Mundo Indígena 2019: Myanmar

Escrito en 24 Abril 2019. Publicado en Myanmar

La diversidad poblacional de Myanmar abarca más de 100 grupos étnicos. Los birmanos representan aproximadamente el 68 % de los 51.5 millones de los habitantes del país.

Este se encuentra dividido en siete regiones dominadas principalmente por los birmanos y siete estados étnicos; el gobierno birmano se refiere a estos grupos, considerados generalmente como pueblos indígenas, como “nacionalidades étnicas”. Esto incluye a los shan, karen, rakhine, karenni, chin, kachin y mon. Sin embargo, existen otros grupos étnicos que se consideran o se autoidentifican como pueblos indígenas, como los akha, lisu, lahu y mru, entre muchos otros. Myanmar ha sido gobernado por una sucesión de regímenes militares dominados por birmanos, desde que el gobierno elegido popularmente fue derrocado en 1962.

En las elecciones generales del 8 de noviembre de 2015, el partido de Aung San Suu Kyi, la Liga Nacional para la Democracia (NLD), desbancó al Partido de Unión, Solidaridad y Desarrollo (USDP) en una victoria aplastante. El traspaso de poder se llevó a cabo pacíficamente y, tras medio siglo de régimen militar, la nueva administración asumió el cargo mediante una ceremonia de entrega oficial el 30 de marzo de 2016. La NLD, liderada por Aung San Suu Kyi como consejera de Estado, inició un proceso de “reconciliación nacional” en un contexto delicado de convivencia con el ejército, el cual mantiene el 25 % de los escaños no electos de la Hluttaw (cámara de representantes), lo que le confiere derecho a veto sobre cambios constitucionales.

Myanmar votó a favor de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), adoptada por la Asamblea General de la ONU en 2007, pero no ha firmado la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD), ni ha ratificado el Convenio 169 de la OIT. Myanmar es parte de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y de la Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), aunque hasta ahora no ha tenido en cuenta muchas de las respectivas recomendaciones de los comités de la CEDAW y de la CRC. 

Criminalización de la distribución de la ayuda humanitaria bajo la legislación nacional

La aplicación continua de la ley arcaica para castigar a quienes ejercen libertades fundamentales y la incapacidad y renuencia del gobierno civil elegido para utilizar la mayoría parlamentaria para derogar o enmendar esas leyes continúan siendo un obstáculo para la coexistencia pacífica y el desarrollo de una auténtica unión federal de los estados y pueblos étnicos de Myanmar. El uso arbitrario de dichas leyes evoca la opresión militar y contradice la promesa de democracia y derechos humanos de la Liga Nacional de la Democracia (NLD), además de ir en contra de los compromisos preelectorales de “revocar las leyes que perjudican la libertad y la seguridad que las personas deben tener por derecho”.¹

Por ejemplo, la Ley de Asociación Ilícita² establece penas de prisión de hasta tres años por ser miembro de una “asociación ilícita”, o por ayudar o contribuir a la misma. Dicha ley se utilizó durante las décadas de gobierno militar de Myanmar para detener a aquellos que estaban vinculados a grupos rebeldes. El Tatmadaw (ejército de Myanmar) ha bloqueado ayuda a unos 100,000 desplazados internos desde que el cese al fuego entre el Ejército de Independencia de Kachin (KIA) y el Tatmadaw colapsó en 2011. A pesar de que se han cubierto importantes brechas respecto a la asistencia humanitaria tras las restricciones del Gobierno al respecto, las organizaciones de la sociedad civil de Kachin se volvieron el blanco de esta ley.³

En junio de 2018, los trabajadores de ayuda eclesiástica de la Convención Baptista de Kachin, que actúa como uno de los más grandes distribuidores de ayuda a las comunidades desplazadas, fueron advertidos por el coronel Thura Myo Tin, ministro de Seguridad del Estado y Asuntos Fronterizos de Kachin, de que bajo esta ley, habría arrestos por viajar en zonas controladas por el KIA.⁴ A pesar de que todas las zonas fronterizas están en zonas controladas por el KIA, la Convención Baptista de Kachin se vio obligada a poner fin a sus operaciones humanitarias.⁵ Después, en octubre, 15 miembros de la Convención Baptista de Kachin fueron detenidos por las autoridades en conformidad con el artículo 17 de la Ley de Asociación Ilícita mientras regresaban de una misión de distribución de ayuda.⁶

El 27 de agosto de 2018, la Misión de Investigación de las Naciones Unidas publicó hallazgos de que las autoridades de Myanmar “negaban con frecuencia y arbitrariamente” ayuda humanitaria a los civiles en el estado de Kachin. Yanghee Lee señaló en mayo que el “impedimento deliberado de suministros de ayuda” probablemente equivaldría a crímenes de guerra bajo el derecho internacional.⁷

Criminalización de la libertad de expresión y la libertad de reunión bajo la legislación nacional

En diciembre de 2018, la Asociación de Asistencia a los Prisioneros Políticos (AAPP) confirmó que había 327 personas oprimidas por sus actividades políticas en Birmania/Myanmar, con muchos de esos activistas acusados y condenados en virtud de los artículos 19 y 20 de la Ley de Procesamiento Pacífico y Asamblea Pacífica (PAPPL) y el artículo 500 del Código Penal. Estas leyes se utilizan como herramientas para restringir el derecho a la libertad de expresión y, solo en diciembre, 29 activistas incumplieron la PAPPL y el artículo 3 del Código Penal.⁸

Diseñado para silenciar las críticas a los militares y sus acciones, los requisitos de la PAPPL sobre el consentimiento para celebrar una asamblea y la criminalización, por parte del Código Penal, de declaraciones “propensas a causar miedo o alarma al público, o a cualquier sector del público, por medio de las cuales se puede inducir a cualquier persona a cometer un delito contra el Estado o en contra de la tranquilidad pública”⁹ siguen utilizándose ampliamente para detener a manifestantes pacíficos que alzan la voz respecto a asuntos de interés público. ¹⁰

Una vez más, en lugar de derogar o modificar tales políticas, el proyecto de enmienda de la Ley de Procesamiento Pacífico y Asamblea Pacífica de 2018, que impondrá restricciones más severas, fue aprobado en la Amyotha Hluttaw (cámara alta del Parlamento). Con esta propuesta de enmienda, los organizadores de asambleas pacíficas deberán presentar información sobre sus fuentes de financiamiento para cualquier reunión, así como el contenido de todas las consignas y señales que se utilizarán en la protesta, y deben someterse a la obligación de seguir normas locales predefinidas y acuerdos relacionados. Esas disposiciones significan que los manifestantes deben llegar a un acuerdo con la policía y las autoridades locales que, en caso de incumplimiento, dará lugar a cargos penales.¹¹

En octubre, tres activistas de Kachin –Nang Pu, Lum Zawng y Zau Jat– fueron arrestados por dirigir una manifestación pacífica, en violación del artículo 19 de la PAPPL, en la que solicitaban asistencia humanitaria para los desplazados internos de Kachin atrapados en el fuego cruzado entre el KIA y el Tatmadaw.¹² También fueron demandados por el Tte. Coronel Myo Min Oo por difamar a los militares, según el artículo 500 del Código Penal. Posteriormente, los tres activistas fueron condenados a seis meses de prisión y cada uno multado por 500,000 MMK (US $320).¹³ Después de su encarcelamiento, tres activistas más de Kachin –Brang Mai, Seng Hkum Awng y Sut Seng Htoi– fueron acusados y condenados bajo la PAPPL por protestar contra la condena de sus amigos.

En respuesta, las coaliciones y redes nacionales como el Congreso Mundial de Kachin, la Red Karen de Apoyo Pacífico y organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Burma Campaign UK pidieron la liberación de tres manifestantes Kachin acusados bajo la PAPPL y exhortaron al gobierno civil a que ejerciera su poder ejecutivo para hacer frente a las detenciones arbitrarias bajo el Código Penal.¹⁴

Es importante destacar que esto no se limita a zonas del país que todavía sufren conflictos en curso. En enero de 2018, cinco hombres karenni fueron condenados a 20 días de prisión por violar el artículo 19 de la PAPPL al negarse a pagar una multa. Los cinco hombres, miembros de la Unión Juvenil del Estado de Karenni (UKSY) y la Unión de Agricultores del Estado de Karenni, protestaban ante el silencio del Gobierno y del Parlamento con respecto a los presuntos asesinatos de un civil y tres funcionarios del Partido Nacional Progresista Karen (KNPP), perpetuados dos días antes.¹⁵ Se alega que los asesinatos tuvieron lugar durante una redada en la base del grupo en Loikaw, en el estado de Kayah, el 20 de diciembre de 2017.¹⁶

En julio, 16 jóvenes activistas karenni fueron demandados bajo las secciones 19 y 20 de la PAPPL y la sección 505 del Código Penal en relación con protestas por la construcción de una estatua del general Aung Sang, así como por la distribución de folletos que describían la historia del estado de Karenni. El 3 de julio de 2018 marcharon aproximadamente 1,000 karenni locales en contra de la estatua planeada. La marcha se volvió violenta cuando la policía bloqueó a los manifestantes que deseaban entrar al parque donde se iba a erigir la estatua.¹⁷ Después de reunirse con los manifestantes, el ministro de Estado acordó aplazar el proyecto y ordenó a los funcionarios locales que consultaran a sus electores para saber si la gente apoyaba la construcción de la estatua antes de tomar una decisión definitiva. A pesar del aparente respiro, posteriormente a 16 personas que participaron en la organización de la protesta se les informó de que las estaba demandando el administrador del Ayuntamiento de Loikaw bajo dicha ley.¹⁸

”Criminales sin tierras”: enmiendas de 2018 a la Ley de Tierras Baldías, en Barbecho y Vírgenes

A principios de 2018 se inició el muy esperado Consejo Nacional de Uso de la Tierra con el mandato de implementar los objetivos, pautas y principios básicos de la Política Nacional de Uso de la Tierra (NLUP). ¹⁹ La política (descrita en el foro como ”documento vivo”), completada dos años antes, estipula la creación de un Consejo Nacional de Uso de la Tierra para coordinar la redacción de la Ley Nacional de Tierras, la cual tratará de armonizar políticas territoriales superpuestas. Después de la reunión inaugural celebrada en abril, el Consejo organizó y fijó para octubre el Foro Nacional de Uso de la Tierra, en el que participaron múltiples interesados.²⁰

Entre los participantes en el foro figuraron ministros del Consejo Nacional de Uso de la Tierra, jefes de estados y de regiones, legisladores, representantes étnicos, académicos, grupos de la sociedad civil y organizaciones internacionales. El debate se centró en gran medida en el fortalecimiento de los derechos de tenencia de la tierra, que refleja el primer ”principio básico” de la Política Nacional de Uso de la Tierra: ”Reconocer y proteger legalmente los derechos legítimos de tenencia de la tierra de las personas, tal y como los reconoce la comunidad local, prestando especial atención a grupos vulnerables como lo son los pequeños agricultores, los pobres, las nacionalidades étnicas y las mujeres”. Se discutieron varios ejemplos: el derecho a la propiedad como titular o cotitular, la división de bienes en caso de divorcio y el reconocimiento de prácticas consuetudinarias en cuanto a la tenencia y la rotación de cultivos.²¹

Sin embargo, la tan esperada creación del Consejo Nacional de Uso de la Tierra y los paneles posteriores fueron eclipsados por los cambios continuos en la política existente, que se sabe y se entiende que no sólo no consigue salvaguardar a las comunidades locales, sino que también viola los derechos de los indígenas sobre la tierra. Las enmiendas a la Ley de Tierras Baldías, en Barbecho y Vírgenes (VFV) y la Ley de Adquisición de Tierras desencadenaron campañas entre grupos de agricultores, grupos de defensa de derechos indígenas, desplazados internos y Organizaciones Étnicas Armadas.²²

Las enmiendas a la Ley de Tierras Baldías, en Barbecho y Vírgenes en 2018 introdujeron un plazo de seis meses para las personas con derecho a registrar porciones de tierra que puedan reclamar como privadas.²³ De este modo, la enmienda sigue haciendo caso omiso de las barreras conocidas en el registro de la tierra y las áreas mal definidas estipuladas en la ley y continúa perpetuando las tensiones existentes relacionadas con perspectivas de tierra. La política tampoco tiene en cuenta a cientos de miles que siguen desplazados por conflictos activos y quienes se encuentran bajo un armisticio en todo el país.²⁴

Bajo la política, el Gobierno calcula que 50 millones de hectáreas se clasificarán como tierras baldías, en barbecho y vírgenes, de las cuales el 75% está situado en los estados étnicos de Birmania. Esto hará que las comunidades indígenas caigan en la categoría de ocupantes ilegales ya que el no registrarse representará una intrusión ilegal y dará lugar a multas y encarcelamiento. El plazo propuesto en marzo fue reclamado como ”una declaración de guerra”²⁵ en contra de las comunidades étnicas/indígenas de Birmania.

En noviembre, Land in Our Hands (LIOH) y la Alianza para la Transparencia y Rendición de Cuentas de Myanmar (MATA) lanzaron una campaña para desarrollar una ley federal de tierras y abolir por completo el tan odiado concepto de tierras baldías, en barbecho y vírgenes en respuesta a las enmiendas. ²⁶ Además de la repercusión directa en las comunidades étnicas, la reforma e implementación de la ley de tierras del Gobierno parecen contradecir sus compromisos en el marco del Acuerdo de Cese al Fuego de la Nación (NCA) y acuerdos bilaterales de cese al fuego que la NCA reafirma y los cuales exigen que el Gobierno se coordine con las Organizaciones Étnicas Armadas signatarias sobre la gestión de la tierra.²⁷ 

Este artículo es parte de la 33ª edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2019 completo aquí.

Notas y referencias

1. Véase el manifiesto electoral 2015 de la Liga Nacional para la Democracia (traducción autorizada) disponible en http://bit.ly/2T88xVm
2. The Unlawful Associations [India Act XIV, 1908. (11 de diciembre de 1908)] en http://bit.ly/2T8G95f
3. Para un informe completo sobre los bloqueos de ayuda por el Tatmadaw, véase Fortify Rights,“‘They Block Everything’: Avoidable Deprivations in Humanitarian Aid to Ethnic Civilians Displaced by War in Kachin State, Myanmar” en http://bit.ly/2T2u69R

4. Myanmar Times, “Aid Workers Warned Against Helping Refugees in KIA Areas” 18 de junio de 2018, en http://bit.ly/2T8A34T
5. Radio Free Asia, “Kachin Aid Group Halts Humanitarian Work After Threat by Myanmar Army” 15 de junio de 2018, disponible en: http://bit.ly/2TdqP7m
6. The Irrawaddy, “Tatmadaw Detains 15 Kachin Aid Workers Near Laiza” 1º de noviembre de 2018, disponible en http://bit.ly/2Tbm6Dj
7. Noticias de las Naciones Unidas, “Sharp Escalation of Fighting across Kachin State, Warns Rights Expert” 1º de mayo de 2018, disponible en http://bit.ly/2T8foOt
8. Véase AAPP “Monthly Chronology and Remaining Political Prisoners ” Diciembre de 2018, en http://bit.ly/2TbnW7k
9. Sección 505 b)
10. Para conocer los antecedentes, véase Human Rights Watch, “‘They Can Arrest You at Any Time’: the Criminalization of Peaceful Expression in Burma” 29 de junio de 2016, disponible en http://bit.ly/2T2um8P
11. 10(k), véase Progressive Voice, “Time to Hear Our Voices: Freedom of Assembly and the Youth Peace Movement in Myanmar”, 12 de julio de 2018.
12. World Kachin Congress, “Drop Criminal Charges Against Kachin Activists” 22 de octubre de 2018. Véase http://bit.ly/2N4yLCD
13. Radio Free Asia, “Kachins Protest Jailing of Peace Activists Convicted of Defaming Myanmar Military” 11 de diciembre de 2018, disponible en http://bit.ly/2T8fGF3
14. Radio Free Asia, “Kachins Protest Jailing of Peace Activists Convicted of Defaming Myanmar Military” 28 de diciembre de 2018, disponible en http://bit.ly/2Tdr4iM
15. The Irrawaddy, “5 Karenni Men Sentenced Under the Peaceful Assembly Law” 15 de enero de 2018, disponible en http://bit.ly/2T8TKcL
16. The Irrawaddy, “KNPP claims member saw army Execute 4 of his colleagues before escaping” 26 de diciembre de 2017, disponible en http://bit.ly/2T8Ahcf
17. Mizzima, “Protests Break Out in Loikaw Over Bogyoke Aung San Statue” 4 de julio de 2018, disponible en http://bit.ly/2T9zub6
18. The Irrawaddy, “Karenni Youth Activists Sued Over Aung San Statue Protest” 11 de julio de 2018, disponible en http://bit.ly/2TghThX
19. El 6to y último borrador de la Política Nacional de Uso de la Tierra se terminó en enero de 2016, disponible en http://bit.ly/2Tghu5v
20. Oficina del presidente de la República de la Unión, “Vice President U Henry Van Thio Addresses National Land Use Policy Forum” 3 de octubre de 2018, disponible en http://bit.ly/2TaF8K7
21. Véase Frontier Magazine, “Bringing the Land Use Policy to Life”, noviembre 2018 http://bit.ly/2TbmJwF
22. Declaración sobre la Ley de Tierras Baldías, en Barbecho y Vírgenes de 2018 por desplazados internos de Kachin y del norte del estado de Shan, de fecha 26 de noviembre de 2018, disponible en http://bit.ly/2TdaEac; Karen News “KNU Calls for Government to Tear Up its Vacant fallow and Virgin Land Management Law” 12 de diciembre de 2018 http://bit.ly/2TaFUqv

23. El artículo 22 b) de la Ley de Tierras Baldías, en Barbecho y Vírgenes de 2018 estipula que la tierra debe registrarse dentro de los seis meses después de la aprobación de la ley y además estipula que las personas que no cumplan con esta ley serán encarceladas por dos años o multadas por 500,000 kyats, o recibirán ambas penas. De este modo, no reconoce las reclamaciones de los desplazados internos y refugiados con respecto a tierras de las cuales 1 millones de personas han huido, véase reforma de la Ley de Tierras Baldías, en Barbecho y Vírgenes (2018) (Pyidaungsu Hluttaw Law No. (24) The 2nd Waxing Day of Tawthalin, 1380 (traducción no oficial) 11 de septiembre de 2018, disponible en http://bit.ly/2TaGc0z
24. Véase Frontier Magazine, “Why a Land Law Change is Sparking Fears of Mass Evictions” 18 de noviembre de 2018, disponible en http://bit.ly/2TdrmpS
25. Véase Transnational Institute, “‘A Declaration of War on Us’: The 2018 VFV Amendment and its Impact on Ethnic Nationalities” 13 de diciembre de 2018, disponible en http://bit.ly/2TdrHsE
26. Land in Our Hands Network, “Statement on the Opening of the Vacant, Fallow and Virgin Land Management Central Committee for Applying VFV Land” 6 de noviembre de 2018, disponible en http://bit.ly/2TdsAS0
27. Véase Gilbert, J “Implementation of Burma’s Vacant, Fallow and Virgin Land Management Law: At Odds with the Nationwide Ceasefire Agreement and Peace Negotiations” Transnational Institute, 10 de diciembre de 2018, disponible en http://bit.ly/2T7w3BP

* El autor y el editor de este artículo son conscientes de la disputa existente entre los términos de Myanmar/Birmania; sin embargo, aquí se utiliza Myanmar a lo largo del texto para evitar confusión.

Este artículo fue producido por la Organización de Derechos Humanos de los Chin (CHRO). La CHRO trabaja para proteger y promover los derechos humanos mediante vigilancia, investigación, documentación, educación y promoción en nombre de los indígenas Chin y otras comunidades étnicas/indígenas en Myanmar. La organización es miembro fundador de la Red de los Pueblos Indígenas de Myanmar, formada por más de 20 organizaciones no gubernamentales dedicadas a los asuntos indígenas del país.

Etiquetas: Derechos Humanos, IWGIA, Defensores de derechos humanos indígenas