a Arusha y la creación de empleos, entre otros beneficios. Sin embargo, el informe también constató, por una parte, que las aldeas de la cuenca están sufriendo presión sobre los recursos naturales debido a los continuos cambios en el uso de la tierra y por otra parte que el proyecto de ceniza de sosa constituye una amenaza potencial para la supervivencia del pueblo masái y su vida silvestre. Además, señaló que el proyecto podría generar contaminación derivada de las calderas y de las emisiones y que la contaminación acústica y atmosférica podría afectar incluso a zonas alejadas como la Zona de Conservación de Ngorongoro y el Parque Nacional del Serengueti.
El COVID-19 y los pueblos indígenas
Al igual que a la gente de todo el mundo, el COVID-19 tomó por sorpresa a los pueblos indígenas de Tanzania, quienes recurrieron a sus propias formas tradicionales para hacer frente a la pandemia.
Al ser las instituciones centradas en los intereses de los pueblos indígenas, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) llevaron a cabo iniciativas para desarrollar proyectos sobre el COVID-19 con el fin de ayudar al Gobierno a mitigar el impacto en los pueblos indígenas de Tanzania mediante la divulgación de información sobre la propagación, transmisión y prevención del virus y la distribución de equipo de protección personal (EPP). Se proporcionó información a través de la radio local, la televisión y la distribución de folletos para hacer frente a la falta de información y crear conciencia. En la ejecución de las actividades se tuvo en cuenta el distanciamiento social y se siguieron todos los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, como usar cubrebocas, guardar distancia y lavarse frecuentemente las manos. Las OSC también apoyaron en otorgar EPP a trabajadores del sector salud (en especial a los equipos de rescate formados para hacer frente a la pandemia), funcionarios públicos que trabajaran en las oficinas públicas donde los pueblos indígenas obtienen servicios, centros de salud, dispensarios y hospitales de distrito.
Estos esfuerzos se realizaron hasta que el Gobierno dejó de informar y de actualizar datos acerca de los casos de COVID-19. A partir de abril de 2020, cuando el Gobierno dejó de actualizar datos, los indígenas siguieron haciendo esfuerzos personales para protegerse del virus. Continuaron utilizando la medicina tradicional para aumentar su inmunidad y tratar los síntomas de cualquier enfermedad relacionada con las vías respiratorias.
No existen pruebas documentadas de que indígenas hayan fallecido por el nuevo virus, aunque muchas personas se han enfermado con síntomas similares a los del COVID-19. La información disponible muestra que los que contrajeron la enfermedad se han recuperado y están tomando precauciones para continuar con sus actividades.
Al igual que otras comunidades, los pueblos indígenas sintieron los efectos de la pandemia a nivel social, cultural, político y económico. La pandemia ha limitado la interacción dentro de las comunidades y la gente ha dejado de relacionarse de la forma en que estaba acostumbrada. Los mercados de ganado se han visto seriamente afectados, lo cual tiene un impacto en las capacidades económicas de los pueblos indígenas. Puede que de momento los efectos y el impacto total del COVID-19 no hayan quedado claros, pero lo más probable es que resulten considerables.
Ahora el mayor reto está en cómo los indígenas pueden afrontar y adaptarse a vivir con la pandemia ya que el virus continúa mutando, lo que dificulta su tratamiento. Los indígenas también tienen dificultades para acceder a las vacunas, tanto por su elevado costo como por falta de accesibilidad. Se necesitan medidas para ayudar a los indígenas a acceder a las vacunas a un costo menor y con mayores posibilidades de acceso. Por último, la postura del Gobierno de Tanzania –que consiste en ignorar la existencia del virus y desalentar cualquier intervención para hacer frente a la pandemia– sigue suponiendo una grave amenaza para todos los ciudadanos del país.
Edward Porokwa es abogado y defensor del Tribunal Superior de Tanzania. En la actualidad, es el director ejecutivo del Foro de ONG Indígenas de Pastores (PINGO’s Forum), una organización que agrupa a pastores y cazadores-recolectores de Tanzania. Es licenciado en derecho (LLB Hon) por la Universidad de Dar es Salaam y tiene una maestría en administración de empresas (MBA) de la Escuela de Administración ESAMI/Maastricht. Tiene 15 años de experiencia de trabajo con organizaciones de pueblos indígenas en las esferas de la promoción de los derechos humanos, el análisis de políticas, las cuestiones constitucionales y el cambio climático.
Este artículo es parte de la 35ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra el bloqueo que la comunidad indígena de Kawemhakan, Surinam hizo en su pista de aterrizaje para evitar que los forasteros llegaran a sus aldeas y que trajeran el virus de la COVID-19 con ellos. Fotografiada por la fundación Mulokot en Kawemhakan, es la portada del Mundo Indígena 2021 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí
Notas y referencias
[1] Oficina Nacional de Estadística y Oficina del Responsable Gubernamental de Estadística (National Bureau of Statistics and Office of Chief Government Statistician). “2012 Population and Housing Census: Population Distribution by Administrative Areas” (Censo de población y vivienda 2012: distribución de la población por áreas administrativas). Tanzania, marzo de 2013. Disponible en https://www.google.co.tz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjMtN7Xz_PuAhWisXEKHeIMAfgQFjACegQIARAD&url=http%3A%2F%2Ftanzania.countrystat.org%2Ffileadmin%2Fuser_upload%2Fcountrystat_fenix%2Fcongo%2Fdocs%2FCensus%2520General%2520Report-2012PHC.pdf&usg=AOvVaw1E9NTiC9WCMu5kGjMGlnEP
[2] Otras fuentes estiman que la población hadzabe se encuentra entre 1.000 y 1.500 personas. Véase, por ejemplo, Madsen, Andrew. The Hadzabe of Tanzania: Land and Human Rights for a Hunter-Gatherer Community (Los Hadzabe de Tanzania: derechos territoriales y humanos para la comunidad de cazadores-recolectores). Copenhagen: IWGIA, 2000.
[3] Ngowi, Deus. “Tanzania: Ngorongoro At Tipping Point As Population Soars” (Ngorongoro en estado crítico debido al aumento de población). All Africa, 29 de diciembre de 2020. https://allafrica.com/stories/202012290072.html; Ngowi, Deus. “Tanzania: Ngorongoro At Tipping Point As Population Soars” (Ngorongoro en estado crítico debido al aumento de población). Daily News Tanzania, 29 de diciembre de 2020. https://dailynews.co.tz/news/2020-12-285fe9d69b473e0.aspx
[4] Véase Jamhuri. “Ngorongoro yalemewa.” En la edición impresa del 5 de enero de 2021. Titular visto en https://web.mpaper.co.tz/embed/owner/jamhuri
[5] Qorro, Edward. “PM orders human, livestock census in Ngorongoro" (El primer ministro ordena un censo de personas y de ganado en Ngorongoro). IPP Media, 10 de diciembre de 2016. Disponible en https://www.ippmedia.com/en/news/pm-orders-human-livestock-census-ngorongoro
[6] Ministerio de Recursos Naturales y Turismo (MNRT). “The Multiple Land Use Model of Ngorongoro Conservation Area: Achievements and Lessons Learnt, Challenges and Options for the Future, Final Report Dodoma August” (El modelo de usos múltiples de la tierra (MLUM) de la Zona de Conservación de Ngorongoro: logros, lecciones aprendidas, retos y opciones para el futuro, informe final) Dodoma, agosto de 2019.
[7] Cooperación Nacional para el Desarrollo. “Scoping Report and Terms of Reference for the establishment of Soda Ash Project at Engaruka basin in Monduli District, Arusha, Tanzania” (Informe de alcance y términos de referencia para el establecimiento del proyecto de ceniza de sosa en la cuenca de Engaruka en el distrito de Monduli, Arusha, Tanzania). p. 1.
[8] Ibid.
[9] Foro de ONG de pastores indígenas.
[10] PINGO’s Forum. ”Rejoinder on the Scoping Report & Terms of Reference for the Soda Ash Project. A response following the request by TIRDO for comments on the Engaruka Soda Ash Project” (Réplica al informe de alcance y términos de referencia para el proyecto de ceniza de sosa. Una respuesta tras la solicitud por parte de la TIRDO de comentarios sobre el proyecto de ceniza de sosa de Engaruka). Informe no publicado, 2020.
[11] Ibid.
Etiquetas: Gobernanza Global, Derechos Humanos
