El Mundo Indígena 2022: Paraguay
En Paraguay se identifica a cinco familias lingüísticas y 19 Pueblos Indígenas: Guaraní (Aché, Avá Guaraní, Mbya, Pai Tavytera, Guaraní Ñandeva, Guaraní Occidental), Maskoy (Toba Maskoy, Enlhet Norte, Enxet Sur, Sanapaná, Angaité, Guaná), Mataco Mataguayo (Nivaclé, Maká, Manjui), Zamuco (Ayoreo, Yvytoso, Tomáraho) y Guaicurú (Qom). De acuerdo a las estadísticas de 2017, la población indígena del país es de 122.461 personas.
El Capítulo V de la Constitución de 1992 reconoce a los pueblos indígenas como grupos de culturas anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo, reconociéndoles derechos tales como identidad étnica, propiedad comunitaria, participación y educación, atendiendo a peculiaridades culturales, entre otros.
Paraguay cuenta con un marco jurídico que garantiza y reconoce una gama de derechos bastante amplia a favor de los pueblos indígenas, habiendo ratificado los principales instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto en el sistema universal como en el interamericano.
Golpeadas desproporcionadamente por la pandemia del COVID-19 debido a la denegación estructural de sus derechos, las comunidades indígenas del Paraguay tuvieron que soportar la indolencia y falta de previsión estatal ante situaciones de emergencia. La pandemia también trajo consigo recortes al magro presupuesto público destinado a las comunidades indígenas. Contrariamente, se promulgó en tiempo récord una normativa que podría convertirse en una herramienta para criminalizar las pretensiones de reivindicación de territorios tradicionales. Mientras que, por otra parte, se realizaron varios desalojos forzosos de comunidades indígenas, en muchas ocasiones, mediando violencia en abierta violación de la normativa constitucional.
Falta de previsión para situaciones de emergencia
Durante el 2021 se registraron nuevamente estados de emergencia debido a fenómenos climatológicos y los impactos del cambio climático global, que causaron inundaciones afectando a comunidades indígenas chaqueñas, provocando cortes de caminos, aislamientos y destrucción de huertas familiares[1]. Por otra parte, incendios forestales afectaron, entre otras áreas, al territorio sagrado del pueblo Paĩ tavyterã, Jasuka Venda, Patrimonio Natural y Cultural del Paraguay y Territorio Indígena de Conservación[2]. Estos contextos siguen mereciendo la atención del Estado en el marco de sus obligaciones constitucionales para con los pueblos indígenas, ya que muchos de estos fenómenos climáticos se repiten de manera constante. Sin embargo, el Estado no cuenta con planes de emergencia y contención ante contextos completamente previsibles.
Indígenas y COVID-19
Desde el primer contagio confirmado en comunidades indígenas al 30 de septiembre de 2021, se han registrado 75 fallecimientos de los 590 casos confirmados de COVID-19 en 147 comunidades indígenas. Del total de contagios, el 50.3 % son mujeres y el 49.7 % hombres[3]. La tasa de mortalidad entre la población indígena es 12.71 %, mientras, a la misma fecha, la población no indígena del Paraguay registraba el 3.4 %. Esto pone de relieve el impacto de esta enfermedad en las comunidades indígenas y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran al ser grupos más empobrecidos, con menos acceso a educación, salud, servicios básicos (agua potable y saneamiento), alimentación adecuada, entre otros factores En el caso de las mujeres, niños y niñas, se agrava la situación ante la estructura de discriminación por razones etarias y de género.
El territorio indígena bajo ataque
Las responsabilidades, tanto por acción u omisión por parte de los agentes del Estado, pueden identificarse en distintos aspectos tales como la inacción judicial respecto a amenazas y desalojos forzosos realizados por particulares, así como por la falta de previsión y ejecución de presupuesto destinado a la compra de tierras y la sanción de normativas que podrían afectar a comunidades indígenas en el contexto de sus restituciones territoriales. El marco de impunidad propiciado principalmente por la inacción judicial, así como también la ausencia de seguridad jurídica y la falta de regularización de la propiedad/posesión, acarrean como consecuencia violaciones contra la integridad física de miembros de comunidades indígenas. Tal es el caso de la comunidad Loma Piro’y del pueblo Mbya Guaraní, que luego de denunciar intentos de desalojo por parte de civiles armados, ante la ausencia de agentes fiscales o de las fuerzas públicas, el 17 de marzo de 2021 resultaron heridos nueve indígenas, tras un brutal atropello por parte de civiles armados que agredieron incluso a mujeres, niñas, niños y personas mayores, amenazándoles de muerte y quemando las casas y las pertenencias de 10 familias[4]. Solo luego de un mes de transcurrido el hecho, y al tomar estado público, se imputó a los sindicados como responsables de este desalojo violento y sin orden judicial. De igual manera, integrantes de la comunidad Yvy Ku’i Jovái, del distrito de Vaquería, en el departamento de Caaguazú, quienes cuentan con personería jurídica reconocida y ocupan su territorio tradicional por más de 60 años, fueron amenazados por un sojero. El hombre emplazó a la comunidad, compuesta por 50 familias, por el plazo de 24 horas a que abandonen sus tierras, mientras exhibía un arma de fuego y amenazaba con enviar una treintena de pistoleros.
Por otra parte, a mediados del 2021, en un lapso de poco menos de dos meses, se llevaron a cabo siete desalojos forzosos en perjuicio de indígenas. En efecto, solamente entre el 13 de mayo y el 11 de julio, casi quinientas familias de las comunidades Cerrito, Yvypora, Acaraymí, Ka’a Poty’i, Cristo Rey y Tekoha Ka’avusu fueron expulsadas con violencia de su territorio[5].
Normativa contra invasiones
La sanción y pronta promulgación de la Ley Nº 6830/2021 que modifica el artículo 142 del Código Penal y su modificatoria, Ley Nº 3440/2008, ha elevado las condenas por invasiones a inmuebles, endureciendo las penas al establecer que quien “individualmente o en concierto con otras personas ingresara con violencia o clandestinidad a un inmueble ajeno será castigado con pena privativa de libertad de hasta seis años”. En el caso de que la persona ocupe una propiedad privada para “instalarse” u “ocasionando daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno”, la pena de cárcel asciende hasta los diez años. Si bien desde sectores conservadores se afirma que la norma beneficiará tanto a indígenas como a no indígenas, su entrada en vigencia afectará negativa y exponencialmente a las comunidades indígenas, puesto que, en la coyuntura antes expuesta, sojeros y ganaderos la invocarán en detrimento de los reclamos de restitución o ampliación de tierras.
Proyectos de ley
El 26 de agosto de 2021, se dio entrada a un proyecto de ley que busca la reglamentación del artículo 64 de la Constitución sobre el derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas y su protección, así como la prohibición de remoción o traslado de su hábitat sin su expreso consentimiento y la sanción de la violación del derecho territorial de los pueblos indígenas. Asimismo, se llevó a cabo una audiencia pública virtual para debatir el alcance del proyecto de ley De Suspensión de Desalojos Colectivos Rurales o Urbanos ante la Pandemia, que fuera presentado por la Codehupy y otras asociaciones civiles[6].
Presupuesto público para pueblos indígenas en retroceso
Desde el inicio de la pandemia, el impacto negativo del COVID-19 en la economía nacional motivó la solicitud de un recorte presupuestario por parte del Ministerio de Hacienda respecto a las instituciones públicas. Estos recortes significaron inacción frente a las desigualdades que se agrandaron abismalmente durante la pandemia. En tal sentido, el reducido presupuesto del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) sostiene apenas la burocracia institucional y lleva adelante algunos programas puntuales de asistencia, por lo que ha sido a todas luces insuficiente para promover condiciones mínimas de bienestar y dignidad para los pueblos indígenas. La problemática de la tierra y el territorio para los campesinos e indígenas directamente no está proyectada atender, como ya viene sucediendo desde el gobierno anterior, con la disminución del presupuesto del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra en -25.84 % y del INDI en -16.38 %.
Sistemas internacionales de protección de derechos humanos
El 12 de octubre de 2021, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas notificó su decisión de condenar al Estado paraguayo por violación de los derechos contenidos en los artículos 17, 27 y 2, párrafo 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en perjuicio de miembros de la comunidad indígena Campo Agua’ẽ, del pueblo Avá Guaraní[7]. Su hábitat fue seriamente afectado por la contaminación de sus cursos hídricos y la destrucción de cultivos y muerte de animales, a causa de las fumigaciones realizadas, incumpliendo normas ambientales que establecen medidas de mitigación del impacto, como barreras y franjas de protección.
Entre las medidas establecidas por el Comité al Estado se encuentran: investigar efectiva y exhaustivamente los hechos, manteniendo a la comunidad informada del curso del procedimiento; proseguir con los procesos penales y administrativos en contra de los responsables y, en caso de establecerse su responsabilidad, imponer las sanciones correspondientes; reparar integralmente a las víctimas del caso por el daño sufrido, lo que incluye una indemnización adecuada y el reembolso de los costos legales; tomar todas las medidas que sean necesarias para reparar la degradación ambiental, en estrecha consulta con la comunidad; aplicar todas las medidas para evitar que las violaciones sufridas por la comunidad de Campo Agua’ẽ se repitan en el futuro; la publicación de la decisión en un diario de gran circulación y darle amplia difusión en lengua guaraní y en el departamento de Canindeyú; y, por último, la presentación del primer informe sobre el cumplimiento de las medidas citadas en 180 días. El 5 de mayo de 2021, el Estado ya había sido examinado en el marco del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos[8]. Del total de la extensa serie de recomendaciones, el Paraguay recibió una docena de ellas en materia indígena (tierra, participación, atención sanitaria, fortalecimiento del INDI, entre otras), habiéndolas aceptado todas.
En el ámbito del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, el 14 de julio de 2021, finalizaron los trámites de inscripción de 7.701 hectáreas ubicadas en el distrito de Irala Fernández, departamento de Presidente Hayes, que fueron adquiridas por el Estado y tituladas a nombre de la comunidad Xákmok Kásek, del pueblo Sanapaná[9]. La legalización y titulación de las tierras a nombre de la comunidad constituyen un cumplimiento parcial de las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia dictada en 2010, restando aún 2.999 hectáreas.
Actores emergentes y visibilidad
Desde el 2020, la Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna, conformada por 18 organizaciones indígenas de la región Oriental y el Chaco, viene abogando por temáticas tales como tierra y territorio, educación, salud y desarrollo integral para sus comunidades. Esta Articulación ha presentado una propuesta de presupuesto al Congreso Nacional y, a partir de sus acciones, ha posibilitado que el INDI no sufra los recortes planteados inicialmente por el Ejecutivo. Nuevamente, en el 2021, han presentado propuestas a los poderes del Estado y han realizado una marcha por Asunción con la participación de alrededor de 2.500 personas.
Mario J. Barrios Cáceres es abogado y consultor independiente. Se desempeña como profesor universitario y forma parte de la Asamblea de Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco.
Este artículo es parte de la 36ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra mujeres indígenas que se ponen de pie y asumen el mando en la lucha por los derechos territoriales de su comunidad en Jharkhand, India. Fotografiada por Signe Leth, es la portada del Mundo Indígena 2022 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2022 completo aquí
Notas y referencias
[1] “Comunidades indígenas piden asistencia tras inundaciones en el Chaco”. Última Hora, 23 de enero de 2021. https://www.ultimahora.com/comunidades-indigenas-piden-asistencia-inundaciones-elchaco-n2924229.html
[2] CIDH – IACHR [@CIDH]. “#Paraguay #CIDH y @DESCA_CIDH expresan (…)”. Twitter, 26 de agosto de 2021. https:// twitter.com/CIDH/status/1431018959252475905
[3] No se cuenta con información desagregada por sexo en cuanto a los fallecidos. Los departamentos más afectados han sido los de la región Occidental: Boquerón (184 casos), Presidente Hayes (67 casos) y Alto Paraguay (51 casos), mientras que en la región Oriental el número de contagios lo lideran los departamentos de Alto Paraná (114 casos), Central (41 casos) y Canindeyú (38 casos). “Población indígena rural y urbana con casos confirmados de COVID-19”. Plataforma digital Tierras Indígenas, corte del 30 de septiembre de 2021. https://experience.arcgis.com/ experience/2a1e7ad30b3549d18b298f51f911b524
[4] “Denuncian violento atropello a comunidad indígena de Caaguazú”. Última Hora, 18 de marzo de 2021. https://www.ultimahora.com/denuncian-violento-atropello-comunidad-indigena-caaguazu-n2932212.html
[5] Miguel K. Rodríguez [@miguelkenchor]. “Esta es la manera que los pueblos (...)”. Twitter , 25 de marzo de 2021. https:// twitter.com/miguelkenchor/status/1375164525809434630
[6] Honorable Cámara de Senadores. “En audiencia pública debaten suspender los desalojos mientras dure la pandemia”. Honorable Cámara de Senadores, 6 de agosto de 2021.http://www.senado.gov.py/index.php/ noticias/noticias-generales/8317-en-audiencia-publica-debaten-suspender-los-desalojos-mientras-dure-lapandemia-2021-08-06-17-09-45
[7] Comité de Derechos Humanos, Oliveira Pereira et al. c. Paraguay (Comunicación N.º 2.552/2015) (Doc. ONU CCPR/ C/132/D/2552/2015, 12 de octubre de 2021).
[8] Consejo de Derechos Humanos. “Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. Paraguay”. Consejo de Derechos Humanos, 12 de julio de 2021. A/HRC/48/9, https://undocs.org/es/A/HRC/48/9
[9] Tierraviva. “Otro avance en la restitución territorial a Xákmok Kásek”. Tierraviva, julio de 2021. https://www.tierraviva.org.py/otro-avance-en-la-restitucion-territorial-a-xakmok-kasek/
Etiquetas: Derechos Territoriales, Derechos Humanos
