• Pueblos indígenas en Paraguay

    Pueblos indígenas en Paraguay

    Hay 19 pueblos indígenas en Paraguay. Aunque Paraguay ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, los derechos fundamentales de los indígenas son constantemente violados. Son víctimas de una discriminación sistemática y estructural por parte del Estado, así como de la sociedad no indígena.

El Mundo Indígena 2020: Paraguay

La población que se autoidentifica como perteneciente de algunos de los 19 pueblos indígenas de Paraguay se distribuyen en 5 diferentes familias lingüísticas: Guaraní (Aché, Avá Guaraní, Mbya, Pai Tavytera, Guaraní Ñandeva, Guaraní Occidental) Maskoy (Toba Maskoy, Enlhet Norte, Enxet Sur, Sanapaná, Angaité, Guaná), Mataco Mataguayo (Nivaclé, Maká, Manjui), Zamuco (Ayoreo, Yvytoso, Tomáraho) y Guaicurú (Qom). La población total es de 112.848 indígenas, de conformidad al Censo Nacional de Población y Vivienda Indígena de 2012.

El Capítulo V de la Constitución de 1992 reconoce a los pueblos indígenas como grupos de culturas anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo, reconociéndoles derechos tales como identidad étnica, propiedad comunitaria, participación y educación, atendiendo a peculiaridades culturales, entre otros.

Paraguay cuenta con un marco jurídico que garantiza y reconoce una gama de derechos bastante amplia a favor de los pueblos indígenas, habiendo ratificado lo principales instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto en el sistema universal como interamericano.

Pueblos indígenas y cambio climático

Los pueblos indígenas se cuentan entre los que menos han contribuido al problema del cambio climático. Son al mismo tiempo los que ofrecen más aportes ecosistémicos en la lucha contra sus efectos y, sin embargo, son los que sufren sus peores consecuencias. Los impactos ambientales del cambio climático constituyen en la actualidad una amenaza grave a los derechos de los pueblos indígenas. El aumento de lluvias y sequías está generando un impacto severo en la alimentación y abastecimiento familiar indígena. La deforestación, una de las mayores fuentes de emisiones globales de carbono, está asociada en dichos territorios a actividades extractivas, agroindustriales y grandes infraestructuras.     

Copiosas precipitaciones provocaron el aumento del caudal de los principales ríos y arroyos en Paraguay, inundando zonas ribereñas desde finales de 2018. Estas se acentuaron en el primer trimestre de 2019, continuando en algunos lugares, incluso hasta mediados del año, afectando a diversos departamentos del territorio nacional, entre ellas la mismísima capital. Debido a condiciones topográficas y orográficas que le son propias, en algunos departamentos como los de la región Occidental, el impacto fue aún mayor, tanto por superficie afectada, como por la vulnerabilidad de la población y servicios comprometidos.

Facultado constitucionalmente a expedir leyes de emergencia en casos de desastre o calamidad pública, el Congreso sancionó leyes que declararon en situación de emergencia a los departamentos de Boquerón, Presidente Hayes y Alto Paraguay, respectivamente. En el primer caso, por noventa días, en el segundo por ciento veinte y en último, sin mención expresa del plazo[1].

En estas extremas circunstancias, los pueblos indígenas se encuentran entre los más afectados por desastres naturales o calamidad pública. Se trata de fenómenos frecuentes y previsibles, lo que aumenta su vulnerabilidad ya particular debido a una situación permanente de denegación estructural de derechos, sin que el Estado asuma medidas que amortigüen los daños o para afrontarlos con mayor facilidad, como la construcción de caminos, por ejemplo, o dotación de recursos adicionales, entre otros. Tomando estas circunstancias en consideración, el Legislativo sancionó la Ley N.º 6319/19, que declaró en situación de emergencia nacional a las comunidades indígenas que conforman los 19 pueblos que habitan el territorio de la República. A los efectos de graficar, solo en el municipio de Tte. Irala Fernández, del departamento de Presidente Hayes, hubieron 12.000 damnificados, sobre todo en las comunidades indígenas, que perdieron entre el 70 y el 100% de sus cultivos.

El desborde de los cauces hídricos también diezmó la salud y la vida de los y las indígenas, quienes se vieron expuestos a varias enfermedades, debido a la humedad e insalubridad de la zona.

Una inversión insuficiente en infraestructura vial para las comunidades indígenas, sumada al aislamiento producido por las inundaciones, derivan en la falta de accesibilidad a centros asistenciales, bienes y servicios de salud, los cuales por obligación estatal deben estar al alcance geográfico de los sectores más vulnerables. Sin embargo, el Estado invierte ingentes sumas del erario público para la construcción y mantenimiento de rutas destinadas a sectores económicos poderosos. Al mismo tiempo los pueblos indígenas, empujados al extremo y sin percibir avances sustantivos a sus derechos, sin caminos de todo tiempo en sus comunidades, se ven forzados a plantear distintas estrategias legales, como la presentación de una acción de servidumbre de paso o plantear leyes de expropiación.

En algunos casos, aun consiguiendo medios de locomoción, las comunidades indígenas se ven imposibilitadas de llegar hasta los centros asistenciales. El manejo de la concesión de caminos públicos para manejo privado, derivan en la conformación de “comisiones de camino” mayoritariamente integradas por representantes de empresas ganaderas. Los agentes de estas, considerando únicamente la conservación de los terraplenes, niegan el permiso a angustiados padres y madres indígenas con niños y niñas gravemente enfermos a circular por caminos clausurados por lluvias, bajo la excusa de averiarlos.

A mediados de agosto de 2019, un incendio forestal registrado en el pantanal paraguayo, en la zona fronteriza compartida con Brasil y Bolivia, tuvo su foco más importante en la zona de Bahía Negra, afectándose parte de la Reserva Pantanal Paraguayo y parte del Parque Nacional Río Negro, extendiéndose asimismo a la zona del Monumento Natural Chovoreca. Por Ley N.º 6373/19 se declaró en situación de emergencia ambiental a los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón en la región Occidental por un periodo de 60 días, afectados por los focos de incendios forestales. La ley había sido aprobada el 22 de agosto de 2019 por la Cámara de Senadores y sancionada por la Cámara Baja el 4 de septiembre de 2019. La promulgación del Ejecutivo se realizó el 9 del mismo mes. Al día siguiente, por medio de un comunicado, la ONG Guyrá Paraguay daba cuenta de los niveles críticos de fuego activo en otros departamentos del país, como Canindeyú, San Pedro, Amambay y Concepción; mientras que en el Chaco los continuos incendios descontrolados afectaban al sector del Chovoreca. Se reportaron 4.592 focos de incendios en la región Oriental entre la semana del 3 al 10 de septiembre, denunciando el mismo patrón de quema de bosques utilizado en el año 2007, para habilitar tierras a campos agropecuarios, incluso en algunas áreas relacionadas a cultivos ilegales en áreas protegidas y zonas boscosas[2].

El Instituto Forestal Nacional (Infona) abrió investigaciones contra 15 estancias en el departamento de Alto Paraguay donde se registraron incendios, ante sospechas de que fueron provocados[3]. Según algunas estimaciones, unas 312.528 hectáreas fueron afectadas solamente en el noreste del Chaco paraguayo[4], en tanto que 2.000 indígenas, cuyas comunidades fueron afectadas directamente por los incendios, registraron una gran cantidad de problemas respiratorios[5].

Aprobación del protocolo de consulta previa

Una de las acciones más celebradas y promocionadas por el Ejecutivo en el período que abarca el presente informe consistió en la aprobación por Decreto Nº1039/18 del “Protocolo para el proceso de consulta y consentimiento libre, previo e informado con los pueblos indígenas que habitan en el Paraguay”.

Resoluciones con sesgo discriminatorio

En cuanto al Instituto Paraguay del Indígena (Indi), este viene emitiendo resoluciones que evidencian sesgos paternalistas y proteccionistas, paradigmas ya superados, que conciben a los y las indígenas como objeto de protección, y no sujetos de derechos relativas a la prohibición del expendio y de la comercialización de bebidas alcohólicas y estupefacientes dentro de las comunidades[6]. Las sanciones por infringir estas normas afectarían desmedidamente a líderes de grupos o comunidades indígenas por asistir a manifestaciones públicas con niños, niñas y adolescentes indígenas, bajo el argumento de no exponerlas al peligro[7], siendo violatorias de los artículos 46 de la Constitución Nacional y a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (CERD).

La ausencia de un sistema de protección social integral y universal para los pueblos indígenas, ha demostrado que las acciones incompletas, aisladas, irregulares, sectorizadas y regionalizadas de los programas Teko Porã, Adultos Mayores, el Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible –así como la asistencia de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN)– no hacen sino revelar la deuda mal pagada del Estado en ese sentido.

El gobierno Abdo y la administración Allen –así como la de Édgar Olmedo, actualmente– son partes del proceso progresivo de reducción y fragmentación de las políticas indigenistas del Estado, particularmente en el tema de restitución territorial, hacia un modelo privatizado, punitivo y mínimo de relación con los pueblos y comunidades indígenas. De esta manera cierra cualquier posibilidad de avance, continuidad o apertura para la restitución de tierras, únicamente habilitada para casos finales y de mero trámite,[8] o inclusive de los derechos de comunidades con tierras tituladas pero fuertemente atacadas y expoliadas por el agronegocio por modos legales e ilegales, como por ejemplo, alquiler, invasión o expulsión.

Restituciones territoriales

El caso Tekoha Sauce

A pesar de habitar su territorio tradicional, la comunidad avá guaraní Tekoha Sauce, es considerada por la empresa hidroeléctrica Itaipú como invasora del área silvestre protegida de Limoy y, por tanto, presentó en 2019 ante los órganos jurisdiccionales un pedido de desalojo, con base en un informe presentado en el 2016, en el que sostienen que es una zona de recuperación y restauración, en consecuencia, no se permite otro tipo de uso.

Sin embargo, mientras busca desalojar a los indígenas judicialmente, por otra parte, la hidroeléctrica Itaipú cede la reserva a agroempresarios de la zona, en donde se encuentra operando un puerto desde hace unos 20 años y que, de conformidad a la Dirección Nacional de Aduanas, no estaría contando con los permisos de rigor[9].  Además, desde el año 2000 se permitió la cesión de usos múltiples dentro de la franja, con base en un Plan Director de Gestión Ambiental, totalizando a la fecha unas 24 cesiones vigentes y otras 26 en trámite.

Más vale tarde (y poco) ¿que nunca? Titulaciones que tardan hasta 30 años

Algunas acciones desplegadas por el Estado que merecen mención en cuanto a la restitución territorial de los pueblos indígenas son los casos de las comunidades Tarumanymi, del pueblo Mbyá Guaraní, de Luque; la comunidad Wonta Santa Rosa, del pueblo Manjui y la comunidad Río Apa, del pueblo Guaná.

En el primero de los casos, en un hecho histórico. En el mes de mayo, medio centenar de familias provenientes de los departamentos de Canindeyú, Caaguazú, Guairá y Concepción se beneficiaron de la titulación de 8 hectáreas en la ciudad de Luque, adquiridas hace más de una década por la entonces Secretaría de Acción Social[10]. En el segundo caso, en el mes de septiembre, la comunidad ubicada en el distrito de Mariscal Estigarribia, fue beneficiada con la titulación de unas 12.228 hectáreas[11]. Finalmente, luego de más de tres décadas de tramitación, la comunidad Río Apa del pueblo Guaná obtuvo la regularización de sus tierras tradicionales, coincidentemente con del Día Internacional de los Pueblos Indígenas.

Dispar suerte corre la comunidad Loma, del pueblo Guaraní, a pesar de contar con 10.079 hectáreas de tierras fiscales, reconocidas como Colonia Nacional Indígena desde 1984. En más de 35 años de recurrir a las vías legales y administrativas no pudieron acceder a la titulación de sus tierras, y sufren desde el año 2010 las amenazas y amedrentamiento sistemático de particulares que pretenden la apropiación de estas tierras[12]. Por otra parte, el presente año se volvieron a registrar atropellos en la comunidad Ysati, distrito Itakyry; en donde se incendiaron viviendas y cultivos por parte de desconocidos[13] de donde ya habían sido desalojados por civiles armados[14].

Cumplimiento de las sentencias dictadas y acuerdos amistosos celebrados en el SIDH

Durante el primer semestre del 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó resolución respecto a la supervisión de cumplimiento de las sentencias recaídas en los casos de las comunidades Yakye Axa, Sawhoyamaxa y Xákmok Kásek, las que había visitado en 2017. Entre los avances del cumplimiento de las sentencias dictadas y acuerdos amistosos celebrados en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, se destaca el primer desembolso de los tres que se tienen planificados en tres años, destinados a los proyectos de desarrollo para las comunidades antes mencionadas. También se considera la conformación de los comités de implementación para la ejecución de los fondos de desarrollo comunitario, incluidas por el Estado paraguayo en la misma resolución, en el marco del cumplimiento e implementación de las sentencias de la Corte Interamericana y acuerdo amistoso celebrado ante la Comisión Interamericana en dichos casos. El comisionado de la Comisión Interamericana, Joel Hernández, mantuvo reuniones de trabajo en que se abordaron casos que se encuentran en trámite en ese órgano del sistema interamericano, relativos a los reclamos de las comunidades indígenas del pueblo Ayoreo Totobiegosode, Yaka Marangatu, del pueblo Mbya, y Kelyenmagategma y del pueblo Enxet[15].

Observaciones del Comité de Derechos Humanos en materia indígena

En julio del presente año, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó sus Observaciones Finales en relación al cuarto informe periódico del Estado sobre el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[16]. En dicha ocasión enfatizó la necesidad de implementar las sentencias de la Corte Interamericana respecto a los casos Sawhoyamaxa, Yakye Axa y Xákmok Kásek, así como garantizar la protección a los recursos y tierras de los ayoreo totobiegosode; además de fortalecer el Instituto Paraguayo del Indígena. También se señaló la necesidad de garantizar el acceso efectivo a procedimientos de resolución de conflictos y acelerar la devolución y el registro de tierras y recursos naturales, además del acceso a la educación y a la salud de todos los pueblos indígenas y hacer efectivo el mecanismo nacional de consulta que garantice el consentimiento libre previo e informado.

Notas y referencias

[1] Gaceta Oficial. Disponible en http://www.gacetaoficial.gov.py/index/getDocumento/59251.

[2] Guyra Paraguay. Comunicado de fecha 10 de septiembre de 2019. Disponible en: http://guyra.org.py/alarmante-nivel-de-incendios-en-todo-el-pais/.

[3] Última Hora, 18 de septiembre de 2019. Disponible en https://www.ultimahora.com/infona-investiga-15-estancieros-incendios-forestales-el-chaco-n2844492.html.

[4] Infona. Reporte de focos de calor sobre la República del Paraguay. 01 de octubre de 2019. Disponible en http://infona.gov.py/application/files/9615/6994/4188/monitoreo_focos_conjunto_20191001_lq9y21vh.pdf.

[5] La Unión 800 AM, 18 de septiembre de 2019. Disponible en https://www.launion.com.py/comunidades-indigenas-son-los-que-mas-sufren-incendios-en-chaco-122567.html.

[6] Resolución P/N.º 447/19, del 9 de septiembre de 2019.

[7] Resolución P/N.º 448/19, del 9 de septiembre de 2019.

[8] Por ejemplo, en el caso de futuras reivindicaciones, recientemente planteadas o que podrían plantearse, responder de oficio en base a déficit de tierras en cantidad y calidad suficientes para una gran cantidad de comunidades indígenas.

[9] Última Hora, 26 de septiembre de 2019. Disponible en https://www.ultimahora.com/indigenas-son-invasores-itaipu-pero-sojeros-si-usan-area-protegida-n2845895.html.

[10] Última Hora, 17 de mayo de 2019. Disponible en: https://www.ultimahora.com/indi-otorga-titulo-indigenas-la-ciudad-primera-vez-n2819837.html.

[11] Perfil de Facebook del Indi. Disponible en https://www.facebook.com/institutoparaguayo.delindigena/.

[12] Gente, Ambiente y Territorio. Boletín Febrero 2019. Disponible en: http://gat.org.py/boletin/2019/Febrero/1853

[13] La Nación, 4 de marzo de 2019. Disponible en: https://www.lanacion.com.py/pais/2019/03/04/indigenas-denuncian-incendio-de-cultivos-y-viviendas/

[14] Última Hora, 26 de enero de 2019. Disponible en: https://www.ultimahora.com/indigenas-fueron-desalojados-un-inmueble-itakyry-n2793958.html

[15] Ministerio de Relaciones Exteriores, 15 de octubre de 2019. Disponible en http://www2.mre.gov.py/index.php/noticias-de-embajadas-y-consulados/comisionado-de-la-cidh-se-reunio-con-el-canciller-y-continuaran-los-encuentros-con-distintos-organismos. Para mayor información, se remite al artículo referente a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, incluido en este informe.

[16] Naciones Unidas (2019). Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Paraguay. CCPR/C/PRY/CO/4. Disponible en https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC%2fPRY%2fCO%2f4&Lang=en.

 Mario J. Barrios Cáceres es abogado y profesor universitario. Presidente del Directorio de Tierraviva a los Pueblos Indígena del Chaco.

Este artículo es parte de la 34ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2020 aquí

 

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