El Mundo Indígena 2023: Aotearoa (Nueva Zelanda)

Escrito en 29 Marzo 2023. Publicado en Aotearoa (Nueva Zelanda)

Los maoríes, el pueblo indígena de Aotearoa, representan el 16,5 % de los cinco millones de habitantes que componen la población del país. La brecha entre maoríes y no maoríes es generalizada: su esperanza de vida es entre 7 y 7,4 años menor que los no maoríes; su ingreso promedio es sólo el 71 % de lo que reciben los pākehā (europeos neozelandeses); el 25,5 % de los maoríes abandona la escuela secundaria superior sin estar calificados; y más del 50 % de la población carcelaria es maorí.^[1]

En 1820, Te Tiriti o Waitangi (el Tratado de Waitangi) fue firmado por la Corona británica y los maoríes. Existe una versión maorí (Te Tiriti), que suscribieron casi todos los maoríes, y una versión en inglés (el Tratado). Te Tiriti otorgó a los británicos el derecho de gobernar a sus súbditos; prometió a los maoríes que mantendrían su tino rangatiratanga (autodeterminación o autoridad plena) sobre sus tierras, recursos y otros tesoros; y concedió los derechos de los ciudadanos británicos a los maoríes. No obstante, Te Tiriti tiene un estatus legal limitado. Por lo tanto, la protección de los derechos maoríes depende, mayormente, de la voluntad política y del reconocimiento ad hoc de este tratado.

Aotearoa respalda la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas desde 2010 (UNDRIP, por sus siglas en inglés). Sin embargo, no ha ratificado el Convenio 169 de la OIT.

Este artículo es parte de la 37^a edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2023 completo aquí.

Conservación y derechos maoríes

En 2022, ocurrieron varios acontecimientos relevantes respecto de la conservación y los derechos maoríes. Dos de ellos están relacionados con la Ley de Minerales de la Corona (en inglés, Crown Minerals Act) de 1991, la cual se centra en la “promoción” de la explotación de minerales pertenecientes a la Corona (art. 1A(a)). Esto entra en conflicto con las responsabilidades de kaitiaki (tutela) de las iwi (naciones) y los hapū (grupos extendidos de parentesco) con mana whenua (autoridad territorial) sobre aquellas áreas. Un proyecto de ley de sus miembros fue presentado en la Cámara de Representantes, el cual, entre otras cosas, habría reformado la ley con el objetivo de prohibir el otorgamiento de permisos para la prospección, exploración y minería en tierras y aguas que fueran objeto de conservación.^[2] No obstante, no progresó más allá de la primera etapa de lectura. El Proyecto de Reforma de la Ley de Minerales de la Corona, que ya superó la primera etapa y se encuentra siendo tratado por el comité de selección, también propone cambios a la ley, como la finalización de la “promoción” de la explotación de minerales y el “fortalecimiento de la participación de los titulares de los permisos, las iwi y los hapū, para asegurar que los intereses culturales de los maoríes en los minerales y en las actividades mineras sean comprendidos y respetados”.^[3] Sin embargo, los cambios propuestos por el proyecto de ley todavía no reflejan de manera adecuada el estatus de los maoríes como parte del Tiriti.^[4]

El cambio propuesto a la Ley de Gestión de Recursos de Nueva Zelanda también afecta la protección ambiental y tiene ramificaciones importantes para los maoríes. El Proyecto de Ley de Planificación de los Espacios y el Proyecto de Ley de Entornos Naturales y Construidos han superado la etapa de primera lectura en 2022 y se encuentran siendo tratados por el comité de selección. Con ellos, se busca reemplazar a la tan criticada Ley de Gestión de Recursos de 1991 para, entre otras cosas, “proteger mejor el ambiente”.^[5] Una de las preocupaciones más grandes es que ninguno de los dos cumple con te Tiriti, en especial, porque el Proyecto de Ley de Entornos Naturales y Construidos no “reconoce de manera eficaz ni confiere a los maoríes la facultad de ejercer su tino rangatiratanga conforme a te Tiriti”. Solo propone reconocer a algunos maoríes como titulares de derechos (y responsabilidades), pero no a otros; y conceptualiza la salud del ambiente natural de una manera eurocéntrica.^[6]

Derecho maorí al agua amenazado

La promulgación de la Ley de Empresas Proveedoras de Servicios de Agua de 2022 también ha amenazado los derechos que tienen los maoríes sobre el agua, ya que implementa grandes reformas en la infraestructura hidráulica en cuanto a las aguas pluviales, el agua potable y las aguas residuales. Esta norma transfiere la propiedad, la operación y la gestión de la infraestructura hidráulica, que con anterioridad estaba predominantemente en manos de los consejos locales, a cuatro organismos regionales del Estado. Las modificaciones pretenden estipular una gobernanza conjunta con la mana whenua. Sin embargo, la preocupación de los maoríes es que la ley no refleja una gobernanza conjunta real, al punto de que perderán de manera efectiva el control sobre los sistemas hidráulicos.^[7]

El plan de acción de la UNDRIP se detiene

El proceso de participación en el desarrollo de un plan de acción para la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas consta de dos partes. La primera etapa se completó a comienzos del 2022, pero el progreso de la segunda se encuentra detenido.^[8] Se suponía que iban a someter a consulta pública un borrador del Plan de Declaración elaborado de forma conjunta por el gobierno, la Pou Tikanga del Foro Nacional de Presidentes de Iwi y la Comisión de Derechos Humanos, pero esto no sucedió. La participación inicial esperada por los maoríes respecto del plan identificaba 12 temas claves y trascendentales, como por ejemplo el rangatiratanga, la participación en el gobierno, la equidad y la justicia. ^[9] La preocupación es que la respuesta negativa del público en cuenta a los derechos maoríes, y, en particular, en relación a los acuerdos de gobernanza conjunta han enfriado el compromiso del gobierno con el plan.

Casos significativos sobre la tikanga

En 2022, el tribunal máximo de Nueva Zelanda emitió una sentencia importante y muy esperada respecto del papel de la tikanga Māori (la ley y costumbre maorí) dentro de la ley estatal.^[10] En el caso Ellis vs. R,^[11] la Corte Suprema confirmó por unanimidad que la “tikanga ha sido y continuará siendo reconocida para el desarrollo del derecho común (common law) de Aotearoa/Nueva Zelanda en aquellos casos en que resulte relevante”; que frecuentemente “forma parte de la ley de Nueva Zelanda como consecuencia de haber sido incorporada a la legislación y a las normas”; y que “puede ser parte relevante dentro del ejercicio de la discreción [judicial].” ^[12] Resulta significativo que la mayoría de la Corte sostuviera que la problemática “prueba de tiempos coloniales realizada para incorporar la tikanga en la ley común no debe aplicarse más”. Además, aceptaron también que la “tikanga fue la primera ley de Aotearoa/Nueva Zelanda y que continúa dando forma y regulando la vida maorí”; advirtieron a los tribunales que no deben excederse en sus funciones cuando aplican la tikanga; y agregaron que “el método correcto para su aplicación (en caso de ser apropiado) dependerá de las circunstancias de cada caso en particular”.^[13] A pesar de estas prometedoras conclusiones, la tikanga no fue un elemento decisivo a la hora de definir el caso, que consistía en la admisión de una apelación por las condenas penales aplicadas a un pākehā ya fallecido.

La Tikanga también se destacó en otra importante sentencia judicial. En el caso Ngāti Whātua Ōrākei vs Attorney General^[14], la iwi Ngāti Whātua Ōrākei (NWO) buscaba impugnar la política de conciliación del Tratado aplicada por la Corona, debido a la superposición de reclamos realizados por diferentes iwi sobre las mismas tierras. Sin consultar con la NWO, la Corona había ofrecido parcelas de tierras dentro de la región central de Auckland –donde la NWO reivindica mana whenua exclusiva– a la colectividad Marutūāhu, un colectivo compuesto por cinco iwi. Estos, por su parte, afirmaron que comparten mana whenua sobre esas áreas. Los intentos de resolver el conflicto entre la NWO y la comunidad Marutūāhu no fueron exitosos y, finalmente, la NWO inició acciones legales contra la Corona argumentando que la superposición de reclamos requiere la consideración completa de la tikanga. Asimismo, buscaban que se declarara que la NWO tenía mana whenua exclusiva sobre las tierras afectadas a la luz de la tikanga. El juez a cargo del caso resolvió que la tikanga se establece a través de las iwi y los hapū (para los cuales la aplicación de la tikanga puede variar) y no debe hacerlo la Corona. Por ello, se negó a decretar que la NWO tuviera mana whenua exclusiva sobre las tierras. El juez expresó una dura crítica hacia la política de conciliación del Tratado, y declaró: “[l]a Corona necesitará tomar medidas razonables para entender, reconocer y respetar la tikanga de las iwi y los hapū; y la Corona deberá proteger activamente la capacidad de las iwi y los hapū para ejercer la tikanga”.^[15] Este caso representa un importante llamado de atención para lograr un compromiso mucho más sofisticado con la tikanga por parte del Estado y la intensificación de las divisiones dentro de las iwi debido a políticas de la Corona.

El Comité sobre Discapacidad de la ONU causa preocupación

El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas identificó importantes problemas en cuanto a la situación de los derechos humanos de las personas maoríes con discapacidad. En las observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de Nueva Zelanda basadas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), el Comité remarcó, por ejemplo, la baja representación de personas maoríes con discapacidad en el desarrollo legislativo y de políticas y en el proceso de toma de decisiones, en especial, en el caso de los niños maoríes; la discriminación interseccional experimentada por las personas maoríes con discapacidad; la alta tasa de violencia contra mujeres y niñas maoríes con discapacidad; los problemas para el acceso a la información; la preocupación debido a la separación de niños de sus padres maoríes con discapacidad que pasan al cuidado del Estado; las altas tasas de niños maoríes con discapacidad en escuelas residenciales especializadas; los peores resultados sanitarios y los niveles de pobreza muy desproporcionados en personas maoríes con discapacidad; y la falta de apoyo para formar una organización propia que los represente.^[16]

Las recomendaciones del Comité incluyeron que: los marcos legislativos y las políticas de Nueva Zelanda debían reflejar el Tratado, la CDPD y la UNDRIP “con vistas a garantizar que las personas maoríes con discapacidad sean consultadas estrechamente, participen activamente en los procesos de toma de decisiones y vean reconocido su derecho a la libre determinación” se adopten medidas que proporcionen una protección expresa contra formas interseccionales de discriminación, incluida la basada en su condición de indígenas; se desarrollen iniciativas orientadas “a aumentar la oferta de informaciones y comunicaciones culturalmente adecuadas y accesibles destinadas a las personas con discapacidad maoríes”; se tomen medidas para evitar la separación de niños de sus padres con discapacidad, en particular de padres maoríes, en razón de su deficiencia; abordar la alta proporción de niños y niñas maoríes con discapacidad que asisten a escuelas residenciales especializadas; se mejoren los resultados sanitarios, se luche contra la pobreza y la violencia contra las mujeres y las niñas, incluidas aquellas con discapacidad; y se tomen medidas “para apoyar el desarrollo de organizaciones de personas maoríes con discapacidad”.^[17]

Avances adicionales

Otros avances notorios del 2022 incluyen: la elaboración de un documento del gabinete sobre acuerdos y parámetros para el diseño de alto nivel de un nuevo sistema de reparación para quienes fueron abusados durante el cuidado proporcionado por el Estado o por un grupo religioso, de los cuales, la mayoría es de origen maorí;^[18] informes cruciales del Tribunal Waitangi, incluidos los reclamos sobre Te Ātiawa/Ngāti Awa dentro de la Investigación Porirua ki Manawatu;^[19] los esfuerzos de mana whenua para trabajar junto al gobierno local y central y así poder abordar la crisis habitacional crónica;^[20] y la continuación de los debates impulsados por los maoríes que buscan la transformación constitucional para cumplir los derechos maoríes. ^[21]

Panorama hacia el futuro

Se anticipa que Aotearoa comenzará a transitar una recesión en 2023, que los casos de COVID-19 continuarán, y que los maoríes seguirán siendo impactados de manera desproporcional. También, se llevarán a cabo elecciones generales nacionales, y se espera que los derechos maoríes (en especial, los acuerdos de gobernanza conjunta) sean un tema político candente mientras el partido conservador de la oposición suba en las encuestas de opinión. Uno de los temas interesantes a futuro es la esperada publicación del informe final de la Comisión Real de Investigación sobre Abuso en el Cuidado.

Fleur Te Aho (Ngāti Mutunga) es catedrática senior de la Facultad de Derecho de la Universidad de Auckland. Contacto: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Este artículo es parte de la 37^a edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que los pueblos indígenas han experimentado. La foto de arriba es de una persona indígena en Tanzania. Esta foto fue tomada por Geneviève Rose, y es la portada de El Mundo Indígena 2023 donde aparece este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2023 completo aquí.

Notas y referencias

^[1] Stats NZ, Gobierno de Nueva Zelanda, http://www.stats.govt.nz (estas estadísticas se obtuvieron principalmente del Censo de 2018).

^[2] Parlamento de Nueva Zelanda. Proyecto de Reforma de la Ley de Minerales de la Corona (Prohibición de la Minería). Proyecto presentado el 11 de agosto de 2022, primera etapa de lectura 22 de noviembre de 2022. Disponible en https://www.parliament.nz/en/pb/bills-and-laws/bills-proposed-laws/document/BILL_125791/crown-minerals-prohibition-of-mining-amendment-bill#:~:text=The%20bill%20amends%20the%20Crown,from%20or%20granted%20by%20the

^[3] Ibídem. Comité de Selección, informe esperado para el 22 de mayo de 2023. Disponible en https://www.parliament.nz/en/pb/bills-and-laws/bills-proposed-laws/document/BILL_130002/crown-minerals-amendment-bill; publicación online Inside Government NZ. Mining Act changes signal end for ‘promotion’ of Crown-owned minerals. 23 de noviembre de 2022. Disponible en https://insidegovernment.co.nz/mining-act-changes-signal-end-for-promotion-of-crown-owned-minerals/

^[4] Para una crítica general de la ley desde una perspectiva maorí ver: Carl Billington. “Does the Crown Minerals Act Undermine Partnership with Māori?”. IPANZ. Disponible en https://ipanz.org.nz/Article?Action=View&Article_id=150378.

^[5] Publicación online Inside Government NZ. New resource management laws given first reading. 22 de noviembre de 2022. Disponible en https://insidegovernment.co.nz/new-resource-management-law-given-first-reading/

^[6] Por ejemplo, ver el texto base sobre la reforma preparado por la Federación de Autoridades Maoríes (FOMA, por sus siglas en inglés). FOMA. Reform Of The Resource Management Act 1991. 12 de diciembre de 2022. Disponible en https://www.foma.org.nz/reform-of-the-resource-management-act-1991/

^[7] Parlamento de Nueva Zelanda. Water Services Entities Bill begins three waters reform. Publicado originalmente el 20 de junio de 2022. Disponible en https://www.parliament.nz/en/get-involved/topics/all-current-topics/water-services-entities-bill-begins-three-waters-reform/; Manch, Thomas. “Labour alone in support of Three Waters bill as it passes into law”. Stuff, 8 de diciembre de 2022. Disponible en https://www.stuff.co.nz/national/politics/130704446/labour-alone-in-support-of-three-waters-bill-as-it-passes-into-law

^[8] Te Puni Kōkiri (Ministerio de Desarrollo Maorí). UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. Última actualización: 20 de octubre de 2022. Disponible en https://www.tpk.govt.nz/en/a-matou-whakaarotau/te-ao-maori/un-declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples; “Government falling behind on timeframe for co-governance plans - Willie Jackson”. Radio New Zealand, 6 de diciembre de 2022. Disponible en https://www.rnz.co.nz/news/political/480211/government-falling-behind-on-timeframe-for-co-governance-plans-willie-jackson.

^[9] Jackson, Willie. Next Steps in Declaration Plan. Beehive, 22 de abril de 2022. Disponible en https://www.beehive.govt.nz/release/next-steps-declaration-plan.

^[10] Te Aho, Fleur. “Aotearoa (Nueva Zelanda)”. En El Mundo Indígena 2021, editado por Dwayne Mamo, 598-606. Copenhague: International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA). Disponible en https://iwgia.org/es/nueva-zelanda/4115-mi-2021-aotearoa-nueva-zelanda.html

^[11] Corte Suprema de Nueva Zelanda. Caso NZSC 114, 2022. Disponible en https://www.courtsofnz.govt.nz/assets/cases/2022/2022-NZSC-114.pdf

^[12] Ibídem. [19].

^[13] Ibídem. [21]-[23] según Winkelmann CJ, Glazebrook y Williams JJ.

^[14] Tribunal Superior de Nueva Zelanda, Registro de Auckland. Caso NZHC 843, 2022. Disponible en https://assets.maorilawreview.co.nz/ngati_whatua_orakei_trust_v_attorney-general_no.4_2022_nzhc_843.pdf

^[15] Ibídem, [69]; Para más contexto ver: Muru-Lanning, Charlotte. “The High Court’s ‘groundbreaking’ Ngāti Whātua Ōrākei judgment, explained”. The Spinoff, 29 de abril de 2022. Disponible en https://thespinoff.co.nz/atea/29-04-2022/the-groundbreaking-high-court-judgment-against-ngati-whatua-orakei-explained.

^[16] Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas (CDPD). Concluding observations on the combined second and third periodic reports of New Zealand. 26 de septiembre de 2022, documento CRPD/C/NZL/CO/2-3 ver [5(b)]; [7(b)]; [9(a)]; [11(a)]; [31(a)]; [43(b)]; [43(d)]; [45(d)]; [47(c)]; [49]; [53(a)]; [55]. Disponible en https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRPD%2FC%2FNZL%2FCO%2F2-3&Lang=en

^[17] Ibídem [6(b)]; [8(b)]; [10(a)]; [12(a) and (b)]; [32(a) and (b)]; [44(b)]; [44(d)]; [46(d)]; [48(c)]; [50]; [52(a)]; [54]; [56].

^[18] Hipkins, Chris (Ministro de Servicios Públicos). Responding to the Royal Commission into Historical Abuse in Care’s redress findings – Arrangements and parameters for the high-level design of a new redress system. 1 de diciembre de 2012. Disponible en https://www.abuseinquiryresponse.govt.nz/assets/Uploads/Cabinet-papers/2022-12-01-Cabinet-paper-Redress-system-design-arrangements.pdf

^[19] Waitangi Tribunal. “Waikanae: Report on Te Ātiawa/Ngāti Awa Claims.” Wai 2200, 2022.

^[20] Dimitrof, Stefan. “Mana whenua helping Rotorua solve chronic housing crisis”. Te Ao Māori News, 13 de diciembre de 2022. Disponible en https://www.teaomaori.news/mana-whenua-helping-rotorua-solve-chronic-housing-crisis.

^[21] Por ejemplo, ver Constitutional Kōrero 2022. Disponible en https://www.constitutionalkorero.co.nz/

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