Mundo Indígena 2019: Rusia

Escrito en 24 Abril 2019. Publicado en Rusia

De los más de 160 pueblos que habitan en la actual Rusia, 40 son oficialmente reconocidos como pueblos indígenas minoritarios del norte, Siberia y del Lejano Oriente. Estos grupos de menos de 50 000 integrantes aún habitan el norte y la región asiática del país y continúan perpetuando aspectos de su forma tradicional de vida.

Además de estos grupos ya reconocidos, hay un grupo más que busca activamente el reconocimiento, el cual aún le es negado, y otro más que muy probablemente ya esté extinto. En conjunto, estos grupos suman alrededor de 260 000 personas (menos del 0.2% del total de la población de Rusia). La población étnica rusa representa un 80%. Otras etnias, como los tártaros (aproximadamente de cinco millones), no son consideradas oficialmente como indígenas y su autoidentificación varía entre los pueblos.

Las últimas cifras oficiales de población del censo nacional de 2010 no ofrecen datos desglosados sobre la situación socioeconómica de los pueblos indígenas. Sin embargo, aunque Rusia es un país altamente urbanizado, dos tercios de los pueblos indígenas habitan en zonas rurales.

Aunque la Constitución y legislación nacional establecen derechos que incluyen derechos a consulta y participación en casos específicos para “los pueblos indígenas minoritarios del Norte”, la legislación rusa no reconoce a los pueblos indígenas como tales. No hay un concepto similar al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) consagrado en la legislación. Rusia no ha ratificado el Convenio núm. 169 de la OIT y tampoco ha respaldado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. El país ha heredado de la Unión Soviética su puesto en los grandes pactos y convenciones de la ONU: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ICESCR); la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD); la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); y el Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC). Además, ha ratificado el Convenio Marco sobre la Protección de Minorías Nacionales (FCNM) del Consejo de Europa.

Desarrollo legislativo

En 2018, el parlamento debatió una enmienda de la Ley Marco sobre las Garantías de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Dicha enmienda presentaría una regulación para que los ciudada-

nos puedan registrarse como miembros de un pueblo indígena, un problema que continúa sin resolverse desde la cancelación de los viejos pasaportes soviéticos, los cuales identificaban la “nacionalidad”, es decir, identidad étnica, no sólo el origen de nacimiento. El Artículo 26 de la Constitución rusa estipula que “todos tienen el derecho de determinar e indicar su nacionalidad”; sin embargo, los pueblos indígenas se enfrentan con regularidad al problema de que las autoridades no aceptan su identidad como indígenas y exigen documentos que lo comprueben.

El reto al que se enfrentan los pueblos indígenas es al derecho de usar los recursos de los que dependen para vivir. Los derechos de caza, pesca y el uso de otros recursos como pastizales están ligados a la identidad indígena registrada y, a diferencia de otros países, los pueblos indígenas no tienen el derecho autónomo de definir quién es miembro de su comunidad y quién no. Sólo las autoridades del estado son quienes pueden registrarlos o negarse a hacerlo.

La enmienda de cinco páginas presentada en diciembre de 2018 al Estado de Duma (parlamento federal) ha causado inquietud en organizaciones y representantes indígenas porque presenta un proceso burocrático extenso para realizar cualquier tipo de registro y, de acuerdo con observadores, es un proceso imposible de llevar a cabo para la mayoría de los individuos indígenas. Ellos tendrían que proveer documentación extensa de su familia y linaje¹, y al mismo tiempo se les obligaría a registrarse individualmente. La ley no ofrece una posibilidad de registrar a una comunidad o familia de manera colectiva. Otra de las preocupaciones es que cada persona tiene que presentar pruebas de su participación en una de las actividades tradicionales de subsistencia contenidas en el “Registro Estatal de Actividades de Subsistencia Tradicionales”². Esto significa que profesores, doctores y cualquier otro trabajador indígena que ejerza en profesiones no tradicionales, no podría ser elegible para registrarse como indígena, salvo que estén directamente empleados por empresas o cooperativas de indígenas que operen dentro de una de las esferas tradicionales. Esto excluye aún a aquellas personas que trabajan en escuelas, bibliotecas, instalaciones médicas u otras instituciones públicas en pueblos indígenas.

Además, el texto actual no especifica a qué lista de pueblos indígenas oficialmente reconocidos aplica. Hay una lista de pueblos indígenas minoritarios de la Federación Rusa de marzo de 2000 al igual que una lista de pueblos indígenas minoritarios del Norte, Siberia y del Lejano Oriente de la Federación Rusa de abril de 2006.

Se teme que, debido a la involuntaria sedentarización soviética, la ley reduzca el alcance de identificación de pueblos indígenas y sólo reconozca a los habitantes de la tundra y la taiga y excluya a quienes viven en poblados y ciudades. Como resultado, el número de personas con derecho al uso de recursos, pensiones anticipadas y otras garantías que provee la ley rusa para los pueblos indígenas podría reducirse drásticamente; por lo tanto, el estatus socioeconómico de pueblos indígenas se deterioraría aún más.

Derechos de pesca y caza

El 2018 fue otro año difícil para las comunidades indígenas que subsisten de la caza y pesca. Independientemente de la legislación federal que ampara la pesca libre, sin límites, ni permisos para los pueblos indígenas minoritarios como parte de su manera tradicional de vida, la realidad es que, en Kamchatka, como en muchas otras regiones, la pesca es altamente regulada por las autoridades estatales. Los pueblos indígenas no pueden decidir independientemente dónde o cuándo ni qué tipos de peces pueden pescar. En la temporada de pesca de 2018 se contabilizó una cantidad récord de salmón, aún así, los representantes indígenas reportaron que las restricciones de las autoridades regionales fueron las mismas que en años anteriores. Una de las quejas fue que los lugares de pesca asignados a miembros de las comunidades se encontraban a 150 km de distancia de su poblado y el camino para llegar estaba obstruido por cinco ríos. Los lugares asignados estaban patrullados por embarcaciones fronterizas armadas del servicio de seguridad federal quienes, según se informa, intimidaron a los pescadores indígenas en sus botes inflables. Pese a que la migración de peces de 2018 fue la más alta que se ha visto en más de un siglo, las autoridades no demostraron interés alguno para suavizar las restricciones a la pesca tradicional indígena. ³

En el distrito autónomo de Yamalia Nenetsia, la región más grande de Rusia para la extracción de gas, los habitantes indígenas protestaron sobres las constantes redadas del servicio de conservación de recursos biológicos del gobierno regional, el cual patrullaba de manera regular en vuelos de helicópteros los campos indígenas sin ningún representante indígena abordo que supervisara su comportamiento. Los vuelos se caracterizaron por la confiscación arbitraria de comida y armas de caza. Un caso presentado en las noticias mencionó que un hombre de Nenetsia, viudo y único sustento de dos hijos menores de edad, fue despojado de todas sus armas pese a que contaba con una licencia de posesión. El hecho de vivir en áreas de caza de osos polares convierte un arma en una necesidad para garantizar su propia seguridad. Además, los agentes confiscaron el pescado congelado que había preparado para el invierno a pesar de haber solicitado y recibido su cuota de pesca para él y sus hijos. Muchos otros casos de incidentes que involucran al servicio de recursos biológicos han sido reportados, incluido el incidente donde hubo golpes y disparos ocurrido en la población de Panayevsk que dejó a los pobladores realmente preocupados por su seguridad.⁴

Industrias extractivas

En 2015, el derecho de las autoridades locales para controlar el uso de la tierra y participar en la toma de decisiones sobre la asignación de tierras con fines de construcción en territorios indígenas había sido eliminado del Código de Tierras junto con el Artículo 31. Luego de protestas, reapareció en el Artículo 39 en una versión debilitada. Mientras que en el revocado Artículo 31 se estipulaba explícitamente que el gobierno local debía informar a la población acerca de cualquier posible retiro de tierras; podía ostentar reuniones y referendos; y debía basar sus decisiones en el resultado de dichas reuniones y referendos; el texto de 2015 no menciona quién tiene que informar al pueblo, organizar las reuniones y referendos y considerar los resultados. Desde entonces, las compañías han tendido a retener información de sus proyectos y a evitar consultas públicas y negociaciones importantes con el pueblo indígena y sus autoridades representativas.

En 2018, incrementó el número de casos donde las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) ya no estaban públicamente disponibles. Lo mismo ocurrió con la información del lugar y hora de las audiencias, a pesar de las disposiciones incluidas en la legislación ambiental de Rusia sobre el procedimiento de las consultas públicas durante la realización de las evaluaciones de impacto ambiental.

En la práctica, esto ha significado que muchas compañías hayan dejado de publicar información sobre sus proyectos en sitios web de acceso público como lo establece la ley, y han organizado audiencias públicas en ciudades a cientos de kilómetros de distancia del lugar de implementación del proyecto. En otros casos, las audiencias se han llevado a cabo en lugares remotos pequeños a donde los expertos externos (quienes apoyarían a la población local haciendo las preguntas indicadas y creando demandas) no pueden llegar. Como resultado, dichas audiencias se llevaron a cabo, en su mayoría, sin la participación de las partes más afectadas.

Uno de estos casos ocurrió en Sajá (Yakutia). En el Territorio de Uso Tradicional de Recursos Naturales (TTNRU) indígena, establecido conforme a la legislación de Yakutia, se iniciaron operaciones de extracción de oro sin notificar a las autoridades de la localidad de Iengra, ni negociar con los criadores de renos evenkis, quienes criaban a sus renos en esa área y tenían el derecho legal de hacerlo. Los criadores de renos presentaron una apelación ante la administración local y comentaron al noticiero de Yakutia que: “Desde abril, han talado árboles, desviado ríos, instalado equipos para el lavado de oro y construido más de diez edificios para mineros. El 3 de junio, comenzaron a laborar de 60 a 65 personas, que en su mayoría no eran locales”. ⁵

En septiembre de 2018, durante la reunión de una localidad, pobladores furiosos preguntaron a los representantes de la compañía si la empresa estaba consciente de que estaban trabajando ilegalmente. Los representantes de la compañía respondieron: “Sí, sabemos que infringimos la ley, a pesar de esto, las operaciones no se detendrán […] ¡Es sólo una ley estatal! Y nuestra licencia es federal”. Situaciones similares han ocurrido en otras áreas indígenas de Yakutia incluidos los distritos de Momski, Oymyakon y Ust-Yanskiy, donde compañías de extracción han recibido licencias federales y han comenzado operaciones sin notificar a las autoridades locales.

Al mismo tiempo, Rusia ha intensificado sus esfuerzos para comercializar internacionalmente sus combustibles fósiles. A finales de 2018, Alemania y Rusia buscaban en conjunto realizar la construcción de otro ducto de gas a través del mar Báltico. Este ducto transportaría principalmente gas natural extraído de las instalaciones de Gazprom en Bovanenkovo en la península de Yamal⁶. Éste es el hogar de la comunidad nómada de criadores de renos más grande del mundo. La región de Yamal, que es del tamaño de Francia, es una “zona fronteriza” cerrada y solamente se puede acceder con permiso del servicio secreto. Por esta razón, la información de la situación actual de las comunidades indígenas en áreas de extracción de gas es muy difícil de obtener, mientras que las actividades de las organizaciones indígenas son vigiladas muy de cerca por el estado. Pese a que todos sus países vecinos se oponen, Alemania está considerando garantías de exportación para el proyecto Nord Stream 2. La agencia de crédito a la exportación alemana, Hermes, ignora explícitamente su responsabilidad de logística conforme a los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, con respecto al origen natural del gas.

Mecanismos internacionales

En mayo de 2018, el Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU analizó a la Federación Rusa bajo su tercer ciclo de evaluación. Las recomendaciones que recibió por parte de otros estados acerca de la población indígena son⁷:

• Ratificar la Convención núm. 169 de la OIT (Madagascar, Paraguay, Honduras, recomendaciones 18);

• Respaldar formalmente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) e implementar sus principios en la legislación nacional (Noruega, 147.21).

Ambas recomendaciones fueron rechazadas por Rusia junto con todas las otras recomendaciones para el respaldo o ratificación de instrumentos adicionales sobre derechos humanos bajo la vaga justificación de que “Las decisiones de esta naturaleza se seguirán tomando con base en un análisis exhaustivo de las situaciones actuales, incluida la gama completa de factores y condiciones esenciales que se necesitan tomar en cuenta al convertirse en parte de acuerdos internacionales”.⁸ Rusia aceptó las recomendaciones de Nicaragua y Sudáfrica para proteger las lenguas indígenas y el fortalecimiento del marco legal sobre el desarrollo sostenible de indígenas. También aceptó dos recomendaciones de Bolivia, las cuales comenzaban con el verbo “continuar”, insinuando que son cosas que Rusia ya está haciendo: “involucrando activamente a los representantes de pueblos indígenas en actividades internacionales relacionadas con la protección de sus derechos” (147.295) y “fortaleciendo las políticas para la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas” (147.296).

No aceptó la recomendación de Estonia para “mejorar las situaciones precarias de los pueblos indígenas” (147.297) y parcialmente aceptó la recomendación de Hungría para “unificar las diversas leyes sobre los derechos de los pueblos indígenas, particularmente las que tienen relación con el acceso a la tierra y recursos naturales y prestar especial atención a la protección de su entorno natural” (147.298) sin especificar cuáles partes aceptaba.

Durante 2018, continuó el cuarto ciclo de revisión del Convenio Marco Europeo para la Protección de las Minorías Nacionales (FCNM), pero el informe sobre Rusia se programó para publicarse en 2019.

Varios de los defensores de los derechos humanos sufrieron lo que pareció fueron represalias por haber cooperado con los mecanismos de la ONU, especialmente el Mecanismo de alerta temprana y acción urgente de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. En 2015, junto al Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IGWA), activistas de los derechos humanos indígenas shors de la comunidad de Kazas, en la región de Kemerovo en el sur de Siberia, presentaron una denuncia a la Convención para solicitarle intercambiar cartas con el Gobierno de Rusia referente a la situación de las comunidades cuyos poblados han sido destruidos por la industria minera. En 2017, la Convención había emitido sus recomendaciones definitivas al Gobierno ruso sobre el caso. No obstante, en lugar de que estas recomendaciones se cumplieran, los líderes activistas fueron víctimas de amenazas y acoso para que se fueran del país y buscaran asilo en Europa. En diciembre de 2018, el asesor sénior del Grupo de Trabajo en Rusia, quien apoyó en la preparación y presentación de la denuncia, fue vetado de Rusia por 50 años sin ningún tipo de explicación dos semanas después de dar unos breves comentarios sobre la situación de los pueblos indígenas de Rusia en las áreas de extracción de recursos durante el Foro de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU.

Este artículo es parte de la 33ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2019 - IWGIA - International Work Group for Indigenous Affairs

Notas y referencias

1. Las demandas del proyecto de enmienda: (I) Información de familiares (descendientes directos) y su línea ascendente (hijos, incluyendo los adoptados, nietos, padres, abuelos), hermanos o hermanastros (tener ya sea el padre o madre en común), así como familiares de tercer grado (con consentimiento escrito). Sobre la enmienda de la ley federal “sobre las garantías de los derechos de pueblos indígenas minoritarios de la Federación Rusa” con respecto al establecimiento del orden de la cuenta de personas pertenecientes a los pueblos indígenas minoritarios.
2. Véase el registro del Estado en “Rasporiazhenie Pravitelstva RF ot 8 maia 2009 No. 631-r Ob utverzhdenii perechnia mest traditcionnogo prozhivaniia i traditcionnoi khoziaistvennoi deiatelnosti korennykh malochislennykh narodov RF i perechnia vidov ikh traditcionnoi khoziaistvennoi deiatelnosti”18 de mayo de 2009. Disponible en http://bit.ly/2T5Vvsi
3. Véase Regnum.ru: Aborigeny Kamchatki pozhalovalis Putinu na bezzakoniia Rosrybolovstva Proisshestviia ‘‘Eto prosto nichem ne prikrytyi rasizm’’ 13 de febrero de Disponible en: http://bit.ly/2T3lCA1
4. Véase Info Pressa, “Na iamalskikh KMNS obiavili oblavu. Chinovniki IaNAO podozrevaiut v ekspropriatcii Rosgvardiiu i Rybnadzor” 1 de octubre de 2018. Disponible en: http://bit.ly/2T7jQ0R
5. Assotsiatsiia Korennykh Malochislennykh Narodov Severa Respubliki Sakha (Yakutiya): Zolotodobytchiki: My ne priznaem vashi zakoni!” (6 de septiembre de 2018). Disponible en: http://bit.ly/2T4ZTI0
6. NordStream 2: Fakten und Mythen. Disponible en: http://bit.ly/2T7jY0l (acceso el 25 de febrero de 2019).
7. Report of the Working Group on the universal periodic review: Russian Federation A/HRC/39/13 (12 de junio de 2018).
8. Informe del Grupo de Trabajo sobre la Evaluación Periódica Universal: Federación Rusa. Anexo: Observaciones sobre las conclusiones y/o recomendaciones, compromisos coluntarios y respuestas presentadas por el Estado en evaluación. A/HRC/39/13/Add.1 (3 de diciembre de 2018).

Olga Murashko es una antropóloga rusa y una de las cofundadoras del Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas de Moscú (IWGIA). Trabaja como consultora para el Centro de Apoyo para Pueblos  Indígenas del Norte (CSIPN).

Johannes Rohr es un historiador alemán que ha trabajado con organizaciones de pueblos indígenas en Rusia desde 1995. Se ha enfocado en sus derechos económicos, sociales y culturales. Actualmente trabaja como consultor para el IWGIA e INFOE.

Etiquetas: Derechos Humanos, IWGIA, Defensores de derechos humanos indígenas