El Mundo Indígena 2016: Editorial

Escrito en 29 Abril 2016. Publicado en El Mundo Indígena Editorial

Durante el Foro 2015 sobre las Empresas y los Derechos Humanos organizado por las Naciones Unidas, se celebró un panel titulado “Utilización de los Principios Rectores en el contexto de las industrias extractivas: beneficios y desafíos” en el que intervino la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, quien señaló que a pesar de los avances en las normas internacionales de derechos humanos relativos a los pueblos indígenas, la realidad a nivel mundial refleja que persisten sin interrupción graves violaciones de estos derechos.

Los diversos informes contenidos en la presente edición 2016 de El Mundo Indígena enfatizan esta discrepancia entre lo que se dice y se decide a nivel internacional y la realidad cotidiana que viven los pueblos indígenas. ¡Lo que solía denominarse la “brecha de la implementación” se ha dilatado, convirtiéndose en el “abismo de implementación”!

Logros a nivel internacional 

A lo largo de 2015, los representantes de los pueblos indígenas han estado tremendamente activos en el ámbito internacional y debido a sus constantes esfuerzos se han conseguido algunas notables victorias. Durante meses, los representantes indígenas han trabajado intensamente en la preparación de los dos importantes eventos de las Naciones Unidas del año: la Cumbre de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en septiembre y la 21ª Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) celebrada en París en diciembre. En ambos casos, los grupos de expertos indígenas –el Grupo Principal de los Pueblos Indígenas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Foro Internacional de Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático y su Comité Directivo Mundial– han organizado seminarios regionales preparatorios, formulado propuestas, entablado negociaciones e interactuado con interesados y Estados–Parte, presionado y elaborado declaraciones, documentos de posición y demandas clave. Aunque los documentos finales –el nuevo marco de las Naciones Unidas, “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, las Contribuciones Previstas Determinadas a nivel Nacional (INDC, por sus siglas en inglés) de los Estados–Parte en la CMNUCC para la reducción de emisiones y el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático– no cumplieron las expectativas de los pueblos indígenas, algunas de sus preocupaciones se han atendido: la Agenda 2030 incluye alusiones a los pueblos indígenas en varios párrafos y los menciona en los Objetivos 2 y 4. Existe también la opinión generalizada de que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen una mejora importante respecto a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y que las referencias de la Agenda, entre otros temas, a los derechos humanos, la dignidad humana, el estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación, el respecto por el origen étnico y la diversidad cultural son elementos positivos. Sin embargo, pocas de las INDC incorporan menciones sobre los pueblos indígenas, sus derechos y potenciales contribuciones; aún así los pueblos indígenas tendrán la oportunidad de colaborar en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) que se elaborarán para reemplazar a las INDC cuando un país ratifica el Acuerdo de París. En relación a las cuatro demandas clave dirigidas a la COP21 que habían sido adoptadas de manera consensuada por 200 representantes indígenas durante el Caucus de Pueblos Indígenas, estas no se tomaron finalmente en consideración. En el Acuerdo de París, el texto sobre derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas solo se plasmó en su preámbulo, aunque en la sección sobre adaptación sí se reconoce la importancia de los conocimientos de los pueblos indígenas así como también los sistemas de conocimientos locales para acciones de adaptación.

Entre otras novedades positivas a nivel internacional acontecidas en 2015 figuran: las decisiones tomadas por el secretario general de las Naciones Unidas y el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas con respecto al seguimiento sobre la aplicación práctica del documento final de la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas y el desarrollo de una plan de acción para todo el sistema de las Naciones Unidas con aportaciones de los pueblos indígenas, el Foro Permanente sobre las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (UNPFII), y el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas (EMRIP). Igualmente, reseñar la mayor atención dedicada a las cuestiones indígenas por algunos Órganos de Tratados como el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR) y el Comité de los Derechos del Niño (CRC). Asimismo, la resolución determinada por el Comité del Patrimonio Mundial en su 39º período de sesiones de introducir referencias a los pueblos indígenas en sus directrices operativas debe apreciarse también como el resultado de los esfuerzos de presión realizados por organizaciones indígenas durante varios años; el comité también exhortó a los Estados a obtener el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas al nominar sitios para la Lista del Patrimonio Mundial y tomó varias decisiones notables referentes a sitios específicos donde los pueblos indígenas han expresado sus inquietudes al respecto. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos visitó Brasil y manifestó su alarma por una serie de cuestiones críticas en relación con, inter alia, el desalojo y la violación de los derechos de los pueblos indígenas causados por proyectos de desarrollo a gran escala en sus territorios.

También se debe destacar el activo papel desarrollado a nivel regional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a la protección de los derechos de los pueblos indígenas, otorgando medidas cautelares (Nicaragua, Argentina), declarando la admisibilidad de reclamaciones (Nicaragua) y dictando sentencias que ordenan a los Estados (Surinam, Panamá) a poner en marcha actuaciones para respetar los derechos indígenas. En el caso de Paraguay, que no ha cumplido los dictámenes de tres casos indígenas, la Corte aprobó una resolución que abre el procedimiento a acciones que pudieran llevar a la designación de jueces en el país a quiénes delegaría la supervisión de las sentencias. En otro de los casos, la Corte estableció que el Estado de Paraguay tenía atrasos impagados desde 2014 y deberá abonar la deuda pendiente de 10.000 US$ a la comunidad Xákmok Kásek por no devolverles sus tierras. En Guatemala, las indemnizaciones económicas y sociales ordenadas mediante resolución judicial de dicha Corte a favor de las comunidades que sufrieron masacres durante el conflicto armado interno, comenzaron finalmente a concretarse en 2015 con la implantación de un plan de pagos. En Panamá, el Estado hizo efectiva una indemnización al pueblo guna de Madungandi (2 millones US$) y a las comunidades emberá de Ipetí y Piriatí (560.000 US$) en cumplimiento de la sentencia impuesta por dicha Corte como consecuencia de la violación de sus derechos territoriales a causa de la presa hidroeléctrica de Alto Bayano, construida en 1972.

En África, el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos persistió en su activa labor sobre cuestiones relativas a los derechos indígenas en el continente. Entre sus actividades, mencionar en este apartado la elaboración de un estudio sobre el impacto de las industrias extractivas en los derechos de los pueblos indígenas en África.

Avances positivos a nivel nacional

En Canadá, el primer ministro recientemente electo, Justin Trudeau, expresó su firme compromiso para mejorar la relación con los pueblos indígenas. Trudeau además ha dado prioridad a la puesta en marcha de las actuaciones requeridas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, incluyendo la aplicación práctica de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP).

Varios países también han promulgado leyes que, si aplicadas con el espíritu correcto, podrían tener efectos positivos en la situación de los pueblos indígenas. En Taiwán, por ejemplo, una enmienda a la Ley Básica para los Pueblos Indígenas refuerza el estatus legal de las comunidades indígenas; la nueva Constitución de la República Centroafricana, adoptada en diciembre de 2015, reconoce el Convenio 169 de la OIT e incluye en sus artículos 6 y 148 la protección de los derechos de los pueblos indígenas; en India la aprobación del Proyecto de Enmienda de la Ley sobre Castas y Tribus Reconocidas (Prevención de atrocidades) establecerá sanciones penales más rigurosas para quienes cometan delitos contra los pueblos indígenas.

En Aotearoa, el progreso efectivo se ha constatado con la resolución de reclamaciones maoríes interpuestas a raíz de los incumplimientos de tratados históricos. En Sudáfrica, el Gobierno respaldó las conclusiones de un estudio sobre conocimientos tradicionales asociados a la planta rooibos afirmando que “…los conocimientos tradicionales pertenecen a los pueblos khoi y san de Sudáfrica…. Cualquier individuo u organización que planee llevar a cabo un proyecto de bioprospección sobre esta planta deberá entablar conversaciones con los pueblos khoi y san”.

La situación a nivel comunitario 

Sin embargo, la mayoría de los informes específicos de los países que componen este libro ilustran un panorama bastante sombrío de la situación de las comunidades indígenas en el ámbito local. Al analizar diversos parámetros socioeconómicos se evidencian escasas muestras de progreso. En algunos casos se informa incluso de que la situación ha empeorado, como por ejemplo en México, donde desde 2012 se ha incrementado la extrema pobreza entre los pueblos indígenas.

En este sentido, las políticas nacionales frecuentemente desentonan en nefasto contraste con los acuerdos internacionales a los que los diversos Estados se han comprometido –principalmente convenciones internacionales, la UNDRIP y el Convenio 169 de la OIT– pero también con las intenciones que sustentan los documentos recientemente adoptados, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París.

Derechos sobre tierras y recursos 

La causa subyacente de la pobreza socioeconómica que acucia a muchos pueblos indígenas es su precaria situación en materia de derechos sobre tierras y recursos. En algunos países, se constatan retrasos en el ordenamiento territorial (Brasil), así como en la titulación de propiedades colectivas (Venezuela); en otros, los derechos indígenas a la tierra no se respetan y las expropiaciones, apropiaciones y usurpaciones de tierras ocurren con regularidad –legal o ilegalmente– pero en general coadyuvadas por planes de creación y expansión de agroindustrias a gran escala, industrias extractivas y desarrollo de infraestructuras que provocan el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas.

Un ejemplo del binomio agroindustrias y enajenación de tierras sucede en Etiopía, donde el Gobierno permite a compañías extranjeras arrendar grandes extensiones de tierra a cambio de inversiones, tratando al mismo tiempo de instaurar una política para reubicar a quienes viven en áreas rurales en aldeas de nueva creación con mejor acceso a servicios… lo que a menudo no se proporciona. En Bolivia, nuevas leyes permitirán al sector de las agroindustrias expandir el límite agrícola, de sus actuales 3,7 millones de hectáreas a los 20 millones de hectáreas.

Las industrias extractivas –legales o ilegales– afectan a los pueblos indígenas desde Noruega a Botsuana y desde América Latina a Asia y plantean cada vez más problemas a las comunidades indígenas, a su estructura social, a su salud y a su medio ambiente. En Noruega, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente ha dado su permiso para comenzar labores de minería subterránea de cobre en la provincia de Finmark y establecer un depósito submarino de residuos en el fjordo de Reppar. Este proyecto es muy controvertido por sus repercusiones no solo sobre la cría de renos tradicional sámi sino también para el frágil medio ambiente del Repparfjord y la pesca local sámi. En Botsuana, los pueblos indígenas están preocupados por la expansión de la prospección de minerales y las actividades de fracturación hidráulica (fracking) en el Sitio Patrimonio Mundial del Delta del Okavango, el Parque Transfronterizo de Kgalagadi, y la Reserva de Caza del Kalahari Central. En Ecuador, el Estado intenta extender la frontera petrolífera hacia el centro y sur de la región del Amazonas donde se encuentran importantes zonas protegidas y territorios ancestrales. En Turkana, al noroeste de Kenia, los pueblos indígenas se muestran desconcertados por el proceso que permitió la privatización y transmisión de 40.000 acres (más de 160.000 ha) de tierra comunitaria a favor de promotores privados para un gran proyecto de parque eólico sin que se les realizara ninguna consulta al respecto.

Al mismo tiempo, parece que algunos Gobiernos no solo están ansiosos por desarrollar estas industrias en sus territorios sino que ante todo quieren facilitar y potenciar el atractivo empresarial para la instalación de nuevas compañías de minería y madereras, introduciendo enmiendas favorables a las empresas en la legislación nacional que amenazan con menoscabar los derechos de los pueblos indígenas. En la Federación de Rusia, la prometedora perspectiva de los pueblos indígenas de tener sus tierras protegidas mediante la denominación “Territorios de Uso Natural Tradicional” (TUNT) ha disminuido debido a cambios en la legislación, así como por acciones de las autoridades regionales y el poder judicial a favor de compañías extractivas. En México, una nueva “Guía de Ocupación Superficial” publicada por el Ministerio de Economía ha recibido el sobrenombre de la “Guía de Apropiación de Tierra” ya que justifica la usurpación de tierras argumentando que promueve el desarrollo competitivo del sector minero. En Perú, el Gobierno sigue una lógica de “simplificación administrativa” en favor de la inversión, ignorando derechos tales como la consulta previa e incluso violando derechos a la propiedad, la posesión y la autonomía de las comunidades sobre el uso de la tierra. Asimismo, se ha aprobado legislación reciente que simplifica aún más los trámites procesales requeridos para obtener una concesión minera, solicitar una Certificación Ambiental Global correspondiente a una evaluación de impacto ambiental y autorizar licencias sobre recursos hídricos y forestales. En Bolivia, tres nuevos decretos supremos repercutirán negativamente sobre los derechos de los pueblos indígenas en lo concerniente a recibir indemnización por el impacto de las actividades extractivas de hidrocarburos en sus territorios, obtener información fidedigna, rápida y adecuada del Estado relativa a proyectos y proveerles con asesoramiento especializado al participar en una consulta. Finalmente, establece que los operadores tienen la autoridad de implementar sus proyectos sin ninguna interrupción y que esto se garantizaría, si fuera necesario, mediante el uso de las fuerzas de seguridad.

Con el fin de proteger los derechos a sus tierras, los pueblos indígenas recurren a diferentes estrategias. Muchos están llevando a cabo actuaciones para cartografiar sus territorios. En Indonesia, se han presentado al Ministerio de Medio Ambiente y Bosques más de 600 mapas de territorios indígenas cubriendo una superficie total de 6,8 millones de hectáreas. La cuestión no resuelta aún radica en la validez legal de estos mapas. En Malasia, los pueblos indígenas desafían la agresión propiciada por el desarrollo mediante declaraciones de prensa, informes policiales, reclamaciones y en última instancia presentando demandas en los tribunales. En Laos, el pueblo tarieng en la provincia de Xekong ha utilizado incluso las redes sociales para comunicar sus inquietudes por las consecuencias ambientales sobre la salud causadas por las industrias extractivas.

Violaciones de derechos humanos y conflictos en áreas indígenas 

Como en años previos, varios líderes indígenas involucrados en la defensa de der chos territoriales fueron arrestados (Federación de Rusia, Costa Rica), acosados (Birmania), amenazados (Filipinas) o asesinados (Nicaragua, Brasil). La represión ejercida por fuerzas militares y paramilitares, en conjunción con la expulsión de personas de sus tierras, también causaron estragos (Birmania, Filipinas).

La escasez de recursos siguió fomentando conflictos entre agricultores y pastoralistas en Burkina Faso y Tanzania. En Kenia, más de 100 personas perdieron la vida por un conflicto sobre límites territoriales entre los turkana y los pokot (ambos grupos pastoralistas). El conflicto se desencadenó por el descubrimiento de depósitos de petróleo en una zona que ambos pueblos afirman pertenece a su territorio.

Las leyes antiterroristas se emplean como una herramienta de represión y una amenaza para los derechos de los pueblos indígenas en países como Etiopia, donde activistas indígenas fueron arrestados y condenados a largas sentencias de cárcel. Los pueblos indígenas musulmanes están siendo objetivo de estas tendencias adversas en varios países. En la Región Autónoma Uigur de Xiniang (China), dos sucesos sangrientos –la explosión de una bomba y un ataque a una instalación de minería de carbón– han dado como resultado la imposición por parte del Gobierno chino de severas normas y controles sobre los musulmanes uighur y sus prácticas religiosas. En Birmania, continúa la persecución de los rohingya por las fuerzas de seguridad y decenas de miles de musulmanes rohingya han tenido que abandonar el país. En Mali, combates activos, atentados suicidas y ataques criminales, así como enfrentamientos interétnicos entre comunidades tuareg y fulani, han dejado a la población del norte y centro del país en una situación de anarquía e inseguridad.

La situación de las mujeres y los jóvenes indígenas

La realidad de las mujeres indígenas continúa siendo alarmante y en palabras de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas “las mujeres indígenas se enfrentan a una gran diversidad de violaciones de sus derechos humanos, multifacéticas y complejas, que se refuerzan mutuamente” derivadas de diferentes fuentes de discriminación y marginalización. En sus “Observaciones finales sobre la Federación de Rusia”, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) expresa sus preocupaciones sobre el acceso de las mujeres indígenas a tierras y medios de vida, su limitada representación en organismos locales de toma de decisiones y la fala de datos desglosados sobre su situación. Estas inquietudes quedan refrendadas por varios informes de países contenidos en este anuario.

Aunque las mujeres indígenas sufren una serie de abusos de derechos humanos, los sucesos de violación, violaciones en grupo e intentos de violación se mencionan a menudo como superiores a todas las demás formas de violencia (Uganda, Bangladesh). La mayoría de los agresores no son indígenas y las autoridades (policía, ejército) están con frecuencia involucradas. El acceso de las víctimas a la justicia se ve restringido generalmente por una enraizada cultura de impunidad. Un ejemplo de esta realidad se vive en Guatemala donde el caso contra antiguos miembros del ejército acusados de violación y esclavización de mujeres indígenas q’eqchi’ del departamento de Alta Verapaz durante el conflicto armado interno ha progresado de manera significativa, concluyendo eficazmente en una sentencia condenatoria a comienzos de 2016. Representa un caso emblemático ya que es la primera vez que antiguos soldados son llevados ante la justicia por tales delitos, abriendo así la posibilidad a miles de mujeres víctimas de dicho conflicto de obtener justicia y reparación.

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) han sido objeto de críticas frecuentes por su deficiente adaptación a las características culturales de los pueblos indígenas. Un ejemplo flagrante de esta disonancia lo constituye la nueva política “Ningún parto en casa” del Departamento de Salud de Filipinas que prohíbe y penaliza los partos en casa asistidos por parteras tradicionales. En vez de ello, exige que las mujeres embarazadas den a luz en hospitales y centros asistenciales. Esta política está claramente destinada a cumplir el Objetivo 5 “Mejorar la salud materna” y reducir la tasa de mortalidad materna incrementando la “proporción de partos atendidos por personal sanitario especializado”. Pero en el caso de las mujeres indígenas, esta política bien pudiera surtir el efecto contrario y aumentar su mortalidad materna y neonatal. De hecho, las instalaciones públicas para alumbramientos son pocas y remotas en las zonas rurales y por tanto las mujeres indígenas embarazadas tendrán forzosamente que desplazarse largas distancias para parir en el centro sanitario más próximo, donde además tendrán que enfrentarse a actitudes discriminatorias y falta de sensibilidad de los proveedores de asistencia sanitaria hacia los pueblos indígenas.

Sin embargo, en diversos informes de países se reseñan algunos avances positivos: en Tanzania, un emergente cambio de actitud contra la mutilación genital femenina (MGF) es el resultado de la permanente campaña de concienciación comunitaria y nacional llevada a cabo por organizaciones de pueblos indígenas, con la finalidad de resaltar los riesgos que conlleva esta práctica para la salud y la sociedad. Las becas de educación secundaria destinadas a niñas han proporcionado un refugio seguro para posibles víctimas. En India, el ya mencionado Proyecto de Enmienda de la Ley sobre Castas y Tribus Reconocidas (Prevención de atrocidades) tipifica como delito agredir o explotar sexualmente a una mujer indígena. Tocar intencionadamente a una mujer indígena de manera sexual sin su consentimiento, o utilizar palabras, actos o gestos de índole sexual, también serán considerados delito.

En Canadá, las actuaciones requeridas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación incluyen apoyar la petición de una investigación nacional sobre la crisis de las mujeres y las niñas indígenas desaparecidas o asesinadas (véase El Mundo Indígena 2015, pág. 53). El nuevo Gobierno federal ha anunciado que se realizará lo antes posible y el nuevo ministro de Asuntos Indígenas ya ha consultado a los pueblos indígenas sobre el modo correcto de desarrollar tal investigación oficial que comenzará en 2016.

Solo un informe de país (Kenia) aborda la importante cuestión –y probablemente bastante generalizada– de la marginalización y falta de oportunidades que padecen los jóvenes indígenas. En Kenia, el 80% de los 2,5 millones de jóvenes están desempleados y los jóvenes indígenas constituyen una gran proporción de este sector de la sociedad keniata. Dada la deplorable situación en las regiones del noreste de Kenia y las mínimas oportunidades económicas de la juventud del país en general, se han convertido en presas fáciles para radicalización extrema y agentes nativos autores de actos de terrorismo y conflictos violentos. Queda mucho por hacer para abordar esta urgente dificultad. Otra cuestión crítica relacionada con los jóvenes y los niños se trató en el último período de sesiones del UNPFII en un debate temático y se refiere a las autolesiones y suicidios de niños y jóvenes. Se señaló, entre otros aspectos, que las comunidades indígenas con frecuencia tienen índices de suicidio juvenil significativamente más elevados que la población en general.

Forjando nuevas alianzas 

Un avance interesante y prometedor a nivel de las comunidades indígenas es el fortalecimiento de alianzas entre diferentes grupos indígenas en la esfera nacional con el fin de ganar más poder político. En Namibia, se han realizado esfuerzos durante 2015 para establecer una Plataforma Indígena de Namibia compuesta por representantes himba, nama y san. En Tailandia, a finales de 2014 se convocó la primera asamblea del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. En Panamá se ha constituido una alianza (el Foro de Unidad) formada por los 12 congresos y consejos tradicionales de los siete pueblos indígenas del país con el objetivo de trabajar por la titulación, la defensa y el ordenamiento de sus territorios. En Venezuela, el movimiento indígena está organizándose y movilizándose en todo el país en demanda de los derechos humanos de los pueblos indígenas. En Filipinas alrededor de 600 personas y campesinos indígenas del norte de Luzón viajaron a Manila para unirse a más de 1.300 personas y activistas indígenas procedentes de otras regiones, en pos de una convergencia nacional para reivindicar el derecho a la libre determinación.

En Bolivia y Perú, algunas comunidades indígenas han dado un paso adelante declarándose autónomas. En Bolivia, el municipio guaraní de Charagua aprobó mediante referéndum su estatus como Autonomía Indígena Originario Campesina, superando la diversidad social y las tensiones políticas existentes dentro del municipio, que es el más grande del país (71.745 km2) y donde viven 70 comunidades guaraní. En Perú, el Gobierno de la Nación Wampis se formó en noviembre de 2015 y es el primer gobierno indígena autónomo en el país. Esta “decisión histórica” se tomó “en parte como una estrategia de defensa territorial; como respuesta a los esfuerzos de dividirnos por comunidades”.

Si tales alianzas conducen realmente a un mayor peso político, podría tratarse de un importante paso dirigido a aunar fuerzas para exigir la efectiva rendición de cuentas por parte de Estados y Gobiernos. Según se informa desde Indonesia, los Gobiernos tienden a recordar y utilizar el término “pueblos indígenas” solo cuándo les resulta beneficioso. Sin embargo, cuando se trata de cumplir e implementar los compromisos contraídos en los ámbitos internacional y nacional, procuran olvidar o ignorar totalmente los derechos de los pueblos indígenas.

Por todo ello, es importante que los pueblos indígenas sigan abogando a escala internacional por la defensa y protección de los derechos indígenas y supervisando las declaraciones y acciones de sus respectivos Gobiernos, y que a nivel nacional formen fuertes alianzas que tengan la capacidad de exigir responsabilidad a los Gobiernos y hacer que cumplan sus obligaciones respecto a los pueblos indígenas. Solo entonces será posible comenzar a superar el abismo de la implementación.

Diana Vinding
Editora

Marianne Wiben Jensen
Directora interina

Copenhague, abril de 2016

Este artículo es parte de la 30ª edición de El Mundo Índigena. La publicación es un resumen de los principales acontecimientos que los pueblos indígenas han vivido. Descarga El Mundo Indígena 2016 aquí

Etiquetas: Gobernanza Global, Informe de IWGIA