El Mundo Indígena 2021: Paraguay
En Paraguay se identifica a cinco familias lingüísticas y 19 Pueblos Indígenas: Guaraní (Aché, Avá Guaraní, Mbya, Pai Tavytera, Guaraní Ñandeva, Guaraní Occidental), Maskoy (Toba Maskoy, Enlhet Norte, Enxet Sur, Sanapaná, Angaité, Guaná), Mataco Mataguayo (Nivaclé, Maká, Manjui), Zamuco (Ayoreo, Yvytoso, Tomáraho) y Guaicurú (Qom). De acuerdo a las estadísticas de 2017, la población indígena del país es de 122.461 personas.
El Capítulo V de la Constitución de 1992 reconoce a los pueblos indígenas como grupos de culturas anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo, reconociéndoles derechos tales como identidad étnica, propiedad comunitaria, participación y educación, atendiendo a peculiaridades culturales, entre otros.
Paraguay cuenta con un marco jurídico que garantiza y reconoce una gama de derechos bastante amplia a favor de los pueblos indígenas, habiendo ratificado los principales instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto en el sistema universal como en el interamericano.
En el 2020, como nunca, el desamparo de las comunidades indígenas se vio reflejado y no sólo por efectos de la pandemia. Los hechos punibles que tuvieron por víctimas a indígenas en situación de calle son crímenes que, en su dimensión histórica, se podría afirmar que empezaron a perpetrarse mucho antes de que se consumaran. Los orígenes están en el incesante desplazamiento forzoso de indígenas hacia las ciudades, como resultado del acaparamiento de sus tierras, que se vale del desalojo forzoso y la criminalización para seguir creciendo, tal como lo ejemplifican los casos que se reportan en el presente artículo. El escaso desarrollo de políticas públicas para enfrentar estos problemas deja a los y las indígenas al albur no solamente de una pandemia –que también ha llegado a sus comunidades y de la cual les toca defenderse prácticamente a solas–, sino del gran capital que ha redoblado su apuesta y sigue promoviendo el agronegocio, expandiéndose sobre sus tierras y derechos sin que el Estado intervenga para protegerlos. Este escaso desarrollo de políticas públicas también adolece de insuficiente monitoreo y fiscalización, propiciando tanto el avasallamiento directo de derechos indígenas como la introducción de factores y actores externos en temas al interior de las comunidades, favoreciendo el detrimento de derechos.
Este artículo es parte de la 35ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra el bloqueo que la comunidad indígena de Kawemhakan, Surinam hizo en su pista de aterrizaje para evitar que los forasteros llegaran a sus aldeas y que trajeran el virus de la COVID-19 con ellos. Fotografiada por la fundación Mulokot en Kawemhakan, es la portada del Mundo Indígena 2021 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí
Pandemia y pueblos indígenas
El impacto económico y social de la pandemia de coronavirus ha evidenciado y agudizado problemas preexistentes en la sociedad, asociados mayormente a la falta de un sistema protección social integral, por ejemplo, o al deficiente servicio de salud pública. Estos mismos problemas, pero agravados debido a las condiciones de pobreza y extrema pobreza, y de factores contingentes como la sequía y los incendios forestales, acrecentaron la situación de desprotección de las comunidades indígenas.
El sistema de salud pública es deficiente e insuficiente en su atención a los pueblos indígenas, lo cual es reconocido por las propias estadísticas oficiales. Los centros de salud existentes están mal equipados y tienen limitados recursos humanos en cantidad y especialidad quienes, a su vez –incluyendo a los promotores indígenas de las comunidades–, están sobrepasados por las necesidades de su población beneficiaria. No hay disponibles unidades de terapia, suficientes respiradores, ambulancias, así como elementos sanitarios preventivos para distribuir (tapabocas, alcohol, etc.). A esto se suma la falta de priorización y fortalecimiento de la Dirección Nacional de Salud de los Pueblos Indígenas (DINASAPI) en la propia estructura del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS). La desprotección de la población indígena, cabe resaltar, no es exclusivamente responsabilidad del MSPyBS, sino de las otras carteras e instituciones estatales como el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el Ministerio de Educación y Ciencias, la Secretaría Nacional de Emergencia, el Instituto de Previsión Social, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), el Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (SENASA) y entre otras. Todas tienen obligaciones específicas, como la asistencia jurídica y territorial, alimentaria, la protección y seguridad laboral y ambiental, la provisión y el mantenimiento de caminos comunitarios, agua potable –entre otros servicios básicos–, y no han atendido o priorizado a la población indígena y a sus necesidades más básicas, sea con anterioridad a la pandemia o durante ella.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, en ningún momento las comunidades indígenas estuvieron sujetas a medidas de prevención y protección diseñadas acordes a las obligaciones del Estado surgidas de la singularidad jurídica del derecho propio de los pueblos indígenas y del derecho internacional de los derechos humanos que, a su vez, tomen en consideración las consabidas condiciones de especial vulnerabilidad que atraviesan aquellas en razón de la ubicación geográfica de muchos de sus asentamientos, la carencia crítica de infraestructura vial y la situación de pobreza y pobreza extrema que padecen infortunadamente muchas de ellas.
El impacto económico de la pandemia, a su vez, se vio reflejado fundamentalmente en la crisis alimentaria desatada en muchas comunidades. Por tal motivo, se vieron obligadas a manifestarse públicamente, exigiendo asistencia alimentaria y suministro de agua, como sucedió en las comunidades chaqueñas, que también sufrieron el embate de la sequía y los incendios forestales. En el caso de algunas comunidades más comprometidas a causa de su situación de aislamiento por falta de caminos, incluso, hubo que accionar judicialmente para que las instituciones correspondientes se aboquen a atenderlas. Este fue el caso de la comunidad Paiseyameixempa’a conformada por las aldeas Buena Vista y Colonia 96, que recién lograron la asistencia estatal luego de promover una acción de amparo que fue acogida favorablemente por un juzgado de la capital que ordenó la “asistencia integral de la recurrente”.[1]
En lo que refiere estrictamente a las medidas sanitarias, es menester resaltar la apertura de las autoridades de Salud Pública para acoger propuestas surgidas en el ámbito de la sociedad civil, lo que posibilitó la implementación de un protocolo para la visita y el contacto con las comunidades y la difusión de las medidas de prevención recomendadas por el MSPyBS para toda la población, en diferentes idiomas, además del castellano y el guaraní.
Hacia finales de diciembre de 2020, los números que arroja la pandemia para los pueblos indígenas en Paraguay dan cuenta de 26 personas fallecidas y 252 contagiadas, y hasta el momento están en riesgo 70 comunidades indígenas pertenecientes a 14 de los 19 pueblos indígenas.[2]
Por último, en este contexto, ocurrió un evento que denota cuán expuestos están los trabajadores y las trabajadoras indígenas a arbitrariedades y prácticas discriminatorias. Indígenas de la comunidad Y’apy Santa Isabel, del distrito Yryvukua, departamento San Pedro, denunciaron haber sido inyectados para prevenir la COVID-19 con un medicamento de uso veterinario.[3] La intervención estatal no ha generado un reporte público sobre las medidas gubernamentales adoptadas en torno al caso.[4]
Indígenas en situación de calle, violencia extrema y explotación sexual
La violencia hacia indígenas en situación de calle alcanzó niveles alarmantes en el periodo informado, tanto por la cantidad como por el tipo de manifestación criminal observado. Además, varias personas sufrieron por violencia extrema. Igualmente, se dieron casos de explotación sexual.
Homicidio por “placer”. Uno de los casos que provocó conmoción es el de Lorenzo Silva, un joven indígena muerto mientras dormía en una parada de autobús en la vía pública. Silva fue atacado a balazos desde un automóvil que transitaba por el lugar. La persona que perpetró el crimen habría actuado sin un motivo aparente, que no sea el odio hacia personas en situación de pobreza y calle, o por el mero “placer de matar”,[5] tal como la crónica periodística dio cuenta en los días posteriores al hecho.
Mujeres y niñas víctimas de violencia. Los casos que tuvieron por víctimas a mujeres y niñas indígenas reportan niveles de violencia particularmente extremos que, si bien no son nuevos[6] y reconocen múltiples formas de manifestación, tuvieron una gran visibilidad el presente año. Entre estos, está el de una niña indígena de 12 años, del pueblo Mbya Guaraní, cuyo cuerpo desmembrado fue hallado en una mochila en las cercanías de la terminal de ómnibus. Así también, el de una joven de 23 años en situación de calle, del mismo pueblo, fue hallada muerta en el Parque Caballero; y otra niña indígena fue encontrada maniatada y con signos de abuso sexual en el local abandonado de una cervecería, todos en la ciudad de Asunción. Entretanto, en Itapúa, se dio el caso de una niña de 12 años hallada muerta en un maizal, con signos de haber sido violentada sexualmente.
Explotación sexual. Igualmente, surgió la denuncia sobre la presunta explotación sexual de niños y niñas en la comunidad indígena Jaguary,[7] ubicada en el distrito J. E. Estigarribia, departamento de Caaguazú. Este caso tiene el agravante de haber desencadenado la persecución a dos líderes indígenas que denunciaron penalmente uno de los casos. Los mismos fueron imputados por falsa denuncia, luego de una desestimación inusualmente prematura de la denuncia por ellos arrimada al Ministerio Público. Sería una represalia urdida por sectores de poder económico que no se sentían cómodos con la indagación y publicidad de los graves hechos que se estarían registrando no solo en la comunidad citada, sino en al menos otras dos que están en la misma zona.[8]
Ni en pandemia descansa el ilimitado acaparamiento de tierras
La necesidad de expansión del agronegocio continúa presionando sobre los territorios indígenas y sigue valiéndose de la principal herramienta para su crecimiento: los desalojos forzosos y la criminalización de líderes. A esto hay que sumar la creciente utilización de agentes no estatales armados en la ejecución de los desahucios ilegales, tal como se reportan en varios de los casos registrados durante el periodo del presente informe.
Comunidad Veraró. El departamento de Canindeyú padeció en 2020 un panorama de muchos conflictos asociados a disputas territoriales que involucraron a asentamientos campesinos y comunidades indígenas. En relación a estas últimas, resalta el caso del pueblo Avá Guaraní de la comunidad Veraró, cuyos líderes han denunciado, desde finales de 2019, un permanente hostigamiento de parte de civiles armados que pretenden despojarles por completo de sus tierras, donde ya viven arrinconados resistiendo la embestida, pese a que sus tierras cuentan con un título registrado a nombre del INDI. Hasta el momento, ninguna de las acciones promovidas por el ente estatal ha logrado revertir la situación y dar seguridad a este pueblo.[9]
Casos en Caaguazú. El otro departamento donde la crisis de derechos humanos afecta a las comunidades indígenas es Caaguazú, donde regularmente se reportaron noticias en los medios de comunicación sobre desalojos, indígenas en situación de calle y ataques armados a comunidades que eran desplazadas. La Organización Nacional de Aborígenes Independientes (ONAI) denunció la situación que atraviesan las comunidades Guyra Payu[10] y Huguá Po’i[11], víctimas de atropello paraestatal y estatal, respectivamente. La primera de ellas soportó un desalojo intimado por personas armadas no identificadas como pertenecientes a las fuerzas públicas, que dejaron a 17 familias en total desamparo sobre la ruta 2, luego de que sus pertenencias fueran destruidas y arrojadas también a la vía pública. La comunidad de Huguá Po’i, también del pueblo Mbya Guaraní del mismo departamento, que ha reocupado sus tierras luego de sufrir varios desalojos años atrás, fue intimada nuevamente a comienzos de 2020 por el Ministerio Público. Pero la determinación y la resistencia de los y las indígenas disuadieron el cumplimiento de la medida en la oportunidad, aunque su vigencia sigue amenazando a la comunidad.
Comunidad Jacuí Guasú.[12] Nuevamente se informa sobre la actuación de civiles armados que irrumpieron con especial violencia al momento de proceder al desalojo de la comunidad Jacuí Guasú (la crónica periodística es especialmente ilustrativa del hecho).[13] La versión de prensa también es avalada por el senador Pedro Santa Cruz, quien visitó el lugar luego de ocurrido el hecho y se entrevistó con las víctimas del atropello.[14]
Yakye Axa: cuando el acceso al derecho también forma parte del derecho
Los Enxet de Yakye Axa obtuvieron una sentencia favorable en 2005 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que según se estipulaba en el pronunciamiento tres años después, se debía cumplir íntegramente. El plazo no se cumplió, pero tras siete años lograron que el Estado les entregue tierras jurídicamente aseguradas para su reasentamiento. Sin embargo, hasta el presente –tres lustros luego del reconocimiento de sus derechos por el tribunal interamericano– no las han podido ocupar plenamente por no poder acceder a ellas.
La dolorosa experiencia de implementación de la sentencia es la de una lucha sinfín, que ha confrontado con todo tipo de discriminaciones, aun teniendo derechos plenamente reconocidos y siendo propietaria, como cualquier otra persona jurídica, de tierras a las que sus vecinos no le permitían acceder ante la omisión estatal de amparar a la comunidad. Los Enxet de Yakye Axa ya contaban con tierras aseguradas para su reasentamiento desde 2012 pero, a raíz de la negativa de dos propietarios privados que les negaban el paso, nunca las pudieron ocupar. Fue necesario que el Congreso sancionara una ley de expropiación de la franja de dominio necesaria para la construcción del camino en 2019.[15] A su vez, requirió, en 2020, de una modificación para que se pueda implementar,[16] que fue el hecho resaltante del año.
El caso Loma: usurpación ganadera y protección parlamentaria[17]
Ganaderos fueron denunciados por invadir 10.079 hectáreas, que en 1984 el Instituto de Bienestar Rural (IBR) –organismo antecesor del actual Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) – consideró que eran de la comunidad Loma, del pueblo guaraní Ñandéva, por ser un área de ocupación y dominio ancestral de este pueblo originario que habita la zona fronteriza con Bolivia y Argentina, en el departamento de Boquerón. El Estado paraguayo ratificó que las tierras deben titularse a favor de la comunidad en agosto de 2020 y que los ganaderos que las usurpan las tienen que abandonar y restituirlas a los y las indígenas.[18] Sin embargo, los usurpadores se resisten y promueven una profusa campaña mediática de desprestigio en contra de los líderes indígenas. Además, su organización aliada, Alter Vida, ha encontrado eco en la banca ruralista del Partido Patria Querida, cuyo líder –el terrateniente senador Fidel Zavala– ha actuado en un claro apoyo a los usurpadores, desconociendo las decisiones administrativas del INDERT.[19]
Presupuesto por una vida digna
La razonable política de austeridad demandada para el año 2021 en materia presupuestaria, además de no representar reducciones equitativas o respaldadas por estudios y reflexiones participativos y planificados entre los diferentes entes públicos, impacta en mayor medida sobre sectores históricamente vulnerabilizados como es el caso de los indígenas. Respecto al INDI, el Presupuesto General de la Nación para el 2021 propuesto por el Poder Ejecutivo ha recortado en 16% sus recursos. La reducción es de 10.900 millones de dólares. Para ejemplificar, lo destinado a compra de tierras aproximadamente estaría disponible para apenas 600 hectáreas en todo el país a un costo promedio de 1.000 dólares la hectárea. Cantidad dramáticamente insuficiente y que solo redituará en mayores carencias para las comunidades indígenas del país.
Este presupuesto previsto para el INDI compromete seriamente las posibilidades de implementar acciones a favor del aseguramiento de tierras, la producción de alimentos y la generación de servicios básicos en el corto plazo. Esta política presupuestaria regresiva es el reflejo de un presupuesto que no está orientado al desarrollo humano. Como es de esperar, ha provocado la reacción y el reclamo de numerosas organizaciones indígenas y entidades aliadas de la sociedad civil, que han acercado una propuesta para revertir la situación al Congreso, aguardando la asignación de mayores recursos financieros para el 2021.[20]
Solución amistosa que se hizo esperar
El 28 de mayo de 2020 fue sancionada la ley que “declara de interés social y expropia a favor del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), para su posterior adjudicación a la comunidad indígena Y’akã Marangatú, la Finca N.º 581, Padrón 911, con una superficie de 219 hectáreas, 4.112 metros cuadrados del distrito de Carlos Antonio López, departamento de Itapúa”. En la motivación de dicho proyecto se establece la necesidad de restituir las tierras ancestrales de la comunidad indígena, por medio de la expropiación, en cumplimiento del deber de respetar el derecho de la comunidad a sus tierras, así como el deber de las distintas dependencias y poderes del Estado paraguayo de articularse para el pleno cumplimiento de las obligaciones internacionales de Paraguay, situación celebrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con un comunicado al respecto.[21]
Conclusiones
La COVID-19 resultó un buen ensayo de lo que queda por mejorar. Como se señaló, la enfermedad no aportó nada nuevo a la situación de los pueblos indígenas, sino que profundizó y agravó las circunstancias en la que se encontraban. Igualmente, evidenció con mayor crudeza los pasos que el Estado debe dar para avanzar en la concreción de derechos.
El 2020 fue un año en el que, a todas luces, no se podía contar con un funcionamiento normal del Estado para el desarrollo de planes específicos. Sin embargo, queda la sensación de que esta situación impuesta a todos y todas también sirvió de excusa para dejar de avanzar en acciones que, aun con pandemia o debido a ella, podrían haberse concretado. Por ejemplo, el diálogo intercultural, la articulación de esfuerzos, las obras públicas (que fue una de las actividades más autorizadas en las diversas fases sanitarias dictadas por el Gobierno).
El Estado tiene la estupenda oportunidad de tomar como aprendizaje el no necesitar estar ante urgencias de salud, alimentación o las presentadas por fenómenos climáticos para encaminar acciones concretas de prevención y mitigación, así como la elaboración de medidas planificadas, progresivas y consentidas por los pueblos indígenas en materia de concreción de sus derechos humanos.
Julia Cabello Alonso y Oscar Ayala Amarilla son abogados de derechos humanos y forman parte de la institución Tierraviva a los Pueblos Indígenas del Chaco. El presente artículo está basado en el contenido del Informe Anual de Derechos Humanos del Paraguay 2020, elaborado por los autores para la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). Disponible en http://codehupy.org.py/wp-content/uploads/2020/12/Informe-Anual-Sobre-la-Situacio%CC%81n-de-los-DDHH-en-Paraguay-2020.pdf
Este artículo es parte de la 35ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. La foto de la publicación muestra el bloqueo que la comunidad indígena de Kawemhakan, Surinam hizo en su pista de aterrizaje para evitar que los forasteros llegaran a sus aldeas y que trajeran el virus de la COVID-19 con ellos. Fotografiada por la fundación Mulokot en Kawemhakan, es la portada del Mundo Indígena 2021 donde originalmente está escrito este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2021 completo aquí
Notas y referencias
[1] “Ordenan asistencia integral para comunidad indígena”. Tierraviva, consultado el 4 de octubre de 2020. http://www.tierraviva.org.py/ordenan-asistencia-integral-para-comunidad-indigena/
[2] “Población indígena rural y urbana con casos confirmados de COVID-19”. Tierras Indígenas, consultado el 7 de diciembre de 2020. https://experience.arcgis.com/experience/2a1e7ad30b3549d18b298f51f911b524
[3] “Indígenas inyectados con medicamento animal presentan malestares”. El Independiente, 20 de julio de 2020, consultado el 4 de octubre de 2020. https://independiente.com.py/indigenas-inyectados-con-medicamento-animal-presentanmalestares/
[4] “Comitiva corroborará denuncia de nativos obligados a vacunarse con antiparasitario de uso animal”. Agencia IP, 20 de julio de 2020, consultado el 4 de octubre de 2020. https://www.ip.gov.py/ip/comitiva-interinstitucional-corroboraradenuncia-de-nativos-obligados-a-vacunarse-con-antiparasitarios-de-uso-animal/
[5] “Identifican al indígena asesinado y no descartan crimen de odio”. ABC Color, 17 de diciembre de 2019, consultado el 4 de octubre de 2020. https://www.abc.com.py/nacionales/2019/12/17/identifican-al-indigena-asesinado-y-no-descartancrimen-de-odio/
[6] Gómez, Rocío. “La silenciosa violencia contra niñas indígenas en Paraguay”. La Nación, 31 de mayo de 2019, consultado el 4 de octubre de 2020. https://www.lanacion.com.py/pais_edicion_impresa/2019/05/31/la-silenciosa-violencia-contra-ninasindigenas-en-paraguay/
[7] “Denuncian explotación sexual de niños indígenas en J. Eulogio Estigarribia”. La Nación, 4 de junio de 2020, consultado el 4 de octubre de 2020. https://www.lanacion.com.py/pais/2020/06/04/denuncian-explotacion-sexual-de-ninosindigenas-en-j-eulogio-estigarribia/
[8] “Líderes indígenas del Dpto. de Caaguazú son detenidos y procesados judicialmente luego de reunirse con la CODEHUPY”. Codehupy, 15 de julio de 2020, consultado el 4 de octubre de 2020. http://codehupy.org.py/lideres-indigenasdel-dpto-de-caaguazu-son-detenidos-y-procesados-judicialmente-luego-de-reunirse-con-la-codehupy/
[9] “Comunidad indígena de Canindeyú denuncian atropellos y quema de viviendas”. Última Hora, 5 de diciembre de 2019, consultado el 4 de octubre de 2020. https://www.ultimahora.com/comunidad-indigena-canindeyu-denuncian-atropellosy-quema-viviendas-n2858404.html
[10] “Repudian violento desalojo y atropello a comunidad indígena en Caaguazú”. Última Hora, 8 de agosto de 2020, consultado el 5 de octubre de 2020. https://www.ultimahora.com/repudian-violento-desalojo-y-atropello-comunidad-indigenacaaguazu-n2898895.html .
[11] “Hugua Po’i resiste al desalojo”. E’a, 11 de febrero de 2020, consultado el 5 de octubre de 2020. http://ea.com.py/hugua-poiresiste-al-desalojo/
[12] González Vera, Roque. “Indígenas mbya denuncian a civiles armados que arrasaron sus viviendas”. ABC Color, 27 de octubre de 2020, consultado el 5 de octubre de 2020. https://www.abc.com.py/nacionales/2020/10/27/indigenas-mbyadenuncian-a-civiles-armados-que-arrasaron-sus-viviendas/
[13] “Desalojan a nativos que vivieron dos décadas en un asentamiento”. Noticias Paraguay, 26 de octubre de 2020, consultado el 26 de octubre de 2020. https://npy.com.py/2020/10/desalojan-a-nativos-que-vivieron-dos-decadas-en-unasentamiento/
[14] Santa Cruz, Pedro Arthuro. “Comunidad indígena Ysyry Miri - Mbya Guaraní desalojado por agro-toro”, 30 de octubre de 2020. https://www.facebook.com/100001114765720/videos/3389100934470365/
[15] “Senadora entrega copia de Ley de expropiación a comunidad de Yakye Axa”, Cámara de Senadores, 11 de diciembre de 2019, consultado el 3 de octubre de 2020. http://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/5059-senadora-entrega-copia-de-la-ley-de-expropiacion-a-comunidad-de-yakye-axa-2019-12-11-16-57-10
[16] “Iniciarán trabajo de construcción del #CaminoAyakyeAxa”. Tierraviva. http://www.tierraviva.org.py/iniciaran-trabajosde-construccion-del-caminoayakyeaxa/
[17] Manzoni, Maxi. “Ganaderos invaden y deforestan tierras indígenas en el Chaco”. El Surtidor, 26 de septiembre de 2020, consultado el 4 de octubre de 2020. https://elsurti.com/futuros/reportaje/2020/09/26/ganaderos-invaden-y-deforestantierras-indigenas-en-el-chaco/
[18] González Vera, Roque. “Ante atropello a la comunidad, Indert sale en favor de indígenas ñandéva”. ABC Color, 19 de octubre de 2020, consultado el 4 de octubre de 2020. https://www.abc.com.py/nacionales/2020/10/19/ante-atropello-a-lacomunidad-indert-sale-en-favor-de-indigenas-nandeva/
[19] “Senador Zavala defiende a ganaderos que invadieron comunidad Guaraní Ñandéva”. E’a, 15 de octubre de 2020, consultado el 4 de octubre de 2020. http://ea.com.py/senador-zavala-defiende-a-ganaderos-que-invadieron-comunidadguarani-nandeva/
[20]Articulación Nacional Indígena por una Vida Digna. “Presupuesto Digno. Propuesta para un Presupuesto General de la Nación que garantice la restitución de derechos y desarrollo de las comunidades de los pueblos indígenas del Paraguay”, octubre de 2020. http://www.tierraviva.org.py/wp-content/uploads/2020/10/Propuesta-Presupuesto-Digno-2021.pdf
[21] “CIDH saluda aprobación del proyecto de Ley de expropiación de tierras…”. OEA, 29 de julio de 2020, consultado el 4 de octubre de 2020. http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/181.asp
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