El Mundo Indígena 2023: Paraguay
En Paraguay se identifica a cinco familias lingüísticas y 19 pueblos indígenas: Guaraní (Aché, Avá Guaraní, Mbya, Pai Tavytera, Guaraní Ñandeva, Guaraní Occidental), Maskoy (Toba Maskoy, Enlhet Norte, Enxet Sur, Sanapaná, Angaité, Guaná), Mataco Mataguayo (Nivaclé, Maká, Manjui), Zamuco (Ayoreo, Yvytoso, Tomáraho) y Guaicurú (Qom). De acuerdo a las estadísticas de 2017, la población indígena del país es de 122.461 personas.
El Capítulo V de la Constitución de 1992 reconoce a los pueblos indígenas como grupos de culturas anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo, reconociéndoles derechos como identidad étnica, propiedad comunitaria, participación y educación, atendiendo a peculiaridades culturales.
Paraguay cuenta con un marco jurídico que garantiza y reconoce una gama de derechos bastante amplia a favor de los pueblos indígenas, habiendo ratificado los principales instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, tanto en el sistema universal como en el interamericano.
El endurecimiento de las penas y la práctica continuada de los desalojos forzosos movilizó a una multitud que marchó en las calles de Asunción el 10 de diciembre de 2021 exigiendo el cese de la persecución y el fin de la criminalización de indígenas y campesinos.
En efecto, un rasgo de trascendencia política y social significativa de la coyuntura, sin dudas, es la apropiación del movimiento social e indígena de la fecha conmemorativa del Día Internacional de los Derechos Humanos. Hasta no hace mucho, esta fecha era aprovechada únicamente por actores sociales provenientes de las organizaciones de la sociedad civil para visibilizar su agenda reivindicativa y denuncias. La agobiante criminalización y violencia que sufren los asentamientos campesinos y las comunidades indígenas, víctimas de un patrón de violencia orientado a la privación de sus derechos de propiedad comunal, en el caso de estas últimas, y del acceso a la tierra y la reforma agraria de los primeros, subrayó la importancia de la unidad de acción de los diferentes sectores afectados.
Las acciones de protesta empezaron el 10 de diciembre de 2021, y si bien tuvieron como protagonistas centrales a las organizaciones campesinas, también contaron con una amplia participación de sectores indígenas organizados y, en especial, de las víctimas de los desalojos forzosos.[1]
La principal consigna de la movilización, así como de las que se sucederían luego, en el primer cuatrimestre del 2022, fue el pedido de derogación de la ley que convertía en crimen lo que hasta ese año era un delito: el hecho punible de invasión de inmueble ajeno.[2] Al aprobarse esta medida, las penas se duplicaron con la inocultable pretensión de presionar con amenaza de cárcel a quienes a lo largo de las últimas décadas han encontrado como única herramienta para el acceso a derechos la ocupación de tierras y la protesta social.
Las movilizaciones y protestas del movimiento social e indígena tuvieron su correlato de acciones de exigibilidad por parte de organizaciones de la sociedad civil. En este sentido, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) articuló esfuerzos para promover el debate nacional e internacional sobre la deteriorada situación de los derechos humanos de las comunidades indígenas, para lo cual documentó casos y realizó comunicaciones a organismos internacionales de protección derechos humanos, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal, que rápidamente se preocuparon por la situación en Paraguay.
En febrero, indígenas de la comunidad Ka’a Poty y otras, junto a referentes de organizaciones sociales, participaron de una suerte de interpelación social al gobierno, realizada en la Plaza de Armas de Asunción, lugar transformado en el hábitat de los desamparados. Allí acampaban, por entonces, cientos de indígenas a quienes el Estado había privado de sus tierras, arrojándolos a la humillación de vivir en un espacio público, a ojos de una sociedad que, generalmente, es incapaz de reaccionar en clave de derechos humanos para solidarizarse.
En ese marco, la reunión con representantes de diversas instituciones públicas incluyó al recientemente sustituido titular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), que entonces contaba con apenas una semana en el cargo.[3]
Coincidiendo con dicha acción, en el mismo día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó a la Cancillería paraguaya sobre la convocatoria a una audiencia temática sobre los desalojos forzosos y la política agraria en el Paraguay, que se realizaría en marzo del 2022.
Durante su primer periodo de sesiones del año pasado, la CIDH se transformó en el primer foro internacional donde se analiza el agravamiento de las violaciones de derechos humanos con relación a comunidades indígenas y campesinas en Paraguay, víctimas de desalojos forzosos en 2022.[4]
Mientras se sucedían las protestas a lo largo de numerosos departamentos del país, entre ellos Caaguazú, Canindeyú y San Pedro, que culminaron con una gran movilización de campesinos e indígenas en la capital en marzo. El objetivo estaba centrado en la ratificación de las exigencias enunciadas desde finales del 2021, consistentes en la derogación de la reforma penal que criminalizaba la lucha social y la protección de las comunidades.[5]
Estas acciones sucesivas y articuladas de varios sectores, tanto del movimiento social como de las organizaciones de la sociedad civil, en especial de la CODEHUPY, desembocaron finalmente en una reunión política de alto nivel, celebrada en abril entre la dirigencia indígena y campesina y los principales congresistas y representantes del Ejecutivo.[6] La reunión, que tenía como marco institucional la sesión conjunta de las Comisiones de Derechos Humanos, Reforma Agraria y de Pueblos Indígenas, todas de la Cámara de Senadores, contó además con la observación internacional de la Organización de las Naciones Unidas.
Desde que se había iniciado la pandemia y la ola de persecución, represión y criminalización de la lucha por la tierra, era la primera vez que se producía un diálogo entre la dirigencia campesina e indígena de forma directa con varios de los principales protagonistas políticos que impulsaron las medidas denunciadas como regresivas y represivas. De esta forma, en el Salón Acosta Ñu de la Cámara de Senadores se desarrolló este encuentro con la atenta mirada de representantes de la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, entre ellos, Jan Jarab, y el coordinador residente del sistema de la ONU en el Paraguay, Mario Samaja, quienes participaron del diálogo.
La agenda propuesta giró en torno a cuatro temas enunciados por los representantes indígenas y campesinos: 1) la regularización jurídica de los asentamientos campesinos e indígenas; 2) la protección de campesinos e indígenas contra los desalojos forzosos, 3) la recuperación de las tierras malhabidas; y, 4) la atención de las personas y familias desalojadas, en particular, de aquellas que acampaban en la ciudad capital y en otros lugares del interior del país, como en plazas o la vera de caminos.
Con posterioridad a estas movilizaciones y acciones de exigibilidad de derechos, el movimiento social ingresó en un letargo, sin haber obtenido respuestas positivas o avances favorables a sus pretensiones. En este contexto, la legislación penal que fuera modificada para endurecer las penas por el hecho punible de invasión de inmueble ajeno quedó consolidada en el 2022, al no existir una mayoría parlamentaria capaz de revertirla.
Luego del periodo de movilizaciones descripto, lo único que resonó con fuerza fue la manifestación pública realizada en la capital de Paraguay, Asunción, protagonizada por la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna, que repitió una multitudinaria marcha ya realizada el año anterior (2021), en la misma fecha, el 12 de octubre.[7] Las reivindicaciones, en este caso, exclusivamente del sector indígena, tuvieron su acento nuevamente en el núcleo duro de la agenda social: el fin de los desalojos forzosos, el reconocimiento de los derechos de posesión tradicional de las comunidades y, consecuentemente, el aseguramiento jurídico y la titulación de las tierras que ocupan y son parte constitutiva de su hábitat tradicional. Asimismo, la inversión pública en infraestructura y producción formó parte del plexo de reclamos arrimados al Estado.[8]
Lo que vaya a suceder en lo inmediato dependerá en gran medida de la conformación del futuro Congreso, así como de las políticas que implemente el Poder Ejecutivo (estos estamentos públicos serán renovados tras las elecciones generales del 30 de abril del 2023) y, desde luego, de la capacidad movilizadora del movimiento indígena y su articulación con otros sectores.
La violencia crece en el Amambay y los paĩ tavyterã sufren el impacto
Paĩ Tavyterã, pueblo que habita la frontera entre Paraguay y Brasil, y por qué no decirlo, también la sociedad paraguaya, se conmocionó cuando dos miembros resultaron muertos y un tercero gravemente herido durante la incursión de un grupo armado. La agrupación criminal dada a conocer hace más de una década con el nombre de Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) irrumpió en la zona del Cerro Guasú o Jasuka Venda y perpetró el crimen, conforme a los relatos que han cobrado estado público.[9]
En el contexto señalado, también las fuerzas públicas se enfrentaron a tiros con los atacantes y dieron muerte a tres, uno de ellos indígena, al no deponer sus armas y entregarse a las autoridades, según el parte oficial dado a conocer por el Comando de Operaciones de Defensa Interna – Fuerza de Tarea Conjunta.
Este hecho confirma los temores ya expresados desde hace al menos dos años por las organizaciones paĩ tavyterã, quienes han manifestado reiteradamente su preocupación por la militarización de su territorio, tanto por parte de fuerzas estatales como por aquellas que operan al margen de la ley.
Además del riesgo propio de quedar atrapados en el tiroteo de las fuerzas públicas y los grupos que están combatiendo en la zona, esta situación es especialmente preocupante para los indígenas paĩ pues conlleva la restricción de la libertad de circulación en el Jasuka Venda, como resultado del temor a ser víctimas de la violencia armada, en un lugar considerado sagrado por su tradición y cultura.
Si bien la región del departamento de Amambay hace décadas es escenario de una violencia generalizada vinculada a la producción, tránsito y comercialización ilegal de drogas, la situación actual parece haber alcanzado niveles de mayor preocupación y amenaza para la vida de las comunidades que habitan los departamentos fronterizos con Brasil.
Corte IDH: supervisión reforzada en Paraguay
En su última resolución de supervisión del fallo en el caso Yakye Axa pronunciada durante el 2022, la Corte IDH anunció el inicio de lo que llama una “supervisión reforzada”, y adelantó la constitución de la secretaría del tribunal en la República del Paraguay para el monitoreo más efectivo de las medidas que aún debe adoptar el Estado en relación a las comunidades Yakye Axa (2005), Sawhoyamaxa (2006) y Xákmok Kásek (2010).[10]
Esta decisión marca el inicio de una nueva fase del procedimiento de supervisión de sentencias y profundiza una práctica solicitada hace tiempo por las víctimas, por tanto, se aguarda un rol más activo del tribunal interamericano en terreno, para el cumplimiento pleno de sus decisiones no solo en el caso Yakye Axa, sino también en los otros dos casos que supervisa en materia indígena en Paraguay.
Conclusiones
El 2022 fue un periodo marcado por intensas movilizaciones, donde se pudo observar una creciente articulación del movimiento indígena con otros colectivos sociales. Del mismo modo, y a pesar de lo anterior, que sin dudas de por sí es una noticia alentadora para las chances de las diferentes acciones de exigibilidad de derechos, las medidas regresivas y represivas que se pretendieron revertir terminaron consolidándose dada las condiciones políticas existentes en el Congreso paraguayo, fuertemente influenciado por los intereses de la agroganadería.
Oscar Ayala Amarilla es defensor de derechos humanos, abogado y coordinador del equipo jurídico de la institución Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco, Paraguay. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
El presente artículo está basado en otro, del mismo autor, publicado en la página web de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay. Disponible en https://ddhh2022.codehupy.org.py/los-indigenas-siguen-al-albur-de-una-clase-politica-negligente-y-sometida-a-intereses-economicos/
Este artículo es parte de la 37a edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que los pueblos indígenas han experimentado. La foto de arriba es de una persona indígena en Tanzania. Esta foto fue tomada por Geneviève Rose, y es la portada de El Mundo Indígena 2023 donde aparece este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2023 completo aquí.
Notas y referencias
[1] CODEPUHY. “Gran movilización contra violaciones de derechos humanos”. CODEHUPY, 10 de diciembre de 2021. Disponible en https://www.codehupy.org.py/gran-movilizacion-contra-violaciones-de-derechos-humanos/
[2] Paraguay. Ley N.º 6830 Que modifica el artículo 142 de la Ley N.º 1160/1997 “Código Penal”, y su modificatoria, Ley N.º 3440/2008. Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación, 30 de septiembre de 2021. Disponible en https://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/9670/ley-n-6830-modifica-el-articulo-142-de-la-ley-n-11601997-#:~:text=%2D%20Invasi%C3%B3n%20de%20inmueble%20ajeno.,libertad%20de%20hasta%20seis%20a%C3%B1os
[3] CODEHUPY. “CODEHUPY impulsa espacio de diálogo entre el Estado y familias afectadas por desalojos”. CODEHUPY, 16 de febrero de 2022. Disponible en https://www.codehupy.org.py/codehupy-impulsa-espacio-de-dialogo-entre-el-estado-y-familias-afectadas-por-desalojos/
[4] CODEHUPY. “Denunciarán ante la CIDH situación de familias desalojadas en Paraguay”. CODEHUPY, 16 de marzo de 2022. Disponible en https://www.codehupy.org.py/denunciaran-ante-la-cidh-situacion-de-familias-desalojadas-en-paraguay/
[5] CODEHUPY. “Vigésima quinta marcha campesina por la reforma agraria”. CODEHUPY, 22 de marzo de 2018. Disponible en https://www.codehupy.org.py/vigesima-quinta-marcha-campesina-por-la-reforma-agraria/
[6] Honorable Cámara de Senadores. “En reunión interinstitucional tratan situación de comunidades campesinas e indígenas”. Honorable Cámara de Senadores, 17 de abril de 2022. Disponible en http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/9546-en-reunion-interinstitucional-tratan-situacion-de-comunidades-campesinas-e-indigenas-2022-04-27-17-42-45
[7] “Marcha indígena: Sin territorio no hay vida digna”. Tierraviva, octubre de 2022. Disponible en https://www.tierraviva.org.py/marcha-indigena-sin-territorio-no-hay-vida-digna/
[8] “Por el solo hecho de nuestra existencia los pueblos indígenas que habitamos el Paraguay tenemos derechos a vivir libre y dignamente en nuestro hábitat tradicional”. Tierraviva, 12 de octubre de 2022. Disponible en https://www.tierraviva.org.py/por-el-solo-hecho-de-nuestra-existencia-los-pueblos-indigenas-que-habitamos-el-paraguay-tenemos-derecho-a-vivir-libre-y-dignamente-en-nuestro-habitat-tradicional/
[9] “EPP mató a pareja de indígenas antes de enfrentamiento, según FTC”. Última Hora, 23 de octubre de 2022. Disponible en https://www.ultimahora.com/epp-mato-pareja-indigenas-antes-enfrentamiento-segun-ftc-n3029956.html
[10] Corte IDH. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 24 de junio de 2022, Caso Yakye Axa Vs. Paraguay. Resolución de supervisión de sentencia. Disponible en https://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/yakyeaxa_24_06_22.pdf
Etiquetas: Gobernanza Global
