El Mundo Indígena 2022: Perú
Según el Censo 2007, existen más de 4 millones de personas indígenas en el Perú: 83.11 % Quechuas, 10.92 % Aimaras, 1.67 % Asháninkas y 4.31 % pertenecientes a otros pueblos indígenas amazónicos. La Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios (BDPI) da cuenta de la existencia de 55 pueblos indígenas en la actualidad, que hablan 47 lenguas indígenas en el país. Por otro lado, el 21 % del territorio nacional está cubierto por concesiones mineras, las cuales se superponen al 47.8 % del territorio de las comunidades campesinas.
Asimismo, la Amazonía peruana está cubierta en un 75 % por concesiones de hidrocarburos. La superposición de derechos sobre los territorios comunales, la enorme presión de las industrias extractivas, la ausencia de ordenamiento territorial y la falta de implementación eficaz de la consulta previa, agudizan los conflictos territoriales y socioambientales en Perú, país que ha suscrito y ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en el 2007.
El 2021 fue un año marcado por las elecciones presidenciales y una intensa polarización política que se prolonga al 2022. Por un lado, las fuerzas de la derecha recalcitrante intentaron hacerse del gobierno bajo la jefatura de Keiko Fujimori, quien desplegó una campaña millonaria y fue ampliamente favorecida por el sector empresarial y mediático. Un motivo de fuerza para intentar llegar al gobierno era evitar la prisión, debido a que se encuentra inculpada en procesos judiciales.
En la segunda vuelta electoral, Pedro Castillo Terrones, un profesor rural y campesino de Cajamarca, uno de los departamentos más pobres del Perú, se vio favorecido con el voto popular y fue elegido presidente por una pequeña diferencia de 44.263 votos.
Los sectores de la derecha y el poder mediático concentrado en el Perú desataron una campaña denunciando fraude electoral y buscaron por diversos medios desconocer los resultados e incluso cuestionar a las instituciones electorales[1]. Las acusaciones contra Pedro Castillo se basaron en señalarlo —sin pruebas— de comunista, terrorista e instrumento de la proscrita agrupación terrorista Sendero Luminoso. En este contexto aparecieron grupos de extrema derecha vinculados a exmilitares, quienes hicieron manifestaciones violentas e incluso efectuaron amenazas y agredieron a personas públicas solidarias con Castillo[2].
Desde su juramentación, el gobierno de Pedro Castillo no ha conocido un día de paz. El primer gabinete, presidido por el parlamentario cusqueño Guido Bellido, estuvo sometido a la interpelación de sus ministros que se realizó con el argumento de una “lucha contra el terrorismo” en el gabinete. Un caso que resaltó fue el de Héctor Béjar Rivera, sociólogo, docente universitario y exguerrillero en la década de los 60, , quien, tras dos semanas, tuvo que dejar el cargo como ministro de Relaciones Exteriores a causa de acusaciones basadas en la tergiversación mediática de sus declaraciones[3].
De esta forma y como parte de un enfrentamiento constante, las bancadas parlamentarias de derecha presentaron un pedido de vacancia presidencial. Si bien esta medida no prosperó en el Congreso, distintos organismos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, manifestaron su preocupación por el uso indiscriminado de esta figura legal[4].
A partir de octubre, el desempeño del gobierno se vio fortalecido por el cambio del gabinete ministerial. Con un carácter más conciliador y dialogante, la nueva presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez Chuquilín (excongresista y abogada defensora de derechos humanos), desarrolló una política enfocada en salud, derechos y medio ambiente. Dentro de esta línea, impulsó un trabajo coordinado con los distintos ministerios e instancias estatales para resolver los conflictos sociales y las demandas de pueblos indígenas que se presentaron durante los primeros meses de su gestión.
En atención a los derechos de los pueblos de la Amazonía, el gabinete de Vásquez adoptó medidas concretas para continuar con la titulación de más de 50 comunidades de las regiones de Ucayali, Huánuco y Junín. Así también, acordó avanzar con la atención a las demandas en salud, educación y ambiente de las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corriente y Marañón, en Loreto, donde se encuentran lotes de explotación petrolera que causan constantes derrames.
Además, se impulsaron y cumplieron acuerdos de atención en las zonas de conflictos mineros en los Andes. En Chumbivilcas, departamento de Cusco, se implementaron mecanismos para retomar el diálogo con las comunidades de la zona, cuyos territorios son atravesados por el denominado “Corredor Minero”. De igual forma, se continuaron las coordinaciones para la resolución de conflictos en la comunidad de Aquia, en Áncash. Estos acuerdos se alcanzaron sin recurrir a la represión y a pesar de que las empresas mineras adoptaron nuevos mecanismos de presión indirecta mediante la paralización total de sus labores, decisión que significó cuantiosas pérdidas económicas al país por la envergadura de los proyectos extractivos y la dependencia económica de estas materias primas.
Teniendo en cuenta que las demandas de los pueblos de los Andes y de la Amazonía peruana datan de gobiernos anteriores, las acciones del equipo ministerial para establecer una política de diálogo han sido significativas. “No volvemos al Estado de derecho reprimiendo y matando gente. Volvemos al Estado de derecho cuando encausamos estos conflictos, institucionalizamos las salidas y nos ponemos a dialogar con los actores”, señaló la primera ministra en noviembre, en medio del reinicio de conflictos.
Situación Costa Andes
Conflicto minero Las Bambas, Apurímac
Uno de los principales conflictos del 2021 involucra a la minera china MMG, su mina de cobre Las Bambas, en Apurímac, y a las comunidades de la provincia de Chumbivilcas, en Cusco, por los impactos que causa el transporte terrestre del mineral.
El conflicto se reactivó con fuerza en septiembre con el bloqueo de caminos del Corredor Minero Sur por parte de las comunidades. A principios de octubre, se levantó al alcanzarse un acuerdo entre la empresa y las comunidades. Se propuso que las comunidades sean proveedoras y brinden servicios de transporte y mantenimiento a la empresa, además de retomar el proceso de diálogo para atender otras demandas principales de las comunidades y prevenir futuros conflictos.
Sin embargo, el diálogo entre las partes se volvió a quebrar a mediados de noviembre ante la falta de consenso en las negociaciones sobre los montos y cifras de contratos para tener a las comunidades como proveedoras, lo que llevó a estas últimas a retomar el bloqueo del corredor desde el 19 de ese mes. En respuesta, la minera china anunció que a partir del 18 de diciembre cerraría la producción en su mina, lo que fue calificado como un “chantaje” por las comunidades, que se mantuvieron en bloqueo hasta el 22 de diciembre, cuando levantaron la medida de protesta a la espera de una reunión con representantes de la empresa, funcionarios de los gobiernos nacional, regional y locales. Finalmente el 30 de diciembre se produjo la reunión y se acordó retomar un diálogo pacífico. Se programó un próximo diálogo para el 18 de enero. Mientras continúan las conversaciones, las comunidades se comprometieron a no bloquear el corredor y la minera anunció el restablecimiento de sus actividades desde el 31 de diciembre. Sin embargo, las tensiones continúan con estas y otras comunidades que se ven impactadas por el transporte de minerales y que no están consideradas como zonas de impacto directo a pesar del ruido y polvareda que ocasiona el traslado de grandes unidades de vehículos por sus territorios.
Afectados por metales tóxicos en los Andes y la Amazonía
La lucha por recibir atención de los afectados por metales tóxicos también tuvo un papel protagónico durante el 2021. En enero, lograron que el gobierno establezca la vigencia hasta el 30 de junio de 2021 de la Comisión Multisectorial Temporal para el Abordaje Integral e Integrado a Favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas, modificando así la norma que creó dicha comisión en julio del 2020 y que limitaba su atención solo a la población expuesta a metales pesados.
Este grupo de trabajo, a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros e integrado por 14 viceministerios, representantes regionales y la sociedad civil, elaboró el informe técnico que albergaría la propuesta del Plan Especial Multisectorial para la Intervención Integral a Favor de la Población Expuesta a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas Tóxicas, que finalmente fue aprobado el 23 diciembre y priorizará la atención de personas afectadas por metales pesados de los territorios de Cuninico (Loreto), Cerro de Pasco, Espinar (Cusco), cuenca del Coata (Puno) y La Oroya (Junín)[5].
Para dar cumplimiento al plan, y en aras de garantizar el derecho a la salud humana de la población expuesta, también se aprobó en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, el financiamiento de acciones vinculadas a la atención de las personas afectadas por la contaminación por metales pesados que supera los 50 millones de soles.
Esterilizaciones forzadas
Las esterilizaciones forzadas en el Perú constituyen un caso emblemático de violación a los derechos sexuales y reproductivos de uno de los sectores más vulnerables en el Perú. Llevado a cabo entre 1996 y el 2000, durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, el denominado Plan Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar fue una política que buscaba disminuir la pobreza a través de la reducción de la natalidad y estuvo dirigida, principalmente, a mujeres de bajos recursos económicos que tenían el quechua como única lengua.
El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) publicó en 2021 Perú: Las Esterilizaciones en la década del terror, un texto de 184 páginas editado por el antropólogo Alberto Chirif, que reúne ocho contribuciones de mujeres sobre el tema[6]. Para la excongresista y defensora de derechos humanos, Rocío Silva Santisteban, se trató de una agresiva política de control patriarcal y colonial sobre los cuerpos racializados de sectores económicamente deprimidos, una forma de dominación biopolítica.
A la fecha, hay registros de más de 270 mil mujeres esterilizadas, aunque la cifra sería mucho mayor y sobrepasaría a las 300 mil víctimas, como indica la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef). Además, 22 mil hombres también sufrieron las consecuencias de esta política impulsada por los exministros de Salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer y Eduardo Yong Motta, con la venia del expresidente Fujimori.
En el 2021, entre constantes reprogramaciones de las audiencias preparatorias, el caso volvió a discutirse en la agenda mediática en medio de la segunda vuelta de los comicios presidenciales. A la vez que la candidata Keiko Fujimori anunciaba un posible indulto a su padre, se refería a las esterilizaciones forzadas como “hechos aislados”. Extendida entre seguidores y allegados del condenado exmandatario, esta posición es contrarrestada por las más de 180 pruebas recogidas por el fiscal del caso. En este contexto electoral, las mujeres recibieron el respaldo y compromisos del candidato Pedro Castillo, actual presidente del país[7].
Tras 25 años de luchas, en diciembre del 2021, la apertura del juicio oral contra los acusados por el caso de esterilizaciones forzadas constituyó un hito en la lucha de las víctimas. Sin embargo, desde Ampaef han recordado que queda un largo camino judicial y que todavía hay compromisos pendientes como el de las reparaciones integrales[8].
Situación Amazonía
Deforestación y grandes amenazas
Hacia fines del año se reveló que Perú alcanzó la cifra de deforestación más alta en las últimas dos décadas durante 2020, con 203.272 hectáreas de bosque perdidas en el año, una cifra que supera en 54.846 la cantidad de bosques perdidos el año anterior. La cifra resulta del monitoreo satelital que realiza el Ministerio del Ambiente , a través de su Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático[9].
La tendencia parece continuar durante 2021 si se considera diversos reportes como el lanzado a fines de septiembre por el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina, que registró la pérdida de más de 860.000 hectáreas de bosque primario en la Amazonía peruana central entre enero y octubre de 2021, específicamente en las regiones de Ucayali, Huánuco y el sur de Loreto[10].
El avance de la deforestación se debe a la minería ilegal, el narcotráfico, los monocultivos. También, se destacan los recientes casos de una nueva colonia menonita instalada en la selva, que ha deforestado casi 300 hectáreas, y una plantación de arroz a gran escala de cerca de 400 hectáreas en la ribera derecha del río Aguaytía, cercana al municipio de Nueva Requena, en Ucayali. Asimismo, existen focos de deforestación en la región de Madre de Dios vinculada a la minería aluvial ilegal, especialmente en las inmediaciones de La Pampa.
Respecto a la participación de Perú en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26), formó parte de los países suscritos a la Declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra. La declaración compromete a más de 100 líderes mundiales a sumar esfuerzos para detener la deforestación e impulsar la restauración, conservación y manejo sostenible de los ecosistemas naturales.
Asesinatos de defensores ambientale
Al menos una decena de defensores ambientales y líderes indígenas fueron asesinados en Perú durante la pandemia, entre 2020 y 2021, según el registro de diversas instituciones revisados por Servindi. Seis en 2020 y cuatro en 2021.
Los asesinatos ocurridos en 2021 cegaron la vida a los líderes amazónicos Herasmo García, Yenes Ríos, Mario López y Lucio Pascual. La muerte de estos dirigentes está vinculada al avance en las comunidades nativas de actividades ilícitas, como el cultivo de hoja de coca, la tala ilegal de madera y el narcotráfico[11].
En junio, 86 organizaciones indígenas e instituciones de Perú y el mundo exhortaron al Estado peruano a implementar medidas concretas para proteger a los defensores de derechos humanos de pueblos indígenas.
Pueblos en aislamiento y contacto inicial
En febrero de 2021, la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente solicitó medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se ordene al Estado peruano adoptar medidas efectivas en la protección a los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto IniciaI (PIACI)[12].
En Perú, el Ministerio de Cultura es el ente rector en la protección de los pueblos en aislamiento y contacto inicial, como lo establece la Ley 28736 (Ley PIACI), vigente desde 2006. A pesar de que con esta ley se aprobó la creación del Régimen Especial Transectorial para articular, coordinar y supervisar acciones de protección a los PIACI, hasta la fecha no existen mecanismos que permitan implementarlo plenamente, denuncian las organizaciones indígenas[13].
Pese a ello, las demandas y el trabajo sostenido de las organizaciones en defensa de los PIACI han tenido resultados concretos durante 2021. Prueba de esto son las creaciones de la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur y la Reserva Indígena Yavarí Tapiche[14], que demoraron alrededor de 20 años en ser aprobadas por el Estado. Además, en Yavarí Tapiche se logró aprobar su plan de protección.
A su vez, como parte de las acciones para articular los esfuerzos de las organizaciones, se presentó la iniciativa del Corredor Territorial de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial y de Bosques Continuos Yavarí Tapiche en alianza entre organizaciones indígenas de Perú y Brasil. A diferencia de los corredores biológicos, los corredores territoriales incluyen un enfoque que rescata los derechos humanos de los PIACI junto a la conservación de la biodiversidad de sus territorios, que son clave para enfrentar la emergencia climática[15].
En medio de estos logros obtenidos por las organizaciones indígenas han continuado las acciones de intimidación, medidas que no se restringen a organizaciones criminales. Las empresas extractivas han encontrado en la vía judicial un espacio efectivo para silenciar las demandas de los pueblos indígenas. Tal es el caso de una sentencia contra la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes que la limita en su defensa de pueblos en aislamiento[16].
“La situación que enfrentan estos pueblos es muy delicada. Se requiere mayor convicción, compromiso y efectividad de parte del Estado para garantizar la protección de pueblos en aislamiento, y las organizaciones indígenas están ofreciendo todo su apoyo”, sostiene la antropóloga especialista en PIACI Beatriz Huertas.
Biodiversidad y tráfico de especies
En 2021 se hizo visible el movimiento a favor de la creación de los Territorios de Vida (TICCA) como estrategia para enfrentar la crisis climática y evitar la depredación de la biodiversidad. Esta estrategia busca reconocer y fortalecer la gobernanza territorial indígena sobre áreas protegidas conservadas por los pueblos y comunidades sin intervención del Estado.
El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís obtuvo su reconocimiento como TICCA por parte de la Organización de las Naciones Unidas, que incluyó al territorio wampis en el registro de Territorios y Áreas Conservadas por Pueblos Indígenas y Comunidades Locales, así como en la Base Mundial de Datos sobre Áreas Protegidas. El registro lo realiza el Centro Mundial para el Seguimiento de la Conservación de ONU Ambiente. El territorio del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís abarca 1.3 millones de hectáreas de bosques y fuentes de agua en la Amazonía norte de Perú, en las regiones Amazonas y Loreto.
Por otro lado, entre los delitos que atentan contra la biodiversidad en el país también está latente el tráfico ilegal de animales silvestres, que aún no es reconocido como crimen organizado pese su gravedad mundial y a cinco iniciativas legislativas de congresistas peruanos que proponen esta medida desde 2019[17]. No obstante, esta actividad ilícita fue foco de la atención pública gracias a la viralización mediática de un pequeño zorro andino que fue vendido como perro en el distrito de Comas, en Lima, y posteriormente trasladado a un zoológico, tras su rescate[18].
Entre los motivos que impiden la erradicación del crimen en territorio nacional, especialistas señalan la falta de control en fronteras, carreteras y en puntos de venta ya identificados; así como las creencias de ciertas comunidades para utilizar partes de animales como amuletos o para consumo[19].
Perspectivas 2022
Gobiernos autónomos emergentes
El 2021 fue un año fructífero en el surgimiento de gobiernos autónomos. En diciembre se realizó la gran asamblea que conformó el Gobierno Territorial Autónomo Awajún (GTAA) como resultado de un proceso de varios años de articulación entre organizaciones que consensuaron el estatuto durante 2019 y 2020. El gobierno awajún representa un pueblo integrado por aproximadamente 70 mil habitantes con arraigo en cuatro departamentos: Amazonas, San Martín, Loreto y Cajamarca.
El gobierno awajún eligió como su primera autoridad a Gil Inoach Shawit, un connotado líder y abogado de gran trayectoria en el movimiento indígena peruano, quién se desempeñó como presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruna durante dos periodos. Precisamente, uno de los eventos destacados del año fue la presentación del libro Siempre Awajún, que reúne las memorias de Gil Inoach. El gobierno awajun recibió el reconocimiento y saludo del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis y de esta manera, se amplía y fortalece la experiencia de otros pueblos como el Kandozi, Chapra y Shawi, que también han emprendido sus procesos organizativos autónomos.
Gobernabilidad en ciernes y derecha al acecho
El 2021 culmina con el fracaso de los grupos de la extrema derecha empeñados en declarar la vacancia de Pedro Castillo antes de fin de año, coludida con una prensa dedicada a sabotear y deslegitimar la imagen presidencial y propiciando un clima de inestabilidad política que será el pan de cada día durante el 2022.
Debilitado por sus propios errores o limitaciones, por la ausencia de una bancada propia unida y fortalecida, al acecho de la derecha recalcitrante y el poder mediático, la gobernabilidad de Castillo es un enigma en lo que muchos consideran una oportunidad perdida.
El presente informe fue elaborado por Renzo Anselmo, Ian Bravo y Camila Alomía, miembros del equipo periodístico de Servindi que coordina Jorge Agurto.
Este artículo es parte de la 36ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra mujeres indígenas que se ponen de pie y asumen el mando en la lucha por los derechos territoriales de su comunidad en Jharkhand, India. Fotografiada por Signe Leth, es la portada del Mundo Indígena 2022 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2022 completo aquí
Notas y referencias
[1] "Maniobras fujimoristas contra la voluntad popular". Servindi, 14 de junio de 2021. https://www.servindi.org/actualidad/14/06/2021/maniobras-fujimoristas-contra-la-voluntad-popular
[2] "Armas, agresiones y bravuconadas en plantón de exmilitares". Servindi, 22 de junio de 2021. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/22/06/2021/armas-agresiones-y-bravuconadas-en-planton-de-exmilitares "Exmilitares en grupos de extrema derecha buscan vacancia presidencial". Servindi, 8 de noviembre de 2021. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/08/11/2021/grupos-extremistas-continuan-con-marchas-en-objetivo-pro-vacancia
[3] "Béjar, el ‘terrorismo’ y el linchamiento mediático". Servindi, 19 de agosto de 2021. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/19/08/2021/bejar-el-terrorismo-y-el-linchamiento-mediatico
[4] "CIDH preocupada por mal uso de figura de vacancia presidencial". Servindi, 10 de diciembre de 2021. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/10/12/2021/cidh-preocupada-por-mal-uso-de-figura-de-vacancia-presidencial
[5] “Aprueban plan para atender a afectados/as por metales tóxicos”. Servindi, 23 diciembre 2021. http://www.servindi.org/actualidad-noticias/23/12/2021/aprueban-plan-para-atender-afectados-por-metales-toxicos
[6] Alberto Chirif. “Perú: las Esterilizaciones en la década del terror”. Perú, IWGIA y Demus,2021. https://es.scribd.com/document/523521570/IWGIA-Peru-Las-Esterilizaciones-en-La-Decada-Del-Terror-Publicacion-2021#from_embed
[7] Ver:“Víctimas de esterilizaciones forzadas reciben respaldo de Pedro Castillo”. Servindi, 31 de mayo de 2021. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/31/05/2021/victimas-de-esterilizaciones-forzadas-reciben-respaldo-de-pedro
[8] ”Esterilizaciones forzadas: reparación integral pendiente”. Servindi, 15 de diciembre de 2021. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/14/12/2021/esterilizaciones-forzadas-reparacion-integral-pendiente
[9] Yvette Sierra Praeli. “Perú alcanza cifra de deforestación más alta en los últimos 20 años”. Servindi, 10 de octubre de 2021. https://www.servindi.org/10/10/2021/peru-alcanza-cifra-de-deforestacion-mas-alta-en-los-ultimos-20-anos
[10] “Amazonía perdió más de 860 mil hectáreas en lo que va del 2021”. Servindi, 13 de octubre de 2021. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/13/10/2021/amazonia-perdio-mas-de-860-mil-hectareas-en-lo-que-va-del-2021
[11] “Diez defensores y líderes indígenas asesinados durante la pandemia”. Servindi, 23 de diciembre de 2021. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/23/12/2021/diez-defensores-y-lideres-indigenas-asesinados-durante-la-pandemia
[12] "ORPIO solicita a la CIDH que el Estado proteja a los PIACI". Servindi, 2 de febrero de 2021.https://www.servindi.org/actualidad-noticias/02/02/2021/orpio-solicita-la-cidh-que-el-estado-proteja-los-piaci
[13] "Exigen destituir funcionarios del sector Cultura por no proteger a los PIACI". Servindi, 4 de abril de 2021. https://www.servindi.org/04/04/2021/exigen-destituir-funcionarios-del-sector-cultura-por-no-proteger-los-piaci
[14] "Gobierno aprueba Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur". Servindi, 22 de julio de 2021. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/22/07/2021/gobierno-aprueba-reserva-indigena-kakataibo-norte-y-sur
Yvette Sierra Praeli. "Perú: se crea Yavarí Tapiche, la primera reserva indígena para pueblos en aislamiento en Loreto". Mongabay, 15 de abril de 2021. https://es.mongabay.com/2021/04/yavari-tapiche-la-primera-reserva-indigena-para-pueblos-en-aislamiento-en-loreto/
[15] "Corredores Territoriales: hacia una verdadera protección de pueblos en aislamiento". Servindi, 3 de enero de 2022. https://www.servindi.org/actualidad-informe-especial-noticias/03/01/2022/corredores-territoriales-hacia-la-proteccion-de-los
[16] "Sentencia judicial limita defensa de pueblos en aislamiento". Servindi, 14 de diciembre de 2021. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/14/12/2021/sentencia-judicial-limita-defensa-de-pueblos-en-aislamiento
[17] "Plantean que tráfico de especies sea delito de crimen organizado". Servindi, 3 de marzo de 2021. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/02/03/2021/proponen-que-trafico-de-especies-sea-delito-de-crimen-organizado
[18] Camila Alomía. "Zorrito andino en cautiverio, traficantes libres". Servindi, 9 de noviembre de 2021. https://www.servindi.org/actualidad-noticias/09/11/2021/zorro-en-cautiverio-traficantes-libres
[19] "[Informe] Tráfico ilegal de fauna: un problema latente que no se detiene". Clima de Cambios, 18 de noviembre de 2021. https://www.pucp.edu.pe/climadecambios/noticias/trafico-ilegal-de-fauna-un-problema-latente-que-no-se-detiene/
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