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    Pueblos Indígenas en Rusia

El Mundo Indígena 2025: Rusia

La legislación rusa no reconoce a los Pueblos Indígenas como tales; sin embargo, el artículo 67 de la Constitución vigente garantiza los derechos de los “Pueblos Indígenas minoritarios”. La Ley Federal sobre las Garantías de los Derechos de los Pueblos Indígenas Minoritarios de la Federación Rusa de 1999 especifica que dichos pueblos están conformados por grupos de menos de 50.000 personas que preservan algunos aspectos de sus formas de vida tradicionales. Según esta y otras dos leyes marco promulgadas a finales de la década de 1990, los Pueblos Indígenas minoritarios tienen derecho a que se les consulte y a participar en casos específicos. No obstante, el concepto de Consentimiento Libre, Previo e Informado no está consagrado en la legislación. En las dos últimas décadas, se ha producido una erosión constante de este marco jurídico y una fuerte recentralización de Rusia, incluida la abolición de varios territorios autónomos indígenas.

De los más de 160 pueblos que habitan el territorio de la Rusia contemporánea, 47 de ellos gozan del reconocimiento oficial como Pueblos Indígenas minoritarios, incluidos 40 que se reconocen como Pueblos Indígenas minoritarios del norte, Siberia y el Lejano Oriente. Otro grupo, los izhma komi o izvatas, sigue luchando por el el reconocimiento, que les continúa siendo negado. En conjunto, los Pueblos Indígenas minoritarios suman más de 315.000 personas, incluidas unos 265.000 personas que pertenecen a los pueblos minoritarios del norte, Siberia y el Lejano Oriente. Esto representa alrededor del 0,2 % de la población total de Rusia, que supera los 147.000.000 de habitantes (de los cuales las personas de etnia rusa constituyen aproximadamente el 72 %).[1] Muchos otros pueblos, cuya población supera los 50.000 habitantes —como los saja (yakut) y los buriatos del Lejano Oriente ruso, los tártaros del Volga, los baskires y muchos grupos que habitan el Cáucaso norte— no se consideran oficialmente Pueblos Indígenas y su autoidentificación varía.

Desde la anexión rusa de Crimea, varios grupos étnicos de Ucrania que se autoidentifican como indígenas quedaron bajo el control efectivo de Rusia, a pesar de que este país no ha reconocido esta autoidentificación: los tártaros, los crimchacos y los caraítas de Crimea. En 2021, la Rada Suprema, el Parlamento ucraniano, aprobó la Ley de Pueblos Indígenas de Ucrania, que reconoce a estos tres grupos como tales.[2]

Dos tercios de los Pueblos Indígenas son rurales y dependen de estrategias de subsistencia tradicionales, como la pesca, la caza y el pastoreo de renos, aunque Rusia, en su conjunto, es un país altamente urbanizado.

La sociedad civil se ve afectada por la continua reducción de espacios, ya que la policía secreta del país, el Servicio de Seguridad Federal (FSB), ha ido ganando poder gradualmente. Una serie de leyes represivas que pretenden silenciar a quienes critican al Gobierno ha provocado el cierre de muchas organizaciones de la sociedad civil, incluidas organizaciones de Pueblos Indígenas, así como de medios de comunicación independientes. Un gran número de defensores de los derechos humanos, entre ellos algunos destacados activistas de los derechos indígenas, han sido procesados o se han visto obligados a buscar asilo en el extranjero.

Los ingresos por exportaciones de Rusia proceden en gran medida de la venta de recursos naturales, los cuales suelen extraerse de territorios que tradicionalmente han habitado o utilizado los Pueblos Indígenas. Buena parte de la estrategia de desarrollo del país se orienta a seguir aumentando la explotación de los recursos naturales del Ártico, lo que tiene consecuencias negativas para la situación de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y limita las oportunidades para su protección efectiva.

Rusia no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT ni ha respaldado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP). El país heredó de la Unión Soviética su pertenencia a los principales pactos y convenios de la ONU: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR), la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD), la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Rusia ratificó el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales (FCNM) del Consejo de Europa; sin embargo, en octubre de 2023 el presidente Vladimir Putin firmó un decreto que estipulaba la salida del país.


Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.


Menos posibilidades para que los Pueblos Indígenas influyan en la toma de decisiones

En febrero, un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de ley que propone establecer normas modelo para guiar la creación y el funcionamiento de consejos regionales (a nivel local) de representantes de Pueblos Indígenas minoritarios.[3] De una forma u otra, todas las regiones de Rusia donde hay presencia de estos pueblos cuentan con consejos de este tipo, cuyos miembros no reciben remuneración. Las responsabilidades de los consejos, su estructura y composición difieren mucho según la región; sin embargo, en todas partes, se encargan de representar a los Pueblos Indígenas de sus respectivas áreas ante las autoridades y entidades económicas que operan en los territorios que habitan. Por ejemplo, representan a las comunidades cuando se consideran nuevos proyectos o cuando se estudian cuestiones de compensación por las pérdidas sufridas por los Pueblos Indígenas minoritarios como consecuencia de daños medioambientales en sus territorios ancestrales. Precisamente debido a esta función representativa, es importante para el Gobierno controlar su creación y principios de funcionamiento, ya que la existencia de consejos excesivamente independientes puede obstaculizar la aplicación de la agenda gubernamental.

Mientras tanto, los intentos del Gobierno por silenciar las voces independientes también han llegado al mecanismo de supervisión pública medioambiental. Hasta no hace mucho, uno de los pocos mecanismos que les quedaban a las comunidades indígenas para detener o retrasar proyectos en sus tierras era el peritaje ambiental. La ley permitía realizar evaluaciones públicas de impacto ambiental junto con las evaluaciones estatales, en las que podían participar organizaciones públicas sin fines de lucro.

La nueva versión de la Ley sobre Peritaje Ambiental,[4] que entró en vigor en septiembre de 2024, restringe la posibilidad de realizar evaluaciones públicas de impacto ambiental a las organizaciones que cuenten entre sus filas con expertos que hayan obtenido la certificación estatal obligatoria y figuren en el registro de Rosprirodnadzor (órgano de control medioambiental ruso). Mediante este nuevo mecanismo, los organismos estatales podrán denegar la acreditación a aquellos expertos que se hayan mostrado demasiado “independientes”, lo cual debilita una vía más para que las comunidades indígenas defiendan sus derechos.

El hecho de que los legisladores quieran dejar en manos de las regiones la decisión de realizar audiencias públicas para los proyectos de desarrollo urbano agrava aún más esta situación. Este derecho se concedió originalmente a las regiones en 2022 como medida temporal de apoyo al sector de la construcción en el contexto de las sanciones internacionales impuestas a Rusia luego de invadir Ucrania, y la ley caducaba en 2025. En diciembre de 2024, el Comité de la Duma Estatal sobre Propiedad, Tierras y Relaciones de Inmobiliarias aprobó en segunda lectura enmiendas que declaran la vigencia de estas normas por tiempo indefinido. Según el texto de las enmiendas al Código de Planificación Urbana, las regiones de la Federación Rusa podrán, a su discreción, determinar los casos en los que no se requieran audiencias públicas para elaborar proyectos de planes generales, así como sus modificaciones. Se propone ampliar este mismo derecho a los proyectos de planificación territorial y reclasificación del suelo adoptados por los municipios. Además, las entidades pueden tener derecho a no celebrar audiencias públicas cuando preparen propuestas de normas de uso y desarrollo del suelo y proyectos que contemplen sus modificaciones. De este modo, el derecho de los Pueblos Indígenas a participar en audiencias públicas durante peritajes ambientales y etnológicos quedará a discreción de los funcionarios regionales y municipales.[5]

Mientras se realizan esfuerzos legislativos para restringir los mecanismos por los que los Pueblos Indígenas pueden influir en la toma de decisiones sobre cuestiones que afectan sus vidas, la cifra y el alcance de la contaminación ambiental en Rusia han ido en aumento en los últimos años,[6] incluso en zonas habitadas por ellos. 

La presión constante sobre las organizaciones indígenas

Durante 2024, el Gobierno ruso siguió presionando a las últimas organizaciones y redes de la sociedad civil que quedaban en pie, incluidas las dedicadas a los derechos de los Pueblos Indígenas. El 25 de julio de 2024, el Ministerio de Justicia publicó una lista de 55 “organizaciones extremistas” que, según afirma, son “subdivisiones estructurales” del Movimiento Separatista Antirruso. La lista se publicó a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo del 7 de junio que declaraba organización extremista a este movimiento. Muchos expertos independientes coinciden en que el Movimiento Separatista Antirruso es una entidad ficticia[7] inventada por las autoridades rusas para tener un pretexto con el que perseguir a las organizaciones presuntamente miembros.

El Foro Aborigen (FA), una red de activistas y expertos independientes en derechos indígenas, encabeza la lista, seguido inmediatamente por el Comité Internacional de Pueblos Indígenas de Rusia (CIPIR), una red de activistas indígenas rusos que se vieron obligados a exiliarse por motivos políticos, muchos de los cuales son antiguos miembros del FA. Si se declara extremista a una organización, esta pasa a considerarse como entidad delictiva.

Solo unos meses después, el 22 de noviembre de 2024, el Tribunal Supremo declaró organización terrorista internacional al Foro de las Naciones Libres Posrusas, junto con 172 organizaciones que conforman sus “ramas estructurales”. Si bien la propia sentencia no especifica qué organizaciones considera miembros del Foro, el FSB suplió esta carencia mediante la publicación de la lista completa en su sitio web el 10 de enero de 2025. La lista incluye una serie de organizaciones muy diversas, desde grupos secesionistas regionales poco conocidos hasta grandes organizaciones en el exilio y prestigiosas redes de defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas. El FA y el CIPIR figuran en la lista.

Según el Código Penal ruso, crear una organización terrorista y participar en ella se castiga con penas de hasta 20 años de prisión y una cuantiosa multa.

La comunidad internacional de defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas recibió con estupor la noticia de que el Gobierno ruso estaba presentando alegaciones para incluir en la lista a dos reputadas organizaciones afines. Una larga lista de organizaciones de Pueblos Indígenas, instituciones de derechos humanos y activistas condenaron[8], [9] este acto de criminalización en contra de estas entidades y de sus legítimas demandas, conforme a las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas. En el momento de redactar este artículo, el Gobierno ruso aún no responde a la condena de la comunidad internacional.

El informe de la Relatora Especial

El 13 de septiembre de 2024, la Relatora Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en la Federación Rusa, Mariana Katzarova, presentó su informe[10] en el 57.o periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, el cual elaboró tras hablar con grupos políticos, activistas y abogados, ya que se le negó la entrada al país.

El informe dedica un espacio considerable a la situación de los Pueblos Indígenas en Rusia y refleja una imagen desoladora del panorama de los derechos humanos del país, tanto en general como, en particular, de los derechos de los Pueblos Indígenas. Entre otras muchas cuestiones, el informe destaca el devastador impacto que la guerra de Rusia contra Ucrania ha tenido en los Pueblos Indígenas minoritarios, incluyendo la movilización desproporcionada de estos pueblos y de otras minorías étnicas para luchar en el conflicto. Además, advierte que “como resultado, es posible que algunos grupos minoritarios se enfrenten a la extinción a causa de las bajas en la guerra”.

El informe critica los nuevos requisitos impuestos por el Gobierno para que los indígenas puedan acceder a los beneficios sociales y económicos que establece la ley. También pone de manifiesto los esfuerzos del Gobierno ruso por silenciar a las organizaciones de Pueblos Indígenas que lo critican y denuncia los casos de represalias contra organizaciones que cooperan con los mecanismos internacionales de derechos humanos.

En sus recomendaciones, la Relatora Especial insta al Gobierno ruso a garantizar el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas de la Federación Rusa, en especial sus derechos sobre las tierras, los recursos naturales y las prácticas culturales; a eliminar todas las formas de discriminación y violencia contra ellos; y a que poner fin a todas las intimidaciones y represalias contra las personas y las organizaciones de la sociedad civil que pretendan cooperar con la ONU.

Rusia no reconoce el mandato de la Sra. Katzarova y su informe en el 57.o periodo de sesiones recibió poca atención en los medios de comunicación controlados por el Gobierno. Dado que no hubo ninguna respuesta formal al informe por parte de los portavoces del Gobierno, todo indica que su decisión fue ignorarlo.

Debido al carácter delicado de las cuestiones tratadas en este artículo, IWGIA prefiere mantener el anonimato de los autores.

 

Este artículo es parte de la 39ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra la activista indígena Funa-ay Claver, del pueblo Bontok Igorot, junto a jóvenes indígenas activistas y otras personas protestan contra las leyes represivas y las violaciones de derechos humanos perpetradas por las acciones y proyectos del Gobierno de Filipinas y otros actores contra los Pueblos Indígenas. La protesta tuvo lugar durante el discurso nacional del Presidente Marcos Jr., el 22 de julio de 2024, en Quezon City, Filipinas. Fotografiada por Katribu Kalipunan ng Katutubong Mamamayan ng Pilipinas, es la portada del Mundo Indígena 2025 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2025 completo aquí.

 

Notas y referencias

[1] Servicio Federal de Estadísticas Estatales. (31 de diciembre de 2022). Outcomes of the All-Russia Population Census 2020. Volume 5 National composition and language proficiency (Resultados del censo de población de toda Rusia de 2020. Volumen 5. Composición nacional y competencia lingüística). https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom5_Nacionalnyj_sostav_i_vladenie_yazykami

[2] Biblioteca del Congreso. (2 de agosto de 2021). Ukraine: New Law Determines Legal Status of Indigenous People (Ucrania: una nueva ley determina la situación jurídica de los indígenas). https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2021-08-02/ukraine-new-law-determines-legal-status-of-indigenous-people/

[3] Indigenous Russia. (22 de noviembre de 2024). Los consejos de representantes de los pueblos pequeños trabajarán según reglas uniformes. https://indigenous-russia.com/archives/36302

[4] Federal Law “On Amendments to the Federal Law ‘On Environmental Expertise’ of 25.12.2023 N 681-FZ (latest version)” (Ley Federal “por la que se Modifica la Ley Federal ‘sobre Peritaje Ambiental’ del 25.12.2023 N 681-FZ [última versión]”). 25 de diciembre de 2023. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_465619/

[5] Maleva, Julia. “Regions will be able to adopt urban development projects without public hearings” (Las regiones podrán aprobar proyectos de desarrollo urbano sin audiencias públicas). Vedomosti, 12 de diciembre de 2024. https://www.vedomosti.ru/society/articles/2024/12/12/1080872-regioni-smogut-prinimat-gradostroitelnie-proekti-bez-obschestvennih-slushanii

[6] Sitsevsky, Igor. “The number of cases of extreme river pollution in Russia has increased one and a half times” (El número de casos de contaminación fluvial extrema en Rusia aumentó un 150 %). Vedomosti, 2 de febrero de 2024. https://www.vedomosti.ru/ecology/esg/articles/2024/02/02/1018179-kolichestvo-sluchaev-ekstremalnih-zagryaznenii-rek-rossii-viroslo

[7] Nastoyaschee Vremya. “Russia recognizes a non-existent organization – ‘Anti-Russian Separatist Movement’ – as extremist” (Rusia reconoce como extremista a una organización inexistente: el “Movimiento Separatista Antirruso”). Currenttime, 7 de junio de 2024. https://www.currenttime.tv/a/antirossiyskoe-separatistskoe-dvizhenie/32983495.html

[8] Indigenous Russia. (30 de julio de 2024). The appeal to UN with regards to including 55 indigenous organizations from Russia to the list of extremists and terrorists organizations” (El llamamiento a la ONU incluye a 55 organizaciones autóctonas de Rusia en la lista de organizaciones extremistas y terroristas). https://indigenous-russia.com/archives/38600

[9] Indigenous Russia. 14 de agosto de 2024. Statement from the Saami Council on Russia’s Recent Classification of Human Rights Organisations as Extremist (Declaración del Consejo Saami sobre la reciente clasificación de organizaciones de derechos humanos por parte de Rusia como extremistas). https://indigenous-russia.com/archives/38837

[10] Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (13 de septiembre de 2024). A/HRC/57/59: Situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia - Informe de la Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en la Federación de Rusia”.  https://www.ohchr.org/es/documents/country-reports/ahrc5759-situation-human-rights-russian-federation-report-special

Etiquetas: Derechos Territoriales, Derechos Humanos

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