El Mundo Indígena 2013: Editorial

Escrito en 29 Abril 2013. Publicado en El Mundo Indígena Editorial

En 2012 se cumplieron 100 años desde que Roger Casement publicara su informe atestiguando las atrocidades cometidas contra la población indígena de la Amazonía por la compañía Peruvian Amazon Company, constituida en Londres.¹ Este informe junto con el igualmente devastador documento sobre la explotación cauchera en el Congo también preparado por Casement, constituye la primera denuncia sistemática sobre los efectos de las grandes economías de extracción en el exterminio masivo de las poblaciones indígenas del mundo colonial.

El auge del caucho, que se extendió desde 1880 hasta 1914, impulsó las economías de Europa y América y fue un elemento clave para el desarrollo industrial. Los consumidores de productos de caucho en Occidente desconocían cómo la producción estaba basada en la explotación inhumana y en graves violaciones a los derechos humanos contra los trabajadores indígenas. Hombres, mujeres y niños indígenas eran sistemáticamente capturados, esclavizados, desplazados y obligados a trabajar bajo las más horribles condiciones en la industria de extracción del caucho, mientras que los gobiernos locales, deseosos por desarrollar sus “zonas remotas” hacían la vista gorda. El año pasado, y para conmemorar la permanente importancia de los informes de Casement como testimonio y recordatorio de los riesgos relacionados con los derechos humanos que significa para los pueblos indígenas cuando las industrias extractivas invaden sus territorios y recursos, IWGIA fue coeditor de la primera versión en en español del informe de Casament sobre el Perú “El Libro Azul”, apoyando en América del Sur diversos actos culturales y debates públicos relacionados con el libro.

A pesar de tener más de un siglo de antigüedad, los informes de Casament narran acontecimientos de enorme importancia en la actualidad. El desarrollo global está como nunca determinado por la extracción de recursos naturales, muchos de los cuales se encuentran en las tierras y territorios tradicionales de los pueblos indígenas. En Perú, por ejemplo, el informe que este año se recoge en este libro, nos indica que el Gobierno ha arrendado un 60% de territorios indígenas a concesiones petroleras y de gas. Se están llevando a cabo, además, innumerables actividades legales e ilegales de minería y explotación forestal.

Las actividades extractivas no sólo ponen en peligro la vida de millones de indígenas debido a la degradación ambiental y la pérdida de diversidad biológica, sino que también conllevan frecuentemente violaciones de los derechos territoriales indígenas incluyendo, en muchos casos, graves abusos a los derechos humanos, como se ha visto este año en Venezuela, Colombia, Brasil, México, Guatemala, Indonesia, Filipinas y la República Democrática del Congo, por mencionar sólo algunos de los muchos ejemplos que se recogen en este libro.

Consultas y acceso a la justicia

En diferentes países que han ratificado el convenio 169 de la OIT, las organizaciones indígenas se han pronunciado claramente a favor de la aplicación de los mecanismos de consulta establecidos en este tratado internacional en relación con las actividades económicas que tienen lugar en sus territorios. Los Gobiernos, sin embargo, tienden a interpretar estas consultas más bien como una forma de compartir información de lo ya hecho y no como procesos dirigidos a obtener un consentimiento libre, previo e informado. También existe una preocupante tendencia a confiar que las empresas dirijan los procesos de consulta, y no se garantiza un fortalecimiento adecuado de la capacidad de las comunidades indígenas ni se asegura su acceso a una justa compensación.

La falta de verdaderas consultas constituye la base de innumerables conflictos sociales entre los pueblos indígenas, empresas y Gobiernos de todo el mundo. Los pueblos indígenas recurren cada vez más a la justicia para resolver sus reclamaciones de tierras y obtener compensaciones, buscando justicia en los mecanismos internacionales de denuncia y en los sistemas regionales de derechos humanos, al haber agotado las vías legales nacionales.

Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos continúa recibiendo numerosas quejas de los pueblos indígenas, y varios casos han sido enviados a la Corte Inter-Americana. Este año, en el caso del pueblo Kichwa de Sarayaku, Ecuador, la Corte Interamericana se pronunció a favor de la demanda indígena, lo que obligó al Estado a pagar una indemnización a los kichwa por los daños causados por la empresa petrolera argentina CGC.

El importante número de medidas impulsadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha provocado, por otra parte, la reacción adversa de varios Gobiernos. En particular, Venezuela, Brasil, Ecuador y Bolivia han pedido una reforma del sistema a fin de limitar sus funciones. Esto supondría un serio revés para la defensa de los derechos humanos en la región.

En África, el sistema de Derechos Humanos cumple un papel cada vez más importante en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. En 2012, la Comisión Africana envío a la Corte Africana de Derechos Humanos la demanda del pueblo Ogiek contra Kenia por los desalojos ilegales y la oferta de sus tierras en el Boletín Oficial. Este es el primer caso de derechos de un pueblo indígena que va a ser considerado por la Corte Africana y tiene como precedente el exitoso litigio del pueblo Endorois, que concluyo con una comunicación de gran trascendencia por parte de la Comisión Africana, en 2010. Según los informes, al igual que con muchas de las decisiones del sistema de Derechos Humanos Interamericano, la implementación de la sentencia de la Comisión Africana sobre el caso de los Endorois todavía está pendiente.

A pesar de que los mecanismos regionales de derechos humanos tienen poca fuerza para que los Estados implementen sus recomendaciones, son mecanismos muy importantes para asegurar el acceso a justicia por parte de los pueblos indígenas, un acceso del que lamentablemente no disponen todavía los pueblos indígenas de Asia. Por ello, este año, los pueblos indígenas del sureste de Asia pusieron muchas esperanzas en que los países miembros de la ASEAN aprobaran una declaración por los derechos humanos, como un primer paso para asegurar su acceso a la justicia a nivel regional. Lamentablemente, el proceso de elaboración de esta declaración dejó completamente de lado a la sociedad civil, y la versión final de la Declaración no contenía ni una sola referencia a los derechos de los pueblos indígenas. Un gran problema para los indígenas en Asia sigue siendo la falta esencial de reconocimiento como pueblos indígenas.

Acoso a la sociedad civil

La creciente amenaza a los territorios indígenas aumenta la importancia de la vigilancia y el monitoreo tanto de las actividades de las industrias extractivas, como de las políticas públicas sobre este tipo de actividades, y de la necesidad de mejorar el acceso de los pueblos indígenas a la justicia y a un sistema de compensaciones. En este sentido, el derecho a la comunicación, establecido en el artículo 16 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, también representa un tema cada vez más importante para estos pueblos.

Existen, sin embargo, claros indicios de que se han reducido los espacios para que la sociedad civil pueda elevar su voz en contra de los intereses de los Gobiernos. En Etiopía, desde que en 2009 fuera aprobada la Ley de Ayudas Humanitarias y de Asociación, las ONG locales -que reciben más del 10% de sus ingresos anuales a través de financiación extranjera- ya no tienen permiso para trabajar en cuestiones de derechos humanos (ver El Mundo Indígena 2010). Este año, en Argelia, una nueva Ley de Asociaciones restringe aún más las libertades y los derechos individuales y colectivos, suprimiendo la crítica a las políticas del Gobierno y exigiendo que todos los contactos con las ONG extranjeras necesiten aprobación ministerial. En América Latina, varios Gobiernos están promoviendo campañas en contra de las ONG y organizaciones indígenas (muchas de las cuales llevaron a estos Gobiernos al poder) y, como se mencionó anteriormente, en contra del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que actualmente es uno de los mecanismos más consecuentes en la defensa de los derechos humanos en el continente. Los informes de Laos y Bangladesh también dan testimonio de mayores restricciones impuestas al debate público y al contacto entre los defensores locales y extranjeros de los derechos humanos.

Las Filipinas son un ejemplo de un país en el que la práctica en el terreno está en marcado contraste con las leyes y políticas. Su marco legal y de políticas sobre los pueblos indígenas está considerado uno de los más progresistas de Asia, sin embargo, los líderes indígenas de la sociedad civil, que están tratando de hacer valer sus derechos, son silenciados con armas de fuego. De los 132 asesinatos extrajudiciales ocurridos desde que el actual presidente asumiera el cargo, en 2010, 31 han sido de líderes indígenas. Tan sólo en 2012, 12 indígenas fueron asesinados, y a finales del año no se había iniciado ni una sola causa.

Un caso particularmente grave de represión contra las organizaciones de la sociedad civil por parte de la Federación Rusa, es una ley aprobada este año que se exige a toda ONG que reciba financiación de donantes extranjeros que se registre como ”agente extranjero”. El acoso a la sociedad civil rusa estuvo ejemplificado, además, cuando en noviembre, el Ministerio de Justicia decidió suspender todas las actividades de la organización nacional indígena RAIPON (Asociación Rusa de Pueblos Indígenas del Norte). Como consecuencia, se restringieron todas las actividades internacionales y de derechos humanos de la organización, no pudiendo participar en las reuniones del Consejo del Ártico, donde tiene el estatus de miembro permanente. A pesar de que a principios de 2013 retiró esta prohibición a RAIPON y se le permitió celebrar su 7º congreso trianual, esta interferencia del gobierno de la Federación Rusa es absolutamente inaceptable para todos aquellos que se adhieren a las normas de una sociedad democrática y deberá ser condenada por todos los defensores de los derechos humanos y por aquellos países que promocionan un enfoque de derechos. La restricción de las actividades de las organizaciones indígenas es una clara violación al principio consagrado en el art. 9 de de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, según la cual los pueblos indígenas tienen el derecho a “tener acceso a asistencia financiera y técnica de los Estados y a través de la cooperación internacional, a fin de poder gozar de los derechos enunciados en esta Declaración.”

Empresas y Derechos Humanos

Mientras RAIPON sufrió acoso político y restricciones a su trabajo, su anterior primer vice-presidente, el Sr. Pavel Sulyandziga, asumió un papel importante a nivel internacional como uno de los cinco miembros expertos designados por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. En el otoño de 2012 convocó a una reunión de expertos indígenas que tuvo lugar en Copenhague con el objetivo de preparar las estrategias de los pueblos indígenas en el contexto del mandato del grupo de trabajo y la aplicación de los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, adoptados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2011.

El resultado de la reunión preparatoria de expertos, que incluyó la participación del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas fue la presentación, en diciembre, de ocho recomendaciones concretas al Foro sobre Empresas y Derechos Humanos que tuvo lugar en Diciembre de 2012. Aunque los pueblos indígenas sólo estaban representados por aproximadamente 30 personas -sobre un total estimado de 1.000 participantes- consiguieron que sus problemas fueran considerados como uno de los temas principales en el programa de trabajo. En reconocimiento de la explícita vulnerabilidad de los pueblos indígenas a las violaciones de los derechos humanos cometidas en relación con las intervenciones empresariales, en especial de las industrias extractivas, el Foro sobre Empresas y Derechos Humanos concluyó con un compromiso claro por parte del Grupo de Trabajo de continuar trabajando en el tema de la protección de los derechos de los pueblos indígenas, considerando los derechos de estos pueblos como tema central de su mandato, dedicando el tema de su primer informe temático a la Asamblea General de la ONU al tema de pueblos indígenas e industrias extractivas y comprometiéndose a organizar, cada año y en relación con la celebración de la reunión anual del Foro, un diálogo con los representantes de las organizaciones  indígenas.

Una de las claras conclusiones de los participantes indígenas en el Foro fue la necesidad de que los Estados asuman un papel activo en hacer a las empresas responsables. La Unión Europea ha declarado que va a instar a sus Estados miembros a elaborar planes de acción nacional para la aplicación de los Principios Rectores y está preparando, a su vez, notas de orientación a los diferentes sectores empresariales en materia de responsabilidad social empresarial. En este sentido, las conclusiones y recomendaciones del informe temático que el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos presentara a la Asamblea General van a ser de gran importancia.

Rio+20 y el proceso de elaboración de las Metas de Desarrollo Sostenible

En 2012, gran parte de la atención mundial se centró en el tema del desarrollo sostenible y, en particular, en el concepto de una economía verde. Los pueblos indígenas participaron en el proceso que condujo a la Conferencia Río+20 sobre Desarrollo Sostenible y consiguieron que sus demandas fueran consideradas por los Estados. Esto quedó reflejado en el documento final de la conferencia donde se hace referencia específica a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y se reconocen la cultura y los medios de vida locales como factores importantes para un desarrollo sostenible.

La cuestión es crucial para los pueblos indígenas en una época en que más y más Estados están buscando territorios para la producción de energías alternativas, tales como parques de energía eólica, hidroeléctricas, plantaciones de biocombustibles, etc. Como es bien conocido, las campañas para la protección del medio ambiente y, sobre todo, los proyectos conservacionistas, tienen a menudo impactos desastrosos sobre los derechos y la existencia de los pueblos indígenas. Este año, el anuario presenta números casos de comunidades indígenas que o bien ha sido desalojadas por la fuerza o no se les ha permitido el acceso a sus territorios tradicionales debido a prohibiciones conservacionistas relacionadas con parques nacionales o sitios considerados por la UNESCO parte del Patrimonio Mundial, ejemplos de ello encontramos en los informes de Tanzania, Kenia, la República Democrática del Congo, Uganda y Camerún.

Los pueblos indígenas fueron ignorados en el proceso de formulación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y frecuentemente están excluidos de los beneficios de las corrientes principales de desarrollo debido a su marginación política, social y económica. Esos pueblos representan culturas únicas con lenguaje, conocimientos y creencias propias, y su contribución al desarrollo sostenible del mundo es de vital importancia. Para tener éxito en el proceso posterior a 2015 en la obtención de un modelo de desarrollo más sostenible, que no se base en la explotación de la tierra y los recursos de los pueblos indígenas y la violación de sus derechos, es imperativo que estos pueblos puedan  participar plena y efectivamente en la formulación de nuevos objetivos de desarrollo.

Conferencia Mundial de la ONU sobre Pueblos Indígenas

En la agenda de los pueblos indígenas en 2012, también ha figurado la preparación de la próxima Reunión a Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, conocida como la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas. A lo largo del año, el sólido trabajo de coordinación regional, y los esfuerzos para promocionar la efectiva participación de los pueblos indígenas que ha realizado el Equipo Global Indígena de Coordinación, ha sido crucial para garantizar la efectiva participación de los pueblos indígenas en esta primera fase de preparación de este evento mundial. La designación de un co-facilitador indígena por parte del presidente de la Asamblea General de la ONU, para llevar a cabo consultas con las delegaciones gubernamentales y representantes de los pueblos indígenas sobre el formato, las cuestiones de organización y los posibles resultados de la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas fue, sin duda, un paso muy importante hacia la aplicación práctica del derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos.

Por parte de los pueblos indígenas se organizaron varios procesos preparatorios regionales que emitieron declaraciones donde se recogen propuestas sobre los temas prioritarios en el contexto de este proceso. Los procesos regionales coordinados por el Grupo de Coordinación Global Indígena culminarán en una conferencia preparatoria indígena mundial en junio de 2013, organizada por el Parlamento Noruego Sami en Alta.

Es de esperar que la Conferencia Mundial impulse la implementación práctica de los derechos de los pueblos indígenas y que el documento final resultante de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de la ONU refleje las reivindicaciones y prioridades del movimiento indígena mundial. También IWGIA espera que el documento final sea capaz de contribuir en el proceso de formulación de unos objetivos de desarrollo sostenible basados en un enfoque de los derechos humanos, que tengan en cuenta las cuestiones de la igualdad y sostenibilidad, respalden el concepto fundamental de desarrollo con cultura e identidad, y reconozcan el papel fundamental que los pueblos indígenas pueden desempeñar en la exitosa implementación de los objetivos de desarrollo sostenible.

Cæcilie Mikkelsen
Editora

Lola García-Alix
Directora

Copenhague, abril de 2013

Nota

¹Casement, que a principios del siglo XX había documentado la matanza relacionada con la extracción de caucho en el Congo, fue enviado por el gobierno británico para investigar las condiciones de trabajo de la Peruvian Amazon Company, después de hacerse públicas las acusaciones planteadas, entre otros, por Anti-Slavery Society la organización británica por los derechos humanos (hoy conocida como Anti-Slavery International).

Este artículo es parte de la 27ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2013 aquí

Etiquetas: Gobernanza Global, Informe de IWGIA