Mundo Indígena 2019: Tanzania

Escrito en 24 Abril 2019. Publicado en Tanzania

Se estima que Tanzania alberga un total de 125–130 grupos étnicos, calificándose principalmente en las cuatro categorías de bantu, cushite, nilo-hamite y san. Asimismo, puede haber más grupos étnicos que se autoidentifican como pueblos indígenas, como los cazadores-recolectores akie y hadzabe, y los pastoralistas barabaig y maasai que se han organizado a si mismos y a sus luchas en torno al concepto y movimiento de pueblos indígenas.

Cifras exactas son difíciles de obtener ya que los grupos indígenas no están incluidos en el censo de población, sin embargo se calcula la población¹ de maasai en Tanzania en 430.000, el grupo datoga al que pertenecen los barabaig en 87.978, los hadzabe en 1.000² y los akie en 5.268. Aunque los medios de vida de estos grupos son diversos, todos tienen en común un fuerte vínculo con la tierra, identidades distintivas, vulnerabilidades y marginación. También todos experimentan similares problemas relativos a inseguridad en la tenencia de la tierra, pobreza e insuficiente representación política.

Tanzania votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) en 2007 pero no reconoce la existencia de ningún pueblo indígena en el país y no existe política o legislación nacional específica sobre pueblos indígenas per se. Al contrario, continúan desarrollándose diversas políticas, estrategias y programas que no reflejan los intereses de los pueblos indígenas en términos de acceso a tierra y recursos naturales, servicios sociales básicos y justicia, dando como resultado un ambiente político en declive y cada vez más hostil hacia los pastoralistas y los cazadores-recolectores.

Reducción del espacio de la sociedad civil

En 2018 Tanzania continuó siendo testigo de la progresiva disminución en la libertad de expresión y la contracción del espacio de la sociedad civil, afectando negativamente a la situación de los pueblos indígenas del país.

La implementación de diferentes leyes y políticas opresivas ha dificultado que los pueblos indígenas y activistas de derechos humanos puedan operar libremente y que tengan que hacer frente a un ambiente caracterizado por la impunidad. En general se constatan influencias indebidas de poderes políticos en el estado de derecho, la impunidad, la ausencia de medidas adecuadas contra los autores de violaciones de derechos humanos y la promulgación de leyes draconianas que limitan y restringen la libertad y el acceso a la información y la justicia de las personas. Estas leyes incluyen la Ley de Delitos Cibernéticos de 2015; la Ley de Estadísticas de 2015; la Ley de Servicios de Comunicación de 2016; la Ley de Acceso a la Información de 2016; el Reglamento de Comunicaciones Electrónicas y Postales (Contenidos Digitales) de 2018; y la Ley de Conservación de la Fauna y la Flora de 2009. Todas ellas contienen algunas disposiciones que limitan y niegan el derecho de la sociedad de disfrutar de sus derechos humanos fundamentales.

La reducción del espacio de la sociedad civil ha propiciado mayores desafíos relacionados con apropiación de tierras, conflictos sobre tierras, violaciones de derechos humanos, violencia de género, así como inseguridad alimentaria. En 2018 se han producido numerosos conflictos relacionados con las tierras y la falta de seguridad en la tenencia de la tierra continúa siendo un problema principal para los pueblos indígenas (pastoralistas y cazadores-recolectores) en muchas partes de Tanzania.

Los pastoralistas maasai de la aldea de Mabwegere en la región de Morogoro

Uno de estos conflictos se refiere a la aldea de Mabwegere en la región de Morogoro. Pastoralistas maasai sostienen que ellos habitaban en la zona ahora jurídicamente conocida como Aldea Mabwegere, en el distrito de Kilosa, región de Morogoro antes de 1956 y por lo tanto la consideran su tierra ancestral. Supuestamente, en 1996 el Gobierno reservó la zona de Mabwegere para pastoralistas.

Mabwegere se convirtió en una aldea pastoralista en 1989 y el 5 de enero de 1990 obtuvo su título de propiedad para un período de 99 años con un área total de 10.234 hectáreas. La aldea se inscribió en el registro el 16 de junio de 1999. Desde entonces, pastoralistas por una parte y agricultores apoyados por las autoridades del distrito de Kilosa por otra parte han tenido muy mala relación en la zona. Con el paso del tiempo la situación ha ido empeorando y políticos del distrito de Kilosa han redoblado sus esfuerzos para expulsar a los pastoralistas de la aldea de Mabwegere. Agricultores (apoyados por autoridades gubernamentales locales) intentaron, una y otra vez, invadir dicha aldea para cultivar. A raíz de esto, el Consejo de la Aldea Mabwegere acudió a los tribunales en 2006 y en 2012 el Tribunal de Apelación de Tanzania dictaminó a favor del Consejo de la Aldea Mabwegere y ordenó que se respetaran los límites.

Desde 2012 el Estado ha rechazado categóricamente implementar la sentencia. En 2018, y como si la sentencia del Tribunal de Apelación no existiera, el ministro de Tierras, Vivienda y Asentamiento Humano declaró que el Gobierno iba a fijar de nuevo los límites de la Aldea Mabwegere. Esta noticia se publicó en el periódico Mwananchi el 2 de octubre de 2018.³

La situación de los pueblos indígenas de Loliondo en la región de Arusha

En Loliondo, distrito de Ngorongoro, el desacato a los tribunales se manifiesta en un grado incluso mayor que en otras partes. Desde 1992, pastoralistas maasai han estado luchando contra la ocupación por la fuerza de su tierra ancestral por parte de una compañía de caza de fauna salvaje llamada “Otterlo Business Corporation (OBC)” de los Emiratos Árabes Unidos. Trabajando junto con los aparatos estatales de Tanzania, especialmente la policía, en 2009 atacó a pastoralistas en un intento de expulsarlos de la zona. Una agresión brutal similar sucedió también en 2013, y en 2017 aconteció el ataque más reciente que incluyó la quema de asentamientos maasai, tortura, humillación, hostigamiento, así como arresto y procesamiento de personas.⁴

El Gobierno ahora está intentando tenazmente, a pesar de la férrea oposición de la comunidad, apropiarse de 1.500 km² de terreno que forman parte de las tierras de la aldea. El Parque Nacional Serengeti y la Zona de Conservación de Ngorongoro han manifestado sus deseos de expulsar a los maasai de la tierra mencionada de modo que pueda convertirse en otra zona de conservación de la fauna y flora silvestres.⁵

En 2018 el primer ministro ordenó la creación de una denominada autoridad especial de gestión para administrar la zona en disputa. Reiteró que la autoridad consideraría los intereses de las partes, incluyendo la comunidad y OBC.

En septiembre de 2017 los habitantes pastoralistas de Loliondo presentaron un caso jurídico ante la Corte de Justicia de África Oriental (EACJ). Aparte de presentar la causa judicial principal, las aldeas también solicitaron un mandamiento judicial para poner fin a continuas expulsiones, hostigamientos, intimidación y cualquier tipo de intervención que pudiera interferir con la paz y la armonía en la región mientras se resuelve el caso.

En marzo de 2018, el Gobierno presentó una excepción preliminar objetando la capacidad legal de las aldeas de demandar al Gobierno central. La Corte de Justicia de África Oriental desestimó esa excepción preliminar. Al hacer eso, allanaba el camino para proceder con el caso principal. La segunda estrategia del Gobierno para invalidar técnicamente el proceso judicial fueron las alegaciones de que las actas utilizadas para presentar el caso estaban falsificadas y acusó de ello a los presidentes de las aldeas que lideraron la presentación del caso judicial.

Sin embargo, finalmente el 25 de septiembre de 2018 la Corte de Justicia de África Oriental dictó sentencia a favor de las aldeas. La Corte ordenó a los demandados parar los desalojos y cesar en el hostigamiento y la intimidación a los demandantes. La Corte ordenó un mandamiento temporal basándose en los hechos y pruebas que le habían sido mostrados, impidiendo al Gobierno llevar a cabo ningún desalojo hasta que se dicte sentencia sobre la demanda principal. En diciembre de 2018 dos activistas de derechos humanos de Loliondo, concretamente Supuk Maoi y Clinton Kairung, fueron detenidos durante muchos días sin fianza por un supuesto delito de sedición.⁶ Fueron puestos en libertad y detenidos de nuevo en enero de 2019. Esto es una continuación de la incesante intimidación de los pastoralistas de Loliondo.

Los pastoralistas parakuyo de la aldea de Kambala en el distrito de Mvomero

Se produjeron graves y violentos conflictos en la aldea de Kambala en el distrito de Mvomero. La aldea pastoralista se inscribió en el registro en 1975 y obtuvo su título de 99 años emitido en 1989 junto con un plan de estudio que mostraba claramente los límites de la aldea.

Los habitantes de Kambala que son principalmente pastoralistas han sentido ansiedad al vivir y cooperar con los agricultores cercanos. Esto se debe a que ambos lados necesitan cumplir con los procedimientos y estándares requeridos para mantener la paz y armonía. En consecuencia, la aldea de Kambala ha estado instruyendo a los agricultores a solicitar permisos para uso de tierra con el fin de que se les permita cultivar en zonas que no son rutas abiertas para ganado, evitando así conflictos sobre el uso de la tierra. Para asegurar que esto se hace en la aldea de Kambala, en sus varias asambleas generales aprobaron resoluciones para cancelar todos los permisos que fueron emitidos antes de esta decisión y se informó al público, incluyendo agricultores, de solicitar nuevos permisos de agricultura sujetos a las condiciones más oportunas para ambos agricultores y pastoralistas para planificación y uso sostenible de la tierra.⁷ Ningún agricultor presentó solicitud y este colectivo ha rechazado la mera existencia de Kambala. Los agricultores han intentado continuamente a lo largo de los años invadir la aldea de Kambala y apropiarse de las tierras de los pastoralistas.

Una y otra vez, los agricultores se han movilizado mediante una banda conocida como muano en la lengua kaguru. Algunas veces robaron ganado. Cuando los propietarios de los animales aparecieron se vieron forzados a pagar multas ilegales. Otras veces las bandas muano comercializaban los animales que eran sacrificados y vendidos.

En revancha, los pastoralistas se movilizan también, derivando la situación a menudo en enfrentamientos mortales. A lo largo de las décadas el conflicto se ha cobrado la vida de decenas de personas. Se han producido heridos. Se han incendiado casas. Se ha matado y robado ganado. La tensión causó estragos a lo largo de 2017. El 5 de febrero de 2018 muano invadieron de nuevo la aldea de Kambala prendiendo fuego a tres bomas de pastoralistas maasai. Milagrosamente no se produjo ninguna muerte en el ataque. Una fuente anónima indica que no se ha arrestado a nadie en conexión con dicho ataque.

La situación de los pueblos indígenas en la Zona de Conservación de Ngorongoro

La Zona de Conservación de Ngorongoro (NCA) se creó en 1959 y cubre un área de 8.292 km2. Es un área de múltiples usos de la tierra, cuyos objetivos son: (1) conservar sus recursos naturales, (2) promover el turismo y (3) salvaguardar y promover los intereses de los maasai. Sin embargo, la autoridad de esta Zona de Conservación de Ngorongoro ignora la obligación de “salvaguardar y promover los intereses de los maasai”. A los maasai y su ganado se les restringue cada vez más el acceso a zonas vitales y así en 2018 se prohibió a ganado de los maasai entrar en tres cráteres fundamentales, concretamente Ngorongoro, Olmoti y Embakaai, en la cuenca del lago Ndutu y en las tierras altas. La prohibición acarrea graves repercusiones sobre el pastoralismo en la zona.

Existe el temor de que el Gobierno esté planeando desalojos importantes de pastoralistas maasai de la Zona de Conservación de Ngorongoro. El director de Ngorongoro en un reciente artículo publicado en el períodico Jamhuri parece confirmar esta inquietud: el Gobierno quiere llevar a cabo una revisión total del ordenamiento jurídico de la Zona de Conservación de Ngorongoro.⁸ Si esto ocurriera los pastoralistas se enfrentarían a consecuencias nefastas. El desarrollo del Plan General de Gestión revisado, que en 2018 se forzó de una manera no participativa parece que ha quedado detenido. Cuatro representantes comunitarios presuntamente elegidos a dedo fueron excluidos del proceso desde las fases iniciales. En este momento, el Plan General de Gestión espera supuestamente una nueva ley sobre la Zona de Conservación de Ngorongoro. No está claro si se promulgará la ley ni en qué fecha. Lo que está claro es que la comunidad residente indígena es simplemente ignorada.

Expansión de zonas protegidas

Tanzania ha destinado aproximadamente el 34% de su territorio para 16 parques nacionales que continuamente se van ampliando. Los parques nacionales se han creado mediante desalojos forzados y violentos de pastoralistas, cazadores-recolectores y otros. Estas víctimas de la creación de parques nacionales en Tanzania no han recibido ninguna indemnización.

La expansión de los parques nacionales continuó siendo un grave problema en 2018 para las comunidades indígenas que viven en los márgenes de los mismos en Tanzania. El Parque Nacional Serengeti, que tiene ya la superficie de Bélgica, prosiguió en su intento de avanzar los límites en distritos como Serengeti, Ngorongoro y Tarime (la aldea de Gibaso es la mayor víctima de esta expansión que está costando vidas inocentes de pastoralistas) con la finalidad de ampliar más el parque. En 2018, aldeas del distrito de Bunda (Serengeti, Nyatwali y Tamau en particular) lucharon contra la expansión supuestamente diseñada para permitir que la fauna y flora silvestre alcancen el Lago Victoria.

Amenaza de expropiación en el distrito de Hai por la expansión del Aeropuerto Internacional Kilimanjaro

Otro grave conflicto surgido por cuestión de tierras ocurre en el distrito de Hai en la región de Kilimanjaro. Enfrenta a siete aldeas principalmente de pastoralistas maasai por una parte (aldeas Sanya Station, Chemka, Mtakuja, Majengo, Samaria, Malula y Maroroni) y el Aeropuerto Internacional Kilimanjaro por otra parte.

Los maasai han habitado en la zona desde hace mucho más tiempo que se tenga constancia registrada. El Gobierno no trató de conseguir ni obtuvo el consentimiento libre, previo e informado⁹ de los pastoralistas maasai para construir el aeropuerto en su tierra ancestral en la década de 1970. Los maasai resistieron la apropiación de tierra y consiguieron limitar la zona acotada asignada para el aeropuerto a 460 hectáreas.¹⁰

Sin embargo, a mediados de la década de 1980 el Ministerio de Tierras arbitrariamente reservó 110 km² alrededor del aeropuerto en nombre del desarrollo. Esto ha originado numerosos conflictos desde entonces. En 2018 la policía arrestó a unos 20 pastoralistas por tener a su ganado pastando en un bosque que irónicamente fue plantado por la comunidad en su tierra ancestral. En 2018 también se ha observado la presencia de patrullas intimidadoras de personal del Aeropuerto Internacional Kilimanjaro (KIA) en la zona. Mientras tanto, el secretario general del Ministerio de Ganadería visitó la zona. Explicó que quería escuchar a los pastoralistas implicados en este conflicto por tierras para que el Gobierno pudiera actuar en este asunto.

Expulsión final de los barabaig en Vilima Vitatu

El 13 de septiembre de 2018 las 18 bomas,¹¹ pertenecientes a pastoralistas barabaig de Maramboi en la aldea de Vilima Vitatu en el distrito de Babati fueron reducidas a cenizas. Se alegó que el comisionado del distrito de Babati ordenó quemarlas para contener la propagación de un brote de la enfermedad de ántrax en esa zona. Sin embargo, en realidad el Gobierno expulsó forzadamente a las 18 familias de la tierra con el fin de dejar espacio para una empresa turística llamada “UN Lodge en Afrique Ltd.” que opera una instalación turística en la Zona de Gestión de Fauna y Flora de Burunge (WMA).

Estos desalojos forzosos tuvieron lugar a pesar de que las víctimas del ataque ganaron el caso jurídico número 77 de 2012 (Halmashauri ya Kijiji cha Vilima Vitatu na Jumuuiya ya Hifadhi ya Wanyamapori-Burunge vs Udaghwenga Bayay y 16 otros) en el Tribunal de Apelaciones de Tanzania. Casi 300 pastoralistas, incluyendo personas mayores y niños, se han quedado sin hogar. Hasta el momento no han recibido ninguna asistencia de ningún partido.

El 15 de enero de 2019 el presidente de la República Unida de Tanzania se pronunció sobre la expropiación de tierra para fines de conservación de fauna y flora en detrimento de los pastoralitas. Ordenó al Ministerio de Recursos Naturales y Turismo parar la colocación arbitraria de balizas de demarcación de límites que están desencadenando conflictos con aldeas.

Esto supone un rayo de esperanza el final de un largo túnel oscuro de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, esta esperanza es solo provisional, dado que están programadas elecciones locales para finales de 2019 a las que seguirán elecciones generales en 2020.

Este artículo es parte de la 33ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2019 completo aquí.

Notas y referencias

1. Véase answers.com/Maasai ; www.answers.com/Datoga; www.answers.com/Hadza.
2. Otras fuentes estiman el número de hadzabe entre 1.000–1.500 personas. Véase, por ejemplo, Madsen, Andrew, 2000: The Hadzabe of Land and Human Rights for a Hunter-Gatherer Community. Copenhague: IWGIA.
3. Véase IPP media, “Migogoro ya ardhi kutumbua vigogo” en http://bit.ly/2IBtEep
4. Véase IWGIA Alerta Urgente agosto 2017 “Forced evictions of Maasai people in Loliondo, Tanzania”.
5. Véase Conservation Watch, “KfW comments on its support to the Serengeti Ecosystem Development and Conservation Project, Tanzania” en http://bit.ly/2INgGu6
6. Véase IPP media, “Arusha police admit case of mistaken identity in arrest of Belgian” en http://bit.ly/2IC6JQj
7. 7 Véase una carta del presidente de la aldea Kambala al comisionado del distrito de fecha 4 de diciembre de 2000; actas de la asamblea general de la aldea Kambala de fecha 18 de diciembre de 2000, así como también carta del comisionado del distrito de fecha 24 de octubre de
8. Véase Gazeti la Jamhuri, “Ngorongoro: Haijapata kutokea” en http://bit.ly/2ID2QL4
9. El artículo 19 de la DNUDPI requiere que los Estados “celebrarán y cooperaran de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener el consentimiento libre, previo e ”
10. El tamaño de la zona vallada fue proporcionado por Mattijs Smith, comunicación personal, 27 de noviembre de 2014. En el momento de la entrevista Smith era director gerente de
11. Bomas son haciendas que cada una contiene múltiples

Edward Porokwa es jurista y abogado defensor en el Tribunal Supremo de Tanzania. Actualmente es el director ejecutivo del Foro de ONG de Pastoralistas Indígenas (Pastoralists Indigenous NGOs Forum, PINGOs Forum), una organización de coordinación general de pastoralistas y cazadores-recolectores de Tanzania. Es licenciado en derecho (LLB Hon) por la Universidad de Dar es Salaam y posee un Máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA) de ESAMI/Maastricht School of Management. Tiene 15 años de experiencia trabajando con organizaciones de pueblos indígenas en las áreas de defensa de los derechos humanos, análisis de políticas, asuntos constitucionales y cambio climático.

Etiquetas: Derechos Humanos, Defensores de derechos humanos indígenas