Perú: El suicidio de mujeres indígenas

El suicidio constituye un problema de salud pública mundial que sobrepasa culturas y clases sociales. Sin embargo, dentro de la población indígena, y de manera preocupante en el caso de las mujeres jóvenes y adolescentes de los pueblos Awajún (Amazonas) y Kukama (Loreto), los intentos de suicidio se han acentuado en los últimos años. Una investigación del Instituto Nacional de Salud Mental en la selva rural da cuenta de que casi la mitad de las mujeres encuestadas se siente insatisfecha por el nivel educativo y socioeconómico alcanzado. El 26% de ellas ha sentido alguna vez deseos de morir, frente al 7,5% manifestado por los hombres. Por su parte, un estudio de Unicef sugiere que entre los awajún el intento de suicidio es un mecanismo culturalmente asumido y de larga data como respuesta a los conflictos interpersonales. 

 

Ante esta compleja realidad, no cabe una explicación única, pues los motivos son múltiples y deben ser estudiados según las particularidades de cada pueblo indígena. Sin embargo, nuevos factores como el ingreso de actividades ilegales a sus tierras –tala, narcotráfico y trata de personas– o actividades extractivas sin la adecuada vigilancia ambiental y social vienen generando alteraciones profundas en el entorno social indígena y en el deterioro de las condiciones de vida de las mujeres.

La priorización de la mano de obra masculina (jornalero u obrero) es la más visible, aunque no la única, de las actitudes de exclusión de las mujeres. El reemplazo de la agricultura de subsistencia (labor que realizaban las mujeres) por una nueva economía de intercambio de bienes contribuye a restarles autonomía. 

Estos cambios, sumados a otros factores sociales y personales, como han señalado diversos especialistas, estarían produciendo cuadros severos de frustración que llevan a algunas mujeres a considerar insoportable su existencia. Por ejemplo, en una comunidad de El Cenepa, el responsable del centro de salud nos reportó que conoció por lo menos 50 casos de suicidio en años recientes. 

Ante ello, urge al Estado emprender reformas sustantivas que apunten a disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, a controlar los impactos sociales diferenciados y a tener alternativas dentro de las dinámicas productivas que permitan reducir la incertidumbre e inseguridad sobre el futuro de las mujeres. 

Todo esto debe estar acompañado por un nuevo enfoque en la intervención del sector salud para atender los casos de intentos de suicidio, pues no existe, en la actualidad, ningún tratamiento adecuado para ellas en los establecimientos de salud de las comunidades. Las postas no tienen personal especializado y con competencias interculturales que permita centrar la atención no solo en el comportamiento emocional individual, sino en la identificación de otros factores de riesgo sociales, simbólicos y culturales subyacentes.

La experiencia demuestra que, en contextos culturales diferentes, enviar psicólogos a la zona con enfoques de salud mental tradicionales no ha surtido efecto para resolver una problemática que involucra otros aspectos del propio entramado cultural.

En este contexto, es incomprensible que ante las graves condiciones de salud –física y mental– que enfrentan los pueblos indígenas el poder ejecutivo continúe postergando –desde hace 18 meses– la aprobación de la política de salud intercultural. No cabe duda de que esta medida contribuirá a examinar con seriedad y rigor el servicio de salud brindado a fin de hacer los correctivos necesarios para enfrentar esta penosa realidad y vislumbrar nuevas formas de atención que eviten el suicidio de más mujeres indígenas.