El Mundo Indígena 2023: México

Escrito en 28 Marzo 2023. Publicado en México

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), en México 23,2 millones de personas de tres años y más se autoidentifican como indígenas, lo que equivale a 19,4 % de la población total del país; siendo 51,4 % (11,9 millones) mujeres y 48,6 % (11,3 millones) hombres. De los 23,2 millones de personas que se autoidentificaron como indígenas, 7,1 millones (30,8 %) hablaban alguna lengua indígena y 16,1 millones (69,2 %), no.

De igual forma, el Censo 2020 registró que el 6,1 % de la población total del país, habla alguna de las 68 lenguas originarias del país, agrupadas en por lo menos 364 variantes, lo que equivale a 7,36 millones de personas, con un porcentaje de mujeres de 51,4 % (3.78 millones), y 48,6 % (3,58 millones), para hombres. De estos, 6,4 millones también hablaban español y 866 mil, no, siendo solamente cuatro de las 32 entidades federativas que integran el país (Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Guerrero), las que cuentan con el 50,5 % del total de hablantes de lengua indígena. Además, el Censo 2020 indicó que en México habitan 11,8 millones de personas en hogares indígenas, siendo 5,7 millones hombres y 6,1 millones mujeres, con un promedio de 4,1 personas por hogar.^[1]

Este artículo es parte de la 37^a edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que han experimentado los pueblos indígenas. Encuentra El Mundo Indígena 2023 completo aquí.

Un largo camino para ejercer el derecho de administrar y aplicar la autonomía en materia de agua

En Oaxaca, la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA) recibió en agosto de 2022 del gobierno mexicano sus títulos de concesión de agua, otorgados en el marco de la expedición del decreto que establece la zona reglamentada del Acuífero 2025 para la administración, control de la extracción, explotación, uso o aprovechamiento y conservación de las aguas del subsuelo.^[2] El decreto es el primer instrumento jurídico que establece los derechos de las comunidades a la libre determinación, a la autonomía, a su derecho al territorio y administrar conjuntamente con las autoridades federales el agua. Así mismo, regula el pluralismo jurídico al establecer el cumplimiento de las leyes administrativas en materia del agua y los tratados internacionales en materia de derechos indígenas, así como los sistemas normativos de las comunidades. También, establece como principios rectores de la relación del gobierno con las comunidades indígenas en materia de agua, la libre determinación y la autonomía; el pluralismo jurídico; la interculturalidad; la no discriminación; la consulta y el consentimiento libre, previo e informado y el respeto y protección de los conocimientos tradicionales en materia de agua.

Este logro en el respeto de los derechos indígenas al agua incorporados en el decreto, es producto de una lucha de más de 15 años de las 16 comunidades indígenas zapotecas que integran la COPUDA. Las comunidades refieren sobre el movimiento indígena para la defensa del agua: “(…) nació de la necesidad de buscar soluciones a la sequía, así como a una serie de políticas discriminatorias emprendidas desde el Estado, que en el año 2005 agravaron la situación del desabasto de agua. De esta forma emprendimos el camino legal para superar los problemas administrativos derivados de una veda en la región, que nos limita a las comunidades indígenas y campesinas el acceso al agua”.^[3]

A raíz de una consulta indígena ordenada por una sentencia, se llegó a diversos acuerdos como^[4] el derecho de las comunidades a participar en la administración del agua, el otorgamiento de concesiones colectivas de agua, la aplicación de los reglamentos internos y la armonización de facultades que en materia de agua tiene el Ejecutivo federal con las que tiene las autoridades indígenas y la coordinación entre ambas autoridades. El decreto establece la obligación para el Ejecutivo federal de registrar los reglamentos comunitarios que en el ejercicio de su autonomía y libre determinación las comunidades tengan, para darles publicidad y ser acatados por terceros, obligación que está pendiente de cumplir, así como respetar este derecho para otras comunidades indígenas de México.

El agua y la población indígena

Es necesario reconocer la importancia del Informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas al Agua Potable y al Saneamiento presentado durante 2022, que plantea el estado de la cuestión y las aportaciones de las culturas ancestrales; y propone una perspectiva desde la gestión del agua a partir de reconocer el valor de las cosmovisiones y los conocimientos de los pueblos indígenas.^[5] Sin duda incluye aspectos y problemáticas de gran relevancia y actualidad que es necesario resolver. Al respecto, cabe destacar el papel de las mujeres, que va más allá del “acarreo del agua”, pues coadyuvan en las tareas de cuidado de la salud y mejoramiento de la calidad de vida de la población, para lo cual hacen uso de los recursos hídricos en las terapias de sanación. Por ejemplo, en la hidroterapia de temazcales y en el uso de las aguas termales, además del uso de agua como recurso simbólico.^[6]

También, el agua es un elemento fundamental en la cosmovisión de la población indígena. Según datos del Diccionario de la Medicina Tradicional Totonaca de Veracruz,^[7] elaborado por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUIC-UNAM) y el Centro de las Artes Indígenas de Papantla, Veracruz, en coordinación con médicos tradiciones, en la cosmovisión totonaca se encontró que los recursos naturales están relacionados con deidades que los cuidan:

Todo lo que se encuentra en este mundo tiene alma, todo está vivo y siempre tiene un dueño que cuida del entorno y su orden. Tienen alma el agua, las plantas, los animales y también el aire, las piedras, el fuego, la montaña, la tierra y todo aquello que se encuentra en torno al hombre; todos tienen un espíritu y un dueño que cuida de ellos (Martínez, 2012, citado en Zolla, et al, 2022: 305).

En la misma fuente se habla de Aktsiní, Dios del Agua, quien “ocupa un lugar importante junto con el Sol. Se dice que Aktsiní tiene poder sobre las aguas de los arroyos, lagos, manantiales, pozos y el mar. Es peligroso, pues representa a la tempestad o al huracán”. Estos conocimientos coexisten en un contexto en donde los pueblos indígenas continúan con sus demandas de una nueva forma de inserción en las sociedades, un nuevo pacto social en el que las estructuras políticas de los Estados reconozcan sus especificidades culturales, sus derechos inalienables como pueblos con autonomía y autodeterminación, y sus posesiones que posibiliten un desarrollo propio como sujetos políticos plenos. Esto debido a que prevalece aún una situación de desigualdad económica y social, frente a otros sectores de población que se confirma por las carencias en la infraestructura básica que incluye agua y drenaje.

Según la Encuesta Intercensal de 2015^[8] levantada por el INEGI y datos del Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), el 12,8 % de la población no cuenta con agua entubada en su vivienda y el 26,9 % carece de drenaje, situación que deriva en una mayor probabilidad de que se presenten problemas de salud. Esta situación se dificulta aún más por la falta de acceso a servicios en esta materia (para 47 % de la población indígena esta es una carencia social) y representa un obstáculo para enfrentar una situación de pandemia en donde el agua es fundamental. Como lo ha señalado la UNESCO, “el agua resulta de un gran valor en el contexto de la actual crisis sanitaria”.^[9]

La situación continúa sin resolverse puesto que datos más recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) reportaron que 67,4 % de la población que habla alguna lengua indígena presenta carencia social en los servicios básicos de vivienda. Así, los pueblos originarios de México enfrentan diversas problemáticas en sus territorios, entre ellas el deterioro de recursos naturales (contingencias y catástrofes), conflictos políticos, interétnicos y religiosos, insuficientes oportunidades educativas (únicamente 4,6 % de la población se encuentra en el nivel profesional según datos de la ENEGI 2018^[10] y para 2020, se registró 6,7 años como nivel de escolaridad para hombres y 5,8 para mujeres, según CONEVAL), y bajos ingresos (46,4 % de la población recibe un ingreso inferior a la línea de la pobreza, según CONEVAL, 2020).^[11]

Estas situaciones son un reflejo de la relación desventajosa que continúa con el resto de la sociedad y con el Estado y que los condiciona en la forma en que enfrentan problemáticas actuales como el cambio climático que “se visualizan ya como un atentado que afecta la supervivencia de sociedades completas” (PUIC, 2022),^[12] una parte de sus consecuencias se relaciona con la afectación a los recursos hídricos. Por lo mismo, es necesaria la construcción de nuevos modelos plurales e interculturales con equidad, elaborados en diálogo con las organizaciones sociales, los organismos gubernamentales e intergubernamentales, las universidades, pero sobre todo con la población indígena de los países de la región.

Expertas y expertos de la ONU señalan impactos negativos del proyecto Tren Maya

Con el antecedente de una carta de los relatores de derechos humanos de la ONU al gobierno de México sobre el Tren Maya del 21 de septiembre del 2020, diversos expertos y expertas de la ONU reiteraron su preocupación mediante un comunicado de prensa emitido el pasado 7 de diciembre de 2022. En el comunicado, manifiestan que el megaproyecto del gobierno denominado Tren Maya, que contempla el tendido de 1.500 km de vías de ferrocarril a lo largo de la península de Yucatán, representa un peligro para “los derechos de los pueblos y comunidades indígenas a la tierra y los recursos naturales, los derechos culturales y el derecho a un medio ambiente sano y sostenible”.^[13]

Diversas manifestaciones y estrategias en contra del megaproyecto han sido desplegadas por organizaciones civiles, entre las que se destacan amparos jurídicos que los tribunales otorgaron ante la carencia de estudios de impacto ambiental entre otras violaciones a las leyes estatales y federales. Ante esta situación, el gobierno federal declaró el proyecto como prioritario para la seguridad nacional, con lo cual podría omitir diversas salvaguardias ambientales y sociales. Los propios relatores destacaron que el Estado mexicano no puede eludir acuerdos y tratados internacionales de respeto a los derechos humanos y protección al medio ambiente. A su vez, Fernanda Hopenhaym, presidenta del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, afirmó: “Esta decisión no sólo tiene el potencial de permitir que los abusos de los derechos humanos sigan sin ser abordados, sino que además socava el propósito del proyecto de llevar un desarrollo social y económico inclusivo y sostenible a los cinco estados mexicanos involucrados”.^[14]

Otro aspecto que preocupa a los relatores, es la participación del ejército mexicano en los trabajos de administración y construcción de la obra; así como, el incremento de amenazas y ataques a los defensores de derechos humanos y el respeto al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas de la región. Este última aspecto tiene el claro antecedente de un señalamiento que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) realizó, entre el 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2019, al gobierno mexicano con relación al proceso de consulta indígena sobre el “Proyecto de Desarrollo Tren Maya”, mencionando que “hasta el momento no ha cumplido con todos los estándares internacionales en la materia.”^[15]

Los firmantes del comunicado de diciembre de 2022 son: el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos; Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; Saad Alfarargi, Relatora Especial sobre el derecho al desarrollo; Alexandra Xanthaki, Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales; Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos;  David R. Boyd , Relator Especial sobre los derechos humanos y el medio ambiente, entre otros.

Nota final: Al cierre de la edición del presente artículo, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (PUIC-UNAM) presentó la obra Atlas II: Impactos de los Megaproyectos en Territorios Indios y Negros de América Latina. El trabajo, coordinado por Nemesio J. Rodríguez, analiza algunos aspectos de los impactos sobre la tierra y territorios y la salud y nutrición y, además el trabajo esclavo moderno y las organizaciones y movimientos populares que cuestionan los megaproyectos y se defienden de los mismos.^[16]

Carolina Sánchez García, directora del PUIC-UNAM; Juan Mario Pérez Martínez, secretario Técnico del PUIC-UNAM; Rocío Becerra Montané, coordinadora Docente del PUIC-UNAM y José del Val, coordinador de Asesores del PUIC-UNAM.

Este artículo es parte de la 37^a edición de El Mundo Indígena, un resumen anual producido por IWGIA que sirve para documentar e informar sobre los desarrollos que los pueblos indígenas han experimentado. La foto de arriba es de una persona indígena en Tanzania. Esta foto fue tomada por Geneviève Rose, y es la portada de El Mundo Indígena 2023 donde aparece este artículo. Encuentra El Mundo Indígena 2023 completo aquí.

Notas y referencias

^[1] Comunicado de prensa INEGI N.° 430/22. Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. INEGI, 8 de agosto de 2022. Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_PueblosInd22.pdf

^[2] Decreto por el que se establece la zona reglamentada del Acuífero 2025 de Valles Centrales del estado de Oaxaca. Disponible en https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5636230&fecha=24/11/2021#gsc.tab=0

^[3] Boletín de prensa. “Simulación de la Conagua: 16 comunidades Zapotecas de Oaxaca exigimos cumplimiento de acuerdos firmados en proceso de consulta indígena garantizando nuestro derecho al agua”. Flor y canto, 10 de agosto de 2020. Disponible en http://cdiflorycanto.org/web/2020/08/12/comunidades-zapotecas-exigen-cumplimiento-de-acuerdos-a-conagua/

^[4] Acta de Acuerdos Correspondiente al Cierre de la Cuarta Etapa del Proceso de Consulta, Libre e Informada para la Modificación del Decreto de Veda de los Valles Centrales de Oaxaca. 12 de octubre de 2019. Disponible en http://cdiflorycanto.org/web/wp-content/uploads/2020/08/ACTA-CONSULTIVA-12OCT20192.pdf

^[5] Pedro Arrojo Agudo. Derechos humanos de los pueblos indígenas al agua potable y al saneamiento: estado de la cuestión y enseñanzas de las culturas ancestrales. ONU, 27 de junio de 2022. Disponible en:  https://www.ohchr.org/es/documents/thematic-reports/ahrc5124-human-rights-safe-drinking-water-and-sanitation-indigenous .

^[6] Zolla, C., Sánchez, C., García, H., Bautista, L. y García, J. (Coords.). Diccionario de la medicina tradicional totonaca de Veracruz. México: PUIC-UNAM y CAI, 2022.

^[7] Ibídem.

^[8] INEGI. Encuesta Intercensal 2015. INEGI, 2016. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/

^[9] UNESCO. Pueblos indígenas y COVID-19: una mirada desde México. UNESCO, 4 de agosto de 2020. Disponible en https://es.unesco.org/news/pueblos-indigenas-y-covid-19-mirada-mexico

^[10] INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. INEGI, 2018. Disponible en https://www.inegi.org.mx/programas/enigh/nc/2018/

^[11] CONEVAL. Informe de la pobreza multidimensional en México, 2020. Metodología actualizada 2018-2020. CONEVAL, 2020. Disponible en https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/Paginas/Mosaicos/Informe_de_pobreza_2020.aspx

^[12] PUIC. (2022). Plan de Desarrollo Institucional, UNAM.

^[13] Naciones Unidas. México: el gobierno y las empresas deben abordar los impactos negativos del Proyecto Tren Maya, dicen expertas y expertos de la ONU. 7 de diciembre de 2022. Disponible en https://www.ohchr.org/es/press-releases/2022/12/mexico-government-and-business-must-address-negative-impacts-train-maya 

^[14] Ibidem.

^[15] ONU-DH. “ONU-DH: el proceso de consulta indígena sobre el Tren Maya no ha cumplido con todos los estándares internacionales de derechos humanos en la materia”. ONU-DH, 19 de diciembre de 2019. Disponible en https://hchr.org.mx/comunicados/onu-dh-el-proceso-de-consulta-indigena-sobre-el-tren-maya-no-ha-cumplido-con-todos-los-estandares-internacionales-de-derechos-humanos-en-la-materia/

^[16] Rodríguez, Nemesio J. Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad UNAM. “Atlas II: Impactos de los Megaproyectos en Territorios Indios y Negros de América Latina”. 28 de febrero de 2023. Disponible en https://www.imezinal.unam.mx/

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