Mundo Indígena 2019: Paraguay

Escrito en 24 Abril 2019. Publicado en Paraguay

La población que se autoidentifica como perteneciente o descendiente de algunos de 19 pueblos distribuidos en 5 diferentes familias lingüísticas: Guaraní (Aché, Avá Guaraní, Mbya, Pai Tavytera, Guaraní Ñandeva, Guaraní Occidental), Maskoy (Toba Maskoy, Enlhet Norte, Enxet Sur, Sanapaná, Angaité, Guaná), Mataco Mataguayo (Nivaclé, Maká, Manjui), Zamuco (Ayoreo, Yvytoso, Tomáraho) y Guaicurú (Qom) es de 112.848 indígenas, de conformidad al Censo Nacional de Población y Vivienda Indígena 2012.

El Capítulo V de la Constitución de 1992 reconoce a los pueblos indígenas como grupos de culturas anteriores a la formación y organización del Estado paraguayo, reconociéndoles derechos tales como identidad étnica, propiedad comunitaria, participación, educación atendiendo a peculiaridades culturales y exoneraciones.

Paraguay cuenta con un marco jurídico que garantiza y reconoce una gama de derechos bastante amplia a favor de los pueblos indígenas, habiendo ratificado los principales instrumentos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto del sistema universal como interamericano, en especial el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. No obstante, estos derechos son violados asiduamente.

Dado el enfoque de la presente edición de El Mundo Indígena, respecto a la situación de los defensores indígenas de los derechos humanos, es necesario destacar que cada lustro, un saldo negativo marca la culminación de los mandatos presidenciales en Paraguay en relación al respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas –el segmento más carente en una sociedad caracterizada por la desigualdad social y víctima de una discriminación estructural– a pesar de que aparecen recurrentemente en gran parte de los discursos preelectorales de los principales candidatos.¹

El legado de la administración de Horacio Cartes

La ausencia de políticas orientadas a superar la pobreza, así como una impronta empresarial con un discurso ligado al progreso a partir de grandes inversiones de la saliente administración de Horacio Cartes (2013-2018), caracterizada por no reparar en los derechos de los pueblos indígenas, cuyas tierras, antes que espacios donde se realiza la vida y la cultura, fueron vistas como áreas de expansión de un gran proyecto empresarial para hacer negocios². En este contexto, el accionar estatal fue diluyéndose en obligaciones y planes de protección genéricos en cuanto a la contención de la pobreza y en un retroceso en la política de restitución, sin presupuesto ni prioridades a la vista³

Este modelo empresarial sostuvo –durante el mandato presidencial aludido– la promoción, expansión y extensión del sistema exportador, en conexión con la concentración latifundista de la tierra⁴ siendo fortalecida esta última a través de mecanismos legales e irregulares, así como alianzas empresariales con el sector privado y transnacional.⁵ Esta impronta empresarial, que priorizó intereses de grupos económicos, deja a la administración entrante de Mario Abdo Benítez problemas de imperativa resolución, enfrentando el desafío de revertir la postergación histórica de los reclamos indígenas por parte de la clase política. Esta  restitución  debe  reflejarse  necesariamente en una jerarquización, planificación y priorización de la agenda indígena en su gobierno desde el primer día de mandato.

Huelga mencionar que la falta de información que provoca la referida incertidumbre priva a los y las indígenas de elementos para evaluar y juzgar la pertinencia de las designaciones en el órgano estatal indigenista, así como sus consecuencias: ya en funciones, el presidente Mario Abdo Benítez nombró presidenta del Instituto Paraguayo del Indígena a la Sra. Ana María Allen Dávalos, quien antes de los cien días de gestión ya tuvo que afrontar la resistencia de sectores indígenas, quienes la acusaban de incapacidad para el cargo, ya que afirman que pretende gestionar el ente estatal como un organismo privado, además de su imposibilidad de comunicarse en idioma guaraní.

Finalmente, el giro ultraconservador experimentado en la región puede agudizar el conflicto en una zona fronteriza, en donde los poderes fácticos ligados al agronegocio imponen un patrón de desapariciones y amenazas como respuesta a las reivindicaciones territoriales.

Ante las reivindicaciones: desapariciones y amenazas

El 16 de septiembre de 2016, de acuerdo a la versión de miembros de la Comunidad Tacuara’i, se produjo la desaparición de Isidoro Barrios, de 27 años, tras un enfrentamiento entre indígenas y guardias de colonos brasileños, en el contexto de la reivindicación de territorio tradicional que comprende unas 1.500 hectáreas del pueblo Avá Guaraní Paranaense, en Corpus Christi, departamento de Canindeyú, en donde residen 170 familias.

En el contexto de la visita de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), se constataron las precarias condiciones –sin atención médica ni asistencia de orden humanitario– en las que se encontraban personas adultas mayores, niños, niñas y jóvenes, tras más de dos meses de ocupación precaria; expresando gran preocupación por el abordaje estatal en contexto del conflicto, signado por el agronegocio y las dinámicas de poder en la zona de frontera, ya que “hasta el momento estuvo centrado únicamente en la adopción de medidas orientadas a la protección de la propiedad privada de los particulares, sin considerar los derechos de propiedad indígena a la luz del marco jurídico otorgado por la Constitución de la República y del derecho internacional de los derechos humanos vigente en la materia”.⁶

Por otra parte, Amada Martínez, docente y defensora de derechos humanos de la comunidad indígena Tekoha Sauce del pueblo Avá Guaraní Paranaense, fue interceptada y amenazada de manera violenta por cinco hombres vestidos con uniformes de guardaparque, armados con escopetas y revólveres. Al momento del hecho, la Sra. Martínez se encontraba en compañía de su hijo de 7 años, su hermana y sus sobrinos de uno y 8 años respectivamente. Los hombres les apuntaron y amenazaron, presumiblemente debido al trabajo que viene desarrollando la Sra. Martínez en defensa de los derechos humanos de su comunidad.⁷

Tras el hecho, el viceministro de Seguridad Interna ordenó una visita a la comunidad y la instalación de un puesto como medida de protección. Los miembros de la comunidad solicitaron contar con una patrulla policial custodiando a determinadas horas del día.

La Comunidad Itakyry, que registra varios atropellos y desplazamientos forzosos, se vio obligada a salir a las calles a exigir la titulación de sus tierras y el levantamiento de la orden de captura de varios de sus dirigentes.⁸ Se trae también aquí la referencia de los actos irregulares denunciados en el informe anterior de El Mundo Indígena, cuando en ocasión de “levantar” las medidas restrictivas de libertad para los dirigentes se solicitaba la entrega de tierras a particulares, fungiendo de aval el mismo presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) de ese entonces.

El año 2018 se inició con el cumplimiento de un mes de la presencia de miembros de la Comunidad Jetyty Mirí en la capital del país denunciando el desalojo sufrido, la quema de sus casas y el traslado fuera de las tierras que ocupaban. En condiciones extraordinariamente precarias, aguardaron una respuesta que nunca llegó. Tal era la situación de abandono, que una mujer indígena, con su hijo muerto en su vientre, habiéndose extraído el feto, no tuvo otro lugar donde enterrarlo que en plena Plaza de Armas.⁹

La Comunidad Makutinga del pueblo Mbya Guaraní sufre conflictos en su territorio, donde una aparatosa delegación de más de 50 policías y 10 patrulleras custodian el cultivo de soja en un predio por la comunidad indígena.¹⁰ Es otro de los casos que no encuentra solución, aunque tantos años hayan ya pasado del reclamo y a tantos atropellos haya sido sometida.

Participación indígena en las elecciones generales

Las elecciones generales que se llevaron a cabo el 20 de abril de 2018 contaron con una mayor participación indígena. Las campañas de cedulación dotaron a indígenas del Bajo Chaco del documento de identidad necesario para ejercer su derecho al sufragio, en muchos casos por primera vez. Asimismo, a la tarea iniciada en el año 2016 mejoró la participación política electoral de los pueblos y las mujeres indígenas en el Paraguay, con capacitaciones e inscripciones al Registro Cívico Permanente.¹¹

Por otra parte, el Movimiento Político Indígena Plurinacional (MPIP) presentó candidaturas indígenas entre otras, a ambas cámaras del Congreso, así como en las gobernaciones y concejalías departamentales.¹² En dicha ocasión, el Arq. Gerónimo Ayala, del pueblo Mbyá Guaraní –candidato a Senador por el MPIP– obtuvo más de 25.000 votos.

Destrucción de objetos ceremoniales Mbyá Guaraní

A partir de un vídeo viralizado en las redes sociales, la Dirección de Derechos Étnicos del Ministerio Público denunció a un pastor evangélico –identificado como Serafín Navarro– por la comisión de hechos punibles contra los Pueblos – Genocidio y Crímenes de Guerra.¹³ Durante el hecho ocurrido en la casa de un anciano indígena, el citado pastor “confiscaba” y destruía objetos rituales que pertenecen a la cultura y las tradiciones del pueblo Mbyá Guaraní, con el argumento que estaba “expulsando demonios”¹⁴ mientras los rompía, en flagrante violación de los derechos reconocidos en el artículo 63 de la Constitución  Nacional y el artículo quinto del Convenio No 169. Lo ocurrido evidencia lo estigmatizada que aún está la cultura indígena a los ojos de una sociedad que discrimina lo distinto a su propia cultura. 

Expresidente del INDI y funcionarios condenados por corrupción

La corrupción se ha convertido en 2018 en una de las nociones más generalizadas en los debates públicos sobre la calidad y la eficacia de la gobernanza. El Estado se presenta, así, como un actor de cumplimiento débil de las normas y leyes de anticorrupción o como un agente legislativo de normas ad hoc que aumentan la falta de responsabilidad en relación con la corrupción. Rubén Darío Quesnel Velázquez, expresidente del Indi, fue condenado a diez años de privación de libertad, más cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos por los hechos punibles de lesión de confianza y apropiación, así como cincuenta días-multa.¹⁵¹⁶ Aunque contó con varias suspensiones, el proceso 12 encontró responsable a Quesnel por el desvío de 3.127 millones de guaraníes (unos 520.000 dólares) destinados a las comunidades indígenas Sawhoyamaxa y Yakye Axa del Chaco como parte de las reparaciones establecidas por la Corte IDH. Ya en 2015, Quesnel Velázquez había sido hallado culpable de los hechos punibles de lesión de confianza y abandono a raíz de una venta irregular de 25 mil hectáreas de tierras de la comunidad Cuyabia del pueblo Ayoreo, por un valor de 1.250 millones de guaraníes (unos 208.000 dólares) y condenado a seis años y seis meses de pena privativa de libertad. Igualmente, la exadministradora de la entidad y otro exfuncionario fueron condenados a 6 años y tres años y medio de cárcel respectivamente, por apropiación. Las sentencias fueron apeladas y, al cierre del presente informe, se encuentran pendientes de resolución por parte de la decisión del Tribunal de alzada.

Este artículo es parte de la 33ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2019 completo aquí.

Notas y referencias

1. Agencia EFE, 13 de febrero de Disponible en http://bit.ly/2IKx4vJ; Agencia EFE, 9 de agosto de 2018. Disponible en http://bit.ly/2IIq6XP.
2. Ayala Amarilla, Óscar (2014). Los derechos de los pueblos indígenas en tiempos de una impronta empresarial para el Estado. In Yvypóra Derécho Paraguáipe Derechos Humanos en Paraguay 2014 (pp. 65-77). Asunción:
3. Ayala Amarilla, Óscar (2015). Recuento de un año con reminiscencias autoritarias, donde lo indígena parece no In Yvypóra Derécho Paraguáipe Derechos Humanos en Paraguay 2015 (pp. 55-62). Asunción: CODEHUPY.
4. Mendieta Miranda, Maximiliano and Cabello Alonso, Julia (2016). Discriminación estructural del Estado paraguayo contra los pueblos indígenas. Políticas Neoliberales y acciones ilegales como instrumento de violaciones de los derechos territoriales. In Yvypóra Derécho Paraguáipe Derechos Humanos en Paraguay 2016 (pp. 55-65). Asunción:
5. Barreto, Verónica (2017). Sintomatología de la agudización neoliberal en agravio a los pueblos indígenas en el In Yvypóra Derécho Paraguáipe Derechos Humanos en Paraguay 2017 (pp. 59-73). Asunción: CODEHUPY.
6. CODEHUPY, November 12, 2018. Available at: http://bit.ly/2IJY8ew
7. Amnesty International (2018). Challenging Raising the Profile of Women Human Rights Defenders. Available at: http://bit.ly/2IKxceH
8. ABC Color, 27 de septiembre de 2018. Disponible en http://bit.ly/2IHQXmV.
9. Última Hora, 22 de enero de 2018. Disponible en http://bit.ly/2IHQZLz.
10. Última Hora, November 10, 2018. Available at: http://bit.ly/2IMFT8a
11. ABC Color, May 3, Available at: http://bit.ly/2ILTZ9K
12. Univisión, April 20, Available at: http://bit.ly/2IJfMir
13. Última Hora, September 14, 2018. Available at: http://bit.ly/2IHv7A0
14. ABC Color, September 14, 2018. Available at: http://bit.ly/2IIL09t
15. Última Hora, August 29, Available at: http://bit.ly/2IKFZgJ
16. vCausa: “Rubén Darío Quesnel Velázquez, Marlene Ysabel Mendoza Ferreira, Ever Ramón Otazo Martínez y Oscar Enrique Viera Domínguez s/ Lesión de Confianza y apropiación” Nº 1-1-2-37-2013-90.

Mario J. Barrios Cáceres es abogado e instructor universitario. Actualmente se desempeña como Presidente del Consejo de administración de Tierraviva, sirviendo a los pueblos indígenas del Chaco.

Etiquetas: Derechos Humanos, IWGIA, Defensores de derechos humanos indígenas